DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL ( 2002 ) Indice de Descriptores. Lista de Abreviaturas 1 236 243

10.09.2012 14:44
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DESPACHO DE VICE FISCAL
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BIBLIOTECA CENTRAL "RAFAEL ARVELO TORREALBA"

DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL ( 2002 )

CARACAS 2005

CONTENIDO

pág. PRELIMINAR, por la Lic. Carmen Celeste Ramírez Báez, Coordinadora de la Biblioteca Central “ Rafael Arvelo Torrealba ” del Ministerio Público. I

DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL ( 2002 ) Indice de Descriptores. Lista de Abreviaturas 1 236 243

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PRELIMINAR

La DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL es una fuente muy valiosa de información para la actuación del Ministerio Público ante los tribunales de la República.

Desde el año 1996, la Biblioteca Central “Rafael Arvelo Torrealba del Ministerio Público ha recopilado, clasificado y difundido esta documentación: Prolegómenos a la Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal (1996-1998), Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal (1999, 2001 y 2002), que por la importancia del tema se separa de la colección general Doctrina del Ministerio Público (1985-1999, 2001-2002). La Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal (2002), presentada en esta oportunidad, contiene 89 opiniones de la Institución sobre 154 materias penales. El Indice de Descriptores (ordenado alfabéticamente) facilita al usuario la búsqueda de la información que requiere. La Lista de
Abreviaturas indica el sign ificado exacto del oódigo, ley, etc., que por repetirse frecuentemente se incluye en esta forma. Este trabajo, está encomendado a la Abog. Rosa Rodríguez Noda Rodríguez@fiscalia.gov.ve a/c de la Sección Informática Jurídica de la Biblioteca Central, bajo la orientación de la Coordinadora de esta dependencia. La Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal se localiza también en la web www.fiscalia.gov.ve (Doctrina) e Intranet /site Biblioteca/ (http://Intranetmp: 4040/) del Organismo y puede obtenerse en CD, conjuntamente con la Doctrina del Ministerio Público (1985-1999, 2001-2002) incluyendo información adicional de interés para los funcionarios del Ministerio Público. Aquellos usuarios que no cuenten con unidad de CD en su computadora podrán obtenerla en diskette en la Biblioteca Central del Ministerio Público. Lic. Carmen Celeste Ramírez Báez Coordinadora de la Biblioteca Central del Ministerio Público cramirez@fiscalia.gov.ve

Caracas: 4 Febrero 2005.

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DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL (2002)
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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificación/ Fiscal General de la República Fiscales Generales Ministerio Público MP FGR FECHA:2002

Ponencia Propuesta de procedimiento de asistencia judicial y policial entre Fiscalías Generales para la investigación de delitos de corrupción, financieros y lavado de activos /Grupo Andino/. FRAGMENTO
“Grupo Andino, Integración y Procedimientos judiciales Desde el nacimiento del Grupo Andino se viene dando
un proceso de integración cada vez más acentuado. Era previsible, por ello, suponer que el acercamiento entre los países de la región produciría, en muy breve tiempo, procedimientos judiciales y policiales cada vez más uniformes. La elaboración de una legislación comunitaria y de procedimientos comunes de asistencia judicial y policial entre Fiscalías para la investigación de determinados delitos en la región, debe y tiene que ser uno de esos acuerdos que, más allá de cualquier dificultad ocasional, hay que abordar con vocación optimista y positiva. En efecto, el Pacto Andino desde su nacimiento no ha hecho otra cosa que modernizar, ajustar y dar coherencia a la legislación comunitaria, tanto en el aspecto sustantivo como en el adjetivo. Venezuela y la integración a dichos procedimientos Venezuela ingresa a la Comunidad Andina en 1973 y, para ese momento, la Constitución venezolana no contenía fundamentos sólidos para adelantar el proceso de integración. El carácter programático de la norma constitucional de entonces (Art. 108 de la Constitución de 1961) y las limitaciones en materia de transferencia de competencias no permitían diseñar un escenario feliz para la integración. La integración supone un mínimo de supranacionalidad. No existe integración sin instituciones comunitarias y sin transferencia de competencias nacionales. En ese sentido, el actual artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa un concepto realmente cabal de la misma. Esta norma establece que la República de Venezuela ´Promoverá y favorecerá
la integración, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, para defender los intereses económicos, sociales, culturales
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políticos y ambientales de la región´. Asimismo, dispone: ´La facultad de atribuir a organizaciones supranacionales el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo la integración´. Lo más importante, sin embargo, en la citada disposición, es la obligación de considerar ´Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración como parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna´. Recoge, en consecuencia, la novísima norma constitucional venezolana, los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina: a) La aplicación directa de la normativa comunitaria y b) La preeminencia de dicha norma sobre la legislación interna del país parte. La cooperación judicial y policial en el marco andino de Jurídica Integración

Algunos han asumido la integración jurídica como una consecuencia de la integración económica. En el marco de la Comunidad Andina, sin embargo, se le ha reconocido autonomía a la agenda de integración judicial, de la cual la integración policial es una especie. El Acta de Lima, del 10 de junio de 2000, reconoció como tema de agenda ´La armonización de la legislación y el establecimiento de mecanismos de cooperación judicial y policial para, de manera apremiante, dar respuesta inmediata a la relevancia transnacional de la delincuencia´. Entendemos que, tal como ocurrió en
la Unión Europea, el flujo migratorio entre los países andinos, la aparición e incremento de determinadas modalidades delictivas, las amenazas continuas de una criminalidad cada vez más organizada y la falta de control social sobre algunas áreas sociales, dieron origen a la necesidad de movilizar conjuntamente los recursos p oliciales y judiciales y a la decisión de armonizar la legislación y disponerse a organizar la cooperación judicial y policial de la cual trata el Acta de Lima. Acuerdos multilaterales y bilaterales para la integración de la justicia penal en la Comunidad Andina Varias Convenciones Interamericanas, dos Acuerdos (Convenio Lara Bonilla y el de Extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911) y tres convenios bilaterales regulan los procedimientos de justicia internacional en la Comunidad Andina: a) La Convención Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias de 1975 (ratificada por Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia). b) La Convención Interamericana de Extradición de 1981 (ratificada por Venezuela y Ecuador). Esta Convención tiene como precedente: el Acuerdo Sobre Extradición suscrito, en Caracas el 18 de julio de 1911, por todos los miembros de la Comunidad Andina en el cual se prevé la
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entrega mutua de los procesados o condenados conforme al catálogo de delitos contenido en el artículo 2 de dicho Acuerdo. La Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992 (ratificada por Perú y Venezuela). La Convención Interamericana de Managua para Cumplimiento de Condenas Penales
en el Extranjero de 1993 (ratificada por Venezuela en 1996). Convenio Lara Bonilla o Acuerdo de Lima para Prevención y Represión del Tráfico de Estupefacientes y Psicotrópicos. Convenio Bilateral sobre Ejecución y Traslado de Personas Condenadas (Venezuela - Colombia y Venezuela - Perú). Convenio bilateral sobre Cooperación en Materia Penal y Policial de 1998, entre Venezuela y Colombia.

Breve referencia al texto de las Convenciones y Tratados Bilaterales vinculados a la Comunidad Andina 1. La Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias: se suscribió en 1975 para cuestiones civiles y mercantiles, pero previó la posibilidad de ser extendida a casos penales y contencioso administrativos (Art. 15). Aun cuando admite la posibilidad de la negativa a ejecutar lo requerido por razones de orden público y admite, igualmente, que la ejecución de la rogatoria puede no implicar reconocimiento de la jurisdicción definitiva del organismo solicitante es, sin embargo, esta Convención una norma eficaz y vigente de cooperación y colaboración para Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. La Convención Interamericana sobre Extradición: se suscribió en 1981 y prescribe que la nacionalidad del indiciado no será invocada como motivo para negar la extradición, salvo prohibición legal expresa. Estableció igualmente, esta Convención, acuerdos de cumplimiento de la pena en los países de origen. Sólo está vigente para Ecuador y Venezuela. La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal: se suscribió en 1992 y desarrolla los procedimientos
de cooperación judicial, comprende ´autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos´ (Ministerio Público, policía y Poder Judicial). Comprende notificaciones, recepción de testimonios y peritajes, incautación de activos, elementos probatorios y traslado de detenidos. Está vigente para Perú y Venezuela aunque Colombia tiene con Venezuela un acuerdo de Cooperación y Asistencia en esta misma materia que reproduce en buena parte el texto de dicha Convención. 4. La Convención Interamericana para cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero: Se suscribió en Managua en 1993. En la Comunidad Andina sólo está vigente para Venezuela. Sin e mbargo buena parte de ella ha sido recogida en los Tratados entre Venezuela y Colombia sobre Traslado de Personas Condenadas (1994) y en el Convenio entre Venezuela y Perú sobre Ejecución de Sentencias Penales (1994).
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La Convención Latinoamericana contra la Corrupción: Se suscribió en Caracas el 29 de marzo de 1996. Está vigente para todos los países miembros de la Comunidad Andina. La Convención de las Naciones Unidas c ontra la Delincuencia Organizada Transnacional: Se suscribió en Palermo el 15 de diciembre de 2000. Convenio Lara Bonilla: Lo suscribieron los cinco países andinos y se refiere a la cooperación en materia de drogas y trata sobre la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, así como intercambio de información sobre el tema, coordinación y ejecución de medidas.

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Los Modelos Procesales
de la Justicia Penal en la Comunidad Andina Venezuela, Ecuador y Bolivia han cambiado sus modelos de justicia penal asumiendo en plenitud el proceso acusatorio. Colombia y el Perú mantienen cada uno un sistema de justicia penal mixto, aun cuando en Colombia resaltan de manera importante las responsabilidades de investigación para la fiscalía. En este escenario la integración juega, sin lugar a dudas, un papel fundamental, porque la misma debe entenderse tanto hacia fuera como hacia adentro. En este sentido, hacia adentro, el modelo acusatorio es un sistema de justicia coordinado e integrado cuyo control depende de distintos operadores de justicia: El Ministerio Público, el Poder Judicial, los órganos de investigación penal, los auxiliares de justicia, el sistema penitenciario, la Defensoría Pública y la participación de los ciudadanos conforme a la ley. En cuanto a la integración hacia fuera, lo ideal sería tener, para la Comunidad Andina, un solo y único modelo de justicia procesal penal, a los fines de uniformar y coordinar respuestas de procedimiento criminal, independientemente de la especificidad sustantiva de cada país. Es conveniente abordar con unidad procesal los hechos en los cuales incurran todos los afectados, tanto en sus garantías personales como en sus derechos humanos. Ello es, en principio, una sana manera de asumir lo que hoy es un sin número de procedimientos, en muchos casos imposibles de asumir por lo contradictorio de algunas de las normas vigentes en los Estados parte de la Comunidad Andina que hacen, en caso, la legislación
absolutamente inaplicable. Experiencias Europeas para el Estudio Comparado de una Base General de Procedimientos para la Asistencia Judicial y Policial entre las Fiscalías Andinas En octubre de 1996 un grupo de magistrados europeos mostró su preocupación por el asunto que hoy se ha confiado a nuestra ponencia. Desde Ginebra se hizo el llamado convocando a la Unión Europea a una toma de conciencia sobre la unificación de la legislación sustantiva y adjetiva sobre los
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delitos objetos de nuestra ponencia y de otros diferentes. Fue así como aparecieron instrumentos operativos de justicia, tales como: a) La extradición b) Las Comisiones o Cartas Rogatorias Internacionales c) EUROPOL d) EUROJUST e) y los Magistrados de Enlace. Instrumentos Operativos Europeos de Justicia Penal y su Eventual Procedencia en la Comunidad Andina 1. La extradición: como bien se sabe la extradición es la solicitud que, conforme a derecho, hace un país (Estado requirente) a otro país (Estado requerido) de la detención y entrega de una persona, para juzgarla conforme a sus leyes penales nacionales o para continuar cumpliendo una condena en caso de fuga.

La extradición, salvo los convenios que la regulan, está sujeta a la facultad del Estado requerido de negar o admitir la solicitud correspondiente. Generalmente está sujeta a procedimientos complejos donde varios poderes e instituciones deben previamente emitir opinión para su procedencia. En Europa con el Acuerdo de Schengen, del 14 de junio de 1985, se unificaron los criterios respecto a ella y se simplificaron
los procedimientos para hacerla más eficaz y mejorar, en cuanto a extradición, el campo de relación entre los países miembros de la Unión Europea. Igual pudiéramos hacerlo en la Comunidad Andina, no solo para los delitos de corrupción, delitos financieros y delitos de lavado de activos. Tomando como base la Convención Interamericana sobre Extradición suscrita en Caracas en 1981, ratificada sólo por Venezuela y Ecuador, bastaría con someter dicha Convención al estudio de los países de la Comunidad Andina, que aún no la han ratificado, para que consideren su aprobación. Igualmente, pudiera someterse a estudio la revisión de la legislación interna relacionada con delitos de corrupción, delitos financieros y lavado de activos para ajustarlos, en materia de extradición, a dicha Convención y, tal como lo hizo el Acuerdo Europeo de Schengen, abordar el tema para, evitando formulismos innecesarios, uniformar y simplificar los procedimientos en este sentido. A manera de ejemplo, en cuanto a la revisión de las legislaciones internas, invocamos como caso particular la ley venezolana que impide iniciar el trámite de extradición activa para cualquier ciudadano a ser enjuiciado en Venezuela, si previamente no le ha sido dictada una medida cautelar de privación de libertad (Art. 392 del Código Orgánico Procesal Penal). 2. Las Cartas Rogatorias Internacionales: El objeto de ellas es hacer cumplir en otro Estado (el Estado requerido) actos de instrucción, investigación o actos destinados a obtener documentos, pruebas o elementos materiales de convicción para
una determinada investigación.
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En Venezuela las Cartas Rogatorias se tramitan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que es la Autoridad Central en dicha materia y la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal lo prevé como una función del Ministerio Público en el numeral 14 de su artículo 108. En la actualidad existen tres modalidades para tramitar las Cartas Rogatorias (Art. 4 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias): (a) Las que se transmiten por vía diplomática a través de los Ministerios competentes de cada país (Justicia y Relaciones Exteriores); (b) Las que se envían directamente de Autoridad Requirente a Autoridad Requerida con la anuencia de los Ministerios competentes y; (c) De Autoridad Judicial a Autoridad Judicial sin pasar por los Ministerios competentes (Justicia y Asuntos Exteriores). Esta última ha sido la establecida en el artículo 53-1 del Acuerdo Europeo de Schengen de 1990. Por su celeridad, por la reducción del tiempo de ejecución de la Rogatoria, y por cuanto conlleva la desaparición de muchos intermediarios, es la que hoy, en la Unión Europea, tiene carácter preferente. La propuesta para la Comunidad Andina es absolutamente sencilla: recojamos la experiencia europea. Solicitemos a Bolivia (único país de la Comunidad que aún no ratificado la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias) que estudie la posibilidad de ratificarla y que conjuntamente con los Estados miembros de la Comunidad Andina establezca trámites expeditos y eficaces, respecto de dicha Convención,
que faciliten, en un plazo razonable, la pronta obtención de los medios probatorios a que se refieren dichas Cartas. A estos efectos pudiera establecer la Comunidad Andina una institución similar a la de los Magistrados de Enlace creados por la Unión Europea (de cuyas características trataremos más adelante) con el propósito de darle mayor agilidad a dichas Cartas Rogatorias. Otras Técnicas de Cooperación y Asistencia Judicial y Policial en la Unión Europea La Unión Europea, en el marco de la cooperación judicial penal internacional, denomina este conjunto de instituciones como ´Técnicas Clásicas de Cooperación y Asistencia Judicial y Policial´. En efecto, son formas organizadas de seguimiento de procesos judiciales y policiales así como procedimientos operativos de ejecución de decisiones y de técnicas judiciales. A través de esas técnicas se intercambia información; se dirigen procedimientos de persecución penal o policial; se tramitan pruebas por el país solicitante; se constituyen equipos conjuntos de investigación; se tramitan, igualmente, procedimientos represivos, tanto penales como administrativos; se producen entregas o traslados de personas inculpadas o privadas de libertad; se impide la demora indefinida de actos de instrucción policial y judicial; se ejecutan decisiones y se efectúa en el extranjero el control y la vigilancia sobre
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condenados o personas en libertad condicional. EUROPOL y EUROJUST de la Unión Europea a la Comunidad Andina EUROPOL, es una oficina de policía creada por el Tratado de Maastricht, en febrero
de 1992, para el análisis e intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea. No se trata de una Oficina Federal tipo FBI norteamericano. Está limitada su competencia a un catálogo de delitos previamente convenidos por la Unión. Actúa desde una Unidad Central ubicada en la Haya y de ella dependen unidades nacionales. EUROJUST, es una unidad integrada por fiscales, magistrados y oficiales de policía cedidos temporalmente por cada Estado miembro de la Unión Europea, para agilizar y coordinar las fiscalías nacionales en el apoyo a investigaciones penales relacionados con la delincuencia organizada. Trabaja mancomunadamente con EUROPOL, coopera con todas las investigaciones judiciales y penales y contribuye a simplificar las ejecuciones de las Cartas Rogatorias. En la Comunidad Andina funciona INTERPOL como órgano de cooperación policial. Esta institución es una organización mundial que cumple un papel de primer orden en el marco legal y técnico de las investigaciones criminales en los distintos países del mundo. Se trata, en la Comunidad Andina, de estudiar la creación de una institución complementaria a INTERPOL que realice para nuestra Comunidad la función de información e investigación operativa tanto de la EUROPOL como de la EUROJUST europea. La conciencia de la seguridad interna en delitos financieros y lavado de capitales, como en aquellos que atentan contra el patrimonio público, así como de otros delitos, requieren de la Comunidad Andina la cooperación y la asistencia policial más avanzada para combatir eficazmente la criminalidad
organizada internacional. Existe una propuesta en este sentido por parte del Parlamento Andino de creación de la Policía Judicial Andina Técnica y Científica -ANDIPOL- en la cual se propone la elaboración de un inventario y análisis de los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigencia para estudiar a través del derecho comunitario la creación de dicha policía. Según esta propuesta se estructuraría como un Consejo Regional Andino de Policías Técnicas y Científicas de cada uno de los Países Miembros con la coordinación y cooperación de las Policías Judiciales Nacionales. La Red Judicial de la Unión Europea Complementariamente a las instituciones operativas anteriores, existe en la Unión Europea lo que se conoce como “Red Judicial Europea”. Comenzó a funcionar provisionalmente en el año 2000 y su establecimiento definitivo ha sido
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programado para el año 2002. Entre sus funciones están las de coordinar y colaborar con EUROPOL y EUROJUST. Tiene como objeto el desarrollo de acciones comunes para facilitar y mejorar la cooperación judicial o policial, en casos de urgencia o cuando lo requiera la complejidad del asunto, en todas aquellas formas graves de criminalidad donde los canales habituales de cooperación pudieran resultar ineficientes o insuficientes. Integrantes de esa Red son los Magistrados de Enlace. En este sentido hay una propuesta del Parlamento Andino de crear una Red Andina Policial para fortalecer la cooperación en la lucha contra las drogas, tráfico de niños y de personas, así como contra el crimen organizado y la erradicación
del tráfico de vehículos Los Magistrados de Enlace de la Unión Europea La Unión Europea nos presenta una institución realmente novedosa que ha dado en llamar Magistrados de Enlace. Fue una iniciativa franco-italiana que nació en 1993 y que luego adoptaron Francia y Holanda y, posteriormente, el 22 de abril de 1996, el Consejo de la Unión Europea. En efecto, el Consejo de dicha Unión constituyó la institución, creando, de esa manera, un marco para el envío o intercambio de magistrados o funcionarios expertos en materia de cooperación judicial. Inicialmente los constituyó con base a acuerdos bilaterales o multilaterales. Su fin: superar los malentendidos, disfunciones y tensiones bilaterales que pudieran ocasionarse entre los países miembros de la Unión por solicitudes de investigaciones penales internacionales. El Magistrado de Enlace está, en el marco jurídico de la Unión Europea, a disposición del Ministro de Asuntos Exteriores de su país, bajo la autoridad directa del embajador de su país y se encuentra instalado en las dependencias del Ministerio de Justicia del país anfitrión. Las autoridades judiciales del país de acogida o país anfitrión, en uso de sus funciones y competencias, le dan a este funcionario un trato especialísimo que va más allá del que se da formalmente al representante de un país extranjero. La propuesta es caracterizar, en la Comunidad Andina, a este funcionario como un operador especial entre las autoridades competentes, destinado a cooperar y facilitar, de manera inmediata y urgente, todas las investigaciones, actos
judiciales y actuaciones policiales que deban tramitarse en beneficio de su país de origen en el país de acogida. No está previsto, en ningún caso, que este funcionario esté investido de función jurisdiccional alguna, ni que se le confieran poderes de decisión.
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Serían funciones de este Magistrado de Enlace: agilizar las rogatorias internacionales, solicitar autorizaciones para el desplazamiento de un juez o un funcionario policial en el país de acogida, facilitar las ejecutorias y asistencias judiciales. Su papel es, en definitiva, el de un consejero o coordinador operativo entre las autoridades de su país de origen y el del país de acogida. Puede, en este sentido, aconsejar reformas legislativas, ofrecer precedentes jurisprudenciales, sugerir soluciones recogidas en el país anfitrión y participar, con esos fines, en seminarios encuentros o reuniones bilaterales o multilaterales que tengan esos mismos propósitos. Los Magistrados de Enlace, en ese contexto y dentro de ese escenario no serían otra cosa que una expresión formal de una novedosa manera de reforzar la cooperación entre los Estados Miembros de la Comunidad Andina a través de una red judicial andina, cada vez más necesaria, para darle celeridad y eficacia a nuestras investigaciones y actos judiciales o policiales en la región de la cual somos parte. Propuestas Específicas Complementarias para la Comunidad Andina conforme a las exigencias de la Ponencia El área de control social formal en nuestra Comunidad no está eficientemente integrada. Tal vez se le ha dado preeminencia a lo
comercial y a lo industrial y, de alguna manera, ha contribuido a ello el desconocimiento y hasta la desconfianza entre los agentes de las instancias responsables de ese control en cada país de nuestra Comunidad. Debemos repetir, en consecuencia, tal como lo hicimos al inicio de esta exposición, que no hay verdadera integración sin la participación de un sistema judicial en el cual el subsistema penal y policial sea parte importante de esa integración. En este sentido nuestra ponencia propone: a) La ratificación por todos los miembros de la Comunidad Andina, que aún no lo hayan hecho, de todos los Convenios que tienen que ver con los temas de nuestra ponencia y que hayan sido suscritos solo por algunos países miembros. b) La adopción, por quienes no lo hayan hecho, de la Declaración de Montevideo por las Entidades Fiscalizadoras Superiores Frente a la Corrupción, aprobado en Guatemala en 1996. c) Aprobar, por quienes aún no lo hayan hecho, los siguientes instrumentos contra la corrupción: 1. Doce Medidas Prácticas para Derrotar la Corrupción y Fortalecer la Democracia, aprobada en Caracas en 1996 con ocasión a la Conferencia Internacional sobre ´Los Problemas de Fraude en los Gobiernos y Democracia Contra La Corrupción´. 2. La Declaración de Lima del 11 de septiembre de 1997 conocida
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como la Octava Conferencia Anual Contra la Corrupción. d) Crear, como ya fue propuesto por el Parlamento Andino una normatividad penal y procedimental comunitaria, subsidiaria y garantista de los Derechos Fundamentales, que combata la delincuencia transnacional
que afecta la seguridad regional, basada en los instrumentos internacionales y las cartas políticas de los Estados Miembros. e) Crear un Seminario Permanente de Investigación de delitos de corrupción, de delitos financieros y de delitos relacionados con lavado de activos a cargo de un equipo multidisciplinario y representativo de los Estados miembros con una Unidad Ejecutora destinada al seguimiento e investigación de dichos delitos, así co mo al intercambio de información, asesoramiento a los países miembros y agendas de actualización, capacitación y formación de los funcionarios destinados a procesar dichos delitos. f) Crear un Centro de Información Andino sobre los delitos de corrupción, delitos financieros y delitos relacionados con lavado de activos con una base informática elaborada conjuntamente por los países miembros a través de las Fiscalía Generales de cada país y coordinada por la Unidad Ejecutora del Seminario Permanente de Investigación. g) Crear un plan de intercambio de fiscales, jueces y funcionarios de investigación con el propósito de discutir prácticas, decisiones, doctrinas y procesamientos de dichos delitos con sede en uno de los países de la Comunidad Andina. h) Crear un Plan destinado a uniformar la legislación regional a través de un análisis comparativo de los procedimientos penales de los Países Miembros, que sirva de antecedente a la elaboración de un Proyecto de Procedimientos Comunitarios Penales, tanto procésales como sustantivos en las materias correspondientes, cualquier elenco de delitos pero con atención
especial a los delitos de corrupción, delitos financieros y delitos destinado al lavado de activos. Las resultas de este Plan sería presentado a los Fiscales Generales del área andina para que estos lo propongan a los gobiernos y parlamentos de sus respectivos países. i) Estudiar, como fue propuesto por el Parlamento Andino la unificación del Sistema Procesal Acusatorio Mixto, el fortalecimiento de la carrera judicial y el mejoramiento de la articulación Fiscalía-Policía Judicial. j) En este Plan deberá incluirse: 1. La ratificación de los Convenios Internacionales que tratan, directa o indirectamente, las materias objeto de esta ponencia para prevenir, promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados en el combate contra los delitos de Corrupción, Financieros y Lavado de Activos, así como fortalecer los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar los mismos. Procurar la compatibilidad normativa en la lucha Contra la Delincuencia Organizada y adoptar mecanismos para la cooperación operativa de la policía y otros servicios especializados con funciones coercitivas para la prevención, localización e investigación de delitos
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Estudiar en conjunto y asumir de manera común la modernización y actualización de las instituciones que tienen como finalidad, en la Comunidad Andina, combatir estos delitos, para articular más que una respuesta puntual todo un proceso coordinado y organizado contra dichos delitos. Sustituir en lo posible las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, definiendo objetivos, directrices,
criterios y procedimientos de manera precisa. Simplificar lo más posible los procedimientos administrativos de autorización para eliminar los formalismos agobiantes que permiten la participación ilegítima, ilegal y hasta arbitraria de algunos funcionarios del Estado. Reducir en lo posible el ámbito del poder decisorio del Estado para la designación de los funcionarios que conforme a sus atribuciones decidan sobre los hechos que sancionen administrativa o judicialmente estos delitos y ajustarles sus funciones de manera estricta al Principio de la Legalidad que rige para todos los actos de la Administración. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra dichos delitos, propiciar con ella el intercambio de experiencias y la más amplia colaboración y establecer un equilibrio estructural entre las organizaciones sociales y el Estado. La interacción cooperativa de la Administración, las instituciones, la sociedad organizada y los particulares que deben participar en forma conjunta en el control de estos delitos. Asumir la transparencia general frente a estos delitos a través de una sociedad abierta, con pluralismo en las fuentes de información, incrementando la posibilidad de detección y contrarrestando las posibles manipulaciones de quienes, como sectores interesados, pretendan darle impunidad a los hechos delictivos. Penalizar públicamente dichos delitos, incluyendo penas pecuniarias para los mismos y utilizando sanciones sociales informales como la pérdida de status profesional, la imposibilidad de acceder
a cargos de elección popular, principio de la publicidad no solo para las decisiones sino para los procedimientos de dichos delitos y tratar de incorporar legalmente, para los imputados en ellos, la inversión de la carga de la prueba. Sancionar con mayor celeridad y con más severidad a los agentes estatales de mayor rango jerárquico, así como a los integrantes de la sociedad civil, con funciones públicas no estatales, cuando incurran en dichos delitos. Crear una base legal de datos para el seguimiento y obtención de pruebas en todo cuanto tenga que ver con los delitos referidos, recogiendo, en este sentido, la experiencia de la Unión Europea sobre los ´sistemas de información generales de ficheros´, en los cuales se incluyen nombres,
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huellas dactilares, listados de personas buscadas o desaparecidas, vehículos robados o señalados en el marco de asuntos criminales, estupefacientes y delitos conexos, falsificación de billetes, guerrilla, secuestros y datos confidenciales y breves análisis sobre delitos y asuntos útiles a la investigación. 12. Elaborar un instrumento jurídico común para regular y sancionar en la Comunidad Andina, la corrupción, los delitos financieros y los correspondientes al lavado de activos, pero no solo con el elemento disuasivo de la severidad de las penas, sino con un elemento adicional que garantice eficazmente la efectiva aplicación de dichas penas y que, además, contenga como accesoria la repatriación de capitales. Este instrumento jurídico no debe excluir a priori
del proceso penal ningún elemento de la sociedad y, en el mismo, se debe reducir al mínimo la discrecionalidad de los agentes públicos y disponer que las decisiones por ellos tomadas sean especialmente motivadas y susceptibles, todas, de revisión administrativa y judicial. Elaborar un instrumento jurídico común del área andina contra la Delincuencia Organizada, con idénticas características al anterior, tomando en cuenta que, tal como se asentó, sólo la real y efectiva aplicación de las sanciones previstas, sea el elemento disuasivo fundamental. Evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir o proteger a los inculpados en estos delitos y, en lo posible, tender a su eliminación en al ámbito de la Comunidad Andina. Crear un instrumento jurídico que establezca el alcance extra-territorial de las medidas cautelares decretadas para los casos donde se haya incurrido en la comisión de alguno cualquiera de los delitos en referencia.

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Estudiar la posibilidad de instaurar una Ley Penal Única para la Comunidad Andina en la cual se establezcan los más variados tipos delictivos objeto de esta ponencia. (Ello es cada vez más necesario por la falta de previsión legal respecto de delitos no tipificados en la legislación de algunos de nuestros países y, por tal razón, no actualizados con respecto a los múltiples y sofisticados ilícitos que hoy son objeto de nuestra ponencia)”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:153 CR art:108 CIECR art:4 CIECR art:153 COPP art:108-14 COPP art:392 AES art:53-1
DESC DESC COMUNIDAD ANDINA CONVENCIONES INTERAMERICANAS
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DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

COOPERACION INTERNACIONAL PENAL CORRUPCION DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO DELINCUENCIA ORGANIZADA DELITOS INTERNACIONALES EXTRADICION INTEGRACION REGIONAL LEGITIMACION DE CAPITALES POLICIA JUDICIAL PROCEDIMIENTO PENAL ROGATORIA INTERNACIONAL TRATADOS INTERNACIONALES Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.43-51.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Fiscal General de la República /sin destinatario/ Ministerio Público MP FGR FECHA:2002

La carrera del Fiscal del Ministerio Público en Venezuela. FRAGMENTO
“I. Antecedentes del Régimen de la Carrera de los Fiscales del Ministerio Público

La carrera fiscal ha sido una aspiración constante de todos los funcionarios del Ministerio Público: empleados administrativos, personal profesional y fiscales del Ministerio Público. 1. La Carrera Fiscal en La Ley de la Procuraduría de la Nación y del Ministerio Público de 1955. La Ley de la Procuraduría de la Nación y del Ministerio Público de 1955, no establecía la carrera de los fiscales del Ministerio Público, sólo disponía en su artículo 24 que los Fiscales ante las Cortes Federal y de Casación serían elegidos por el Procurador de la Nación, al inicio de cada período constitucional, el cual según la Constitución (vigente para la época), era de cinco años, sin hacer mención al período durante el cual los fiscales debían cumplir sus funciones. Asimismo, establecía la mencionada disposición
que cada vez que se estimara conveniente nombrar o remover a alguno de los fiscales del Ministerio Público, el Ejecutivo Nacional elaboraría una terna de candidatos, que se enviaría al Procurador General de la Nación para que éste nombrara al fiscal o fiscales respectivos. De lo anterior se desprende que en este primer período, los fiscales del Ministerio Público no gozaban de estabilidad, pudiendo ser removidos de su cargo cuando el Procurador General de la Nación lo estimare conveniente. La mencionada Ley no establecía ninguna disposición relacionada con los beneficios de los fiscales, sus condiciones de ingreso, su permanencia y/o cese en el ejercicio de sus cargos. En este período el Ministerio Público no gozaba de un régimen propio que regulara esta materia y ello fue consecuencia de la falta de autonomía que con los años logró adquirir la institución. La Carrera Fiscal en la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1970

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La Ley Orgánica del Ministerio Público de 1970, tampoco estableció la carrera para los fiscales del Ministerio Público, sin embargo, su normativa reguló aspectos importantes a destacar, que constituyeron los inicios de lo que posteriormente sería parte importante del régimen de carrera. Estos aspectos fueron, fundamentalmente, los siguientes: 2.1. Se dispuso expresamente (Artículo 18) que los funcionarios del Ministerio Público (haciendo referencia a los fiscales), serían nombrados por el Fiscal General de la República por un período de cinco años, en correspondencia con el período constitucional. Durante
dicho período, los fiscales del Ministerio Público sólo podrían ser destituidos, mediante expediente donde debidamente se comprobara la incapacidad, la negligencia, la mala conducta o la falta grave en el cumplimiento de los deberes del cargo. Ello confería solo una estabilidad por cinco años, y se requería, en consecuencia, un procedimiento disciplinario para la destitución de los fiscales. Estas disposiciones constituyeron, para ese momento, la estabilidad laboral relativa de la que gozaban los fiscales del Ministerio Público durante un quinquenio; estabilidad que fue interpretada por la Sala Político- Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia), en sentencia del 19 de marzo de 1996, en el sentido siguiente: 2.3.1. Hasta tanto se dictara la Ley de Carrera del Ministerio Público, debía entenderse que los fiscales del Ministerio Público serían designados por un lapso de cinco (5) años (lapso correspondiente al período constitucional de ese entonces) o por el resto de dicho lapso, si hubieren sido nombrados con posterioridad al mismo. 2.3.2. El cargo de fiscal del Ministerio Público se entendió entonces como de ejercicio temporal y no otorgaba derecho a la continuidad, ni derecho preferente a períodos sucesivos, por lo que, los fiscales sólo gozaban de estabilidad temporal por cinco años, durante los cuales podían ser removidos previa apertura de un procedimiento disciplinario, por las causas ya señaladas. 2.3.3. El Fiscal General de la República, tenía la obligación de dictar, dentro de los seis meses siguientes
a su designación, un acto de ratificación respecto de los fiscales, transcurrido el cual sólo los ratificados podrían removerse previa apertura del procedimiento disciplinario correspondiente. II. La Carrera Fiscal en las Constituciones de 1961, de 1999, el Código Orgánico Procesal Penal, la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público de 1998 y el Estatuto de Personal del Ministerio Público. La Constitución de 1961, no estableció ningún precepto relativo a la carrera de los funcionarios del Ministerio Público. Cabe señalar que solo su artículo 218 disponía que el Ministerio Público estaba bajo la dirección y
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2.2.

2.3.

a)

b)

c)

d)

e)

responsabilidad del Fiscal General de la República, con el auxilio de los funcionarios que determinara la Ley Orgánica respectiva. El Texto Constitucional de 1999, por el contrario, dispuso de manera expresa en su artículo 286, lo concerniente a un sistema de carrera (Ley de Carrera) que garantice la estabilidad a los fiscales o a las fiscales del Ministerio Público. Establece esta norma que: ´La ley (...) proveerá lo conducente para asegurar la (...) estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público, así como las normas para garantizar un sistema de carrera en el ejercicio de esas funciones´. Este artículo debe ser interpretado conjuntamente con el artículo 146 del mismo Texto Constitucional, el cual sostiene que: ´…El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será a través de un concurso público, fundamentado en principios
de honestidad, idoneidad y eficiencia…´. Por su parte, el artículo 542 del Código Orgánico Procesal Penal refiere igualmente a la Ley de Carrera para los funcionarios y empleados del Ministerio Público, destinada a regular sus condiciones de ingreso, permanencia y cese en el ejercicio de los cargos. La vigente Ley Orgánica del Ministerio Público (actualmente sometida a reforma en el Poder Legislativo) dedica muy pocos artículos a la regulación de dicha carrera. Ciertamente, en sus artículos 79 y 100, crea la carrera de los fiscales del Ministerio Público, la cual debe regirse, según la remisión que efectúa la propia ley, por las disposiciones del Estatuto de Personal que dicte el Fiscal General de la República. El artículo 4 del Estatuto de Personal al referirse a la carrera, dispone que la misma se establece con la finalidad de asegurar la estabilidad de los fiscales, funcionarios y empleados de la ins titución, regular condiciones de ingreso, permanencia y cese en el ejercicio de sus cargos y establecer las sanciones y el procedimiento a seguir para imponerlas.

Clases de funcionarios conforme al Estatuto Conforme al artículo 2 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, los funcionarios de esta Institución pueden ser: a) De carrera (Artículo 3, primer párrafo ejusdem) y b) De libre nombramiento y remoción (Artículo 3 segundo párrafo ejusdem). Mediante interpretación auténtica, el mencionado Estatuto define que son funcionarios de carrera quienes ingresan al servicio del Ministerio Público mediante nombramiento, desempeñan cargos
permanentes y han superado el período de prueba previsto en el artículo 8 del referido Estatuto. Por otra parte, son cargos de li bre nombramiento y remoción aquéllos que sean determinados como tales en el nombramiento del funcionario o los que sean considerados por Resolución que al efecto dicte el Fiscal General de la República.

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Requisitos de elegibilidad de los fiscales De acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y al artículo 12 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, los requisitos de elegibilidad para ser designado Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia) o Fiscal Superior, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. Ser venezolano. Mayor de treinta (30) años. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Ser abogado con título de postgrado en materia afín a la competencia a ser ejercida como fiscal, o profesor universitario de reconocida competencia, o fiscal del Ministerio Público por un lapso mínimo de cinco (5) años, o haber ejercido la abogacía por un lapso mínimo de diez (10) años. 5. Haber obtenido en el concurso de oposición la calificación mínima legalmente establecida. Por otra parte, el artículo 15 del Estatuto de Personal del Ministerio Público consagra como requisitos de elegibilidad de los demás representantes fiscales, los siguientes: 1. 2. 3. 4. Ser venezolano. Abogado. Mayor de veinticinco (25) años. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Ingreso al Ministerio Público Conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público (Artículo
100) y al Estatuto de Personal del Ministerio Público (Artículos 7 y 8), para ingresar al Ministerio Público se requiere haber aprobado la evaluación correspondiente o haber aprobado el concurso de oposición respectivo y haber superado satisfactoriamente un período de prueba de dos (2) años. En tal sentido, se establece que para ingresar a la carrera fiscal se requiere aprobar un concurso de oposición, excepto cuando los fiscales hubieren cumplido diez años de servicio en el Ministerio Público y hayan aprobado una evaluación. En estos casos serán evaluados por una Comisión designada por el Fiscal General de la República (Artículo 166 del Estatuto de Personal del Ministerio Público). Los fiscales con menos de diez años de servicio en la Institución, deberán someterse a un concurso de oposición. Tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público como el Estatuto de Personal están sujetos hoy a reforma, en virtud de que tanto la una como el otro, contrarían, en muchas de sus partes, los postulados de la Constitución de 1999. La Ley Orgánica del Ministerio Público ha sido aprobada en primera discusión por el Poder Legislativo y el Estatuto se reformará una vez aprobada la referida ley.
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Por ello, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público dedica uno de sus Títulos al ingreso a la carrera del Ministerio Público, sin entrar en desarrollos exhaustivos que desnaturalicen el rango de orgánica conferido a nuestra ley y sin obviar el establecimiento de normas que constituyan el marco a ser desarrollado en la Ley de Carrera del
Ministerio Público. Ingreso a la carrera por evaluación Conforme a los artículos 168, 170 y 171 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, el ingreso a la carrera por evaluación, tiene las siguientes características: a. Podrá hacerse en forma oral o escrita y versará sobre las funciones a ser desempeñadas. b. Se tomarán en consideración los informes de las Direcciones del Despacho relativos al desempeño del evaluado. c. Los plazos para estas evaluaciones se desarrollarán en las reformas correspondientes tanto de la Ley Orgánica del Ministerio Público como del Estatuto de Personal del Ministerio Público, puesto que los mismos, o no están señalados actualmente, o se encuentran vencidos. d. Si el fiscal resulta reprobado, tiene derecho a una segunda evaluación en el tercer mes siguiente a la primera u optar a una evaluación para su traslado a otro cargo para el cual reúna requisitos. e. Si aprueba la evaluación (cualquiera que sea) se le declarará funcionario de carrera. f. Si es reprobado (en cualquiera de los casos) será retirado del Ministerio Público. g. La declaratoria como fiscal de carrera, corresponderá al Fiscal General de la República, quien lo hará mediante Resolución u oficio y expedirá el certificado correspondiente. Ingreso a la carrera por concurso de oposición De acuerdo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y a los artículos 9 al 36 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, el ingreso a la carrera por concurso de oposición, tiene las siguientes características: 1. El referido concurso será público
y de oposición, abierto a la participación de todo abogado habilitado para ejercer su profesión en el territorio de la República y que cumpla con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y la normativa que dicte al efecto el Fiscal General de la República. La convocatoria la realizará el Fiscal General de la República mediante Resolución, y el concurso se efectuará con la finalidad de proveer los cargos de fiscales del Ministerio Público y sus suplentes. La mencionada convocatoria: a) Se publicará en la prensa, en un diario de circulación nacional, en dos
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2.

3.

oportunidades, con un intervalo de tres (3) días continuos entre una y otra publicación. b) Indicará los requisitos exigidos para el cargo a proveerse. c) Indicará la fecha y el lugar donde debe procederse a la inscripción y el lugar para la realización de las pruebas. d) Indicará los documentos que deben adjuntarse a la misma. 4. El lapso para las inscripciones será de cinco días contados a partir del día siguiente a la última de las publicaciones de prensa. El jurado estará integrado de la siguiente forma: a. Para los aspirantes a fiscales que actuarán ante la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo): tres (3) profesionales del Derecho que designe el Fiscal General. b. Para los aspirantes a Fiscales Superiores: Un (1) Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un (1) profesor universitario que imparta la carrera de Derecho, un (1) fiscal ante la Corte Suprema de Justicia o un Fiscal Superior. c. Para el resto de aspirantes a fiscales
del Ministerio Público: tres (3) Directores del Despacho del Fiscal General que éste designe. 6. El jurado deberá evaluar a los aspirantes en tres áreas: credenciales académicas, aptitud psicológica y conocimientos jurídicos, debiendo señalarse que conforme a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la prueba de conocimientos jurídicos está compuesta por una evaluación escrita y una evaluación oral. El jurado designado podrá excluir del concurso a los aspirantes que no reúnan los requisitos de elegibilidad. Respecto a la integración del jurado, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que se constituya por el Fiscal General de la República o el funcionario del Ministerio Público que éste designe al efecto, por un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de competencia afín con las atribuciones inherentes al cargo objeto del concurso y por un profesor titular de la Facultad de Derecho de una Universidad Nacional que imparta una asignatura afín a las atribuciones del cargo objeto del concurso. Cada miembro del jurado tendrá dos (2) suplentes, quienes cubrirán sus faltas absolutas, temporales y accidentales, en el orden de su designación. La propuesta de reforma contempla asimismo, la posibilidad de que los miembros del jurado se inhiban o sean recusados, por una sola vez, luego del cierre del proceso de inscripción de los aspirantes, cuando se encuentren incursos en alguna de las causales establecidas en la Resolución que dicte al efecto el Fiscal General de la República y conforme
al procedimiento allí previsto.
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5.

7.

8.

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11.

Las pruebas del concurso. Tanto en el Estatuto de Personal del Ministerio Público, como en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se establece que las pruebas del concurso serán públicas, eliminatorias y sucesivas. El Fiscal General de la República establecerá mediante Resolución el baremo de evaluación de credenciales curriculares de los aspirantes, cuya publicación será indispensable. Las credenciales. En la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público se establecen las credenciales que se tendrán como tales. Los recaudos y su revisión. Igualmente, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la posibilidad de que los recaudos consignados sean revisados por cualquier interesado, quien mediante escrito razonado dirigido al jurado examinador, podrá hacer los reparos que considere oportunos, conforme al procedimiento establecido mediante la Resolución que dicte al efecto el Fiscal General de la República. Las pruebas y su evaluación. Conforme a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una vez concluida la recepción de las credenciales, el jurado procederá a su evaluación, de conformidad con las reglas establecidas en el baremo. Resultarán elegibles, los aspirantes que aprueben la evaluación de credenciales con una calificación igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del puntaje establecido mediante Resolución. La aptitud psicológica se evaluará una vez
concluida la prueba de credenciales a aquellos aspirantes pre-seleccionados. Esta prueba tendrá carácter confidencial y será efectuada por un equipo de psicólogos designados a tales efectos por el Fiscal General de la República. La prueba escrita versará sobre el contenido de los temas del programa de concurso establecidos mediante Resolución. De acuerdo a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público para aprobar la prueba escrita, los aspirantes deberán obtener una calificación igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la escala de puntuación establecida en la respectiva Resolución. Los aspirantes que aprueben la prueba escrita, quedarán seleccionados para presentar la prueba oral. La prueba oral se aprobará con una calificación igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la puntuación establecida mediante Resolución.

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Para la obtención de los resultados de las pruebas escritas y oral, respectivamente, se promediarán las calificaciones asignadas por cada miembro del jurado. Deliberación y veredicto. Concluida la prueba oral, el jurado procederá a la deliberación y emitirá un veredicto que deberá estar contenido en un acta. Se declarará ganador del cargo objeto del concurso al aspirante que hubiere obtenido mayor nota final como resultado del promedio de las pruebas escrita y oral, y serán designados como primer y segundo suplente, respectivamente, aquellos aspirantes que hayan obtenido la segunda y tercera mejor calificación
como resultado final. La propuesta de reforma contempla que en caso de empate entre dos (2) o más aspirantes, se tomará en cuenta la puntuación obtenida por cada uno de ellos en la evaluación de credenciales. Conforme al Estatuto de Personal del Ministerio Público y a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, si ningún concursante hubiese alcanzado las calificaciones exigidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el concurso se declarará desierto y se convocará a un nuevo concurso. Igualmente se procederá en caso de que no se inscribieren por lo menos dos (2) aspirantes por cada una de las plazas ofertadas. De acuerdo al Estatuto de Personal del Ministerio Público y a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público el acta donde conste el veredicto del jurado se hará del conocimiento del Fiscal General de la República. Igualmente, el ganador y sus suplentes serán notificados personalmente y por escrito, para que comparezcan en el lapso establecido, a los fines de manifestar si aceptan o no el cargo respectivo. Designación y revocatoria del nombramiento: tanto el Estatuto de Personal del Ministerio Público como la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, prevén que en caso de aceptación del cargo de fiscal del Ministerio Público o de suplente, el Fiscal General de la República, procederá a su designación mediante Resolución y expedirá el certificado correspondiente. Asimismo, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público contempla la posibilidad de la revocatoria
del nombramiento por parte del Fiscal General de la República, si se demostrare que el fiscal del Ministerio Público designado por concurso, hubiere forjado documentos o suministrado información falsa, para participar en el mismo. Lo anterior, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar.

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Aspectos operativos de las evaluaciones y de los concursos de oposición 1. En el Ministerio Público se buscó la data existente de los últimos diez (10) años, en razón de que ello permitiría conocer:
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a) Quiénes y cuántos son los fiscales que tienen derecho al procedimiento de evaluación. b) Cuántos cargos serían ofertados en concursos de oposición. c) Quiénes están inhabilitados para concursar o para ser excepcionados con la evaluación. 2. Se estuvo trabajando en el perfil del fiscal del Ministerio Público (requisitos de elegibilidad). La carrera de los fiscales superiores Conforme a los artículos 27 y 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Proyecto de Reforma de la referida Ley aprobado en primera discusión, en cada una de las Circunscripciones Judiciales se designará un Fiscal Superior que representará al Ministerio Público y ejercerá las funciones de coordinar y supervisar la actuación de los fiscales del Ministerio Público en la respectiva Circunscripción Judicial, y otras que le son atribuidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal, y otras leyes. El artículo 28 de la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público, al igual el Proyecto de
Reforma de la misma, al consagrar los requisitos de elegibilidad de los fiscales superiores, establece que los mismos deben haber aprobado un concurso de oposición en los términos establecidos en la ley. Tanto en el artículo 30 de la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público, como en su propuesta de reforma, se dispone que el tiempo de duración en el cargo del fiscal superior será por el período constitucional del Fiscal General de la República y que quien haya sido designado fiscal superior, ingresará a la carrera del Ministerio Público si no se encontraba en ella y podrá ser ratificado en dicho cargo o continuar como fiscal del Ministerio Público, una vez transcurrido el período correspondiente. Vencido el período de los Fiscales Superiores del Ministerio Público, el concurso para la nueva provisión de cargos deberá abrirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes a la toma de posesión del Fiscal General de la República. El Estatuto de Personal del Ministerio Público y la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, consagran que si para el momento del nombramiento como fiscal superior, éste estuviere desempeñando un cargo de carrera dentro del Ministerio Público, finalizado el período para el cual fue nombrado Fiscal Superior, tendrá derecho a regresar al cargo que antiguamente desempeñaba o a uno de similar jerarquía. III. Efectos de la carrera respecto del fiscal Los efectos de la carrera del fiscal pueden clasificarse tomando en consideración dos momentos específicos: a) Cuando este funcionario se
encuentra en el desempeño de sus funciones y b) Al momento de la terminación de su relación de empleo con el Ministerio Público.
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A.

De los efectos de la carrera cuando el fiscal se encuentra en el desempeño de sus funciones

El régimen de la carrera del Ministerio Público incide en el cargo que desempeñan los fiscales, especialmente en tres ámbitos: 1) El relativo a la estabilidad en el cargo. 2) El relacionado con los ascensos. 3) El que concierne a las incompatibilidades por el ejercicio del cargo. 1) En lo atinente a la estabilidad en el cargo, debe señalarse que ésta es la consecuencia más importante que produce el ingreso a la carrera fiscal y al efecto, el Estatuto de Personal, establece en su artículo 5 que: ´Los fiscales (…) que sean de carrera, tendrán estabilidad en el desempeño de sus cargos y no podrán ser removidos, suspendidos o retirados del ejercicio de sus funciones, sino en los casos y mediante el procedimiento determinado en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el presente Estatuto de Personal del Ministerio Público ´.

La estabilidad de los fiscales de carrera del Ministerio Público trae además como consecuencia todo lo relativo al régimen de disponibilidad. Esta se regula en los artículo 43 al 46 del Estatuto de Personal del Ministerio Público y se aplica en los dos supuestos de remoción del fiscal de carrera: a) Cuando hay una reducción de personal y b) Cuando éste se encuentra en un cargo de libre nombramiento y remoción. La disponibilidad implica que durante el lapso de un (1) mes, el fiscal removido
tendrá derecho a percibir su sueldo y los complementos que le correspondan, así como también se procurará su reubicación en un cargo de carrera de igual o de similar jerarquía y remuneración al que ocupaba. Finalmente, si vencida la disponibilidad no hubiese sido posible reubicar al removido, éste será retirado del servicio y tendrá derecho a percibir las prestaciones sociales y a ser incorporado al registro de elegibles. 2) En segundo lugar, se considera como un efecto de la carrera, el derecho de los fiscales a ascender al grado inmediatamente superior, previa evaluación del cumplimiento de sus funciones, así como de las credenciales exhibidas y del espíritu de superación de mostrado (Artículo 50 del Estatuto de Personal del Ministerio Público).

3)

En tercer lugar, otra de las consecuencias de la carrera, tiene que ver con las incompatibilidades que genera el desempeño del cargo. Dicho régimen se encuentra previsto en el Estatuto de Personal del Ministerio Público, en los términos siguientes: ´ La prestación de servicios en el Ministerio Público, es incompatible con el desempeño de cualquier cargo, profesión o actividad que menoscabe el estricto cumplimiento de los
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deberes del fiscal (...)´ (Artículo 103 del Estatuto de Personal del Ministerio Público). Finalmente, el artículo 104 del referido Estatuto, establece sobre el particular, que: ´La aceptación de una actividad incompatible con el cargo que se ejerza, aun cuando sea temporal o accidental, implica la renuncia de éste´. B. De los efectos de la carrera en relación con la terminación
de la relación laboral

En este sentido, el artículo 105 del Estatuto de Personal del Ministerio Público prevé que el retiro de los fiscales del Ministerio Público, procederá: a. Por renuncia del funcionario; en este caso la renuncia debe haber sido previamente aceptada por el superior jerárquico (Artículo 16 del Estatuto de personal del Ministerio Público). b. Por destitución (Artículos 90 al 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículos 108 y siguientes del Estatuto de Personal del Ministerio Público). En tal sentido, cabe señalar que los fiscales solo pueden ser sancionados disciplinariamente cuando incurran en las faltas disciplinarias previstas en la ley. c. Por jubilación (Artículos 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículos 52 y siguientes del Estatuto de Personal del Ministerio Público). La jubilación es un derecho que nace cuando el funcionario cumple la edad y el tiempo de servicios establecido en la ley. Respecto a ella es oportuno considerar que los artículos 160 y 162, respectivamente, del Estatuto de Personal del Ministerio Público, consagran para los jubilados y pensionados, el derecho a los aumentos de sueldo decretados a favor de los funcionarios activos, así como a las bonificaciones y servicios de carácter social de la Institución. d. Por invalidez permanente o cuando por más de un año no se produzca la rehabilitación del funcionario (Artículo 107 del Estatuto de Personal del Ministerio Público). Los funcionarios que sufrieren enfermedad o accidente grave, que les dejen incapacitados durante
más de cuatro (4) meses, o de manera permanente, tendrán derecho a una pensión de invalidez, que no implicará la terminación de la relación laboral, salvo que la incapacidad sea permanente o exceda de un (1) año. e. Por muerte del fiscal. f. Por reducción de personal: Caso en el cual tendrá derecho a la disponibilidad (derecho a percibi r durante un mes su sueldo y los complementos, así como también las gestiones de reubicación en un cargo de carrera igual o de similar jerarquía y remuneración). g. Por no haber aprobado la evaluación para ser declarado funcionario de carrera. h. Finalmente, el Estatuto de Personal del Ministerio Público consagra el beneficio de la pensión de supervivencia, la cual podrán solicitar los sobrevivientes del beneficiario de la pensión de invalidez o de la jubilación, dentro de los doce (12) meses siguientes a su muerte (Artículos 147 al 154 del Estatuto de Personal del Ministerio Público).
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IV.

Plan de crecimiento del Ministerio Público. Año 2002

Resulta pertinente señalar como uno de los pasos adelantados, desde el punto de vista operativo, la incorporación en el Plan de Crecimiento del Ministerio Público del año 2002, concretamente, en el componente de selección de los fiscales, la metodología de panel de entrevistas, a los fines de indagar el conocimiento jurídico de los aspirantes. Lo anterior, se realiza con la finalidad de ir adecuando los procedimientos a lo que serán en el futuro mediato los concursos de oposición. De igual forma, con este Plan de Crecimiento se implementan los cursos de inducción
con carácter obligatorio para los seleccionados”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CR art:218 CRBV art:146 CRBV art:286 LPNMP art:24 1955 LOMP art:18 1970 COPP art:542 LOMP art:27 LOMP art:28 LOMP art:31 LOMP art:28 LOMP art:79 LOMP art:100 EPMP art:2 EPMP art:4 EPMP art:7 EPMP art:8 EPMP art:9 EPMP art:10 EPMP art:11 EPMP art:12 EPMP art:13 EPMP art:14 EPMP art:15 EPMP art:16 EPMP art:17 EPMP art:18 EPMP art:19 EPMP art:20 EPMP art:21 EPMP art:22 EPMP art:23 EPMP art:24
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EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP EPMP SCSJSPA

art:25 art:26 art:27 art:28 art:29 art:30 art:31 art:32 art:33 art:34 art:35 art:36 art:12 art:15 art:43 art:44 art:45 art:46 art:50 art:103 art:104 art:105 art:166 art:168 art:170 art:171 19-03-1996 ESTABILIDAD EN EL TRABAJO FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO MINISTERIO PUBLICO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.56-64.

DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurí ica d /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DCJ-17-2001-00755 DCJ FECHA:20020108

Las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional) pueden ejercer funciones de Policía de Investigaciones Penales en la medida en que fueren requerida por el Ministerio Público, pero con estricta sujeción al ámbito de sus competencias. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de emitir opinión con relación a la comunicación N° FMP-DF-81-370-2001, en la cual se rinde informe relacionado
con la muerte del ciudadano Pedro Alexander Carpintero e igualmente solicita el estudio de diversas consideraciones: En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, con respecto a la competencia de la fiscalía a su cargo, para conocer sobre la muerte del referido ciudadano, este Despacho considera que no hay dudas al respecto, en vista de la citada Resolución N° 610 emitida por el Fiscal General de la República, donde le fue atribuido a ese Despacho la competencia en materia de Proceso contra Funcionarios Públicos en el Area Metropolitana de Caracas. Además, se constata que en el calendario de guardias de los Fiscales se le atribuye la competencia para conocer de denuncias interpuestas en contra de Funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, por la presunta comisión de ilícitos administrativos y/o penales, cometidos en el ejercicio de sus funciones, y que en el mencionado calendario, la fecha de comisión del hecho coincide con la de su respectiva guardia. En cuanto al segundo punto sometido a nuestra consideración, vamos a adentrarnos en la acepción “delitos comunes”. A este respecto, en el Diccionario Militar del autor Cabanellas Torres, se señala: ´El sancionado en la legislación criminal ordinaria; es decir, por el Código Penal (v). En tal sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos especiales (v), los castigados en otras leyes o códigos, cual sucede con los de carácter militar. / Dentro del propio Código Penal ordinario, se diferencia entre delitos comunes, que son los considerados deshonrosos (el robo,
la estafa, el asesinato), y los políticos o sociales, originados por las luchas de partido y las de índole laboral...´ En este orden de ideas, el delito del caso en cuestión presuntamente es un homicidio, que quedaría incluido en la acepción de los delitos comunes. Ahora bien, para poder discutir objetivamente a qué órgano de policía de investigaciones penales le competería la averiguación a la cual se hace referencia, nos remitiremos a la Ley de Policía de Investigaciones Penales, que establece: ´Artículo 2°. La función de policía de investigaciones penales corresponde a las fuerzas y cuerpos policiales, cualquiera sea su naturaleza y dependencia, en la medida que fueren requeridos por el Ministerio Público, con estricta sujeción al ámbito de sus competencias, según lo establecido en los ordenamientos respectivos. Para el requerimiento de que trata este artículo, el Ministerio Público atenderá la naturaleza del delito o las circunstancias de su perpetración´. En vista de la citada norma no queda duda alguna de la capacidad de la Guardia Nacional para conocer de esta averiguación. Además, es de resaltar que las Fuerzas 28

Armadas de Cooperación tienen competencia para el conocimiento de delitos comunes, ya que dentro de sus atribuciones señaladas en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, se señala: ´Artículo 12. ... / Parágrafo Único. De conformidad a lo dispuesto en esta Ley, cuando las Fuerzas Armadas de Cooperación prestaren servicio de apoyo al sector civil de la Administración Pública,
sin menoscabo de su naturaleza militar, serán funcional y, específicamente, dependientes del órgano público con el cual cooperen, a los efectos de esta cooperación´. De acuerdo con esta norma, la Guardia Nacional podría perfectamente laborar bajo la dependencia de órganos públicos civiles, como lo es en este caso el Ministerio Publico. (…) Queda claro entonces que las Fuerzas Armadas de Cooperación sí están comprendidas dentro de los órganos de policía de Investigaciones Penales, y que por lo tanto, están bajo la sujeción funcional del Ministerio Público, en lo que concierne a la determinación de los hechos punibles. Debemos destacar también, que el director de la investigación de los hechos punibles y de la actividad de los órganos policiales en cuanto al establecimiento del cuerpo del delito, es el representante fiscal, tal como lo dispone el ordinal 1° del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal. La acepción general del vocablo ´disciplina´, no es más que ´poner orden, uniformar´. Comprende el conocimiento y cumplimiento de todos los deberes de un subordinado. Ahora, si bien es cierto que los funcionarios del Cuerpo Técnico Policía Judicial deben obediencia y respeto a sus superiores según lo estatuido por su régimen disciplinario, no es menos cierto que el cumplimiento de las funciones incriminatorias en la investigación preliminar del proceso, es una manifestación del ejercicio de la acción penal cuyo titular es el fiscal del Ministerio Público. (…) En conclusión, en el presente caso la averiguación del presunto homicidio, debe realizarse
por un órgano de policía de investigaciones penales, cuyos funcionarios no se encuentren relacionados con el hecho o en su defecto, por una división del mismo, cuyos integrantes puedan actuar con la debida imparcialidad”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: LPIP art:2 LOFAN art:12-Pg.un COPP art:108-1 RSMP N° 610 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN DELITOS FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO FUERZAS ARMADAS HOMICIDIO INVESTIGACION MINISTERIO PUBLICO POLICIA JUDICIAL Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.293-294.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin remitente/ Ministerio Público MPN° DCJ-023-15-2002 DCJ FECHA:20020108

No procede la expedición de copias certificadas de aquellas actuaciones relacionadas con hechos contemplados en la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, por cuanto al incumplirse las medidas cautelares impuestas en el acto conciliatorio, la causa entra en fase de investigación, y las actuaciones correspondientes quedan sujetas a la reserva prevista en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a la comunicación N° DSG-1185-2001, relacionada con la solicitud de opinión sobre la procedencia o no de expedir copia simple de las actuaciones que conforman el expediente N° FS 15131-01, que cursa por ante la Fiscalía Sexagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, requerida por el ciudadano Pietro
Minielli Mariani. Al respecto se observa que estamos en presencia de un expediente relacionado con uno de los delitos tipificados en la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia; la cual establece en su artículo 36 lo siguiente: ´El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley, salvo el descrito en el artículo 18 de esta Ley, se seguirá por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el Título II, Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal´. (…) Luego de las respectivas citaciones y de los exámenes practicados al denunciante, se procedió a citar a las partes para la celebración del acto conciliatorio el cual no se llevo a cabo, imponiéndose las medidas cautelares correspondientes, que posteriormente fueron incumplidas por una de las partes, tal y como se evidencia de la denuncia formulada por el ciudadano Pietro Minielli Mariani, en fecha 28 de febrero de 2001, de esta manera, por cuanto se observa que no se ha procedida ningún acto conclusivo, tomando en consideración que el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, establece que el argumento de la los delitos de que trata esa ley, se seguirá por lo trámites del procedimiento abreviado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que es necesario hacer mención al artículo 304 del mencionado Código, el cual señala: ´Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros. / Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado,
o por sus apoderados con poder especial. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva…´. Asimismo, la Circular N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 de fecha 10 de julio de 2001, emanada del Despacho del Fiscal General de la República,
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ratifica expresamente el carácter reservado de los actos de investigación, con lo cual se busca ´…garantizar que la investigación se efectúe sin interferencias externas que pudieran entorpecer su normal desarrollo y obstaculizar la obtención de los correspondientes elementos de convicción…´, lo que no debe interpretarse como una restricción al derecho de las partes que intervinieron en el proceso, de examinar dichas actas, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Por las razones antes señaladas, en opinión de esta Dirección de Consultoría Jurídica, no procede la expedición de la copia simple de las actuaciones insertas en el expediente N° FS-15131-01, solicitada por el ciudadano Pietro Minielli Mariani”. Disposiciones legales contenidas en el documento: LVMF art:18 COPP art:304 CMP N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 10-07-2001 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN COPIAS CERTIFICADAS INVESTIGACION MEDIDAS CAUTELARES MUJER Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.294-295.

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005
TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin remitente/ Ministerio Público MPDCJ-9-027-2002
DCJ FECHA:20020108

Cuando el fiscal del Ministerio Público no haya presentado la acusación en el lapso previsto en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ello no constituye un supuesto legal que haga procedente el decreto judicial de sobreseimiento. El fiscal del Ministerio Público debió interponer el recurso de apelación contra la decisión de sobreseimiento conforme a lo previsto en el literal “d” del artículo 608 por constituir ésta, un pronunciamiento de los que ponen fin al juicio o impiden su continuación. El Ministerio Público como rector de la investigación penal debe vigilar la actuación de los órganos de investigaciones penales, quienes en virtud de su dependencia funcional están en la obligación de acatar siempre sus instrucciones, debiendo ejercer ante su incumplimiento el poder disciplinario que le confiere la ley. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, con ocasión a su comunicación N°: DPIF-3-129620001, mediante la cual solicita se emita opinión sobre la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Juicio de la Sección de Adolescentes del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en el juicio signado bajo el número 2JA-002-00 incoado por la Fiscal Décimo Séptimo de Responsabilidad Penal del Adolescente, ciudadana Francy Schlaepper Tovar contra el adolescente G.A.G., donde se acordó el sobreseimiento definitivo, sustentado en el hecho de haber transcurrido en exceso el lapso requerido para que el fiscal del Ministerio Público presentara en la audiencia
del juicio oral, la respectiva acusación. Asimismo, se informa que el representante fiscal no ejerció el recurso correspondiente. En relación al particular consultado es preciso señalar, que la oportunidad procesal para dictar el sobreseimiento puede presentarse durante la fase preparatoria para declararla concluida de acuerdo con el pedimento fiscal, si el adolescente cumpliere las obligaciones pactadas en el plazo fijado en la resolución que acordó suspender el proceso a prueba, con ocasión de la conciliación acordada, cuando se verifique una causa de extinción de la acción o se autorizare al fiscal del Ministerio Público para prescindir del ejercicio de la misma, es decir, se acuerde la remisión; en la fase intermedia, una vez cumplida la reparación integral del daño social o particular causado, propuesta por el juez que procuró la conciliación durante el desarrollo de la audiencia preliminar, procede igualmente el sobreseimiento de la causa, cuando finalizada la audiencia preliminar el Juez desestima totalmente la acusación del Ministerio Público o cuando homologa los acuerdos conciliatorios dictados en la resolución que decide suspender a prueba el proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 566
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de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; asimismo podrá el juez, cuando se concluya el debate, dictar el sobreseimiento mediante sentencia. De lo antes transcrito se desprende, que el sobreseimiento de oficio, es decir por iniciativa propia del órgano jurisdiccional sólo puede dictarse en el caso previsto
en el literal ´a´ del artículo 578 de la Ley Orgánica para la Protección el Niño y del Adolescente, ya que en el resto de las oportunidades procésales, ese pronunciamiento judicial se efectúa previa solicitud del representante fiscal. En el caso objeto del presente análisis, la juez de juicio de la mencionada circunscripción judicial argumentó en su decisión, que el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa procede de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 325 (ahora 318) en concordancia con el artículo 190 (ahora 173) en su primer aparte, ambos del Código Orgánico Procesal Penal por aplicación supletoria del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, toda vez, que a su criterio con los elementos cursantes en autos no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, así como tampoco, la razonable posibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación, alegando igualmente que desde la fecha en que se decretó la flagrancia hasta el momento en que se dicta la decisión, había transcurrido un mes y veintiséis días, tiempo éste superior al exigido en la norma procesal que regula el procedimiento abreviado para presentar la respectiva acusación.(…) Sin embargo, a pesar de la ausencia de un acto conclusivo por parte del representante fiscal, los fundamentos expuestos por el juzgador en la decisión analizada no se corresponden con los criterios de oportunidad procesal exigidos por las normas que regulan la materia para decretar una resolución judicial
que decide la culminación de un proceso criminal. El sobreseimiento pone fin al proceso, por ello, en razón de su efecto, bien sea dictado mediante auto o como sentencia, el mismo es apelable ante la Corte de Apelaciones. En el caso que nos ocupa, el sobreseimiento decretado produjo sus efectos, toda vez que la Fiscal Décimo Séptimo Especializada en Responsabilidad Penal de Adolescentes del Ministerio Público, Francy Elena Schlaepfer Tovar, no dió cumplimiento al deber-atribución que le confiere el numeral 14 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que faculta a todo fiscal a interponer los recursos contra las decisiones dictadas por los tribunales y desistir de los intentados, así como también, contestar los interpuestos por las otras partes, produciéndose en consecuencia el fin del proceso con respecto del adolescente G.A.G.M., en cuyo favor se decretó dicho acto conclusivo, cesando por ende las medidas cautelares impuestas. Así las cosas, atendiendo a la opinión que antecede, esta Dirección considera que la Fiscal Décima Séptima de Responsabilidad Penal del Adolescente no observó en la averiguación instruida contra el adolescente G.A.G.M., los deberesatribuciones que como Fiscal de Proceso le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que se estima conveniente remitir las actuaciones pertinentes a la Dirección de Inspección y Disciplina, con el objeto de determinar si la mencionada representante del Ministerio Público se encuentra incursa en una falta disciplinaria. De igual manera, se debe informar lo conducente
a la Inspectoría General de Tribunales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en relación con la actuación del Juez Segundo de Juicio de la Sección de
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Adolescentes del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua”. Disposiciones legales contenidas en el documento: LOPNA art:537 LOPNA art:557 LOPNA art:566 LOPNA art:578-a COPP art:173 COPP art:318 LOMP art:34-14 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS ACUSACION ADOLESCENTES APELACION AUDIENCIAS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO FLAGRANCIA INVESTIGACION JUECES JUICIO BREVE MEDIDAS CAUTELARES POLICIA PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.295-297.

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006
TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPDCJ-098-5-2002 DCJ FECHA:20020118

Debe existir una declaratoria de pobreza previa, denominada por el Código de Procedimiento Civil ´Justicia gratuita´, acordada por el órgano jurisdiccional competente, a requerimiento de la víctima o sus herederos, a los fines de que éstos puedan delegar excepcionalmente en el Ministerio Público el ejercicio de la acción civil derivada de un hecho punible. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, con ocasión al contenido del memorando N° DDC-R-052001, recibido el 14 de enero de 2002, mediante el cual remite anexo, carpeta N° D-23-2000, que guarda relación con la delegación efectuada en el Ministerio Público
por parte del ciudadano Marcos Aurelio Duarte Caballero, del ejercicio de la acción civil derivada de un hecho punible, tal y como se evidencia de la aludida documentación, remisión que hace a los fines de que este Despacho emita opinión sobre su procedencia. Sobre ese particular esta Dirección de Consultoría Jurídica observa: Uno de los objetivos del proceso penal es la protección de la víctima y la reparación del daño ocasionado por el delito, a tenor de lo dispuesto en la segunda parte del artículo 23, y encabezamiento del artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal. En ese sentido, contra el autor y demás partícipes del delito, y en su caso, contra el tercero civilmente responsable, sólo la victima o sus herederos podrá ejercer la acción civil con el objeto de obtener la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del citado instrumento legal. Dicha acción será ejercida, tal y como lo prevé el artículo 51 de la ley penal adjetiva, conforme a las normas establecidas en el referido texto legal, sólo una vez que la sentencia penal quede definitivamente firme y ello sin perjuicio del derecho de la víctima de ejercer la acción ante la jurisdicción civil.(…) Así las cosas, con el fin de salvaguardar el derecho que tiene la víctima a la protección y reparación del daño derivado del delito, el legislador en el texto adjetivo penal, le impuso al Ministerio Público la obligación en el proceso penal, de velar por dichos intereses en todas sus
fases. En ese contexto, al fiscal del Ministerio Público le fue conferida entre otras, la atribución de ´…atender las solicitudes de las víctimas y procurar que sean informadas acerca de sus derechos, con arreglo al Código Orgánico Procesal Penal…´, en atención a lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En armonía con lo antes transcrito, dispone a esos efectos el encabezamiento del artículo 53 que ´...Las personas que no estén en condiciones socioeconómicas para demandar podrán delegar en el Ministerio Público el ejercicio de la acción civil…´.
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Ahora bien, el legislador en el Código Orgánico Procesal Penal no desarrolló disposición alguna a los fines de determinar la efectiva carencia de condiciones socioeconómicas por parte de la víctima, requisito sine qua non para que la misma pueda delegar en el Ministerio Público, el ejercicio de la acción civil. Ante tal situación debe recurrirse a la analogía, figura que tiene su fundamento normativo en el artículo 4, párrafo segundo, del Código Civil de Venezuela, que reza ´…Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas…´, siendo por lo tanto aplicable en este caso las disposiciones contenidas en los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, relativo a la ´Justicia Gratuita´, antes denominado ´Beneficio de Pobreza´, razón por la cual antes de acudir al Ministerio Público, la víctima deberá obtener del órgano jurisdiccional competente,
la declaratoria del consiguiente beneficio de justicia gratuita.(…) De lo anteriormente transcrito, se evidencia, así como de los anexos remitidos a esos efectos, que estamos en presencia de una solicitud de ejercicio de acción civil derivada de un hecho punible, requerida por una de las personas legitimadas para ello, en el presente caso, la víctima; de una sentencia condenatoria definitivamente firme (6 de febrero de 1992) ; de una acción civil no prescrita (acción personal), ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.977 del Código Civil de Venezuela, las acciones personales prescriben a los diez (10) años, y desde la fecha en que la sentencia quedó definitivamente firme hasta el día de hoy han transcurrido nueve (9) años, once (11) meses y doce (12) días, y de una delegación, en el Ministerio Público, por alegarse el supuesto previsto en el artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, por carecer presuntamente la víctima de las condiciones económicas para demandar, circunstancia esta última que una vez declarada por el órgano jurisdiccional competente, haría viable el ejercicio de la acción civil derivada de un hecho punible por parte del Ministerio Público. Es conveniente advertir, que de lo señalamientos efectuados por el representante del Ministerio Público, no se desprende que la víctima haya tramitado y obtenido la correspondiente declaratoria de pobreza, lo cual constituye requisito esencial para el ejercicio de la acción civil por parte del Ministerio Público. En virtud de lo expuesto, esta Dirección de
Consultoría Jurídica concluye, que por tratarse de una excepción al ejercicio de la acción civil por parte de su titular (la víctima o sus herederos), el Ministerio Público ejercerá tal atribución, siempre y cuando sea debidamente comprobado ante el órgano jurisdiccional competente, la condición alegada por aquella”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:23-.s.p COPP art:49 COPP art:51 COPP art:53 COPP art:118 LOMP art:34-4 LOMP art:53-Encab CC art:4-prf.s CC art:1977
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CPC

art:175 ACCION CIVIL JUSTICIA GRATUITA MINISTERIO PUBLICO VICTIMA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.300-301.

DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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007
TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público Ministerio Público MPN° DCJ-12-2002-22335 DCJ FMP FECHA:20020522

La posibilidad de que a pesar del carácter reservado de los actos de la investigación, se expidan copias certificadas de actuaciones de la investigación sólo puede estar fundamentada en el respeto o la preservación de valores jurídicos de igual o mayor valor que dicha reserva. En los procesos penales surgidos por accidentes de tránsito, al no ser posible la expedición de copias certificadas, se estima adecuada la expedición de una constancia que se refiere a: 1) la existencia de una investigación penal, con expresión de la fecha de su inicio y el tipo de accidente de que se trate; 2) quienes figuran como imputados y como víctimas, así como si a consecuencia del accidente de la misma resultó lesionada o fallecida.
FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación N° FMP-74°AMC-152-02, de fecha 19 de febrero de 2002, mediante la cual eleva consulta con relación al otorgamiento de copias de las actuaciones practicadas por las autoridades de tránsito. La consulta planteada guarda relación con una investigación penal sobre una ´colisión entre vehículos tipo arrollamiento y estrellamiento /sic/ con muerto y lesionados´. (…) Antes de analizar el fondo del asunto planteado, se estima pertinente llamar la atención sobre la naturaleza de las actuaciones de la investigación. En este sentido es de hacer notar, que dichas actuaciones no forman parte del Archivo del Despacho del Fiscal General de la República, sino del ´de las oficinas de los fiscales´. Por tal razón en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no se hace referencia exclusivamente al Archivo del Despacho del Fiscal General de la República, sino también al de los despachos fiscales, donde en principio reposarán las actuaciones de la investigación. En ambos casos, el tratamiento de la documentación en cuanto a la expedición de copias certificadas es el mismo, de acuerdo con lo establecido en el encabezamiento del artículo 95 de dicha ley, pues esa norma no hace distinción alguna, es decir, que sólo el Fiscal General de la República o algún funcionario delegado pueden expedir copias certificadas de los documentos que integren esos archivos. (…) Como se ha indicado, las actuaciones de la investigación forman parte del archivo de la oficina de los fiscales
y la razón de la protección que la ley le otorga al mismo, tiene como finalidad garantizar la autonomía e independencia de la Institución, siendo una de sus manifestaciones la atribución exclusiva y prudencial que corresponde al Fiscal General de la República, para expedir copias de los documentos que ingresen a su archivo o al de las oficinas fiscales, con lo cual se evita la indebida intromisión de otros organismos en los asuntos propios del Ministerio Público, como ocurriría si se admitiese que un juez o alguna otra autoridad pudieran expedir copias certificadas de actuaciones que están en poder de los representantes fiscales. Ahora bien, la ciudadana Carmen Eustaquia Cortez de Herrada consignó en su Despacho una solicitud de copias de las actas del expediente, ´a los fines de realizar los trámites pertinentes ante la empresa donde la misma se encuentra asegurada, pues dicha compañía aseguradora requiere con carácter obligatorio y sin excepción copia del acta policial del levantamiento del choque, reporte y croquis del accidente, como requisito fundamental para efectuar el pago de la indemnización a los asegurados.´ (…) Cabe aclarar sin embargo, que ahora, como ocurría también anteriormente, el inicio del proceso penal con ocasión de un accidente de tránsito, determina siempre una situación de prejudicialidad penal respecto a la reclamación civil de la indemnización de daños y perjuicios, a fin de evitar que se pronuncien sentencias contradictorias. En tal sentido, de admitirse la total

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independencia de la reclamación civil respecto
al proceso penal podría ocurrir que por ejemplo, se ordenase la indemnización del daño por el juez civil, por considerarse que existió una conducta imprudente del conductor del vehículo y paralelamente, se dictase sentencia absolutoria por un juez penal, con fundamento en su apreciación de que no ha existido dicha imprudencia. Ello atentaría contra la seguridad jurídica, que constituye una de las bases primordiales del Estado de Derecho. Ahora bien, la existencia de la aludida prejudicialidad no impide que se hagan reclamaciones privadas, como es el caso de la solicitante, quien reclama a la aseguradora respectiva el cumplimiento de sus obligaciones. (…) Apréciese de igual manera, que la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre no establece el procedimiento a seguir para la reclamación del daño civil, a diferencia de la ley derogada, la cual dedicaba un capítulo a dicho procedimiento. Por el contrario, el nuevo instrumento normativo remite el procedimiento en cuestión a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo sin embargo, las previsiones del Código Orgánico Procesal Penal. Así, en el artículo 150 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre se expresa que: ´El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños. /La acción se interpondrá por ante
el Tribunal competente según la cuantía del daño, en la circunscripción donde haya ocurrido en hecho´. En el contexto de dicha norma, la frase ´sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños´ se refiere a la existencia de la prejudicialidad ya comentada. En este sentido, el mencionado código establece en su artículo 51, respecto a la acción civil derivada del delito, lo siguiente: “La acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal quede firme, sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil.” Ahora bien, como se ha indicado anteriormente, nada obsta sin embargo, para que las partes acuerden extrajudicialmente alguna forma de extinción de la obligación civil, pues el derecho a la indemnización y a la reparación del daño es de naturaleza privada y por lo tanto, disponible por su titular sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional. Incluso, nótese que dependiendo de la gravedad del daño físico que haya sufrido la víctima de un delito de lesiones culposas ocurridas en un accidente de tránsito, cabe la posibilidad de que se celebre un acuerdo reparatorio entre aquélla y el imputado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal. (…) Sin embargo, este escenario normal prescrito por la ley, sólo puede materializarse si existen determinadas condiciones. Una de ellas es que sea posible la prueba (entre particulares) de las respectivas obligaciones sin necesidad
de la intervención jurisdiccional, pues de lo contrario lo que está previsto como excepción, es decir, la demanda al órgano jurisdiccional para que conmine a cumplir a aquél que se niega a hacerlo, sería el único mecanismo existente, desvirtuándose así uno de los aspectos fundamentales de todo orden jurídico, como lo es su vigencia real dada por el cumplimiento general de la población a la que se dirige.(…) En consecuencia, no puede el Estado impedirle a ninguna persona el acceso a las pruebas que sean necesarias para crear condiciones que imposibiliten a los ciudadanos reclamar privadamente el cumplimiento de una obligación, pues ello, se insiste, significaría que necesariamente se tendría que acudir a la vía jurisdiccional, un mecanismo extraordinario, previsto precisamente para los casos en los que las partes no pueden ponerse de acuerdo privadamente. Sin embargo, esto no puede significar que se deba sacrificar la reserva de las actuaciones de la investigación penal, porque en tal caso se podrían ver afectados derechos y garantías de los intervinientes en el proceso penal, así como la efectividad de la acción investigativa. Desde el punto de vista de aquel a quien se dirija la reclamación, es legítimo que el mismo exija que se le muestren elementos comprobatorios del nacimiento de la obligación, para que acepte voluntariamente cumplirla sin necesidad de pronunciamiento alguno en el orden jurisdiccional. Ello es aún más importante cuando el deudor lo es como consecuencia de un hecho ajeno, del cual sólo puede tener conocimiento a través de
testimonios u otras pruebas, como ocurre respecto a la responsabilidad de las empresas de seguro, pues en principio, éstas no han presenciado los hechos, por lo cual, mal podrían darlos por existentes sin exigir algún tipo de evidencia. Los argumentos hasta ahora expresados tienen apoyo en el texto constitucional patrio, toda vez que su artículo 131 establece que: ´Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público´ (…)

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En el caso que nos ocupa, la obligación de la aseguradora nace al darse las condiciones previstas en la ley y en consecuencia, deben favorecerse las condiciones para su cumplimiento por vía extrajudicial. (…) Es preciso observar que la responsabilidad de la aseguradora en cuanto al daño derivado del delito surgido en accidentes de tránsito, está prevista de manera expresa en el artículo 132 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en los términos siguientes: ´Las víctimas de accidentes de tránsito terrestre o sus herederos, tienen acción directa contra el asegurador dentro de los límites de la suma asegurada por el contrato´. En todo caso, se considera de gran importancia destacar que la posibilidad de que a pesar de la reserva, se expidan copias certificadas de actuaciones de la investigación, sólo puede estar fundamentada en el respeto o la preservación de valores jurídicos de igual o mayor valor que dicha reserva, como por ejemplo, cuando las copias sean necesarias para sustanciar un proceso de amparo
constitucional, lo cual no ocurre en el presente caso. En cambio, si sólo se trata de intereses particulares legítimos, los cuales, por lo tanto, no son superiores al interés público inherente a la reserva de las actuaciones, debe hallarse una solución que equilibre los intereses encontrados, y en tal sentido se orienta el criterio de este Despacho. Estima esta Dirección en cuanto a la preservación de la reserva de las actuaciones de la investigación, cuyo carácter está previsto en el 304 del Código Orgánico Procesal Penal, que aunque la misma debe garantizarse, al mismo tiempo deben facilitársele a la solicitante los medios necesarios para que pueda hacer efectiva la reclamación planteada a una empresa aseguradora, porque sólo así se logrará una solución equitativa al asunto analizado. Antes de abordar la referida solución, es preciso aclarar que el acceso a las actuaciones previsto en la mencionada norma en relación con determinados sujetos procesales, no comporta el derecho a obtener copias de las mismas, pues esto último colocaría en riesgo la reserva. En efecto, el hecho de que terceros tengan acceso a dichas actuaciones, implica la posibilidad de la divulgación de su contenido, y es por ello que la ley les impone la obligación de guardar reserva, es decir, de no revelar lo que se desprende de tales actuaciones. Las actuaciones de la investigación pertenecen al proceso penal. Su divulgación pública a la par de que podría entorpecer el desarrollo de la averiguación, podría afectar también los derechos del imputado o de la víctima o incluso
los de terceras personas, especialmente en cuanto se refiere al honor y la reputación de las mismas. Como se ha expresado, el riesgo en cuestión se incrementaría si se pudiese obtener copia de las actuaciones, por cuanto dichas copias podrían ser examinadas por personas distintas de aquellas a las que la ley otorga tal derecho, dado que sería imposible controlar la utilización que a las mismas se les daría. Sin embargo como ya se indicó, debe lograrse una solución que armonice los intereses presentes en este caso: Por una parte, el interés particular de la peticionaria y, por la otra, el interés público subyacente en la necesidad del mantenimiento de la reserva. Dicha solución podría tener como base lo dispuesto en el artículo 304, párrafo final, del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual: ´Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público o por la persona que éste designe, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva´. En efecto, esta norma conlleva a aceptar que personas distintas a las que les está permitido acceder al contenido de las actuaciones de la investigación, puedan obtener información sobre ´el hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere´, es decir, una información limitada, a fin de que no se afecte la reserva de las actuaciones establecida por la ley. (…) A juicio de esta Dirección, este supuesto es aplicable no sólo cuando la información sea requerida directamente
por un abogado que invoque un ´interés legítimo´ sino también y con mayor razón, cuando la información la requiera uno de los intervinientes en el proceso, para fines extraprocesales, como ocurre si ello es necesario para que alguno de ellos pueda hacer valer un interés legítimo que haya nacido del hecho objeto del proceso penal. Ello debe ser así, para evitar que se coloque a los intervinientes en el proceso penal, en una situación inferior a la de los terceros al mismo. En tal sentido, como una solución ante el vacío legal existente, se estima adecuado utilizar el mecanismo de la expedición de una constancia suscrita por el fiscal de la causa, que contenga las siguientes menciones: 1) La existencia de una investigación penal relativa a un accidente de tránsito, con indicación de la fecha de su inicio y el tipo de accidente de que se trate; 2) Quiénes figuran como imputado y como víctima, así como si a consecuencia del accidente la misma resultó

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lesionada o fallecida. Estos dos aspectos se enmarcan en lo que el artículo 304, párrafo final, denomina el hecho que se investiga´ Al respecto cabe aclarar, que se estima conveniente que en la constancia señalada no se haga ningún tipo de calificación sobre los hechos, como lo sería el referirse a la presunta comisión del delito de lesiones culposas´ o de ´homicidio culposo´ pues si bien puede ocurrir que exista algún tipo de precalificación, ésta es por ello mismo, de naturaleza provisional. En el caso que se analiza, estima este Despacho que los datos que contendría la referida constancia
son suficientes a los fines indicados por la solicitante, por cuanto si lo que se quiere es la devolución de los gastos médicos originados por el accidente, el monto de los mismos se probará con las facturas que haya expedido el centro asistencial respectivo, y lo único que se requiere acreditar es que el tratamiento correspondiente fue necesario a raíz de las lesiones sufridas en el accidente. Por otra parte, es preciso indicar que en caso de que alguna empresa de seguros se niegue a cumplir con la póliza respectiva, la persona afectada puede solicitarle al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que se dirija a la Superintendencia de Seguros, a fin de denunciar tal irregularidad, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, de acuerdo con el cual: ´El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informará a la Superintendencia de Seguros, las denuncias contra aquellas empresas de seguro que incumplieren las obligaciones contraídas en las pólizas de responsabilidad civil de vehículos o condicionen la contratación de las pólizas, con el objeto de que se les apliquen las sanciones o medidas administrativas contempladas en la ley´. En efecto, las compañías aseguradoras se colocarían al margen de la ley si exigen a los beneficiarios de las pólizas, la presentación de documentos a los cuales aquéllos no pueden acceder en razón de la existencia de disposiciones legales que determinan que su contenido es reservado para terceros, como lo son dichas empresas respecto al
proceso penal. En tal sentido, considera esta Dirección que el mencionado Instituto debería actuar en caso de que alguna empresa de seguros esté requiriendo tales documentos de imposible presentación, a los beneficiarios de las pólizas de seguro, como una condición que no admita excepción, para realizar los pagos respectivos. De manera que con excepción del Fiscal General de la República, ningún representante del Ministerio Pública está facultado para expedir copias certificadas, salvo que le hubiese sido conferida dicha competencia por el Máximo Representante de la Institución, por lo cual en el presente caso, aunque se le informe el criterio de esta Dirección sobre la procedencia o no de expedir tales copias, corresponderá a Dirección de Secretaría General emitir el correspondiente pronunciamiento, una vez que esa representación fiscal le envíe a ese Despacho la documentación indicada. Por esta razón se ha enviado copia del presente dictamen a la mencionada Dirección, a fin de que conforme al criterio expresado, pueda darle respuesta a los planteamientos de la ciudadana que ha solicitado la expedición de copias certificadas. En el sentido expuesto se orienta lo dispuesto en la Circular N° DFGR -DVFGR-DCJ-DRD11-2001-13, de fecha 10 de julio de 2001, referida a la ´Abstención de expedir copias de las actas del proceso penal´, en la cual se expresa que: ´…es importante destacar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General de la República es el único funcionario competente para autorizar
la expedición de las copias certificadas solicitadas por las autoridades o por los particulares; lo cual realizará cuando lo considere procedente y de acuerdo a cada caso en concreto´. (…)”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:131 LOMP art:93 LOMP art:95 LTTT art:130 LTTT art:132 LTTT art:150 COPP art:42-2 COPP art:51 COPP art:304 COPP art:304-prf.f
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CMP

N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 10-07-2001 ACCIDENTES DE TRANSITO ACCION CIVIL ACTA POLICIAL COPIAS CERTIFICADAS FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS TRANSITO VICTIMA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.303-308.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MP N° DCJ-2-2002-46710 DCJ FECHA:20021017

Los representantes del Ministerio Público no deben supeditar el cumplimiento de sus funciones en un determinado proceso del cual estén conociendo, a instrucciones o autorizaciones previas por parte del Despacho, ya que sus atribuciones-deberes se encuentran expresamente regulados en el ordenamiento jurídico; funciones con las que deben cumplir a cabalidad, interviniendo y ejerciendo las acciones correspondientes, según su criterio y de acuerdo con la doctrina institucional imperante para el momento. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, a fin de referirme a su comunicación N° AMC-59-9572002 de fecha 27-9-02, mediante la cual eleva consulta a esta Dirección, relacionada con
querella asignada a ese Despacho, formulada por el ciudadano Jesús Lamuño Molinare, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la empresa INVERSIONES LILESKA, C.A., en contra de los ciudadanos Hernán Pérez Belisario, Alejandro Vincentini, Fernando Fraiz y Juan Carlos Alvarez, por la comisión de los delitos de estafa, agavillamiento, apropiación indebida calificada y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 464, 287, 470 y 321, del Código Penal. Señala esa representación fiscal, que posterior a la presentación de la citada querella, fue consignado ante el tribunal de control que la admitió, escrito complementario y aclaratorio -a su juicio ampliación de la querella-, mediante el cual se estarían denunciando una serie de hechos no contemplados en el primer escrito, que los querellantes ´enmarcan como una actuación de Delincuencia Organizada, bajo un concierto de fraudes organizados que implican delitos contra el Fisco Nacional y contra el Patrimonio Público´ (…) Señalado lo anterior esta Dirección de Consultoría Jurídica, como punto previo, considera necesario precisar –conforme a lo ya indicado mediante circular N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20 de fecha 29-9-99, relativa al ´procedimiento para solicitar instrucciones y elevar consultas´- que los representantes del Ministerio Público no deben supeditar el cumplimiento de sus funciones en un determinado proceso del cual estén conociendo, a instrucciones o autorizaciones previas por parte del Despacho, ya que sus atribuciones-deberes
se encuentran expresamente regulados en el ordenamiento jurídico, funciones con las que deben cumplir a cabalidad, interviniendo y ejerciendo las acciones correspondientes, según su criterio y de acuerdo con la doctrina institucional imperante para el momento(…) En virtud de lo señalado, esta Dirección de Consultoría Jurídica estima que en el presente caso se impone, en aras de la sanidad del proceso, que esa representación fiscal requiera del Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, pronunciamiento en relación con la tramitación a ser
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dada al citado escrito, toda vez que sobre el mismo no consta en autos haberse generado ninguna resolución sobre su admisión o no, máxime si como usted refiere, el mismo constituye una ampliación de la querella, además, contentivo de otros delitos (contra el Fisco Nacional y contra el Patrimonio Público) no mencionados en el primer escrito –sobre el que recayó el pronunciamiento de admisión de la querella emitido por el citado órgano jurisdiccional y en consecuencia, la consideración de sus víctimas como parte querellante (folio 110, pieza 1), en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal-“. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:287 CP art:321 CP art:464 CP art:470 COPP art:296 CMP N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20 29-09-1999 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN CONSULTAS DELINCUENCIA ORGANIZADA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO HACIENDA PUBLICA REPRESENTANTES DEL MINISTERIO
PUBLICO SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.310-311.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público Ministerio Público MPN°: DCJ-17-2001-00753 DCJ FMP FECHA:20020108

No procede la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de robo en su modalidad de arrebatón, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, por ser un delito pluriofensivo. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en atención a la comunicación Nº FS-AMC-19273-2000, mediante la cual somete a consideración del Fiscal General de la República, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3, de fecha 13 de abril de 2000, respecto a la solicitud de aplicación del principio de oportunidad, recibida por esa representación fiscal, de parte del Fiscal Quincuagésimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en cuanto al delito de robo en su modalidad de arrebatón, previsto y sancionado en el único aparte del artículo 458 del Código Penal. Manifiesta en su comunicación, que disiente de la solicitud de la citada representante fiscal, por cuanto si bien es cierto que en el caso concreto el hecho no fue cometido por funcionario público, el sujeto activo es primario y la pena aplicable no excede de cuatro años en su límite máximo, estos no son los únicos requisitos exigidos por el legislador, ya que también debe verificarse la insignificancia del hecho, su poca frecuencia y que
no afecte gravemente el interés público, pues se está en presencia de un delito contra la propiedad que afecta gravemente el interés público, cuya acción intencional consiste en despojar a la víctima de una cosa mueble que detentaba, mediante un movimiento inesperado y violento, sin emplear violencia directa sobre la persona. (…) Dentro de las excepciones legales al principio de legalidad, se encuentran aquellas establecidas en el Capítulo III, Título I, del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, al referirse a las alternativas a la prosecución del proceso, y entre ellas tenemos el Principio de Oportunidad, establecido en el artículo 37, que relacionado con el caso que se analiza, sería: ´...Supuestos. El fiscal podrá solicitar del juez de control la autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los supuestos siguientes: 1º Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto, cuando el máximo de la pena exceda de los tres años de privación de libertad, o se cometa por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él...´. El principio de oportunidad se configura como una excepción al principio de legalidad procesal en el sentido que permite al titular de la acción penal, prescindir de su ejercicio se encuentra establecida en el ámbito procesal e influenciada por teorías relativas a la pena y por motivos político criminales.
(…) Ahora bien, en el presente caso, el fiscal del Ministerio Público solicita autorización para prescindir del ejercicio de la acción penal con relación al delito de robo en su modalidad de arrebatón, previsto y sancionado en el único aparte del artículo 458 de la ley sustantiva penal, por considerar que el hecho es insignificante, por cuanto al realizarse el avalúo real al objeto incautado se determinó que éste tenía un valor de seiscientos bolívares (Bs 600), debido a lo cual, el Estado asumiría un costo muy elevado 45

para llevar al imputado a juicio, y éste no sería condenado, ya que en tal circunstancia, la norma penal adjetiva prevé alternativas para no llegar a la fase de juicio. (…) En este sentido, si bien es cierto que el tipo delictivo de robo en su modalidad de arrebatón no excede en su límite máximo de los tres años de privación de libertad, y en el presente caso no fue cometido por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él, éstos no son los únicos elementos que sirven para determinar la procedencia de la aplicación del principio de oportunidad, puesto que también debe concurrir al menos uno de los otros dos requisitos establecidos por el legislador en el ya citado ordinal primero, como son la insignificancia del hecho o que por su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público. (…) En el presente caso se está en presencia de un delito pluriofensivo como es el de robo en su modalidad de arrebatón, ya que es un delito que afecta bienes jurídicos tales como la propiedad y la integridad
personal; intereses jurídicos éstos que no pueden ser considerados bajo ninguna circunstancia de menor relevancia, pues independientemente del valor económico que pueda tener el bien robado, el hecho mismo atenta contra la integridad física de la víctima, aunque la violencia solamente esté dirigida a apoderarse de la cosa, pues se está invadiendo su espacio para despojarlo por medio de violencias de un bien que detenta. (…) Se puede decir entonces, que en los delitos de robo en su modalidad de arrebatón, no es procedente la aplicación del principio de oportunidad, previsto en el ordinal 1º del artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse de un delito pluriofensivo, por atentar contra la propiedad y la integridad personal, bienes jurídicos éstos que no pueden ser considerados insignificantes bajo ningún concepto, y además porque la frecuencia de comisión del hecho no puede ser determinada solamente por el fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, en el presente caso deberá procederse de conformidad con lo establecido en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procedimiento abreviado”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:458 COPP art:37 COPP art:37-1 COPP art:372 CMP N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3 13-04-2000 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL JUICIO BREVE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ROBO VICTIMA VIOLENCIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.311-313.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público
Ministerio Público MPN° DCJ-17-2001-00754 DCJ FMP FECHA:20020108

La aplicación del principio de oportunidad en los delitos de lesiones intencionales leves, previstos en el artículo 418 del Código Penal, deberá estar precedida de un análisis en el cual se verifique la opinión de la víctima y se determine si el imputado es un delincuente primario. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo de la comunicación No. FAL-SUP-1484, mediante la cual, en cumplimiento de lo establecido en la Circular No DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3, de fecha 13 de abril de 2000, somete a consideración del Fiscal General de la República, la solicitud de autorización para la aplicación del principio de oportunidad recibida por esa representación fiscal, de parte del Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial, en cuanto al delito de lesiones intencionales leves, previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal. Manifiesta usted en su comunicación que el tipo delictivo arriba citado, no encuadra dentro de las previsiones del ordinal 2º del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal, citado por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón para fundamentar su solicitud de aplicación del principio de oportunidad, pues dicho ordinal se refiere a la menor relevancia de la participación del imputado en la perpetración del hecho, como sería por ejemplo la figura del cómplice. En consecuencia, sostiene usted que para alegar el segundo supuesto del artículo 31 de la norma penal
adjetiva, además de la insignificancia del hecho, también se debió analizar, explicar y señalar por cuáles motivos se estima que la participación del imputado es de menor relevancia, pues en su criterio son las características y el grado de participación del agente en la comisión del hecho punible, a lo que fundamentalmente se refiere la norma en cuestión. (…) Ahora bien, en el presente caso, el fiscal del Ministerio Público solicita autorización para prescindir del ejercicio de la acción penal con relación al delito de lesiones personales intencionales leves, previsto y sancionado en el artículo 418 de la ley sustantiva penal, por considerar que están dados los requisitos exigidos en el ordinal 2º del artículo 31 del derogado Código Orgánico Procesal Penal, ahora ordinal 2º del artículo 37, ya que se trata de un hecho motivado a problemas personales preexistentes entre víctima e imputado no canalizados debidamente, por lo que estima que el caso es de menor relevancia y que la administración de justicia debe hacerse lo más económica posible debido a que se trata de un delito menor. Al respecto considera este Despacho, que el ahora ordinal 2º del artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer como requisito para su procedencia que la participación del imputado en el hecho sea de menor relevancia, no se refiere al quantum de la pena a aplicar sino mas bien a que su
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grado de participación en el hecho sea escaso o doloso, como sería por ejemplo el caso del cómplice no necesario. En este sentido, en el caso motivo de la presente
solicitud se observa que no encuadra dentro de las previsiones del ordinal citado, pues de los hechos narrados se aprecia que el imputado es el autor material de los hechos, de manera que su grado de participación no es de menor relevancia, toda vez que pues su actuación con ocasión de los mismos es totalmente significativa, ya que es su propia conducta la que configura un hecho punible establecido en la norma penal sustantiva.(…) En consecuencia, si bien es cierto que la norma citada no es aplicable en el presente caso para solicitar la aplicación del principio de oportunidad, no es menos cierto que los hechos podrían ser encuadrados en el ordinal 1º del citado artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, el tipo delictivo de Lesiones Personales Intencionales no excede en su límite máximo de los cuatro años de privación de libertad, a menos que haya sido cometido por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él, de lo cual nada se menciona entre los documentos enviados, además, también debe concurrir al menos uno de los otros dos requisitos establecidos por el legislador en el ya citado ordinal primero, como son la insignificancia del hecho o que por su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público. Se considera que el hecho ilícito es insignificante cuando es de escaso contenido antisocial, cuando su importancia es ínfima o cuando se trata de infracciones de carácter mínimo como sería el robo de bagatela, que a decir de José Tadeo Saín, en su trabajo ya citado es: ´...aquel hecho contemplado en
la ley penal, cuya reprochabilidad es escasa… ´. En el presente caso, se está en presencia de un delito donde el bien jurídico tutelado por el derecho penal es la integridad física de la persona, y por tratarse de un delito de acción pública le corresponde al Estado intervenir y decidir el conflicto a través de su sistema judicial. Sin embargo, no es menos cierto que ante hechos de poca monta que producen una lesión social mínima pudiere resultar procedente y ajustado a derecho que el Ministerio Público, haciendo uso de la facultad que le confiere el ordenamiento jurídico, solicite autorización al órgano jurisdiccional para prescindir del ejercicio de la acción penal tomando en consideración entre otras circunstancias, si el sujeto activo es primario y cualquiera otra que rodee al caso, como por ejemplo, el interés de la víctima en la aplicación de la sanción correspondiente. Si luego de ese análisis no se considera procedente solicitar la aplicación del principio de oportunidad ante el órgano jurisdiccional para prescindir del ejercicio de la acción penal, ésta deberá tramitarse entonces por el procedimiento abreviado, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2, del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.(…) Es importante señalar, que la aplicación del principio de oportunidad debe estar precedida de un análisis para cada caso en concreto, no basta con verificar que solamente se encuentren llenos los requisitos exigidos por el legislador para su procedencia. Así, para determinarse la procedencia de su aplicación debe escucharse la opinión
de la víctima y también debe constatarse si el imputado es un delincuente primario, pues se considera que con la aplicación de esta alternativa a la prosecución del proceso, se trata de evitar los efectos criminógenos de la condena”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:418 COPP art:31 COPP art:31-2 COPP art:37-1 COPP art:37-2 COPP art:373-2 CMP DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3 13-04-2000 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACCION PUBLICA COMPLICES LESIONES PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD VICTIMA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.313-314.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPNº: DCJ-12-2001-1546 DCJ FECHA:20020114

La Defensoría del Pueblo no puede erigirse en un órgano supervisor de la actuación de los demás órganos del poder público, y muchísimo menos de los demás órganos del Poder Ciudadano, con quienes está llamada a actuar en forma coordinada y, por tanto, en condiciones de igualdad. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, con ocasión de su comunicación N° BOL-6-541-2001, de fecha 14 de mayo de 2001, recibida en esta Dirección el 18 de mayo del presente año, en la cual plantea el asunto relacionado con la solicitud realizada por la ciudadana Wanda Wojtowicz, Defensora del Pueblo Auxiliar de la Delegación del Estado Bolívar, en el sentido que se le informase el lugar en el cuál se encontraba el expediente N° 452, y se le permitiera ver tales actuaciones. Tal pedimento lo realizó dicha funcionaria, alegando que procedía:
´...de conformidad con el artículo 277 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las funciones constitucionales conferidas por el artículo 281 de nuestra Carta Magna´. A su vez, usted respondió a la representante de la Defensoría del Pueblo, mediante comunicación N° BOL-6-539-2001, de fecha 14 de mayo, lo siguiente: ´...las atribuciones conferidas en el artículo 277 de la Constitución versan sobre las facultades que tiene el Concejo Moral Republicano como Órgano Colegiado, es decir el órgano compuesto por el Ministerio Público, La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, siendo que la solicitud de revisión que usted hace es con la cualidad de Defensora del Pueblo´. Aunque ésta pareciera ser una negativa a la solicitud de la mencionada funcionaria, se observa que con lo afirmado al final del referido oficio, usted sujeta la respuesta a dicho pedimento, a la contestación que dé esta Dirección a la presente consulta, lo cual rebasa la finalidad de éste mecanismo de apoyo institucional, que tiene carácter estrictamente interno. Así, aunque entre sus atribuciones está la de elevar consultas a este Despacho, el ejercicio de la misma no puede constituirse en una forma de eludir dar respuesta oportuna a las peticiones que reciba en el ejercicio de sus funciones, ni justificar que se les indique a funcionarios de otras instituciones que la contestación de sus solicitudes están sujetas al pronunciamiento de la Dirección a mi cargo. (…) Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones, este
Despacho pasa a informarle el criterio institucional sobre el asunto planteado por usted, más es preciso reiterarle que el contenido del presente dictamen es de carácter exclusivamente interno y, por tanto, no deberá ser comunicado a la funcionaria solicitante.
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El artículo 277 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que: ´Todos los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública están obligados y obligadas, bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los y las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Éste podrá solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano sólo podrá suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley´. La norma citada contiene dos preceptos referidos al acceso a documentos y el suministro de información. En cuanto a lo primero, tiene razón usted al afirmar que la atribución de acceso a cualquier documentación, con independencia de que esté o no, catalogada como confidencial o secreta por la Ley, corresponde al Concejo Moral Republicano como órgano colegiado del Poder Ciudadano, y no a las Instituciones que conforman dicho poder, consideradas separadamente. Así, estima esta Dirección que la disposición constitucional es suficientemente
clara, y en consecuencia, no puede admitirse como fundamento para que funcionarios de la Defensoría del Pueblo, accedan a documentos que forman parte de una investigación penal, en razón de que ésta es reservada para los terceros, según lo dispone en forma expresa el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, (…) En otro orden de ideas, a juicio de esta Dirección, la posibilidad de que la funcionarios de la Defensoría del Pueblo controlen la actuación fiscal, desnaturaliza la función de ese órgano del poder ciudadano y atenta contra la autonomía del Ministerio Publico. En efecto, es de hacer notar que el mecanismo mediante el cual la Defensoría del Pueblo puede dirigirse al Ministerio Público en materia de investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos está previsto en el artículo 281, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece entre las atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo, la siguiente: ´4. Instar al Fiscal o Fiscala General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos´. En fin y en un sentido general, es de destacar que la Defensoría del Pueblo no puede erigirse en un órgano supervisor de la actuación de los demás órganos del Poder Público, y muchísimo menos de los demás órganos del Poder Ciudadano, con quienes está llamada a actuar en forma coordinada y, por tanto, en condiciones de igualdad. Tal actuación,
en caso de permitirse, constituiría una injerencia en las funciones propias de las otras instituciones que lo integran y un atentado contra la autonomía de ellas. Tanto el Ministerio Público, como la Contraloría General de la República, y la propia Defensoría del Pueblo, son organismos autónomos, con competencias y atribuciones definidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual ninguno funge como supervisor o controlador de los otros. Así, por ejemplo, independientemente de que una averiguación administrativa que adelante la Contraloría General de la República, pudiera ser de interés para el Ministerio Público, en cuanto a la
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posibilidad de que se ejerzan acciones penales y disciplinarias contra funcionarios que incurran en manejos irregulares de los fondos públicos, ello no significa que a través de los fiscales del Ministerio Público, la Institución pueda fiscalizar la realización de esa averiguación administrativa que es competencia exclusiva y excluyente del Órgano Contralor del Poder Ciudadano. De igual manera, estando entre las funciones constitucionales del Ministerio Público la garantía del debido proceso, no es procedente que con fines de supervisión, verificación o control, la Defensoría del Pueblo se inmiscuya en actuaciones inherentes al Ministerio Público. (…) Aunque como ya se expresó, es improcedente que se permita el acceso a las actuaciones de la investigación, por cuanto la Defensoría del Pueblo es un tercero en el proceso penal, es preciso destacar, además, que la petición de la funcionaria
que representa a dicha Institución es absolutamente infundada. En efecto, la misma no indicó por qué, en el marco de las atribuciones que le corresponden, debía examinar las actuaciones del respectivo proceso, en atención a la defensa de los Derechos Humanos. En cuanto a esto, es preciso señalar que no toda averiguación penal guarda relación con la violación de Derechos Humanos”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:277 CRBV art:281 CRBV art:281-4 COPP art:313 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AVERIGUACION CONSEJO MORAL REPUBLICANO CONSULTAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO DERECHOS HUMANOS FUNCIONARIOS PUBLICOS INVESTIGACION MINISTERIO PUBLICO PODER CIUDADANO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.314-316.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DCJ-12-073-2002 DCJ FECHA:20020117

Aún sin que se haya concluido formalmente el juicio, mediante sentencia definitiva, puede causarse un gravamen irreparable, si el efecto de la decisión es impedir la continuación del proceso. Todo auto dictado por las cortes de apelaciones que tenga por efecto impedir la continuación del juicio es recurrible en casación. Se excluye el recurso de casación contra las decisiones que ordenan la realización de un nuevo juicio oral, dado que con ellas no se produce un gravamen irreparable. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, siguiendo las instrucciones giradas por ese Despacho
mediante el memo rápido N° DVGR-1776-2001, en la oportunidad de presentarle informe con relación a la decisión dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 27 de julio de 2001, respecto al recurso de casación interpuesto por la Fiscal Vigésimo Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ciudadana Josefa Camargo, contra la decisión dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 24 de enero de 2001, mediante la cual este órgano jurisdiccional sobreseyó la causa seguida al ciudadano Olinto Enrique Castillo López, por la comisión del delito de actividades en áreas especiales o ecosistemas naturales, previsto en el artículo 58 de la Ley Penal del Ambiente, al considerar que la acción penal estaba prescrita de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Código Penal. El Máximo Tribunal de la República declaró inadmisible el recurso intentado por la representante fiscal, al estimar que: ´...la decisión impugnada no puede ser recurrida en casación, por cuanto como se dijo anteriormente, la misma es por su naturaleza un auto, razón por la cual esta Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es desestimar por Inadmisible el presente recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal...´. Como fundamento de esta conclusión, la mencionada Sala indicó que: ´...las decisiones recurribles son aquéllas que hayan sido dictadas en el transcurso de un procedimiento
ordinario, donde se hayan cumplido las distintas etapas o fases del proceso, se entiende por éstas: fase preparatoria, fase intermedia y juicio oral, más no aquellas decisiones que son dictadas antes de la realización del juicio oral y público´. Señala además la Sala de Casación Penal, que ´... los autos de sobreseimiento dictados antes del juicio oral no tienen casación por no estar expresamente establecidos en la ley…´, de acuerdo con el principio de impugnabilidad objetiva previsto en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, que antes de la reciente reforma del mismo era el 425. Por su parte, la fiscal recurrente sólo alegó como fundamento de su derecho a
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recurrir que el auto dictado por la Corte de Apelaciones en referencia, es una de las decisiones ´comprendidas en el último aparte del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal´.(…)”. Finalmente concluye el Dr. Angulo Fontiveros, en cuanto al sobreseimiento, señalando que: “...haya sido dictado antes o después del juicio o revista forma de auto o sentencia, siempre será un pronunciamiento que pone fin al proceso e impide su continuación. En caso de que el sobreseimiento revista forma de auto, mantengo el mismo criterio recogido por la legislación comparada en el sentido de que se trata de una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva y dado los efectos que genera tal pronunciamiento, forzosamente tiene que estar sujeto al recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal que establece ´Asimismo serán impugnables
las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación´” . “Al respecto, esta Dirección comparte la postura de la representante fiscal y del Magistrado disidente, respecto a la recurribilidad de los autos de sobreseimiento de la causa dictados por las Cortes de Apelaciones aún antes de la conclusión del juicio oral. Así, el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal disponía que: ´...El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su querella, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el querellante hayan pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas. Asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirme o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación´. La norma que se cita es ahora el artículo 459, y viene a aclarar hacia el futuro, el problema objeto del presente estudio, pues incluye entre las decisiones recurribles, aquellas que ´confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Superior
de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior´. Se aprecia en primer lugar, que sólo las decisiones mencionadas en esta norma son recurribles en casación, según el principio de la impugnabilidad objetiva, establecido en el artículo 432 del código antes citado, conforme al cual las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero puede afirmarse también que los autos de sobreseimiento pronunciados por las cortes de apelaciones encuadran en el último supuesto de decisiones recurribles previsto en el artículo 451 del código adjetivo penal. (…) La decisión que por excelencia ocasiona que el juicio no siga su curso hasta su resolución definitiva, mediante el pronunciamiento de una sentencia absolutoria o condenatoria, es el sobreseimiento de la causa, sea que adopte la forma de auto o de sentencia (si tiene lugar en la oportunidad prevista para sentenciar), tal como ocurriría en el caso del fallecimiento del acusado, así como en aquellos casos de extinción de la acción penal por prescripción, amnistía, abolición, perdón del ofendido o casos similares, así como cuando tenga lugar el
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desistimiento o la renuncia de la acción penal. Otro caso en el cual procedería sin duda el sobreseimiento y no un pronunciamiento sobre el fondo, sería aquél en el cual se acredite la cosa juzgada. Por todo lo anteriormente expuesto, difiere este Despacho de la opinión del Máximo Tribunal de la República, según la cual sólo son recurribles en casación las ´sentencias´, mientras que los autos
no lo serían. Por el contrario, el artículo 451 del código adjetivo penal se refiere expresamente a las decisiones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación, y las decisiones pueden adoptar la forma de auto o de sentencia, tal como se dispone en el artículo 190 del citado código, según el cual ´Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados ´ y ´se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente´. (…) Así, aunque el recurso de apelación fue desestimado, habiendo sido manifestada por la defensa su inconformidad con el fallo de primera instancia, era posible entonces que la corte mencionada se pronunciara sobre la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 433 del citado código, el cual establece que: ´...Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados´. Es preciso ahora traer a colación el otro argumento de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual, para que la decisión sea recurrible debe haber sido dictada una vez que ´se hayan cumplido las distintas etapas o fases del proceso´. No se comparte tampoco esta postura, porque por el contrario, cuando el referido artículo 451 (459, luego de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal) que la referida Sala utiliza como fundamento, señala que sólo se admite el recurso cuando la decisión no ordena la realización de un nuevo juicio oral, sólo se
excluyen aquellas decisiones que sí contengan esta orden, porque no es necesario recurrir cuando se va a celebrar un nuevo debate, dado que no se produce un gravamen irreparable, de lo cual no puede deducirse sin distorsionar el sentido de la norma, que si no ha concluido el debate no puede ejercerse el recurso de casación, por cuanto una situación no tiene vinculación alguna con la otra. De esta forma, aún sin que se concluya formalmente el juicio mediante sentencia definitiva, puede causarse un gravamen irreparable, si el efecto de la decisión es impedir la continuación del proceso. (…) Antes de ello, es preciso analizar brevemente lo relativo al fondo de lo planteado por la representante fiscal en el recurso ejercido, en cuanto a que según su opinión no ha operado la prescripción judicial o extraordinaria, en razón de que se ha interrumpido la prescripción y de que la tardanza en el desarrollo del proceso se ha producido como consecuencia de la actitud del imputado y de su defensa. (…) En tal sentido interesa saber, cuánto del tiempo del que se ha requerido para la realización del proceso, ha transcurrido como consecuencia de la conducta del imputado y de su defensa dirigida a ´forjar la prescripción´. Para responder a tales interrogantes deben establecerse previamente, cuáles actos del acusado o su defensor podrían considerarse intencionalmente dirigidos a producir la paralización del proceso.
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En cuanto al ejercicio de recursos, considera esta Dirección que el simple ejercicio de los mismos no conlleva a estimar que la actuación del
recurrente es obstructiva. En tal sentido, no puede ser calificado de tal manera, a priori, un acto al cual se tiene derecho, porque esta presunción atentaría contra el mismo. Sólo si se observa un abuso en la interposición del recurso puede presumirse que la intención real no es impugnar una decisión sino perturbar el normal desarrollo del proceso. Para dar respuesta a esta interrogante se tomara como base la información contenida en el escrito de la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante el cual ejerció el recurso de casación contra la decisión dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del referido Estado. Debe destacarse entonces, como muestra reciente de dicho comportamiento, que la referida Sala de la Corte de Apelaciones, en su decisión de fecha 24 de enero de 2001, calificó como ´errónea y contradictoria´ la fundamentación del recurso de apelación intentado por el acusado, en razón de lo cual lo desestimó, si bien dicho tribunal revisó de oficio el pronunciamiento del juzgado de primera instancia (decisión contra la cual se ejerció recurso de casación). (…) Por otra parte de acuerdo con la narración hecha por la representante del Ministerio Público, el acusado recusó en dos oportunidades a dicha funcionaria y en ambas ocasiones se desestimaron las respectivas pretensiones, al extremo que le fue impuesta una multa como sanción. (…) Salta a la vista que en el caso de la recusación propuesta en segundo lugar, el defensor del imputado procedió
de forma tal que se evidencia la intención dilatoria de su actuación, por cuanto se planteó la recusación de una representante del Ministerio Público, ante un juez de control, cuando lo procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, era presentarla ante el Fiscal Superior del Estado Zulia o ante el Fiscal General de la República, siendo este último el funcionario competente para decidir. (…) Debe aclararse no obstante, que para hacer valer lo expresado, era necesario el examen de las decisiones mediante las cuales se declaran sin lugar las recusaciones y recursos ejercidos, haciendo resaltar las expresiones en las cuales se evidencie la falta de fundamentación de tales actos. De igual modo puede apreciarse la misma intención dilatoria, en la continua inasistencia del procesado para darse por notificado del auto de sometimiento a juicio dictado en su contra, así como respecto a otros actos a los que se refirió la representante fiscal en el escrito mediante el cual ejercicio el recurso de casación. Ahora bien, se tiene como consecuencia que no ha podido operar la prescripción extraordinaria, porque la tardanza del proceso se debió a la conducta del procesado. Es de hacer notar en tal sentido, que cuando opera la prescripción extraordinaria por el transcurso del lapso previsto para la prescripción ordinaria más la mitad del mismo, los actos interruptores de la prescripción se tienen como inexistentes, salvo que el proceso se haya prolongado por culpa del reo, como ocurre en el caso en estudio.
Esto quiere decir que si es la actividad del procesado la que origina el retardo, los actos que han interrumpido la prescripción recobran sus efectos, y entonces la prescripción se computará a partir del último acto interruptor que haya tenido lugar. De esta manera comenzarán a correr tanto
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la prescripción ordinaria como la extraordinaria. (…) El último acto de interrupción de la prescripción es en opinión de la representante fiscal que conoce del caso, la presentación de la acusación, ocurrida en fecha 3 de julio de 2000. Sin embargo, antes de la presentación de la acusación tuvo lugar otro acto interruptor de la prescripción, según la representante del Ministerio Público, a saber, la Resolución N° 435-97, de fecha 14 de agosto de 1997 mediante la cual el extinto Juzgado Superior Quinto en lo Penal ´declara definitivamente firme el Auto de Sometimiento a Juicio´. Entre uno y otro acto transcurrieron dos (2) años, diez (10) meses y diecinueve (19) días, en razón de lo cual, partiendo de la base de que el proceso se ha prolongado por culpa del procesado, debe admitirse que la prescripción ha sido nuevamente interrumpida. (…) En cuanto a la improcedencia del ejercicio de la acción de amparo, la misma se debe a que no existe ningún órgano jurisdiccional que sea superior a la Sala de Casación Penal, y a que ninguna de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia puede realizar la función de alzada contra sus decisiones, de acuerdo con las disposiciones respectivas de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, hasta la propia Sala Constitucional ha insistido en que no es un órgano superior a las otras salas de aquél órgano jurisdiccional, a las cuales se equipara en jerarquía. (…) Por lo que respecta a la revisión extraordinaria de las sentencias a la que se refiere el artículo 336 del texto constitucional, estima este Despacho que aunque hasta ahora ha sido restringida esta posibilidad por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la misma no es descartable de acuerdo con la doctrina de esa Sala, que al respecto ha señalado que: (…) ´Cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional, ello conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...´ En sentencia del 6 de febrero de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia delimitó su función revisora, y por ello se estima oportuno hacer algunos extractos de las consideraciones del fallo mencionado. Entre otras apreciaciones, el órgano jurisdiccional expresó que: ´...sería inútil la función integradora y de mantenimiento de la coherencia o ausencia de contradicciones en los preceptos constitucionales ejercida por esta Sala, si ésta no poseyera la suficiente potestad para imponer el carácter vinculante de sus interpretaciones establecido expresamente en el artículo 335 de la Constitución o que no pudiera revisar sentencias donde es evidente y grotesca la errónea interpretación´.(…) La referida Sala del Máximo Tribunal de la República
ha indicado más específicamente cuáles son las sentencias que pueden ser objeto de revisión, y limitando su propia potestad ha puntualizado que: ´Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente: /.../ Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la
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interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional´. Por otra parte, la propia Sala Constitucional ha dejado en claro que su facultad de revisión es discrecional, si bien atiende a la finalidad de lograr la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, y en tal sentido ha expresado lo siguiente: ´... esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, ... sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...´”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:336 LPA art:58 CP art:110 COPP art:190 COPP art:425 COPP art:432 COPP art:433 COPP art:451 COPP art:451-ult.ap COPP art:458 COPP art:459 LOMP art:59 SSCAP 24-01-2001 STSJSCO 06-02-2001 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC
FUEN FUEN ACCION PENAL AMBIENTE APELACION CASACION CORTE DE APELACIONES JUICIO JUICIO ORAL PRESCRIPCION PROCESOS (DERECHO) SENTENCIAS SOBRESEIMIENTO TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.316-321.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica Dirección General de Actuación Procesal Ministerio Público MPN° DCJ-12-113-2002 DCJ DGAP FECHA:20020124

El Ministerio Público puede hacerse auxiliar por las policías municipales y estadales, en el desarrollo de la investigación penal dirigida por la Institución. Tanto la policía científica como las policías de los estados y de los municipios ejercen una competencia concurrente. Las disposiciones del Código Orgánico Procesal penal en materia procesal penal se aplican con preferencia a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, porque aquel código tiene carácter orgánico y la materia procesal penal es el objeto propio de su regulación. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su memorandum N° DGAP-DATCI-011-2002, de fecha 15 de enero de 2002, mediante el cual solicita a esta Dirección la realización de un dictamen sobre el criterio que debe prevalecer en cuanto a la actuación de las policías municipales a raíz de la vigencia del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, especialmente respecto a la compatibilidad entre las disposiciones de este instrumento normativo y
las que sobre la investigación consagra el Código Orgánico Procesal Penal, ya que existen dos criterios al respecto. Según uno de ellos, que sería seguido por un grupo de fiscales del Ministerio Público, de conformidad con dicho código ´la función de la Policía de Investigaciones Penales corresponde entre otros a los Cuerpos Policiales cualquier sea su naturaleza y dependencia, en la medida que fueran requeridas por el Ministerio Público´. En cambio, para otros representantes fiscales ´según la nueva Ley antes señalada sólo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (P.T.J), debe aperturar investigaciones´. La situación descrita estaría ´creando conflictos ante la ciudadanía, ya que muchos por lo práctico y el tipo de delitos menores, ponen la denuncia antes (sic) las Policías Municipales´. La consulta planteada contiene una interrogante fundamental, a saber, si las actuaciones investigativas realizadas por las policías municipales con fundamento en el código adjetivo penal, pueden seguirse practicando a partir de la vigencia del decreto en referencia. Si tal oposición efectivamente se presentare, surgiría una segunda cuestión, relativa a su solución. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 284, establece en cuanto a la denuncia, que ésta puede ser recibida por ´las autoridades de policía´, un término genérico que a juicio de esta Dirección abarca a cualquier cuerpo policial. El código adjetivo penal se refiere también a los ´órganos de Policía de Investigaciones Penales´, en su artículo 110, conforme al cual son
tales ´los funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter, y todo otro funcionario que
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deba cumplir las funciones de investigación que este Código establece´. Por su parte, el artículo 111 ejusdem dispone que ´Corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la dirección del Ministerio Público, la práctica de diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes´. Nótense además los siguientes ejemplos de que, a lo largo de su articulado, el código citado utiliza diferentes términos, tales como ´policía de investigaciones penales´ (artículo 214); ´policía´ (Artículo 202- inspecciones); ´órgano de policía de investigaciones penales´ (Artículos 108, numerales 1 y 2 – dirección fiscal de la actuación policial-, 210 –allanamientos-, 218 –incautación- y 220 –intervención de correspondencia); ´autoridades de policía´ (Artículo 284 – investigación de la policía) y ´órgano de investigación penal´ (238 –peritos-), sin que se desprenda alguna distinción sustancial entre ellos, en cuanto a las actividades que pueden realizar en la investigación y su sujeción para actuar en el curso de ésta a las órdenes del Ministerio Público. En opinión de este Despacho, de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, cualquier organismo policial al cual el Ministerio Público le ordene la realización de actuaciones investigativas puede hacerlo, pues en todo caso son sus auxiliares. (…) Además, si se toman en cuenta las distintas actuaciones que pueden
realizar los cuerpos policiales, se comprobará que el legislador procesal no quiso atribuir exclusividad alguna, sino dotar al Ministerio Público de la mayor libertad para hacerse auxiliar en el desarrollo de la investigación. (…) Ahora bien, vista la libertad que el Código Orgánico Procesal Penal le otorga al Ministerio Público, a fin de proceder a la investigación, al permitirle que se auxilie no sólo de cualquier órgano de policía de investigaciones penales, sino también de otras instituciones no policiales, de carácter público o privado, se observa una clara contradicción entre el sistema de dicho código y las disposiciones del referido decreto, más por las razones que posteriormente se expondrán, debe darse aplicación preferente a la normativa prevista en la ley adjetiva penal. (…) El Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas establece una clasificación de los órganos de policía de investigaciones penales, que es contraria a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. Vista su contradicción con el texto constitucional el referido texto normativo se hace inaplicable en todo aquello que colida con aquél, en virtud del principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 7 de la Carta Magna, según el cual ´La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución´. De igual manera es necesario
destacar, que en el párrafo segundo del artículo 334 de la Carta Magna, se establece que ´En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente´. En sentido similar, el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que ´…Corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la Republica. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma
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constitucional´. (…) Ahora bien, donde se aprecia la más grave divergencia entre las disposiciones del decreto ley que se analiza y la Constitución, y entre tal decreto ley y el Código Orgánico Procesal Penal, es en el artículo 15 de aquél, pues limita la competencia de los ´órganos de apoyo a la investigación penal´ a actuaciones marginales en la investigación. En el caso particular de las policías estadales y municipales a las que se refiere ese instrumento normativo, en su artículo 14, numeral 2, esa incompatibilidad con el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución se hace aún más notoria, puesto que se excluye a esos organismos policiales de una de las pocas atribuciones que se le permitirían realizar a los ´órganos de apoyo a la investigación penal´, a saber, la prevista en el numeral 6 de dicha norma, es decir, la de ´Brindar asesoría técnica en la investigación criminal, a solicitud del Ministerio Público…´, pues luego se agrega: ´con excepción
de lo previsto en el numeral 1 del artículo anterior´. De acuerdo con todo lo expuesto, se evidencia que varias de las normas del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, deberán ceder ante la aplicación preferente de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia no producen efecto alguno las limitaciones que el mismo pretende establecer por una parte, a las atribuciones del Ministerio Público, en cuanto a la elección del órgano de policía de investigaciones penales que deberá prestarle su auxilio en cada caso; y por la otra, a las competencias de las policías municipales y estadales para prestar dicho auxilio. (…) Por otra parte, refuerza la primacía del Código Orgánico Procesal Penal sobre el decreto ley que se comenta, el principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior. Efectivamente, debe tenerse en cuenta que la última reforma dicho código es posterior al referido decreto ley, razón por la cual dicho código no puede ser afectado por disposiciones contenidas en aquél, antes, por el contrario, las deroga tácitamente en todo cuanto sean contrarias a su normativa. Vistas las anteriores consideraciones, es de hacer notar como conclusión, que el Ministerio Público puede hacerse auxiliar por las policías municipales y estadales, en el desarrollo de la investigación penal dirigida por la Institución, con fundamento en las disposiciones de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal, sin que contra ello puedan alegarse las previsiones del Decreto
con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pues este cuerpo normativo debe someterse a las regulaciones de la Carta Magna, en razón su supremacía, y además, acatar lo previsto en el código adjetivo penal, dado el carácter orgánico del mismo, el cual por otra parte es una ley posterior con relación a dicho decreto ley”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:7 CRBV art:334-prf-s COPP art:14-2 COPP art:14-6 COPP art:15 COPP art:111 COPP art:108-1 COPP art:108-2
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COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP

art:202 art:210 art:214 art:218 art:220 art:238 art:284 CONSTITUCIONALIDAD DENUNCIA INVESTIGACION MINISTERIO PUBLICO MUNICIPIOS POLICIA POLICIA JUDICIAL Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.321-323.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica Dirección de Inspección y Disciplina Ministerio Público MPN° DCJ-12-152-2002 DCJ DID FECHA:20020129

La ley cuando es suficientemente clara debe ser aplicada en los mismos términos que ella contemple, salvo que fuere contraria a normas de mayor jerarquía o que al aplicarla se violen derechos humanos fundamentales. El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal diferencia dos decisiones importantes en materia de detención preventiva: la orden de aprehensión dictada previa solicitud del Ministerio Público, que es una decisión provisional, y el pronunciamiento que se dicta luego de la practicada detención, sobre el mantenimiento o la
revocatoria de la medida. Si ésta se mantiene, comenzará a correr el lapso para presentar la acusación. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su memorandum N° DID-1224-ABL-1843-2001, de fecha 3 de diciembre de 2001, mediante el cual solicita a esta Dirección que se le informe cuál es el momento que da inicio al lapso para interponer la acusación cuando se ha decretado la privación judicial preventiva de libertad de algún ciudadano, estando el mismo bajo detención domiciliaria de conformidad con lo establecido en el artículo 265, numeral 1, del reformado código adjetivo penal, ahora artículo 356. Esta información la solicita en atención a lo ocurrido en el proceso penal seguido contra el ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, en el cual la ciudadana Capaya Rodríguez, representante de la Institución en ese caso, computó el referido lapso a partir del momento en que se produjo la aprehensión. Por el contrario, el Juez Decimoctavo de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, tomó como punto de partida para realizar el cómputo en cuestión, la fecha del decreto mediante el cual la Corte de Apelaciones de dicho circuito ordenó la privación judicial preventiva del imputado. Aunque no se desprende de su comunicación ni la fecha en la cual fue dictada la medida de privación de libertad ni la oportunidad en la cual se practicó la aprehensión del imputado, así como tampoco el momento de la presentación de la acusación, esta Dirección presume que tales actos se produjeron antes de que fuere reformado
el Código Orgánico Procesal Penal, tomando en consideración que las disposiciones citadas por usted y las referidas en los documentos anexos, se corresponden con la numeración de ese instrumento normativo antes de su modificación, además de que ha hecho referencia a un lapso de veinte días para la presentación de la acusación, que era el contemplado anteriormente en el artículo 259 del código adjetivo penal, hoy sustituido por el artículo 250 de ese instrumento normativo, el cual amplió el referido lapso a treinta días, prorrogables por un máximo de quince días adicionales, a la par de otros cambios en el régimen de la detención preventiva que lo hacen muy distinto al anterior. (…)
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Insistiendo en que la ley cuando es suficientemente clara debe ser aplicada en los términos que ella contemple, más allá de las razones prácticas o de conveniencia que puedan alegarse, salvo que fuere contraria a normas de mayor jerarquía o que al aplicarla se violen derechos humanos fundamentales, es decir, en el caso de que su cumplimiento constituyese una injusticia, debe aclararse que en este supuesto no se trataría de la interpretación de la ley sino de su desaplicación. En este orden de ideas, estima este Despacho oportuno hacer referencia al régimen de la detención preventiva producto de la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el cual ha sufrido cambios significativos y debe acatarse, pues más allá de cualquier cuestión de pertinencia, se trata de normas vigentes cuya validez no se objeta, cuyo sentido y alcance no puede ser variado
por vía interpretativa, salvo que no esté claro y ello sólo es procedente cuando la propia ley da margen para ello, en virtud de su imprecisión. Ello no quiere decir que la ley no pueda ser criticada, pero si está vigente y no está afectada su validez, se le debe pleno acatamiento. En este orden de ideas, cabe señalar que el problema planteado con relación a la normativa anterior a la reforma, ha sido superado luego de ésta, por cuanto se diferencian claramente dos decisiones importantes en materia de detención. La primera de ellas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 antes citado, es la ´orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida´, que expedirá el juez en caso de estimar que concurren los requisitos previstos para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del fiscal. Esta es una decisión provisional, por cuanto de acuerdo con la norma citada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprehensión, el juez decidirá en presencia de las partes si mantiene o revoca la medida. Luego de esta segunda decisión, que define la situación del imputado, comenzará a computarse el lapso previsto para la presentación de la acusación. Ello es así, porque a diferencia del régimen anterior, donde la medida de detención se podía dictar sin oír previamente al imputado, de acuerdo con este sistema el imputado siempre será oído antes de que se resuelva definitivamente sobre su detención”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPPR
art:259 COPPR art:265-1 COPP art:250 COPP art:356 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACUSACION DERECHOS HUMANOS DETENCION LEYES MINISTERIO PUBLICO PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.323-324.
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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio PúblicoMP N° DCJ-12-074-2002 DCJ FECHA:20020311

La simple inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto, no se corresponde con la comisión de hecho punible alguno y mucho menos aún, con el de traición a la patria, el cual requiere una especial intencionalidad, dirigida precisamente a traicionar u ocasionar un prejuicio a los intereses del país. Para que se materialice la conducta típica prevista en el artículo 138 del código penal, debe producirse un perjuicio de los intereses públicos, ocasionado por un encargado de los negocios de la republica con gobierno extranjero. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de someter a su consideración, el dictamen de esta Dirección, respecto al escrito presentado por los ciudadanos Hidalgo Valero, José Antonio Villarroel, Jesús Manuel Puentes, Humberto Gutiérrez Q. y otros, mediante el cual denuncian al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y solicitan la apertura de una averiguación por parte del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la presentación de querella contra el referido funcionario, ante el Tribunal
Supremo de Justicia, por la comisión del delito de Traición a la Patria. Solicitud de Inhibición al Fiscal General de la República Por otra parte, se solicita al Fiscal General de la República, que se inhiba de conocer sobre el caso planteado, y se alega como fundamento legal de tal petición, lo establecido en los artículos 82 y 83, ordinales 4° y 8°, del Código Orgánico Procesal Penal, ´por su vinculación pública de amistad y política con el Presidente de la República´. Al respecto, es necesario aclarar en primer lugar, que la referida petición de inhibición no comporta la necesidad de trámite alguno por parte del Fiscal General de la República, puesto que la inhibición es un acto personalísimo y en consecuencia, quedará a juicio del funcionario de que se trate, en este caso el Máximo Representante del Ministerio Público, si se inhibe o no.(…) Por otra parte es de hacer notar, que la recusación y la inhibición son los únicos mecanismos procesales que podrían apartar del conocimiento de una causa a un funcionario. La primera puede ser intentada por el Ministerio Público, el imputado o su defensor y la víctima (no el simple denunciante), quienes son los únicos legitimados para plantear la recusación según el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y, para el caso de los funcionarios de la Institución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La inhibición como ya se
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dijo, es un acto personalísimo del funcionario y ningún funcionario está en el deber de pronunciarse en cuanto al fondo, es decir, manifestando si acoge
o no la solicitud, cuando le soliciten que se inhiba y de hacerlo legitimaría un procedimiento irregular.(…) El contenido de la denuncia Ahora bien, en cuanto al contenido del escrito de denuncia se observa, que de acuerdo con lo afirmado por los peticionarios, los hechos denunciados configurarían la comisión del delito de Traición a la Patria, previsto en el artículo 138 del Código Penal. Según sus planteamientos pueden diferenciarse claramente tres vertientes con el ingreso al país y estatus de ciudadanos de origen colombiano, las relaciones con la República de Cuba y un asunto referido al ingreso de ciudadanos chinos al territorio nacional. Dado este claro deslinde que se observa en la denuncia, se analizarán por separado tales situaciones. (…) Ingreso al país y estatus de ciudadanos de origen colombiano (…) En este orden de ideas es preciso destacar en primer lugar, que el problema del tratamiento que debe dársele al ingreso de inmigrantes colombianos es un asunto en el que ciertamente puede y debe intervenir el Ejecutivo Nacional, en cuyo vértice se encuentra el Presidente de la República, como director de la política internacional de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual: ´Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: /(Omissis)/4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales´. De esta forma, aunque el tratamiento de la materia
migratoria, de conformidad con los mecanismos legales internos e internacionales vigentes resulta de gran importancia para Venezuela, el simple hecho de que se considere que una iniciativa que en esta área desarrollaría el Jefe del Estado es contraria a la normativa constitucional y legal vigente, no basta para afirmar que existe una conducta delictiva, pues faltaría la intencionalidad de causar perjuicio al país, elemento éste último inherente al tipo señalado. En efecto, no es razonable la identificación de la ilegalidad o inconstitucionalidad del anuncio de la realización de un acto público, con una intención dañosa respecto a los intereses de la República, puesto que tal irregularidad aún si existiere podría obedecer a causas muy disímiles, entre las cuales podemos señalar a título de ejemplo, la interpretación errónea de las normas constitucionales y legales aplicables al caso o que se tratase de un anuncio preliminar sujeto a las correspondientes instancias consultivas. Por lo demás, existen mecanismos jurídicos a través de los cuales, aquél que cuestione la actividad de un funcionario puede realizar la correspondiente impugnación, específicamente a través del recurso de nulidad. (…)
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Relaciones con la Republica de Cuba Respecto a las relaciones con este país caribeño, los denunciantes señalan que ´a principios de este año fue firmado entre otros un convenio de asistencia petrolera y en otras áreas entre la República de Venezuela (sic) y la República de Cuba, el cual se piensa que no cumplió con las formalidades constitucionales para
su protocolización y posterior publicación, ello ha sido denunciado públicamente por el Dr. Ramón Escovar Salóm. Como se desprende del propio Cuerpo del Acuerdo, no se cumplió con las formalidades constitucionales para su aprobación...´. Así, visto además el anexo de la denuncia, es de hacer notar que en ella se cuestiona la suscripción, por parte del Presidente de la República, del Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, celebrado el 30 de octubre de 2000. Con relación al referido convenio le informo que esta Dirección ya emitió opinión sobre el particular, y en tal sentido le remito copia del dictamen correspondiente, el cual se explica por si mismo. Dicha opinión fue emitida a través del memorándum Nº DCJ-11-20-785-2001, de fecha 10 de julio de 2001, dirigido a la Directora de Salvaguarda, y en el mismo se expresa la siguiente conclusión: ´..en opinión de este Despacho el proceso de conclusión del Convenio Integral de Cooperación suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, cumplió con todos los requisitos consagrados por nuestro ordenamiento jurídico a tal efecto, confirmándose así su plena vigencia´. Sin embargo deben reiterarse acá los razonamientos ya expuestos, en cuanto a que la simple inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto no se corresponde con la comisión de hecho punible alguno y mucho menos aún, con el de Traición o la Patria, el cual requiere una especial intencionalidad. Igualmente debe aclararse, que de la lectura del convenio analizado,
se observa la existencia de prestaciones mutuas y no existe razón para presumir que se esté constituyendo una relación perjudicial a los intereses públicos. (…) Como conclusión de las anteriores consideraciones, puede señalar se que: 1) En cuanto a los hechos relativos al ingreso de ciudadanos colombianos al territorio venezolano, y al trato que a ellos se les daría, así como lo relacionado con el convenio suscrito con la República de Cuba, es opinión de este Despacho que los mismos no revisten carácter penal; 2) Respecto a la noticia sobre el ingreso de ciudadanos chinos al país, se entiende que no existen elementos que indiquen que existe alguna relación entre este hecho y el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, en virtud de lo cual no se hace necesario en este momento ningún pronunciamiento por parte del Fiscal General de la República;

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3) Sin embargo, con relación a este último hecho debería asignarse el conocimiento de la presente denuncia a un representante del Ministerio Público, a los fines de que inicie la correspondiente averiguación, puesto que se podría estar frente a la comisión de delitos enjuiciables de oficio. De esta manera, si bien los hechos denunciados, relativos al convenio suscrito con la República de Cuba y al trato que pudiese otorgarse a los ciudadanos colombianos que ingresen al territorio nacional, no revisten carácter penal a juicio de esta Dirección, lo que haría procedente la solicitud de desestimación de la denuncia, este pedimento no puede efectuarse toda vez que el tercer hecho denunciado si podría
revestir carácter penal, y por tal motivo debe iniciarse la averiguación de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Así, tratándose la denuncia de un acto único no podría desestimarse únicamente respecto a unos hechos. Debe aclararse no obstante, que si se comprobare que efectivamente ha existido algún hecho punible relacionado con el ingreso de ciudadanos chinos al país, podría presentarse acusación exclusivamente por el mismo, en caso de que el representante fiscal comparta el criterio de esta Dirección en cuanto a que los restantes hechos no revisten carácter penal. (…)”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:236 CP art:138 COPP art:82 COPP art:83-4 COPP art:83-8 COPP art:283 COPP art:377 MMP N° DCJ-11-20-785-2001 10-07-2001 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN CHINA COLOMBIA CONSTITUCIONALIDAD CUBA DELITOS CONTRA EL ESTADO DENUNCIA INHIBICION JEFES DE ESTADO TRAICION A LA PATRIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.332-334.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorando Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DCJ-2-515-2002 DCJ FECHA:20020401

La prerrogativa procesal del antejuicio de mérito es extensible a los legisladores de los consejos legislativos de los estados FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle expediente N° AA10-L2001-000036, conformado por dos piezas (2), la primera distinguida como pieza principal, constante de ciento veintidós (122) folios útiles, y la segunda, identificada
como cuaderno separado, constante de cuarenta y cuatro (44) folios útiles, el cual fuera enviado a esta Institución por el Tribunal Supremo de Justicia, visto el pronunciamiento emitido en el caso del ciudadano Miguel Ángel Rosales Aparicio, actual Diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas, en el que se ordenó remitir las ´…actuaciones al ciudadano Fiscal General de la República, para que en ejercicio de las funciones que definen su competencia, previo examen respectivo del caso y siempre y cuando resulte procedente, formule la solicitud de antejuicio de mérito…´. La presente remisión se le hace en virtud del criterio sostenido por esta Dirección, en relación con el antejuicio de mérito solicitado contra el ciudadano Oswaldo Díaz, en su carácter de Diputado de la Comisión Legislativa del Estado Miranda, el cual, una vez sometido a la consideración del Fiscal General de la República, fue hecho del conocimiento de esa Dirección mediante el memorando N° DCJ-12-1463-2001 de fecha 23-12-01, recibido en esa Dirección el 7-1-02(…) Se impone así entrar a analizar si los llamados Diputad os a los Consejos Legislativos de los Estados ostentan la condición de altos funcionarios, conforme a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de la aplicación de la figura del antejuicio de mérito. (…) Como se observa en lo que se refiere a la función de legislar, quienes ostentan la condición de altos funcionarios por mandato expreso del citado artículo 266, son los Diputados a la Asamblea Legislativa. No hace ninguna
mención la citada norma sobre los legisladores integrantes de los Consejos Legislativos de los Estados, más no integrantes de la Asamblea Nacional. No obstante lo señalado, no puede analizarse la figura del antejuicio de mérito sin evaluar lo que disponen respecto de la inmunidad parlamentaria, los artículos 200 y 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos: Artículo 200. ´Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o
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parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia´. Artículo 162. ´El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo … / (…) Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto le sea aplicable …´. (…) “Así las cosas, considera esta Dirección que en virtud de lo establecido en el único aparte
del artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe inferirse que el Constituyente hizo extensible la aplicación de la figura del antejuicio de mérito a los legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados, pues la inmunidad parlamentaria de la cual son acreedores por mandato expreso de esa norma, implica necesariamente su realización como requisito previo a su enjuiciamiento. Este mismo criterio ha sido asumido expresamente por el Tribunal Supremo de Justicia en el caso del ciudadano Geomar R. Ojeda Alcalá, en su condición de Diputado activo a la Asamblea del Estado Yaracuy, al señalar: La novísima Constitución, en su artículo 200 le otorga el privilegio de la inmunidad a los integrantes de la Asamblea Nacional ‘desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo’, situación que determina un antejuicio de mérito, previo al allanamiento legislativo y posterior enjuiciamiento en el caso de que se realicen acusaciones penales en su contra. Inmunidad que es extensiva a los miembros de la Comisión Legislativa, en virtud de sus funciones, y por disposición del artículo 162, los integrantes del Consejo Legislativo y, así a los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados, en la respectiva jurisdicción”(…) “En virtud de todo lo señalado, esta Dirección concluye en que a los Legisladores de los Consejos Legislativos les es aplicable la prerrogativa procesal del antejuicio de mérito. Amén de lo señalado, surgen sin embargo en el caso concreto bajo análisis, dos aspectos
procesales que ameritan particular atención y que requieren por los motivos que de seguida se señalarán, del ejercicio de un recurso de interpretación en relación con el contenido y alcance del artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal. En primer lugar, la legitimación para interponer la querella ante el Tribunal Supremo de Justicia en los delitos de acción privada, y en segundo lugar, la validez del pronunciamiento de ´admisión de la querella´ emitido por el Juez de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En cuanto al primero de ellos, se observa que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, -a pesar de tratarse del delito de difamación-, fundamentada en las decisiones emitidas con anterioridad en los casos de los ciudadanos Didalco Bolívar Graterol y Enrique Fernando Salas Feo, remitió a esta Institución el citado expediente señalando en el fallo ´… que es la parte agraviada la titular de la acción y por ende, será ella la única legitimada para intentarla, pero sólo a través del Fiscal del Ministerio Público, quién /sic/ legalmente es el único facultado para interponer e impulsar el antejuicio de mérito, según el trascrito artículo 377, no pudiendo hacerlo de oficio el Fiscal del Ministerio Público, sino a
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solicitud del titular de la acción´. Al respecto es importante destacar, que el criterio asumido en cuanto a esa parte del fallo no es compartido por este Despacho y así expresamente ha sido expuesto en opiniones anteriores, entre las que se pueden citar las emitidas con ocasión de las solicitudes de antejuicio
de mérito de los ciudadanos: Didalco Bolívar Graterol, Enrique Salas Feo y Julio Borges, contenidas respectivamente en los memorándums Nros. DCJ-17-850-2001 de fecha 2-8-01, DCJ-5-902-2001 de fecha 14-8-01 y DCJ-9-254-2002 de fecha 15-2-02, por lo que se ratifican en este caso (…) En cuanto al segundo de ellos, esto es, la validez del pronunciamiento de ´admisión de la querella´ emitido por el Juez de Juicio N° 4 de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, esta Dirección se ve en la obligación de realizar los siguientes señalamientos: Como fuera señalado anteriormente, mediante auto de fecha 16-6-00 el citado juez de juicio, al conocer de la acusación intentada por el ciudadano Edilfredo Ramón Vásquez en contra del ciudadano Miguel Ángel Rosales por la presunta comisión del delito de Difamación Agravada, previsto y sancionado en el artículo 444, único aparte, del Código Penal, se pronunció admitiendo la querella, por lo que además fijó el día y hora para la celebración del juicio oral y público. Cabe observar que tal pronunciamiento se realizó el 16-6-00, ésto es previo al día 2-8-00, fecha en la cual el ciudadano Miguel Ángel Rosales fue proclamado como Diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas. Así entonces resulta claro, que en la citada oportunidad el órgano jurisdiccional en referencia actuó dentro del marco de su competencia conforme a lo que al respecto establece el Titulo VII (Antes VIII) del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al ´Procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia
de parte´, toda vez que para ese momento ninguna prerrogativa procesal amparaba al ciudadano Miguel Ángel Rosales Aparicio. Posterior a este acto y tomando en cuenta la situación sobrevenida de la proclamación como Diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas del querellado, el mismo tribunal, mediante auto de fecha 21-8-00 se pronunció dejando sin efecto –solamente- el diferimiento de la audiencia del juicio oral acordado el 15-8-00, de lo que se deduce que mantiene plena vigencia el auto mediante el cual se produjo la admisión de la querella a la cual se ha hecho referencia; pronunciamiento éste que por lo demás no ha sido objeto de cuestionamiento. En tal sentido es importante tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, el principio general en materia de nulidades es que no pueden ser apreciadas para fundar una decisión judicial ni como presupuestos de ella ´los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por le República´. No puede en nuestro concepto, alegarse en el presente caso, que el citado principio hubiese sido afectado por el hecho de no tomarse en consideración para la admisión o no de la querella, la aplicación de las normas relativas a las prerrogativas procesales de los altos funcionarios, toda vez que la circunstancia de convertirse el querellado en Diputado a un Consejo Legislativo
fue un hecho sobrevenido. Como consecuencia de lo señalado debe afirmarse que al no existir
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ningún pronunciamiento que anule el acto en comento, la ´admisión de la querella´ pronunciada en el presente caso por el Juez de Juicio N° 4 de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, mantiene su vigencia. Lo señalado no obsta el reconocimiento que debe hacerse en el sentido de que la circunstancia sobrevenida de convertirse el querellado en Diputado de un Consejo Legislativo tiene sus incidencias dentro del proceso, pues una vez adquirida la condición de Alto Funcionario se produce una modificación en la competencia del órgano judicial que en lo sucesivo debe continuar conociendo del proceso. (…) Como puede observarse dos normas jurídicas regulan el punto de manera diferente, pues mientras la norma constitucional señala que únicamente el Tribunal Supremo de Justicia puede enjuiciar a esta categoría de funcionarios, la norma de rango legal establece que el Alto Tribunal de la República remitirá el expediente al tribunal de instancia para la continuación del enjuiciamiento. (…) Por lo expuesto, considera esta Dirección que lo que correspondía en el presente caso era que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia prosiguiera con el enjuiciamiento del querellado, conforme a lo que establecen las normas contenidas en el Título VII ´Del procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte´, contenido en el Libro Tercero ´De los procedimientos especiales´ del Código Orgánico Procesal Penal y no su remisión a esta Institución,
para que se estudiara la procedencia de solicitar el antejuicio de mérito. (…) Por último, en armonía con lo señalado anteriormente y en aras de propiciar una correcta aplicación del ordenamiento jurídico venezolano, esta Dirección considera propicio destacar una contradicción a la cual se hizo referencia en los párrafos anteriores, observada entre el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados en relación con los artículos 162 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar lo concerniente al órgano jurisdiccional competente para el enjuiciamiento de los Legisladores de los Consejos Legislativos, a los fines de que esa Dirección evalúe la posibilidad de ejercer la correspondiente acción de nulidad, de conformidad con lo que establece el numeral 3 del artículo 8 del Reglamento Interno de la Institución” . (…) Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:162 CRBV art:200 MMP N° DCJ-12-1463-2001 23-12-2001 LOCLE art:3 LOCLE art:9 MMP DCJ-17-850-2001 02-08-2001 MMP DCJ-5-902-2001 14-08-2001 MMP DCJ-9-254-2002 15-02-2002 CP art:444-u.apt COPP art:190 COPP art:377
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RSMP STSJSPL STSJSPL DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

N° 979-art:8-3 20-12-2000 05-12-2001 11-05-2000 ACCION PRIVADA ANTEJUICIO DE MERITO CONSEJOS LEGISLATIVOS FLAGRANCIA MINISTERIO PUBLICO QUERELLA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.334-337.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DCJ-12-2002
DCJ FECHA:20020423

Prescripción ordinaria y extraordinaria de la acción penal. El antejuicio de mérito es un requisito de procedibilidad, sin cuya realización se suspende el curso de la prescripción ordinaria de la acción penal, pero en resguardo del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y en aras de la seguridad jurídica, la prescripción extraordinaria o “prescripción judicial” no admite la interrupción del lapso que le da origen ni mucho menos su suspensión. La prescripción extraordinaria de la acción penal debe computarse a partir del momento en el cual se dicte el acto que de inicio al proceso. Las situaciones de imprescriptibilidad de la acción penal pública son únicamente las que excepcionalmente establece la Constitución, por cuanto son contrarias al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, previsto en los artículos 49, numeral 3 y 26, párrafo segundo, de la carta magna. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de someter a su consideración el dictamen elaborado por esta Dirección, respecto al expediente N° 0396, nomenclatura del Tribunal Supremo de Justicia, relativo a la solicitud de antejuicio de mérito contra el ciudadano Walter Márquez Rondón, quien para la fecha en que fue presentada dicha petición ostentaba el cargo de Diputado al Congreso de la República, y actualmente ocupa el cargo de Embajador ante la República de La India. (…) Ahora bien, analizados los documentos que componen el expediente, se observa que en fecha 30 de junio de 1989 el Juez Militar de Primera Instanc ia Permanente de San Cristóbal,
remitió al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, copia certificada del expediente mencionado, a fin de que el Máximo Tribunal de la República en Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 215, ordinal 2°, y 216 de la República de Venezuela, vigente en esa fecha, declarase si había o no mérito para el enjuiciamiento del ciudadano Walter Márquez Rondón, contra el cual cursaban ante el referido tribunal militar, denuncias relacionadas con el juicio que se les seguía a los ciudadanos Alcides Rondón Rivera (Mayor- Ejército), como autor de los delitos de Agavillamiento, Privación Ilegítima de Libertad, Lesiones Personales Intencionales Leves y Amenazas, Violencias u otros Apremios Ilegítimos; Víctor Armando Gómez, por la autoría de los delitos de Lesiones Personales Intencionales Leves y Amenazas, Violencias u otros Apremios Ilegítimos; Rafael Eduardo Barreto Ramos, como cómplice en el delito de Privación Ilegítima de Libertad y autor del los delitos de Lesiones Personales Intencionales Leves y Amenazas, Violencias u otros Apremios Ilegítimos, y José
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del Carmen Manrique Cobos, como cooperador inmediato del delito de Privación Ilegítima de Libertad. Es preciso aclarar, que el análisis que seguidamente se hará estará referido inicialmente a los supuestos de prescripción ordinaria previstos en los artículos 108 del Código Penal y 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, según los distintos delitos atribuidos al ciudadano Walter Márquez, y luego se analizará lo previsto
en al artículo 110, párrafo segundo, del código sustantivo penal, en el cual se prevé la llamada ´prescripción extraordinaria´ como supuesto en el cual se extingue la acción penal por el transcurso del lapso ordinario de prescripción más la mitad del mismo, cuya hipótesis en criterio de esta Dirección ha operado en el presente caso. Al respecto es preciso señalar que los delitos atribuidos al ciudadano Walter Márquez Rondón, están señalados en la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal de fecha 30 de junio de 1989, y son los siguientes: ´Agavillamiento´, ´Usurpación de Funciones´, ´Privación Ilegítima de la Libertad´, ´Lesiones Personales Intencionales Leves´, ´Amenazas, Violencias u otros Apremios Ilegítimos´, tipificados en los artículos 287, 214, 175, primer aparte, 418 y 176, encabezamiento, del Código Penal, respectivamente. También se le imputa al ciudadano mencionado el delito de ´Tráfico de Influencias´, previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Prescripción ordinaria de la acción penal, según lo establecido en el artículo 108 del Código Penal. Los lapsos previstos para la prescripción ordinaria de la acción penal, en el artículo 108 del Código Penal, comienzan a computarse de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 109 de dicho instrumento normativo, suspendiéndose asimismo tal prescripción de acuerdo con lo previsto en dicha norma. Por tal motivo antes del análisis de fondo de la cuestión sometida al estudio de este Despacho, se
considera necesario establecer previamente la fecha en la cual el ciudadano Walter Oscar Márquez Rondón cesó en sus funciones como Diputado para el período legislativo 1989-1994, y si ha habido o no interrupción en su condición de alto funcionario, dado que actualmente ocupa un elevado cargo diplomático, como más adelante se apreciará. La importancia de conocer con exactitud los períodos en los cuales el ciudadano Walter Márquez ha desempeñado funciones públicas que impliquen la prerrogativa del antejuicio de mérito, se encuentra en que sólo así se podrá establecer cuánto tiempo ha estado suspendida la prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109, párrafo segundo, del Código Penal, según el cual ´Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de autorización especial… quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que se dé autorización…´. Determinar cuánto tiempo ha transcurrido sin que la prescripción esté suspendida es de suma importancia, por cuanto la suspensión de la prescripción no implica que los períodos transcurridos dejen de tomarse en cuenta al correr nuevamente el lapso respectivo, como si ocurre en el caso de la interrupción de la prescripción, pues ´… la prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción´. Así, deben sumarse en caso de que existieren, los lapsos durante los cuales la prescripción ordinaria no haya estado suspendida, a fin de determinar si no ha prescrito la acción de acuerdo con lo
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previsto en el artículo
108 del Código Penal. Como podrá advertirse más adelante, en el proceso en estudio la prescripción ordinaria de la acción ha estado permanente suspendida. En consecuencia, dada tal suspensión, puede afirmarse que, en principio, podría continuar el proceso una vez removido el obstáculo procesal respectivo, contemplado en el artículo 109, párrafo segundo, del Código Penal. En efecto, seguidamente se apreciará lo relativo a la permanencia del ciudadano Walter Márquez en cargos que otorgan la prerrogativa del antejuicio de méritos.(…) Tomando en cuenta que el ciudadano Walter Márquez fue diputado hasta el 31 de diciembre de 1999 y fue designado embajador el 3 de junio del mismo año, puede inferirse que en ningún momento ha dejado de ocupar un alto cargo de los previstos en el artículo 266, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia ha ostentado ininterrumpidamente la prerrogativa del antejuicio de mérito. Debido a lo anterior, se encuentra acreditado que desde que se dio inicio al proceso ha estado suspendida la prescripción ordinaria de la acción, pues en ningún momento ha desaparecido el obstáculo que sujeta a una autorización judicial, el enjuiciamiento del alto funcionario mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 109, in fine, del Código Penal. (…) Luego entonces la prescripción ordinaria, que normalmente debe computarse a partir del momento de la comisión del hecho punible, que en el presente caso, como más adelante se observará, fue el 4 de diciembre de 1988, no ha comenzado a correr
respecto al proceso con el cual se relaciona al ciudadano Walter Márquez, dado que no ha sido satisfecho el requisito de procedibilidad constituido por la necesidad del previo antejuicio de mérito. Hay que aclarar que aunque se toma el día 4 de diciembre de 1988 como el momento a partir del cual comienza a computarse la prescripción ordinaria, cabe la posibilidad de que la acción delictiva haya terminado en una fecha muy próxima posterior, la cual no se puede precisar con las actuaciones que integran el expediente. Sin embargo, se observa que los hechos terminaron de consumarse antes del día 22 de diciembre de 1988, puesto que la denuncia de la presunta víctima fue interpuesta en esta última fecha. Hecha esta aclaratoria, es de hacer notar que pueden computarse un total de catorce (14) años, cinco (5) meses y once (11) días, contados desde el 4 de diciembre de 1988, fecha de la supuesta comisión de los hechos, hasta el momento en que fue recibido el expediente en el Ministerio Público, es decir, el 15 de mayo de 2001, luego de publicada válidamente la decisión que ordenó su remisión al Fiscal General de la República. Más sin embargo, como ya se ha indicado, en cuanto respecta a la prescripción ordinaria de la acción penal, ese prolongado lapso de tiempo no produjo efecto alguno. (…) Prescripción extraordinaria o extinción de la acción penal, según lo establecido en el artículo 110 del Código Penal. Ahora bien, como se indicó anteriormente, esta Dirección estima que en el presente caso debe aplicarse la llamada ´prescripción extraordinaria´
o ´judicial´, prevista en el artículo 110 del Código Penal. Ésta opera cuando, sin culpa del reo, transcurre el lapso de la prescripción ordinaria más la mitad del mismo. Debe aclararse en principio que, aunque como ya se indicó, desde la comisión de los hechos han transcurrido catorce (14) años, cinco (5) meses y
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once (11) días, este lapso no es computable en su integridad a los efectos de la denominada ´prescripción extraordinaria´. Al respecto es preciso señalar que el momento a partir del cual se computa la prescripción judicial es aquél en el que se haya dictado el correspondiente acto que de inicio al proceso, el cual, durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal era el ´auto de proceder´. En el presente caso, nacido durante la vigencia del código derogado, el referido auto fue dictado el 2 de marzo de 1989 por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal, siendo entonces dicha fecha la que determina el punto de partida del cómputo de la ´prescripción extraordinaria´. Debe destacarse además, que conforme a las actas que componen el expediente, el ciudadano Walter Márquez no ha realizado ningún acto que haya provocado el retardo del respectivo proceso, en razón de lo cual puede afirmarse que se cumple el supuesto del citado artículo 110 en cuanto a la prolongación del proceso ´sin culpa del reo´. Por lo que respecta al cómputo correspondiente se tomará como referencia la pena establecida para el delito de Agavillamiento, previsto en el artículo 287 del Código Penal, por cuanto de todos los hechos
punibles por los cuales se señala al ciudadano Walter Márquez Rondón, es aquél el que merecería una pena mayor. Luego entonces, tomando en consideración que la pena prevista para dicho delito es de prisión de dos (2) a cinco (5) años, la pena aplicable por el término medio, de conformidad con el artículo 37 del código sustantivo, sería tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Así, tomando en cuenta esta pena, el lapso de la prescripción ordinaria de la acción penal respecto al referido delito es de cinco (5) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, numeral 4°, del citado código, supuesto en el cual se incluyen los hechos punibles que merezcan pena de prisión de más de tres (3) años (Sin llegar a siete (7), porque en este caso se aplicaría el ordinal 3° de la norma citada). (…) Es también de hacer notar por otra parte, con relación a la llamada ´prescripción judicial´, que la misma no admite la interrupción del lapso que le da origen ni mucho menos la suspensión del mismo. Se trata de un lapso que corre indefectiblemente. Ello es así, porque este modo especial de extinción de la acción penal busca mantener la seguridad jurídica, como garantía fundamental para cualquier persona. (…) Vistas tales consideraciones, debe insistirse en que la suspensión de la prescripción sólo es aplicable a la prescripción ordinaria de la acción penal. En consecuencia se aprecia que el proceso, aún si existiere una causa de suspensión de la prescripción, no deberá superar en ningún caso al lapso previsto para la ´prescripción´ extraordinaria, pues
así como no se toma en consideración la interrupción de la prescripción en cuanto atañe a la ´prescripción´ extraordinaria determinada por excesiva duración del proceso, a pesar de que los efectos de la interrupción son más intensos que los de la suspensión, pues eliminan el tiempo que haya transcurrido del lapso de prescripción, con mayor razón tampoco la suspensión de la prescripción ordinaria puede hacerse valer frente a un proceso que se ha extendido más allá del plazo máximo de duración previsto en el artículo 110 del Código Penal. Además, si se desconociese que el alcance del artículo 109 del Código Penal está limitado a la prescripción ordinaria de la acción penal, tendría que arribarse a la conclusión de que una investigación seguida contra un alto funcionario que goce de la prerrogativa del antejuicio de mérito, podría
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prolongarse en forma indefinida, lo cual atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, previsto en los artículo 49, numeral 3, y 26, párrafo segundo, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. De lo anterior se deriva que las situaciones de imprescriptibilidad de la acción penal pública son únicamente las que excepcionalmente establece la Constitución, precisamente porque son contrarias a dicho derecho. En consecuencia, de acuerdo con el fallo jurisprudencial antes comentado, que esta Dirección considera aplicable al presente caso, se estima que lo procedente sería solicitar el sobreseimiento de la causa, de conformidad
con la causal prevista en el artículo 318, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la extinción de la acción penal por la materialización del supuesto previsto en el artículo 110 del Código Penal. Ciertamente, la extinción de la acción penal opera, de acuerdo con la norma citada, ´si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo´. En consecuencia, si se toma en consideración que el ´tiempo aplicable´, referido a la prescripción ordinaria, es de cinco (5) años, cuya mitad es dos (2) años y seis (6) meses, se tiene que la extinción de la acción penal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110, párrafo segundo, del Código Penal, se produjo al transcurrir siete (7) años y seis (6) meses, contados a partir del momento en que fue dictado el respectivo auto de proceder, a saber, el 2 de marzo de 1989. Ello quiere decir, que la acción penal se ha extinguido desde el 2 de septiembre de 1996, excediéndose el lapso previsto por la ley en más de cinco (5) años. (…) Así entonces, en el caso de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, cometidos antes de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la extinción de la acción penal con fundamento en la norma citada, tendrá lugar también al transcurrir siete (7) años y seis (6) meses desde el comienzo del proceso. Luego entonces y como conclusión, esta Dirección estima que de acuerdo con la interpretación del artículo 110, párrafo segundo,
del Código Penal, realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y compartida por este Despacho, en el caso bajo análisis, aunque en principio surgió para el Estado la acción penal en razón de la comisión de hechos punibles perseguibles de oficio, el transcurso del tiempo ha producido los efectos previstos en dicha norma, es decir, la extinción de dicha acción penal. De acuerdo con ello, es criterio de este Despacho que lo procedente sería que si así lo aprobare el Fiscal General de la República, el presente expediente sea remitido a un fiscal de proceso a fin de que éste solicite el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 318, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el citado artículo 110, párrafo segundo, del citado código sustantivo penal. (…)”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:26-prf.s CRBV art:49-3 CRBV art:266-2 CP art:108 CP art:108-4 CP art:109
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CP CP CP CP CP CP CP COPP LOSPP DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

art:109.prf.s art:110.prf.s art:175-p.apt art:176-Encab art:214 art:287 art:418 art:318-3 art:102 ACCION PENAL AGAVILLAMIENTO ANTEJUICIO DE MERITO LESIONES LIBERTAD INDIVIDUAL PRESCRIPCION PROCESOS (DERECHO) SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO SOBRESEIMIENTO TRAFICO DE INFLUENCIAS USURPACION DE FUNCIONES VIOLENCIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.338-342.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público
Ministerio Público MP N°DCJ-17-2002-21132 DCJ FMP FECHA:20020516

En aquellas averiguaciones que estén bajo el supuesto del ordinal 1° del artículo 522 del Código Orgánico Procesal Penal, y no exista tribunal de transición en esa circunscripción judicial, el fiscal del Ministerio Público deberá practicar las diligencias que queden pendientes. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en atención a la comunicación Nº FS-AMC-6704-2002, suscrita por su antecesor, mediante la cual se somete a la consideración de este Despacho, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20, de fecha 29 de septiembre de 1999, la consulta formulada por la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional. En tal sentido, eleva consulta la citada representante fiscal en virtud que conoce de un expediente iniciado bajo el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual le fuera remitido por su Despacho a los fines de que continuara con la investigación, ya que faltaban diligencias por practicar, las cuales habían sido ordenadas por el extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y posteriormente rectificara la solicitud de sobreseimiento previamente presentada por el Fiscal del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Bancaria y de Seguros, todo de conformidad con el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal. (…) Al respecto considera su antecesor, que no existe impedimento alguno para que sea el Ministerio Público quien practique las diligencias ordenadas
por el Tribunal de la Causa, pues si bien es cierto que las mismas fueron ordenadas bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el cual la instrucción de la causa era competencia del órgano jurisdiccional, no es menos cierto que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal se estableció un sistema acusatorio, en el cual es el Ministerio Público el encargado de dirigir la investigación, y como quiera que desaparecieron los Tribunales encargado de la instrucción de las causas que se encuentran bajo el régimen procesal transitorio, y siendo fundamentales la evacuación de las diligencias ordenadas por el órgano jurisdiccional, el representante fiscal, en aras de establecer la verdad de los hechos y con el fin de que se aplique una correcta y sana administración de justicia, debe practicar las actuaciones pendientes para de esta manera dictar el acto conclusivo que corresponda. Ahora bien, esta Dirección de Consultoría Jurídica una vez analizados sus planteamientos observa lo siguiente: El régimen procesal transitorio establecido en el Código Orgánico Procesal Penal rige para todas aquellas causas iniciadas con anterioridad al 1/07/00, y en las cuales no existiese decisión definitivamente firme. Igualmente las mismas se ventilarían ante unos tribunales especiales para el régimen de transición, que tendrían una duración limitada. (…) En consecuencia, los tribunales competentes para practicar todas aquellas diligencias pendientes, para la fecha en la cual se promulgó el Código Orgánico Procesal Penal, eran los Tribunales
para el Régimen Procesal Transitorio, pero al ser éstos eliminados por el Tribunal Supremo de Justicia surge la interrogante de cuál es el órgano competente para practicar aquellas diligencias pendientes que no fueron evacuadas por los citados órganos jurisdiccionales. 80

Ahora bien, cuando existen diligencias pendientes por practicar, el Fiscal del Ministerio Público no puede dar fin a la investigación por medio de alguno de los actos conclusivos establecidos en la norma penal adjetiva, aduciendo que el órgano jurisdiccional competente para su práctica fue eliminado, ya que la finalidad del proceso es establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, tal como lo pauta el artículo 13 de la norma procesal penal (…) Se observa que no está entre las atribuciones de los tribunales de control la práctica de diligencias pendientes, toda vez que su función es velar por el respeto a las garantías procesales. Y en lo que se refiere a los tribunales de juicio y ejecución, su actividad comienza después de presentado el escrito de acusación, y al existir sentencia condenatoria definitivamente firme, respectivamente, por lo que no es competente ninguno de ellos para practicar aquellas diligencias pendientes por evacuar desde el Código de Enjuiciamiento Criminal. Igualmente, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y director del proceso, es a él a quien corresponde disponer que se practiquen las diligencias tendientes a lograr el total esclarecimiento de los hechos y establecimientos de las responsabilidades a que hubiere
lugar, incluso aquellas que hubiesen sido ordenadas por órganos jurisdiccionales bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues aunque no esté expresamente establecido, ello se desprende al analizar su rol y sus funciones y atribuciones dentro del proceso penal. (…) En conclusión, deberá ser el Fiscal del Ministerio Público como director de la investigación quien practique todas aquellas diligencias pendientes, sin importar quien las haya ordenado, pues como se dijo anteriormente, y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, la finalidad del proceso es establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y ésta no se puede sacrificar bajo el argumento que fue eliminado el órgano que ordenó su práctica”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:13 COPP art:323 COPP art:522-1 CMP N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20 29-09-1999 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACTOS CONCLUSIVOS ACUSACION AVERIGUACION MINISTERIO PUBLICO PROCEDIMIENTO PENAL SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO SOBRESEIMIENTO TRIBUNALES TRIBUNAL SUPERIOR DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.342-343.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público Ministerio Público MPN° DCJ-17-2002-21449 DCJ FMP FECHA:20020517

El fiscal del Ministerio Público no puede solicitar la aplicación del principio de oportunidad, cuando se trate del delito del hurto agravado, en grado de frustración, la pena a imponer
por el hecho cometido exceda de los tres años de prisión en su límite. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en atención a la comunicación Nº FS-AMC-3286-2002, mediante la cual se somete a consideración del Fiscal General de la República, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3, de fecha 13 de abril de 2000, la solicitud de aplicación del principio de oportunidad, recibida por esa Representación Fiscal, de parte de la Fiscal Septuagésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en cuanto al delito de Hurto Agravado, en grado de frustración, previsto y sancionado en el ordinal 8º del artículo 454 del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 80 ejusdem. Manifestó usted que, se está en presencia de un delito que consiste en apoderarse de algún objeto mueble, expuesto a la confianza pública, perteneciente a otro, sin su consentimiento, con el fin de aprovecharse de él, lo cual atenta contra el derecho a la propiedad, por lo que dicha agresión no puede considerarse como insignificante, aún cuando el monto de lo sustraído pueda resultar de menor relevancia, toda vez que la aplicación de la sanción va dirigida a la intención del agente y no al monto de lo hurtado. (…) Ahora bien, esta Dirección de Consultoría Jurídica una vez analizados sus planteamientos observa lo siguiente: El Principio de Oportunidad tiene su base constitucional, en el ordinal 4º del artículo 285 de la Constitución de la República, al consagrar como atribución del Ministerio
Público: ´...Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la Ley...´. En este mismo sentido la fundamentación legal se encuentra establecida en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal según el cual: ´Titularidad de la Acción Penal. La acción penal corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales´. Dentro de las excepciones legales al principio de legalidad se encuentran aquellas dispuestas en el Capítulo III, Título I, del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, al referirse a las alternativas a la prosecución del proceso, y entre ellas tenemos el Principio de Oportunidad, desarrollado en el artículo 37 (…) El principio de oportunidad se configura como una excepción al principio de legalidad procesal en el sentido que permite al titular de la acción penal, prescindir de su ejercicio, se encuentra establecida en el ámbito procesal y está influenciada por teorías relativas a la pena y por motivos político criminales. (…) Ahora bien, en el presente caso, la Fiscal Septuagésima Octava del Ministerio Público solicita autorización para prescindir del ejercicio de la acción penal con relación al delito Hurto Agravado, previsto y sancionado en el ordinal 8º del artículo 454 del Código Penal, por considerar que es desproporcionada la pena a aplicar, ya que la circunstancia que agrava el hurto es casuística, toda vez que la víctima dejó su
vehículo estacionado en 82

la vía pública. (…) En el presente caso se está en presencia de un delito que atenta contra el derecho a la propiedad, el cual consiste en apoderarse ilícitamente y sin violencias de una cosa mueble ajena, la cual se encuentra expuesta a la confianza pública, es decir, desprovisto de custodia, que en el presente caso se trata de dos extintores contra incendios y una gorra, los cuales se encontraban dentro de un vehículo tipo autobusete, el cual se encontraba estacionado en la vía pública. Considera importante mencionar esta Dirección, que luego de un análisis del contenido del artículo 37 de la norma penal adjetiva, relativo al Principio de Oportunidad, se observa que el mismo está restringido, es decir, que las iniciativas de los representantes fiscales para prescindir del ejercicio de la acción penal están limitadas por el ordenamiento jurídico, por lo que no se puede disponer arbitrariamente del ejercicio de la acción, ya que esta facultad de disposición está legalmente delimitada. Así entonces, existen ciertos requisitos de carácter obligatorio para prescindir del ejercicio de la acción, siendo uno de ellos el límite de la pena, ya que se pautó que solo procedía en aquellos delitos que no excedan en su límite máximo de tres años de privación de libertad, lo cual impone una limitante de carácter obligatorio, de manera que en cualquier tipo penal que exceda de los tres años de privación de libertad en su límite máximo es imposible la aplicación del principio de oportunidad, a pesar que se encuentren llenos los otros
extremos exigidos en la norma. Se puede decir entonces, que en los delitos de Hurto Agravado, previsto y sancionado en el ordinal 8º del artículo 454 del Código Penal, no es procedente la aplicación del principio de oportunidad, establecido en el ordinal 1º del artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse de un delito que excede el límite establecido por el legislador para su procedencia, al estar sancionado con una pena de dos a seis años de prisión, lo cual sobrepasa los tres años de privación de libertad en el límite máximo para que proceda la aplicación de esta alternativa a la prosecución del proceso”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:285 CP art:80 CP art:454-8 COPP art:11 COPP art:454 COPP art:454-8 CMP N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3 13-04-2000 ACCION PENAL FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO HURTO MINISTERIO PUBLICO PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.343-344.

DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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020
TDOC REMI DEST UBIC Oficio Dirección de Consultoría Jurídica Fiscal del Ministerio Público Ministerio Público MPDCJ-12-2002-23661 DCJ FMP FECHA:20020529

TITL

La prerrogativa del antejuicio de mérito no impide la realización de la investigación. En las investigaciones en las cuales figuren como imputados altos funcionarios públicos que tengan derecho a la realización de un antejuicio de mérito, debe verificarse por vía oficial, si efectivamente ostentan la condición que hace nacer tal prorrogativa. Luego de realizar las diligencias a que hubiere
lugar en la investigación, el fiscal actuante deberá enviar al Fiscal General de la República el expediente respectivo, junto con un informe contentivo de su opinión sobre los hechos investigados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el fiscal que dirija la investigación considere que lo procedente es la desestimación de la querella o la denuncia, deberá elevar al Fiscal General de la República un informe fundado respecto a su criterio. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación N° FAL-SUP-181 de fecha 13 de febrero de 2002, mediante la cual remite a este Despacho el oficio FAL-4-1-601 de fecha 25 de octubre de 2001, suscrito por el ciudadano Domingo Alfredo Díaz Segovia, Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y un expediente constante de noventa y nueve folios, correspondiente a la causa N° 11-F4-957-01, iniciada por este representante fiscal, en la cual figura como víctima el ciudadano Oswaldo Rodríguez León y como ´investigado´, según afirma el mencionado fiscal del Ministerio Público, el ciudadano Abel Oropeza Villafane, Diputado a la Asamblea Nacional. Antes de hacer referencia al expediente en cuestión, esta Dirección estima pertinente expresarle el criterio de este Despacho en cuanto a la tramitación de las causas en la que se vean involucrados altos funcionarios que gocen de la prerrogativa del antejuicio de mérito, de conformidad con lo previsto en el artículo 266, numerales 2 y 3, de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela. Es de destacar que la precitada prerrogativa no impide la realización de la investigación por parte del fiscal competente, aunque de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del código adjetivo penal, no podrán realizarse actos de persecución personal contra el alto funcionario que figure como imputado, salvo las excepciones establecidas en la Constitución, el citado código o en cualquier otra ley. Constituyen excepciones a la posibilidad de realización de act os que impliquen la persecución personal del alto funcionario, todas las medidas que de
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cualquier manera limiten la libertad del mismo o afecten sus derechos con fines investigativos. En tales casos, sólo el Fiscal General de la República podría solicitarlas, por cuanto el órgano especializado para su conocimiento es el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena. (…) Ahora bien, sobre la base de las anteriores consideraciones y analizado el oficio suscrito por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, así como las actuaciones que componen el expediente que le fuera remitido por éste, se estima necesario realizar las siguientes observaciones. 1. En el oficio indicado se hace referencia al ciudadano Abel Oropeza Villafane como ´el investigado´. Sin embargo, del análisis de las actuaciones enviadas a ésta Dirección, se estima que existen suficientes elementos de convicción para atribuirle a dicho ciudadano la condición de imputado. No debe causar confusión la expresión ´el funcionario
investigado´ contenida en el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal, pues la misma, además de que es impropia desde el punto de vista técnico-jurídico no excluye que tal funcionario sea objeto de una imputación. Ello lo confirma el aparte final del referido artículo, en el cual se dispone que ´…La regulación prevista en este artículo no impide la continuación del procedimiento respecto a los otros imputados´. 2. El mencionado representante fiscal no expresa si a su juicio es procedente el enjuiciamiento del referido funcionario de la Asamblea Nacional, ni realiza valoración alguna de las actuaciones de la investigación, por lo cual no se justifica que las haya remitido alegando como fundamento el ´artículo 30´ del código adjetivo penal, ahora artículo 36 de este instrumento normativo, pues de acuerdo con este dispositivo, tal remisión se hará ´para la persecución penal´. 3. El Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón no debió dirigirse al Fiscal Superior de esta entidad políticoterritorial sino al Fiscal General de la República, como se dispone en la norma citada. 4. Si aquel representante del Ministerio Público consideró que debe enjuiciarse al funcionario del Poder Legislativo Nacional antes mencionado, debió realizar la respectiva imputación antes de remitir las actuaciones (que debieron estar acompañadas del correspondiente informe al Fiscal General de la República), a fin de que el imputado pudiese ejercer su derecho a la defensa. Debe aclararse que la imputación previa no será necesaria
cuando el fiscal de la causa considere que lo procedente es dictar el sobreseimiento de la misma; pero también en este caso deberá remitir las actuaciones y emitir su opinión al respecto. 5. En cuanto al contenido de la documentación remitida, observa esta Dirección, que a pesar de que se investiga la comisión del delito de lesiones personales, no existe ningún dictamen pericial que determine su tiempo de curación, extremo cuyo conocimiento es indispensable para la exacta calificación del hecho punible. Esta omisión se produjo, aunque el experto que realizó el reconocimiento legal de la probable víctima de tal delito, cuyo informe está inserto al folio 5 del expediente, indicó lo siguiente: ´…Amerita nueva evaluación por ante éste Despacho en un lapso de 08 días, para precisar tiempo de curación, incapacidad y secuelas…´. 6. Del folio 6 al 70 del expediente, ambos inclusive, se observan correcciones en la foliatura, de las cuales no se dejó constancia formal, lo cual era necesario a los fines de determinar el origen de tales enmendaduras.
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7. La ley ha atribuido importancia especial a los casos en los cuales se plantea la posibilidad del enjuiciamiento de altos funcionarios del Estado, ello en protección de las funciones que éstos desempeñan. Por tal motivo, estima este Despacho, que es recomendable que en las investigaciones respectivas se produzca la participación activa del representan fiscal que esté a cargo de la misma, no bastando con la simple indicación a los funcionarios policiales de las actuaciones que deben practicar. Por
todas las consideraciones que anteceden, le devuelvo el expediente enviado a esta Dirección, a fin de que sean remitidas al fiscal de la causa, a los fines de que el mismo sea puesto en conocimiento de las referidas observaciones. En cuanto a la verificación por vía oficial, de la condición de alto funcionario del ciudadano Abel Oropeza Villafane, una vez se realice la respectiva imputación, de lo cual deberá informar el fiscal de la causa, esta Dirección someterá a la consideración del Fiscal General de la República el respectivo proyecto de solicitud de información, dado que la misma debe requerírsele al Presidente de la Asamblea Nacional y la suscripción del respectivo oficio le corresponde al Máximo Representante del Ministerio Público”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:266-2 CRBV art:266-3 COPPR art:30 COPP art:36 ANTEJUICIO DE MERITO ASAMBLEA NACIONAL DENUNCIA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUTABILIDAD INVESTIGACION LESIONES QUERELLA SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.345-346.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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021
TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurí ica d /sin destinatario/ Ministerio Público MPNº DCJ-19-1431-2002 DCJ FECHA:20020923

No es procedente la remisión del original de las actas procesales contenidas en un expediente mediante el cual se lleva una investigación penal por cuanto sus actuaciones se encuentran protegidas por el principio de reserva establecido en el código orgánico procesal penal, además, debido
a que la titularidad de la acción penal le corresponde al estado a través del Ministerio Público, debe concluirse que el representante fiscal que tiene conocimiento de un caso no puede desprenderse de las actas de investigación contenidas en el respectivo expediente, con la finalidad de evitar cualquier interferencia externa a la investigación. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación N° DSG-3228-2002, relacionada con la solicitud de opinión sobre la procedencia o no de remitir el original del Acta Procesal de fecha 13 de junio de 2002, elaborada por efectivos adscritos al Destacamento N° 23 del Comando Regional N° 2 de la Guardia Nacional, ubicado en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, el cual se encuentra en el expediente N° 24.471-02 que es llevado por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, y que es requerido por el ciudadano Alexis Alberto Maneiro Gómez, Director de los Servicios de Inteligencia de la Guardia Nacional. Antes de emitir la opinión solicitada, ésta Dirección de Consultoría Jurídica observa, previo análisis del expediente original signado con el N° 09-F3-2447102, que la causa se encuentra en la fase preliminar de investigación por cuanto aún no se ha efectuado ningún acto conclusivo de la misma, siendo necesario tomar en consideración lo contenido en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el carácter reservado de las actuaciones en los siguientes términos: ´Carácter de las actuaciones. Todos los actos
de la investigación serán reservados para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva…´. Se infiere de la norma transcrita, que sólo las personas señaladas en la misma son las que tienen potestad para examinar las actuaciones en referencia, lo cual no implica la posibilidad de su reproducción y mucho menos la obtención del original de una actuación procesal contenida en el expediente, pues ello atentaría contra el carácter reservado de la fase de investigación que deben mantener tanto los funcionarios que hayan actuado en la misma como las personas que por cualquier motivo hubiesen tenido conocimiento de ella; y
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además, al perderse el control de la reserva cualquier tercero podría tener conocimiento de su contenido. Asimismo, la Circular N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 de fecha 10 de julio de 2001, emanada del Despacho del Fiscal General de la República ratifica expresamente el carácter reservado de los actos de investigación, con lo cual se busca ´...garantizar que la investigación se efectúe sin interferencias externas que pudieran entorpecer su normal desarrollo y obstaculizar la obtención de los correspondientes elementos de convicción...´, lo que no debe interpretarse como una restricción
al derecho de las partes que intervienen en el proceso de examinar dichas actas, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, en opinión de esta Dirección de Consultoría Jurídica, no es procedente la remisión del original del Acta Procesal de fecha 13 de junio de 2002, elaborada por efectivos adscritos al Destacamento N° 23 del Comando Regional N° 2 de la Guardia Nacional, ubicado en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, el cual se encuentra inserto en el expediente signado con el N° 09-F3-24471-02, por cuanto sus actuaciones se encuentran protegidas por el principio de reserva establecido en el citado artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, y en atención a lo contenido en la Circular N° DFGR-DVFGRDCJ-DRD-11-2001-13 de fecha 10 de julio de 2001, emanada del Despacho del Fiscal General de la República, anteriormente señalada. Además, tomando en consideración lo contemplado en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual la titularidad de la acción penal le corresponde al Estado a través del Ministerio Público, debe concluirse que el representante fiscal que tiene conocimiento de un caso no puede desprenderse de las actas de investigación contenidas en el respectivo expediente, con la finalidad de evitar cualquier interferencia externa a la investigación”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:11 COPP art:304 N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 10-07-2001 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACTOS CONCLUSIVOS DOCUMENTACION
INVESTIGACION MINISTERIO PUBLICO PRINCIPIO DE RESERVA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.347-348.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPNº DCJ-19-1795-2002 DCJ FECHA:20021202

Tomando en consideración el principio de reserva establecido en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, no puede otorgarse ningún tipo de copia de un expediente que se encuentre en la fase preliminar de investigación. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle escrito suscrito por la ciudadana Herlinda Galavíz Rincón, en su carácter de denunciante en la causa signada con el N° D-3439-01, mediante el cual entre otras cosas solicita copia certificada del referido expediente, el cual es llevado por la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Antes de emitir la opinión solicitada, ésta Dirección de Consultor ía Jurídica observa, que según información telefónica suministrada por la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y que según se desprende del contenido del escrito de la presente solicitud, la causa se encuentra en la fase preliminar de investigación por cuanto aún no se ha efectuado ningún acto conclusivo de la misma, siendo necesario tomar en consideración lo contenido en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, (…). Se infiere de la norma transcrita, que sólo las personas señaladas en la misma son las que tienen potestad para examinar
las actuaciones en referencia, lo cual no implica la posibilidad de su reproducción, pues ello atentaría contra el carácter reservado de la fase de investigación que deben mantener tanto los funcionarios que hayan actuado en la misma como las personas que por cualquier motivo hubiesen tenido conocimiento de ella; y además, al perderse el control de la reserva cualquier tercero podría tener conocimiento de su contenido. Asimismo, la Circular N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 de fecha 10 de julio de 2001, emanada del Despacho del Fiscal General de la República ratifica expresamente el carácter reservado de los actos de investigación, con lo cual se busca ´...garantizar que la investigación se efectúe sin interferencias externas que pudieran entorpecer su normal desarrollo y obstaculizar la obtención de los correspondientes elementos de convicción...´, lo que no debe interpretarse como una restricción al derecho de las partes que intervienen en el proceso de examinar dichas actas, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, en opinión de esta Dirección de Consultoría Jurídica, no es procedente la expedición de copia alguna del expediente signado con el N° D3439-01, por cuanto sus actuaciones se encuentran protegidas por el principio de reserva establecido en el citado artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, y en atención a lo contenido en la Circular N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-200113 de fecha 10 de julio de 2001, emanada del Despacho del Fiscal General de la República, anteriormente
señalada”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:304 CMP N° DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-11-2001-13 10-07-2001 ACTOS CONCLUSIVOS COPIAS CERTIFICADAS DOCUMENTACION INVESTIGACION PRINCIPIO DE RESERVA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.348-349.

DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Fiscal General de la República /sin destinatario/ Ministerio Público MP FGR FECHA:2002

Si el denunciante no es parte en el proceso penal, no se puede configurar la causal de recusación prevista en el ordinal 4° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
Julián Isaías Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República. Visto el escrito suscrito por el ciudadano Roger Antonio Natera Ruiz, Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante el cual plantea su inhibición en la causa donde figura como denunciante la ciudadana Nancy López Salazar y como denunciados Juan Pallero y Milagros de Pallero, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida calificada, para resolver previamente se observa: Alega el representante del Ministerio Público como razones de hecho que sustentan su inhibición lo siguiente: ´...en fecha 23 de los corrientes, me encontraba en la Fiscalía y solicitó la ciudadana Nancy López, conversar con mi persona, trayendo como resultado que la denunciante manifestó dentro de la oficina y luego en la Secretaría, su inconformidad con mi persona, ello incomodó aún más la situación, originando
predisposición en mi persona, siendo que se deben conocer los casos sin ningún tipo de contaminación que afecte la imparcialidad, siendo lo correcto, INHIBIRME de seguir conociendo de la denuncia distribuida, ...´. Como razones de derecho que le asisten para plantear su inhibición, lo hace con fundamento en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece como causal de recusación, que lo es también de inhibición ´Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad´. Ahora bien, la inhibición en el proceso penal es un mecanismo concebido con la finalidad de permitirle a aquellos funcionarios públicos que se consideren incursos en alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, separarse del conocimiento de la causa, previa presentación de un escrito donde consten tanto las razones de hecho como las de derecho que le sirven de fundamento a su pretensión, todo esto acorde con las exigencias establecidas por el legislador en la Ley Orgánica del Ministerio Público; ello con la finalidad de evitar retardos en los procesos al presentarse inhibiciones o recusaciones sin basamento alguno, lo cual no se correspondería con la celeridad que se busca dentro del proceso penal. Tanto la inhibición como la recusación son mecanismos que tienden a asegurar la imparcialidad de los funcionarios públicos, y a su vez la imparcialidad constituye una garantía de los derechos como el debido proceso, el derecho a la defensa y también de la función jurisdiccional.

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Al
respecto -y haciendo referencia a la doctrina comparada-, específicamente al caso español, en donde la jurisprudencia se ha enriquecido con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se hace hincapié en la importancia que tienen las apariencias en materia de imparcialidad, por lo cual todo juez (extensible a funcionarios como por ejemplo, a los representantes fiscales), del que puede temerse ´legítimamente´ alguna alteración en su imparcialidad debe inhibirse de continuar conociendo de la causa, pues en caso contrario se atenta contra la confianza que los justiciables tienen en los órganos de administración de justicia y también en el Ministerio Público. De igual forma, es necesario tener en cuenta que este decisor ha sostenido de manera reiterada que tanto en las recusaciones como en las inhibiciones basadas en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, es imperativo exponer de manera clara aquellas circunstancias que pudieran considerarse como ´motivos graves´. De igual forma y específicamente en el caso de las inhibiciones de los fiscales del Ministerio Público, es preciso que éstos indiquen de qué manera los hechos que alegan afectan la imparcialidad y objetividad que se requiere de todo representante fiscal. En el presente caso, el representante fiscal inhibido señala haber tenido una conversación con la denunciante, manifestando ésta, posteriormente, inconformidad con su persona, siendo relevante destacar que dicha situación no se presentó con ninguna de las partes involucradas en la presente
causa o por lo menos no se desprende del escrito de inhibición presentado que sea esa la situación, y en este sentido se debe tener en cuenta lo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 291, el cual dispone lo siguiente: ´Responsabilidad. El denunciante no es parte en el proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, el que la comete será responsable conforme a la ley´. Al respecto, como bien señala la Dra. Magaly Vásquez, en su obra: ´Nuevo Derecho Procesal Penal venezolano´ (1999), ´...en el proceso penal pueden encontrarse dos categorías de sujetos: a) las partes, esto es, el acusador y el acusado, y b) el órgano llamado a resolver ese conflicto entre las partes...´. De igual forma, indica esta autora, que ´...aun cuando la noción de ‘parte’ denota interés en el resultado del proceso, ello no compromete la imparcialidad del Ministerio Público, pues éste como ‘parte de buena fe’ que tiene por misión la búsqueda de la verdad debe dirigir su acción a lograr la absolución del inocente y la condena del culpable (p.p. 54-55). Es por las razones expresadas anteriormente que las circunstancias de hecho expuestas por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, no pueden subsumirse en el presupuesto de derecho establecido en la norma de derecho invocada, debido a que la ciudadana Nancy López Salazar no figura como parte dentro del proceso. En consecuencia, este Despacho sobre la base de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
declara sin lugar la inhibición planteada por el ciudadano Roger Antonio Natera Ruiz, Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, por considerar que los hechos alegados no pueden subsumirse en la causal contemplada en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de que la denunciante no es parte en el proceso. Y ASÍ SE DECLARA”.

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Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:86-4 COPP art:86-8 COPP art:291 LOMP art:55 DESC DESC FUEN FUEN INHIBICION RECUSACION Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.353-355.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Memorandum Dirección de Consultoría Jurídica /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DCJ-12-1279-2002 DCJ FECHA:20020827

En materia de “delitos de lesa humanidad” rige en forma absoluta la regla de la obligatoriedad de la investigación y el juicio, cuando se materialicen los supuestos legales respectivos. El enjuiciamiento de los delitos de “lesa humanidad” corresponderá siempre a los tribunales ordinarios, excluyéndose así la posibilidad de que su conocimiento se le asigne a tribunales o a juzgados adhoc. En un sistema acusatorio como el venezolano, con la denuncia se abre la posibilidad del inicio de una investigación por un órgano distinto del que decidirá sobre la procedencia o no del enjuiciamiento. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo del ´memo rápido´ N° DFGR-0841-2002, de fecha 12 de agosto de 2002, mediante el cual remitió a esta Dirección copia
del oficio N° F-4 NNMA-326-2002, del 9 de agosto de 2002, suscrito por el Fiscal Cuarto de Defensa Ambiental a Nivel Nacional, ciudadano Danilo Baltasar Anderson. A través de dicha comunicación este funcionario remite a ese Despacho el oficio N° 1541-02, de fecha 2 de agosto del año en curso, suscrita por el ciudadano Miguel Ángel Lunas Salas, Juez Trigésimoseptimo de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien mediante oficio en referencia le informó al representante de la Institución antes nombrado que el 11 de julio del presente año admitió la denuncia interpuesta por los ciudadanos Juan Carlos Gutiérrez Ceballos, Orlando Colmenares Tabares y José Rafael Parra Saluzzo, por la presunta comisión de delitos catalogados como de ´Lesa Humanidad´. Además, el órgano jurisdiccional instó al mencionado fiscal del Ministerio Público con la finalidad de que se remitan a ese juzgado ´todas las investigaciones realizadas, con referencias a los hechos antes mencionados así como la individualización de los imputados incursos en ilícitos penales ya referidos´. El funcionario del Ministerio Público a quien está dirigido el requerimiento del juez de control mencionado, no expresa en modo alguno su parecer respecto a lo solicitado, sino que se limitó a remitir copia del oficio que le fue dirigido por el órgano jurisdiccional ´a los fines legales consiguientes´. Ahora bien, respecto al contenido de la solicitud del funcionario judicial, se observa que la misma es absolutamente inmotivada, por cuanto por una parte, no indica cuál es el
fundamento normativo de acuerdo con el cual se considera competente para instar al Ministerio Público para que le sean remitidas actuaciones de investigaciones dirigidas por la Institución y por la otra, si bien señala que se ha admitido una denuncia interpuesta por la presunta comisión de delitos de ´Lesa Humanidad´, no expresa en modo alguno cuáles son los tipos penales respectivos donde se enmarcarían los hechos correspondientes, que igualmente omitió mencionar y detallar. (…) Así entonces, es de destacar que las denuncias no son susceptibles de ser admitidas o no, sino que puede producirse o bien su desestimación, previa solicitud del Ministerio Público o, en caso contrario, dictarse la correspondiente orden de inicio de la investigación por el representante de la Institución que esté a cargo de la investigación (Artículos 301 y 302, en relación con el 300, todos del Código Orgánico Procesal Penal). 94

Apréciese también que no existe en la normativa procesal penal venezolana, ninguna disposición vigente que autorice a los jueces a recibir denuncias de la comisión de hechos punibles, y es comprensible que ella no exista en un sistema acusatorio como el imperante en el país, en el cual el rol de investigador-actor que corresponde al Ministerio Público, está claramente diferenciado de la función jurisdiccional, como principio garantizador de la imparcialidad del juzgador, al cual le queda vedada cualquier iniciativa que pueda comprometerla, como lo sería la intromisión directa en el desarrollo de la investigación. El sistema acusatorio venezolano
se apoya firmemente en el texto constitucional, por cuanto la Carta Magna es absolutamente clara al definir las atribuciones del Ministerio Público, en su artículo 285, entre las cuales es pertinente destacar la prevista en el numeral 3, a saber, la de ´Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración´. (…) Debe acotarse que en un sistema acusatorio como el venezolano, con la denuncia se abre la posibilidad del inicio de una investigación por un órgano distinto del que decidirá sobre la procedencia o no del enjuiciamiento, razón por la cual se ha previsto legalmente que sea recibida por el Ministerio Público, es decir, el propio órgano encargado de decidir sobre la apertura o no de la averiguación, o que se interponga ante órganos que, sin emitir pronunciamiento alguno sobre su apertura, deberán transmitirla a aquél, a fin de que resuelva lo pertinente. Diferente es el caso de la querella, pues con ésta el accionante realiza una imputación concreta contra una o varias personas, por lo cual sí procede que sea un juez quien determine si se admite o no, pero ni aún en este caso en el cual está legalmente prevista la intervención judicial, es permisible la revisión oficiosa de las actuaciones del Ministerio Público por parte del órgano jurisdiccional, pues
ello atentaría contra la independencia de la Institución en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, estima necesario esta Dirección comentar lo previsto en el artí culo 29 de la Carta Magna, norma que, aunque no ha sido invocada por el juez requirente, se refiere a las violaciones de derechos humanos y los delitos de ´Lesa Humanidad´, por lo cual será brevemente analizado en el marco de la presente opinión dada su estrecha relación con la solicitud estudiada. En este orden de ideas es preciso aclarar, que el mencionado artículo 29 del Texto Fundamental simplemente establece varios principios rectores en materia de enjuiciamiento de delitos de ´Lesa Humanidad´ y violaciones de Derechos Humanos. Uno de tales principios se refiere a la obligatoriedad de la investigación y del juicio como regla absoluta en este tipo de delitos cuando se materialicen los supuestos legales respectivos. Por ello, en la materia en referencia no son admisibles los medios alternativos de justicia, como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la conciliación, etc. Otro de los principios aludidos se relaciona con la competencia para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos y los delitos de ´Lesa Humanidad´, y consiste en que el enjuiciamiento de los hechos punibles respectivos corresponderá siempre a los tribunales ordinarios, excluyéndose así la posibilidad de que su conocimiento se le asigne a tribunales especiales o a juzgados ad-hoc. (…) Se aprecia asimismo que, para la correcta interpretación del artículo 29 de la Carta Magna, dicha norma
debe analizarse en concordancia con las demás disposiciones constitucionales, como, por ejemplo, el artículo 281, numeral 4, de la Constitución, según el cual una de las atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo es la de ´Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos´. Esta norma confirma las atribuciones que corresponden al Máximo Representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 285, numerales 3, 4 y 5, de la 95

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que implican la necesaria intervención del Ministerio Público como director de la investigación y titular de la acción penal pública, también en aquellos casos en los cuales se investigue la comisión de delitos de ´Lesa Humanidad´ o violaciones a los Derechos Humanos. Como ha quedado expuesto, la circunstancia de que la denuncia esté referida a delitos de lesa humanidad no implica un trámite especial, diferente al que debe seguirse para la investigación y castigo de otras especies delictivas, sino que para aquellos hechos punibles será competente de manera exclusiva la jurisdicción ordinaria, siendo inaplicables los medios alternativos al proceso penal, por lo cual se iniciará la investigación respectiva siempre que existan sospechas de su comisión, por parte del representante del Ministerio Público que deba conocer de la misma. En fin, se insiste, ninguna disposición
legal autoriza a los jueces de control a requerir la remisión de las actuaciones de las investigaciones que adelante el Ministerio Público sobre la presunta comisión de delitos de ´Lesa Humanidad´. Por el contrario, el artículo 532, párrafo segundo, del Código Orgánico Procesal Penal, establece que: ´El Juez de control, durante las fases preparatoria e intermedia, hará respetar las garantías procesales, decretará las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizará la audiencia preliminar, aprobará acuerdos reparatorios y aplicará el procedimiento por admisión de los hechos´. (…) En razón de lo que se ha expresado en el presente dictamen, estima este Despacho que satisfacer la solicitud formulada por el Juez Trigésimoseptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas, permitiría la materialización de una interferencia de dicho órgano jurisdiccional en las funciones del Ministerio Público, atentatoria contra la independencia de la Institución como órgano del Poder Público, en una de sus ramas, como lo es la del Poder Ciudadano, todo ello fuera del marco de competencias establecido constitucional y legalmente respecto al órgano judicial. Por tal motivo, en criterio de esta Dirección debe dársele respuesta al solicitante en sentido negativo, todo ello con el objeto de salvaguardar la independencia del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones. En tal sentido, le correspondería al fiscal a quien fue dirigida la solicitud emitir la respuesta correspondiente, para lo cual se sugiere que, en caso de que se comparta el criterio
aquí expuesto, el mismo le sirva de fundamento a tales fines. La negativa a la solicitud en referencia se justifica no sólo por la falta absoluta de motivación por parte del requirente, sino principalmente porque la misma es improcedente a la luz de la normativa procesal penal venezolana. Sin embargo, es preciso indicar que en caso de que el órgano jurisdiccional persista en su petición, ello significaría la existencia de una controversia constitucional entre órganos del Poder Público y en consecuencia, se haría necesaria la intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a la atribución que le confiere el artículo 336, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según corresponde a dicha Sala: ´Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público´. (…) Sin embargo, es preciso acotar al respecto, que como quiera que el mencionado tribunal ha informado sobre la existencia de denuncias acerca de la comisión de hechos punibles, no sólo debe negársele el pedimento efectuado sino que igualmente debe requerírsele la remisión de las denuncias correspondientes, para que a las mismas les sea dado el trámite legal correspondiente y eventualmente, de ser el caso, se produzca su acumulación con otros procedimientos que hayan podido haberse iniciado por el Ministerio Público”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:29 CRBV art:281-4 CRBV art:285-3 CRBV art:285-4
96

CRBV CRBV COPP COPP COPP COPP DESC DESC DESC
DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

art:285-5 art:336-9 art:300 art:301 art:302 art:532-prf.s ACCION PENAL ACUSACION COMPETENCIA JUDICIAL DEFENSORIA DEL PUEBLO DELITOS DE LESA HUMANIDAD DELITOS INTERNACIONALES DENUNCIA DERECHOS HUMANOS INVESTIGACION JUECES JUICIO MINISTERIO PUBLICO MOTIVO (DERECHO) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.355-358.

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025
TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección en lo Constitucional Administrativo /sin destinatario/ Ministerio Público MP y Contencioso DCCA

Recurso de interpretación del artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“De conformidad con lo previsto en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la interpretación acerca del alcance y contenido del artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los artículos 24 y 25 ejusdem, los fines de determinar si en los casos de delitos de acción privada cometidos por altos funcionarios del Estado, perseguibles a instancia de la parte agraviada, se requiere la querella del Fiscal General de la República como paso previo para el inicio del enjuiciamiento. Dicho recurso fue presentado ante la Sala de Casación Penal en fecha 31 de enero de 2002, y le fue asignado el expediente número 2002-043. Asimismo, se
comisionó a la Fiscal Cuarto ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines que solicitara celeridad procesal en la referida causa. Aún no se ha producido decisión en el caso”.

FECHA:2002

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:24 COPP art:25 COPP art:266 COPP art:377 LOCSJ art:42 ACCION PRIVADA CELERIDAD PROCESAL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL FUNCIONARIOS PUBLICOS QUERELLA RECURSO DE INTERPRETACION TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.362-363.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

98

026
TDOC REMI DEST UBIC TITL /Oficio/ Dirección en lo Constitucional Administrativo /sin destinatario/ Ministerio Público MP y Contencioso DCCA

Solicitud de revisión extraordinaria intentada en fecha 10 de julio de 2002, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la decisión dictada por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, Tribunal de Juicio, en fecha 17-11-2000, en la cual se condena a Pedro José Porras Rincón Sargento Técnico de Tercera (EJ), por delitos penados y tipificados en el Código Penal, a decir apropiación indebida calificada en grado de tentativa y homicidio culposo, artículos 470 en relación con el 423 y 411, respectivamente. FRAGMENTO
“La solicitud de revisión, tuvo su origen en la decisión dictada en fecha 3 de noviembre de 2000, por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, actuando como Tribunal de Juicio, en la cual sentencia al Sargento Técnico de Tercera (Ej) Pedro José
Porras Rincón, ´...a cumplir la pena de cuatro (4) años y un (1) mes de prisión, por el delito común de apropiación indebida calificada en grado de tentativa, previsto y sancionada en el artículo 470 del Código Penal Venezolano, en relación con el artículo 23 ejusdem, y homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano Jesús David Dávila Altuve, hecho este ocurrido en fecha 29 de Julio del presente año en la ciudad de Mérida, más las accesorias de ley correspondientes, contempladas en el artículo 407 ordinales 1,2 y 3 del Código Orgánico de Justicia Militar, en el establecimiento que a tal efecto designe el Tribunal de Ejecución. En relación a la pistola marca Brownings, calibre 9 mm. Serial Nº 21379, perteneciente a la Fuerza Armada Nacional se acuerda su entrega al Servicio de Armamento del Ejercito...´ En el caso concreto, las reglas del debido proceso fueron vulneradas por el pronunciamiento judicial, emitido por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, actuando como Tribunal de Juicio, en el cual sentenció al Sargento Técnico de Tercera (Ej) Pedro José Porras Rincón, por delitos comunes, contemplados en el Código Penal vigente, aplicados supletoriamente por mandato expreso del artículo 20 del Código Orgánico de Justicia Militar. El Ministerio Público observa que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 7, expresa de manera imperativa e inequívoca la necesidad que tiene toda persona de ser juzgada por sus jueces naturales, sin distinción de clase, raza, religión,
creencias políticas, este principio de juez natural, planteado desde hace varios años por las ciencias que desarrollan el derecho procesal, consiste esencialmente en la garantía que posee un ciudadano venezolano o no, de ser juzgado por un Tribunal competente, establecido por una ley previa y con jueces independientes e imparciales en la función de administrar justicia. Esta norma siguiendo las pautas del principio no admite excepción alguna. En consecuencia, en la decisión recurrida, tenemos que este principio se quebrantó toda vez que los hechos por los cuales fue sentenciado el Sargento Técnico de Tercera (Ej) Pedro José Porras Rincón, son delitos comunes que no se encuentran vinculados con la condición de quien los comete (militar o civil), sino que al estar contemplados en el Código Penal venezolano, es indicativo de manera clara y precisa, que el Tribunal que debió conocer de la causa y del proceso oral y público, era uno perteneciente a la jurisdicción ordinaria, es decir al Tribunal de Primera Instancia en lo Penal con funciones de juicio y no por el Consejo de Guerra Permanente de San 99

FECHA:2002

Cristóbal, actuando como Tribunal de Juicio. En el presente caso, no se cumplió con el principio procesal del juez natural, violentándose de esta manera el derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado por un juez natural, cuando se trate de cualquier delito, sea de jurisdicción especial u ordinaria. La interpretación contra legem, asumida por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, trajo como consecuencia una infracción
de principios constitucionales relativos al debido proceso como derecho y al proceso como instrumento fundamental de la justicia, conforme lo previsto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, ya que le impidió al sentenciado de autos la aplicación de una justicia imparcial y sujeta a las formalidades que exige la ley procesal penal vigente. Por otra parte, advierte el Ministerio Público que se está en presencia de un error judicial como hipótesis que genera violación del derecho a la defensa y al debido proceso, cuyo supuesto se encuentra previsto en el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que genera para el Estado la obligación de restablecer o reparar la situación jurídico infringida ocasionada por la falla cometida con motivo del funcionamiento anormal del sistema de justicia. Constituyen elementos propios de la anormalidad en el funcionamiento de la administración de justicia, la errónea apreciación de los hechos, el mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la utilización o interpretación errada de dispositivos legales. Ahora bien, estas deficiencias en la función judicial, podrán generar responsabilidad del EstadoJuez, cuando sean determinantes para el fallo. Por otra parte, es necesario expresar que en diferentes sentencias, el Máximo Tribunal de la República, ha considerado que la justicia militar solo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como
para la fecha de su juzgamiento; así como es claro, en indicar que los hechos perpetrados deben estar seguidos por funciones militares, o en actos de servicio, o en comisión o en ocasión de ella. Es reiterado el criterio del Tribunal Supremo, que el ordinal 3º del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, tiene carácter de excepción con respecto a la jurisdicción ordinaria, y de allí, que deba ser interpretado y aplicado restrictivamente, tanto por lo que respecta al concepto de establecimiento militar, como, especialmente, por lo que toca a las funciones militares, actos de servicio y comisiones. De tal forma que, la procedencia de la aplicación del fuero castrense, está supeditada a la concurrencia de alguna de las circunstancias especificadas en la citada disposición. Si bien es cierto que en la sentencia impugnada, se establecen claramente los hechos y las pruebas que incriminan al ciudadano Pedro Jose Porras Rincón, como la persona que fue comisionado por el Comando del 205 Batallón de Ingenieros de Combate “C/A José Maria García, con sede en Torondoy Estado Táchira, para transportar y entregar en el Galpón del Servicio de Armamento Región Los Andes, la cantidad de seis (6 ½) sacos y medio de vainas vacías de diferentes calibres; también es cierto que el militar cumplió con su misión y que al llegar al sitio de entrega no se encontraba el encargado del galpón del Centro de Recolección de vainas vacías; es posteriormente ya encontrándose en su unidad, que ordena al Cabo Primero (Ej) Jaime Rodríguez Guerrero que los traslade a otro
lugar para dejar tres (3 1/2) sacos y medio de vainas vacías, quiere decir, que cuando se perpetró el delito de apropiación indebida calificada en grado de tentativa, no se cumplió ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 123 ordinal 3° del Código Orgánico de Justicia Militar. Igual situación ocurrió con el delito de homicidio culposo, por cuanto se desprende de la sentencia hoy recurrida, que el efectivo militar ocasionó la muerte del adolescente por negligencia e imprudencia, cuando este se baja del vehículo que tripulaba y se le escapa un disparo, que penetra en el organismo del hoy occiso, sin que mediara algún procedimiento que permitiera utilizar el arma que el efectivo portaba. Por tanto, es evidente que el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, actuando como Tribunal de Juicio, al emitir esta sentencia condenatoria en contra del Sargento Técnico de Tercera (Ej) Pedro José Porras Rincón, inobservó los principios procesales relativos al debido proceso y el de juez natural, tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia el Ministerio Público solicita la revisión y anulación de la decisión emanada en fecha 17 de Noviembre de 2000, por el Consejo de Guerra Permanente de San 100

Cristóbal, en funciones de Juicio, la cual condenó al Sargento Técnico de Tercera (Ej) Pedro José Porras Rincón, por ser violatoria del debido proceso y al juez natural, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.. Dicha acción fue presentada en fecha 10 de julio de 2002 ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y le fue asignado el expediente número 01681. Asimismo, se comisionó al Fiscal Segundo del Ministerio Público ante las salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que solicitara celeridad procesal en la admisión. Aún no se ha producido decisión en el caso”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:49 CRBV art:257 CP art:411 CP art:423 CP art:470 COPP art:7 COJM art:20 COJM art:123-3 COJM art:407-1 COJM art:407-2 COJM art:407-3 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ADOLESCENTES APROPIACION INDEBIDA COMPETENCIA JUDICIAL CONSEJOS DE GUERRA DERECHO DE DEFENSA DERECHO MILITAR HOMICIDIO MILITARES PROCESOS (DERECHO) SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.363-364.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección en lo Constitucional Administrativo /sin destinatario/ Ministerio Público MP y Contencioso DCCA

Recurso de interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. FRAGMENTO
“Dicho recurso se vincula concretamente, a las decisiones del Juez Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area metropolitana de Caracas en Funciones de Control, notificadas al Ministerio Público, mediante las cuales se hace del conocimiento del Ministerio Público que ese órgano jurisdiccional admitió en fecha 11 de julio de 2002 una denuncia incoada por la presunta comisión de delitos catalogados como
de ´lesa humanidad´, con ocasión de los hechos acontecidos en la ciudad de Caracas durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002 y se le requirió al Ministerio Público que remita a ese Juzgado ´…todas las investigaciones realizadas, con referencia a los hechos antes mencionados así como la individualización de los imputados incursos en ilícitos penales ya referidos…´. Con relación a la duda sobre la normativa objeto de interpretación, considera el Ministerio Público que el precitado hecho, demuestra que el citado Juez Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en Funciones de Control, interpreta que el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, implica el deber que él tiene como juez, de proceder al enjuiciamiento de los presuntos indiciados en la comisión de delitos contra los derechos humanos, más específicamente, de delitos de lesa humanidad, con prescindencia de la acusación del Ministerio Público e incluso de oficio, vale decir, que el Constituyente consagró para esos supuestos, una regresión al sistema inquisitivo y una derogación del sistema acusatorio; es por ello que el referido Juez admite la denuncia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y pretende que el Ministerio Público le proporcione todas las investigaciones, así como también, la individualización de los imputados incursos en tales delitos. No obstante, como se expondrá posteriormente, el Ministerio Público no comparte la referida interpretación, por considerarla
inconstitucional, por no guardar congruencia con la Constitución de la República como un todo, es decir, que debe ser interpretada integralmente, de manera acorde con los principios que la sustentan. Con referencia a la normativa constitucional objeto de interpretación, el Ministerio Público hace un análisis de lo dispuesto en los artículos 29 y 285 de la Carta Magna, solicitando una interpretación de la situación de ambigüedad que surge del contenido de ambas disposiciones, con la finalidad de que las mismas se interpreten de forma congruente con la Constitución y sus principios, considerando que la interpretación del artículo 29 del Texto Fundamental debe realizarse con la finalidad de determinar si el mismo constituye o no una excepción a las competencias del Ministerio Público establecidas en el artículo 285 de la Carta Magna, así como también, en los artículos 1, 11, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13, y 21, todos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y del artículo 108, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, considera que dicho artículo amerita ser interpretado respecto a la expresión ´tribunales ordinarios´ y también en cuanto al resto del contenido, a fin de que pueda aplicarse de manera congruente con la Constitución de la República y los principios que la sustentan. Todo ello permitiría determinar si la actuación del Juez de Control, ha sido o no dictada fuera de su competencia. 102

FECHA:2002

Con respecto a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos contra
los derechos humanos, y más concretamente, de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el Ministerio Público observa que tal obligación prevista en el artículo 29 de la Carta Magna, no debe implicar ni autorizar la subversión de sus competencias, previstas en el artículo 285 de la Constitución de la República, ni la subversión del ordenamiento procesal penal consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que considera que la pretensión de excluir de una acción fundamentada en el referido artículo, e incluso proceder a investigar y verificar la comisión de los delitos contra los derechos humanos, sin su concurso o participación, implicaría una usurpación de funciones y un desconocimiento de sus competencias y de los principios del sistema acusatorio. Asimismo, destaca que el Juez Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas en Funciones de Control, incurrió en incompetencia al admitir en fecha 11 de julio de 2002, la denuncia incoada por la presunta comisión de delitos de ´lesa humanidad´, en razón de lo dispuesto en los artículos 300 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal. A juicio del Ministerio Público, los poderes del juez no pueden exceder los límites establecidos en la Constitución y la ley, de allí que considera que resulta inconstitucional e ilegítimo imponer órdenes al Ministerio Público y menoscabar sus competencias, con fundamento en lo establecido en el artículo 29 de la Constitución. Por otra parte, con respecto a la interpretación de la expresión
´tribunales ordinarios´, prevista en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expone el Ministerio Público que es evidente que la intención del constituyente fue la de evitar tribunales militares o de excepción para averiguar los delitos señalados en el mencionado artículo 29, toda vez que su intención es que no se sustraiga el juez natural. En este sentido, las violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad no podrían nunca ser investigados o juzgados por ante una jurisdicción distinta a la ordinaria, tal como se desprende del artículo 261 de la Carta Magna. Adicionalmente, en el punto referente a la interpretación integral de la Constitución, al Ministerio Público llama la atención la excesiva carga literal que acompaña la interpretación que el referido Juez de Control le está dando al artículo 29 de la Constitución, cuando expone que puede asumir las potestades de investigación del Ministerio Público y prescindir de la acción penal que le corresponde a éste, a fin de ordenar y dirigir la investigación penal, considerando el Ministerio Público que se trata de una interpretación aislada del Texto Fundamental, y no una interpretación que entiende a la Constitución como un todo, de manera que, la Constitución debe ser interpretada como una unidad y dicha interpretación no puede significar en modo alguno un menoscabo de las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas, conforme a lo establecido en el artículo 285 de la Constitución de la República. En definitiva, para el Ministerio Público
los delitos de lesa humanidad, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional en la actuación del derecho penal, deben ser conocidos por tribunales penales pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y a través del proceso acusatorio diseñado por la Constitución. En consecuencia, la interpretación del Juez Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas en Funciones de Control, conforme al cual le correspondía a ese juzgado, dirigir la investigación de hechos que presuntamente constituyen delitos de lesa humanidad es, a juicio del Ministerio Público, inconstitucional y sus decisiones violan el debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República, toda vez que violan el derecho al juez natural. Asimismo, las decisiones del referido Juez de Control representan una violación del principio de la legalidad, toda vez que los órganos del Poder Público sólo pueden actuar con fundamento en una competencia que le ha sido atribuida por la Constitución y la ley y en el presente caso, dichas decisiones no están fundamentadas en alguna norma atributiva de competencia. Como corolario de lo precedentemente expuesto, el Ministerio Público solicita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse acerca de las 103

siguientes interrogantes que surgen de la normativa constitucional cuya interpretación se solicita: 1. ¿Puede un tribunal ordinario actuar oficiosamente, sin mediar acusación o querella, por parte del titular de la acción penal, con relación
a la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad?, 2. ¿Puede un tribunal ordinario proceder a investigar y verificar la comisión de estos delitos sin el concurso o participación del Ministerio Público?, 3. ¿Puede un tribunal ordinario admitir una denuncia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, e instar al ministerio Público a remitirle las investigaciones realizadas, así como la individualización de los imputados incursos en los ilícitos penales descritos?, 4. ¿Cuál es el sentido que debe atribuirse a la expresión tribunales ordinarios?, 5. ¿Cuál es la interpretación que debe darse al artículo 29 de la Constitución de la República?. Para finalizar, el Ministerio Público solicita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dicte una medida cautelar innominada a fin de que se ordene al Juez Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas en Funciones de Control, lo siguiente: 1. Abstenerse de realizar, hasta tanto se resuelva el presente recurso de interpretación, cualquier actuación relacionada con la denuncia incoada por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, por cuanto las mismas implicarían la ejecución de actos que menoscaban las competencias constitucionales que tiene el Ministerio Público, 2. Abstenerse de requerirle al Ministerio Público que remita a ese Juzgado todas las investigaciones realizadas, con referencia a los hechos antes mencionados, así como a la individualización de los imputados incursos en los ilícitos penales ya referidos.
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el Ministerio Público solicita al Máximo Tribunal que el presente recurso de interpretación sea admitido y que en la sentencia definitiva la Sala fije la interpretación, sentido y alcance del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos expuestos en su escrito y en armonía como las competencias constitucionales del Ministerio Público. Decisión: En fecha 9 de diciembre de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el presente recurso de interpretación, considerando que no puede un tribunal penal ordinario conocer ex oficio en los casos de denuncia o acusación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, previstos en el artículo 29 de la Constitución de la República, sino que debe existir una acusación o querella por parte del Ministerio Público o por parte de la víctima. Igualmente, la Sala consideró que la investigación, instrucción y comprobación de los hechos denunciados por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad, corresponde al Ministerio Público y que cuando la Constitución se refiere a la expresión ´tribunales ordinarios´, la misma involucra tanto a los tribunales ordinarios propiamente dichos, como a los tribunales especiales. De esta manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acoge la interpretación que el Fiscal General de la República le dio al artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Disposiciones legales contenidas
en el documento: CRBV art:29 CRBV art:49 CRBV art:261 CRBV art:285 LOMP art:1 LOMP art:11-1 LOMP art:11-2 LOMP art:11-3 LOMP art:11-4 LOMP art:11-5 LOMP art:11-6
104

LOMP LOMP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP COPP DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

art:11-13 art:11-21 art:108-1 art:108-2 art:108-3 art:108-4 art:108-5 art:108-6 art:108-7 art:108-11 art:108-12 art:108-14 art:108-18 art:300 art:301 ACCION PENAL COMPETENCIA JUDICIAL DELITOS DE LESA HUMANIDAD DERECHOS HUMANOS FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA GOLPE DE ESTADO INVESTIGACION LEGALIDAD MANIFESTACIONES MINISTERIO PUBLICO PROCESOS (DERECHO) RECURSO DE INTERPRETACION Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.365-367.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección en lo Constitucional Administrativo /sin destinatario/ Ministerio Público MP y Contencioso DCCA

Observaciones realizadas por la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo del Ministerio Publico al Proyecto de Constitución del Estado Yaracuy y del Estado Mérida. FRAGMENTO
“Luego de haber efectuado los estudios correspondiente a los proyectos constitucionales, se apreciaron algunas normas que contienen vicios de inconstitucionalidad y/o de ilegalidad, así como otras que comportan defectos en su redacción o contenido; los señalamientos realizados a las normas de los citados proyectos en cuanto al fondo, fue sobre los siguientes aspectos: división, organización y funcionamiento de los Poderes Públicos Estadales,
ello por cuanto en el proyecto de Constitución del Estado Yaracuy se observó la inclusión de la figura del Defensor de los Habitantes del Estado dentro del Poder Ciudadano Estadal, siendo este materia de la reserva legal del Poder Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Asimismo, se efectuaron consideraciones a aquellas normas referidas a las atribuciones y potestades del Poder Ejecutivo Estadal, los requisitos para su elección y lo concerniente a las faltas de los gobernadores; igualmente se realizaron apreciaciones sobre la competencia de los Consejos Legislativos para tomar la iniciativa, redactar y promulgar normas estadales, precisándoles la preeminencia jerárquica de las leyes nacionales, atribuciones para celebrar contratos administrativos de interés público regional, emitir autorización al Gobernador para ausentarse del espacio geográfico del Estado; se indicó que para que los instrumentos legales aprobados, sean considerados obligatorios y vigentes, deben ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Publicaciones; adicionalmente se realizaron consideraciones en cuanto a la creación y regulación de los Distritos Metropolitanos, indicándoles que es competencia exclusiva del Poder Publico Nacional a través de la ley orgánica que al efecto dicte la Asamblea Nacional, corresponde pues, al Poder Estadal sólo la organización y definición de los límites territoriales de los Distritos Metropolitanos, además se debe resaltar
que lo atinente a los estados de excepción en sus diferentes formas, estado de alarma, de emergencia, de conmoción exterior, se encuentra regulados en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución Nacional, específicamente el artículo 337 señala que el competente para dictar dicho estados de excepción es el Presidente de la República en Consejo de Ministros; competencia ésta exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional; y por último es importante destacar que la titularidad y dirección de la acción penal corresponde a la República, la cual se concreta a través del Ministerio Público por mandato del artículo 285, numeral 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 11 y 108 del
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FECHA:2002

Código Orgánico Procesal Penal y artículo 11 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándose el representante del Ministerio Público obligado a promover lo conducente e intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de las funcionarias o funcionarios públicos al servicio de la nación, por tanto se sugiere eliminar el numeral, ya que tal atribución corresponde únicamente al Ministerio Público, de subrogarse tal competencia los Gobernadores de los Estados estarían incurso en el delito de usurpación de funciones”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:337 CRBV art:338 CRBV art:339 CRBV art:285-3 CRBV art:285-5 COPP art:11 COPP art:108 LOMP art:11-4 LOMP art:11-5 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC
DESC DESC FUEN FUEN CONSEJOS LEGISLATIVOS CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO DISTRITOS METROPOLITANOS ESTADO DE EXCEPCION GOBERNADORES MINISTERIO PUBLICO USURPACION DE AUTORIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.384.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-147-2002 DRD FECHA:20020429

El escrito de acusación debe necesariamente contener las normas legales que facultan al fiscal del Ministerio Público, para formularla en el caso concreto. FRAGMENTO
“El escrito contentivo de la acusación está encabezado únicamente con los datos que identifican a la representante del Ministerio Público, obviando señalar la base legal de actuación que la faculta para dictar tal acto. En este sentido, se le indica que el fiscal del Ministerio Público, debe iniciar todo escrito acusatorio, identificándose plenamente, señalando el carácter con que actúa, seguido de la indicación expresa de las disposiciones contenidas en los artículos 285 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 34 ordinal 3° y 11° de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, de las cuales dimana su facultad de ejercer la acción penal. La importancia que tiene la indicación de tales normas jurídicas, radica en la expresión de apoyo legal que lo autoriza para ejercer la acción penal, mediante la acusación presentada. Por consiguiente, todo escrito emanado de un fiscal del Ministerio Público contentivo
de una determinada opinión jurídica, debe estar debidamente encabezado, a través del señalamiento de las normas jurídicas que lo facultan para actuar de una u otra forma, para tomar una decisión capaz de producir efectos jurídicos dentro del proceso penal, de modo que es necesario que señale el fundamento legal pertinente que le da la competencia para proceder en el caso específico. La base legal de actuación, no es más que el ámbito dentro del cual puede y debe actuar el fiscal del Ministerio Público, siendo que la competencia no sólo concede la facultad de actuar, sino que también constituye una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el Fiscal. Uno de los requisitos de la competencia, es que debe estar expresamente prevista en la Constitución, en la Ley y demás fuentes de legalidad, o derivarse de alguno de los principios generales de Derecho Público...”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:285-4 LOMP art:34-3 LOMP art:34-11 COPP art:108-4 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACUSACION ESCRITO DE ACUSACION FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.389.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisió y Doctrina n /sin destintario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-68-2002 DRD FECHA:20020228

Es imprescindible que el fiscal del Ministerio Público señale la necesidad y pertinencia de los medios probatorios ofrecidos en el escrito de acusación. FRAGMENTO
“Por último, en torno a los medios de prueba ofrecidos, se observa que el Fiscal (...)
del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar limitó su actuación a la sola enumeración y clasificación de los mismos, sin indicar su necesidad y pertinencia, omitiendo cuál es el hecho o hechos que se propone probar con cada medio de prueba ofrecido. Si bien es cierto que al representante del Ministerio Público no se le debe exigir la transcripción exacta de lo expuesto por los testigos o los expertos, ni en qué consistió por ejemplo, la actuación de los médicos forenses y cuáles fueron sus conclusiones, si debe señalar el hecho que se propone probar con cada uno de los medios probatorios ofrecidos”. Al respecto el profesor Jesús Eduardo Cabrera Romero ha señalado lo siguiente: “Si tomamos en cuenta (...) que el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal para los testigos expresa con motivo de su examen, que el Juez Presidente les concederá la palabra ‘para que indiquen lo que saben acerca del hecho propuesto como objeto de prueba’, debemos concurrir que el hecho que se pretende probar con cada medio ofrecido, se debe señalar en el escrito de pruebas” (escrito a su vez de acusación). Cabrera Romero, Jesús Eduardo, Algunas apuntaciones sobre el sistema probatorio del Código Orgánico Procesal Penal en la fase preparatoria y en la intermedia, en Revista de Derecho Probatorio N° 11, Ediciones Homero 1999, p. 254. En igual sentido ha expresado Rose Marie España Villadams, lo siguiente: “Este ofrecimiento de pruebas por parte del acusado, no se debe concretar al mero señalamiento de las mismas, sino que tiene que expresarse
en el escrito de acusación, la pertinencia y necesidad de su práctica; pues, de acuerdo al artículo 333 ejusdem, el Juez de Control al momento de admitir total o parcialmente la acusación interpuesta, debe pronunciarse sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida y para ello, las partes deben señalarle el porque de las mismas”. (Los Actos Conclusivos de la Investigación, en la Vigencia Plena del Nuevo Sistema. Segundas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello, 1999, p. 206). En virtud de lo antes expuesto, es importante acotar lo que al respecto ha establecido la doctrina institucional:

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“Requisitos formales fundamentales que debe contener el escrito de acusación, artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal:/(...)/4.La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. /5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaron en el juicio...” (Oficio N° DRD-646009 de fecha 02-11-99, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1999, Tomo II, p.69 y siguientes). Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:329 COPP art:333 COPP art:357 OMP N° DRD-646009 02-11-1999 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS ACUSACION ESCRITO DE ACUSACION FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO PRUEBA PRUEBA PERICIAL TESTIGOS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.389-390.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-104-2002 DRD FECHA:20020325

La omisión acerca de
la identificación del defensor, resulta violatoria de derechos fundamentales. FRAGMENTO
“Establecía el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal (ahora 326), que una vez concluida la investigación, si la misma aportaba fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, al representante del Ministerio Público le correspondía presentar el respectivo escrito de acusación, el cual debía contener: ´...1ro. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor...´. En el citado escrito de acusación, en el capítulo concerniente a los Hechos, señaló la representante del Ministerio Público lo siguiente: ´...verificada la existencia de las talas no autorizadas...se procedió a notificar a los ciudadanos S.A.C.Q, J.L.P, al ciudadano H.E.F.B.. para que comparecieran por ante la Fiscalía ... del Ministerio Público...a los fines de imputarles la responsabilidad de los hechos narrados e imponerles del expediente contentivo de los elementos de convicción obtenidos...solo (sic) asistió el ciudadano J.L.P, quien manifestó carecer de recursos económicos para sufragar gastos de honorarios de un abogado particular. Por esta razón y en vista de la renuencia de comparecer al llamado de la Fiscalía de los otros, se requiere la designación de un Defensor Público para cada uno de los imputados ...´. De lo antes transcrito se puede evidenciar, que iniciada como fuera la investigación, concluida la misma e interpuesto ante el órgano jurisdiccional competente el acto conclusivo correspondiente, en este caso, el escrito
de acusación, es cuando la representante del Ministerio Público le solicita al órgano jurisdiccional la designación de defensores públicos para cada uno de los imputados. Tal práctica resulta a todas luces, contraria a derechos fundamentales tales como, el debido proceso, y el derecho a la defensa, previstos no sólo en los Tratados o Convenios internacionales suscritos por la República, sino también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los imputados tienen derecho durante la fase preparatoria o desde el primer acto de la investigación, a ser informados de las resultas de ésta. Es así como en el ejercicio de un derecho legítimo, pueden por ejemplo, ejercitar actividades que demuestren la existencia de un auténtico contradictorio, y en consecuencia la realización de un juicio con equilibrio procesal en razón de la igualdad, tienen derecho a ser impuestos del precepto constitucional, incluso, solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias destinadas a desvirtuar la imputación fiscal, y más que un derecho, el imputado tiene el deber de estar presente en los actos de indagación, pues de lo contrario podría verse perjudicado el desarrollo de su defensa. Por ello, al reconocerse la
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condición de imputado con cualquiera de los actos de indagación, pasando por la situación de acusado hasta la figura del condenado, siempre debe existir una defensa, ya que de lo contrario, no tendrá el imputado ninguna posibilidad de ejercer algunos o todos los derechos antes
mencionados, entre otros. Es de vital importancia entender que la acusación constituye un presupuesto de que el imputado ha ejercido el derecho a la defensa durante la fase de investigación, concebir lo contrario sería presumir, con bastante certeza que todo lo actuado hasta ese momento es susceptible de ser declarado nulo en su totalidad. En este orden de ideas, en sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en fecha 14 de febrero del año 2002, se estableció lo siguiente: ´...Los hoy accionistas solicitaron la nulidad de la acusación en base a que los imputados se les había impedido conocer los actos procesales en la fase de investigación. Tal alegato –de ser cierto- produciría indefensión en los procesados...una petición de inconstitucionalidad atinente a la acusación fundada en la indefensión de los imputados por haberle el Ministerio Público negado el acceso a la investigación, se convierte, a juicio de esta Sala, en el incumplimiento de un requisito de procedibilidad de la acción, ya que ésta –diferente de la acusación- pero incoada mediante ella, no debería proceder si se basa en actividades inconstitucionales de quien la ejerce…´”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:326 COPPR art:329 STSJSCO 14-02-2002 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACUSACION DEFENSORES DEFENSORIA PUBLICA DERECHO DE DEFENSA IDENTIFICACION INVESTIGACION PROCESOS (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.390-391.

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TDOC
REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-147-2002 DRD FECHA:20020429

Cuando el fiscal del Ministerio Público señale como aplicable una disposición legal que contiene varios supuestos, está obligado a indicar el supuesto aplicable al caso concreto, de conformidad con los hechos explanados. FRAGMENTO
“En lo relativo al cuarto requisito, o sea la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, la representante del Ministerio Público expuso: ´Los hechos imputados por esta representación fiscal, constituyen el delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas...´. Y a continuación hace una transcripción del artículo en comento. El artículo transcrito por la representante del Ministerio Público en su escrito acusatorio, en el capítulo referido al precepto jurídico aplicable, contempla diversas conductas: Transferir capitales o beneficios, mediante participación o coparticipación directa o indirecta, en el tráfico de drogas. Ocultar o encubrir el origen o la ubicación de los fondos, a sabiendas de que provienen del tráfico de drogas. Convertir haberes, mediante dinero, títulos, acciones, valores, derechos o bienes, que hubiesen sido adquiridos producto del tráfico de drogas. Participar de alguna manera o controlar, recibir, custodiar o administrar haberes, valores o diversos bienes o productos provenientes del tráfico de drogas. Salta a la vista, que el delito atribuido al imputado,
ciudadano O.S.P, este es, legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contempla varias y diferentes conductas típicas, de tal manera, que una de las características del ilícito lo constituyen una serie de conductas consistentes en la realización de actos o hechos adecuados para provocar la lesión del bien jurídico protegido, es decir, la prohibición de hechos o actos adecuados objetivamente para transferir o convertir los bienes de delitos específicos (tráfico de drogas y otros), lo cual implica que la representante del Ministerio Público, debió indicar en su escrito acusatorio a cual de ellas se refería, esto a los fines de no generar dudas en torno al criterio esgrimido, y así evitar crear escollos en el correcto ejercicio del derecho a la defensa, por parte del imputado o su defensor; dentro de este contexto se ha pronunciado y ha establecido la doctrina de la Institución lo siguiente: ´Cuando en una disposición legal se establecen varias penas, debe el fiscal señalar en su escrito de cargos, cuál es la que considera aplicable al caso´ ´Diferentes supuestos delictivos previstos en el artículo 240 del Código Penal (Simulación de hecho punible)...´ (Oficio N°: DRP-17958 de fecha 28-5-92 en
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Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1992, Tomo II, pp. 410, 411 y 412). ´El representante del Ministerio Público al formular cargo contra el encausado, por el delito de homicidio calificado, tipificado y penado en el artículo 408, ordinal
1° del Código Penal, debe especificar la calificante aplicable al caso...´ (Oficio N°: DRD-1421246, de fecha 2-6-98, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1998, Tomo II, pp.50 y 51). Y en doctrina más reciente se ha señalado, por ejemplo en el delito de estafa: ´El representante del Ministerio Público, al formular cargos por el delito de estafa, debe encuadrar la conducta ilícita del procesado, en la correspondiente modalidad, de las contempladas en el artículo 464 del Código Penal ...´ (Oficio N°:DRD-15-5606 de fecha 18-2-97, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1997, Tomo II, pp. 95 y 96). El criterio expresado en cuanto a la necesidad de especificar a cuál de los supuestos contenidos en la norma se refiere el representante del Ministerio Público, debe tenerse siempre presente cada vez que se invoque la aplicación de una norma cuyo contenido contenga más de una hipótesis. De tal forma, se considera que la sola mención de la norma que tipifica determinado hecho punible, resulta insuficiente cuando ésta contempla más de una hipótesis, resultando en consecuencia dicha calificación jurídica imprecisa, creando incertidumbre en cuanto a cuál fue el criterio sustentado por el representante del Ministerio Público en el escrito de acusación, en lo relativo a la calificación jurídica dada a los hechos. Además, se observa que esta forma de referirse al cuarto requisito señalado en el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal resulta deficiente. Si bien este requerimiento exige una correcta adecuación de los hechos
con la norma jurídica que tipifica la conducta desplegada por el imputado, no es menos cierto que en el caso aquí analizado, no se cumple con el todo de su exigencia, pues la representante del Ministerio Público, tan solo se concretó a mencionar el delito atribuible en forma global a O.S.P, sin antes establecer los hechos, para así llegar a determinar correctamente la conducta ilícita en que incurrió el imputado, y de esta manera adecuarla en la correspondiente disposición legal contenida en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, omitió expresar las razones de derecho que motivaron su escrito acusatorio”. Disposiciones legales contenidas en el documento: LOSEP art:37 CP art:240 CP art:408-1 CP art:464 COPP art:329 OMP N° DRP-17958 28-05-1992

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OMP OMP

N° DRD-15-5606 18-02-1997 N° DRD-1421246 02-06-1998 ACUSACION CALIFICACION JURIDICA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO DROGAS ESTAFA FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO HOMICIDIO LEGITIMACION DE CAPITALES SIMULACION DE HECHO PUNIBLE Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.391-392.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-147-2002 DRD FECHA:20020429

No puede el fiscal del Ministerio Público, motivar la calificación de los hechos atribuidos en la acusación, basándose en la falta de pruebas por parte del imputado, por cuanto ello atenta contra la presunción de inocencia. La carga de la actividad
acusatoria pesa sobre el Ministerio Público y no sobre el imputado. FRAGMENTO
“En referencia a éste mismo punto en análisis, se observa que para calificar jurídicamente los hechos, en su escrito acusatorio la representante del Ministerio Públíco, textualmente indica: ´En tal sentido se toma en cuenta la cantidad de divisas, su distribución, su baja denominación, el ocultamiento y la falta de pruebas por parte del investigado de la legal tenencia y procedencia del mismo´. Se le objeta a la representante del Ministerio Público que la motivación empleada para calificar los hechos, invierte la carga de la prueba y viola en consecuencia la presunción de inocencia. Observándosele que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe nunca carga del imputado sobre la prueba de su inocencia, es decir, el imputado no tiene que construir su inocencia. Dicho de otra forma, se presume que los ciudadanos no son autores de hechos o conductas típicas y que la prueba de la autoría y de la concurrencia de los elementos del tipo, corresponden a quienes asumen la condición de parte acusadora sin que pueda exigirse al imputado o a su defensor una probatio diabólica de los hechos negativos. (Llorente Rubio, Francisco, ´Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales´. (Doctrina Jurisprudencial) Editorial Ariel, S.A. Barcelona. España. 1° Edición. Septiembre 1995. p.356). Con tal motivación, la representante del Ministerio Público, infringió además, el artículo 8 del Pacto de San José (Convención Americana sobre los Derechos Humanos)
que expresa: ´Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad´. Y el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece: ´ Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme´…

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:8
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LACADH DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

art:8 ACUSACION CALIFICACION JURIDICA CAMBIO EXTERIOR DERECHOS HUMANOS FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO MINISTERIO PUBLICO PRESUNCION PRUEBA TIPICIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.393.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-21-17-258-2002 DRD FECHA:20020723

El escrito de sobreseimiento debe contener la base legal de actuación que faculta al fiscal del Ministerio Público a solicitar dicho acto conclusivo. FRAGMENTO
“El escrito contentivo de la solicitud de sobreseimiento está encabezado únicamente con los datos que identifican a la representante del Ministerio Público, omitiendo la base legal de actuación que la faculta para realizar la solicitud de sobreseimiento. En este sentido, debe indicarse que todo escrito emanado de un fiscal del Ministerio Público contentivo de una determinada opinión jurídica, debe estar debidamente encabezado, a través del señalamiento de las normas jurídicas
que facultan al representante del Ministerio Público para actuar de una u otra forma, para tomar una decisión capaz de producir efectos jurídicos dentro del proceso penal, de modo que es necesario indicar el fundamento legal pertinente que le da la competencia para actuar en un caso específico. La base legal de actuación faculta al Ministerio Público para actuar en un caso concreto, dándole la posibilidad de opinar jurídicamente respecto a determinados hechos de los cuales ha tenido conocimiento. Esta base legal exteriorizada en normas jurídicas, son las que atribuyen la competencia al fiscal del Ministerio Público. Dicha competencia tiene una doble faz y como tal, debe ser entendida en dos sentidos: como facultad y deber al mismo tiempo, ya que, dado los presupuestos legales para actuar, el fiscal del Ministerio Público está facultado y se encuentra en la obligación de proceder conforme a derecho. La base legal de actuación, no es más que el ámbito dentro del cual puede y debe actuar el fiscal del Ministerio Público, siendo que la competencia no sólo le concede la facultad de actuar, sino que también constituye una obligación y un límite dentro del cual debe actuar el fiscal. Uno de los requisitos de la competencia, es que debe estar expresamente prevista en la Constitución, en la ley y demás fuentes de legalidad o derivarse de alguno de los principios generales de Derecho Público. Solicitar el sobreseimiento es una de las atribuciones que le es conferida por el ordenamiento jurídico al fiscal, de conformidad con los artículos 285 numeral 4
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 34 numeral 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 105 ordinal 6° del Código Orgánico Procesal Penal derogado (artículo 108 numeral 7 de la ley procesal penal vigente), y la norma legal prevista en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal Derogado (artículos 318 y 320 del vigente Código) son éstas las normas que constituyen su base legal de actuación y como tales, deben ser citadas en el encabezamiento de su solicitud de sobreseimiento, cuando se señala su identificación y cualidad para realizar dicha solicitud”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:285-4 LOMP art:34-10 COPPR art:108-7 COPPR art:325 COPP art:318 COPP art:320 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO MINISTERIO PUBLICO SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.394.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPDRD-21-17-258-2002 DRD FECHA:20020723

La identificación del imputado en el escrito de sobreseimiento es esencial, ya que uno de los efectos del sobreseimiento es producir autoridad de cosa juzgada, respecto a los sujetos involucrados en el proceso. FRAGMENTO
“En la solicitud de sobreseimiento presentada por la representante del Ministerio Público, no se identifican plenamente a los imputados; dicha identificación es esencial y no puede ser hecha de manera incompleta ya que uno de los efectos del sobreseimiento es que tiene autoridad
de cosa juzgada con respecto a los sujetos involucrados en el proceso. Al respecto el artículo 319 del recientemente reformado Código Orgánico Procesal Penal, dispone: ´Efectos. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de éste Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas´. La debida identificación del imputado permite una adecuada aplicación del principio del “Non Bis In Idem”, el cual significa que nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. Dicho principio, constituye uno de los pilares básicos de nuestro procedimiento penal y como una garantía fundamental está recogida en nuestra Carta Magna. Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49 numeral 7, establece: ´Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente´. Asimismo, dicho principio ha sido recogido en diversos tratados, pactos y acuerdos internacionales, los cuales son ley vigente en todo nuestro territorio, por cuanto los mismos fueron suscritos y ratificados por nuestra República. Así, la ´Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos´ conocida también como el ´Pacto de San José´, dispone en su artículo 8 numeral 4 que:

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´El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido
a nuevo juicio por los mismos hechos´. Y el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme al cual: ´Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos´. De manera pues, que no ser precisos en la identificación de los imputados respecto de los cuales se solicita el sobreseimiento, impide determinar la identidad del sujeto, requerida para completar la tríada del ´Non Bis In Idem´, esto es: identidad del sujeto, del objeto y de la causa de persecución…” . Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:49-7 COPPR art:319 LACADH art:8-4 COPP art:20 DESC DESC DESC FUEN FUEN COSA JUZGADA IDENTIFICACION SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.395.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPDRD-14-38-2002 DRD FECHA:20020204

La falta de investigación deviene en una falta de motivación y fundamentación del escrito de sobreseimiento. FRAGMENTO
“Finalmente, en términos generales, debe reiterarse la posición asumida en relación con las dos primeras solicitudes de sobreseimiento realizadas, ya que evidentemente, -al menos de acuerdo a la información de que dispone este Despacho-, faltó investigar profundamente los hechos que se le presentaron a los fiscales del Ministerio Público para su consideración, indagar acerca de las posibles circunstancias que rodearon a los mismos, determinando con certeza, en el segundo caso, que el hecho imputado no es típico, o finalmente, en el primer hecho denunciado, que todo lo que podía ser investigado
ya ha sido practicado, es decir, que no existe la posibilidad de realizar nuevas diligencias a partir de las cuáles surjan nuevos elementos de convicción, para demostrar la comisión del hecho o para enjuiciar al sujeto involucrado. Igualmente, en cuanto al tercer hecho, debió señalarse en el escrito de solicitud de sobreseimiento cuáles fueron las inferencias lógicas realizadas por el Ministerio Público, con base en las diligencias practicadas en la fase de investigación, que le permitieron determinar la no culpabilidad del imputado. En este sentido, es menester resaltar, que la falta de investigación deviene en una falta de motivación y fundamentación de los escritos fiscales, con respecto a ello hay doctrina institucional que establece lo siguiente: ´...El sobreseimiento es uno de los actos que el Ministerio Público, puede asumir como pretensión una vez finalizada la llamada fase preparatoria de investigación, y por tratarse de un acto conclusivo a esta fase, como tal, está controlado por los órganos jurisdiccionales, en este caso, competencia del juez de control, generando consecuencialmente efectos atinentes a cada una de las partes , e impidiendo la prosecución del proceso. / Ahora bien, en todo solicitud, se requiere básica y necesariamente la fundamentación de la misma, para que sea admitida por el juez, consciente de que lo planteado se encuentra ajustado a derecho.´ (Doctrina del Fiscal General de la República, Año 1999, Tomo II, pp.76)”. “...Todo lo antes transcrito refuerza nuestra observación, ratificando la necesidad de una
explicación coherente de todas y cada una de las decisiones que tome con relación a los diferentes actos contemplados en la nueva ley adjetiva y donde usted como representante del Ministerio Público, tiene un papel protagónico de primera línea en el nuevo proceso. Por lo tanto, sus actuaciones deben estar en todo momento apoyadas en bases jurídicas debidamente analizadas...Para mayor abundamiento de nuestra tesis, le transcribimos a continuación Doctrina Institucional más reciente, publicada en “Informe del Fiscal General de la República”, año 1995, p.229, ... Sea cual fuere la naturaleza del escrito (cargos, abstención u opinión) el representante del Ministerio Público no debe presentarlo 122

en formato.” (Doctrina del Fiscal General de la República, Año 1999, Tomo II, pp.81). “El autor Gabriel Darío Jarque, en su obra ´El Sobreseimiento en el Proceso Penal. Doctrina y Jurisprudencia´, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 4, establece como característica indispensable del auto de sobreseimiento (en la Legislación Argentina el sobreseimiento es adoptado por el juez), la necesidad de que se encuentre fundado, en los siguientes términos: ´...La concurrencia de este requisito esencial deriva- con relación al sobreseimiento- no sólo del libre juego de los artículos...que regulan la materia, sino también de un imperativo tan básico y tan elemental como es el de justicia. / La exigencia consistente en que las razones deben-de manera imprescindible-preceder a la decisión, y guardar relación con ésta constituye la garantía que da resguardo contra
la arbitrariedad. / Justo es que las partes del proceso...puedan conocer los motivos que llevan...a adoptar la decisión en un sentido determinado, y por ello los fundamentos del auto de sobreseimiento han de ser claros, evidenciando con contundencia la convicción de certeza...respecto de la concurrencia de la causal de que se trate. / La motivación que debe contener el auto de sobreseimiento, es un requisito esencial a los fines de la tutela de los derechos y garantías fundamentales, tales como la defensa en juicio y el debido proceso´. En este orden de ideas se pone de relieve la necesidad de que la solicitud de sobreseimiento realizada por el fiscal, al igual que el auto emitido por el juez, llene los requisitos legalmente exigidos y sea debidamente fundamentada a fin de ilustrar al funcionario judicial acerca de las razones aducidas para la solicitud correspondiente…”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: DMP 1999, T.II., p76 DMP 1999, T.II., p.81 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS DERECHO DE DEFENSA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION MOTIVO (DERECHO) PROCESOS (DERECHO) SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.396-397.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-8-259-2002 DRD FECHA:20020723

La debida trascripción de la denuncia o en su caso la debida relación de los hechos, permitirá determinar en el caso concreto si se ha configurado o no un ilícito penal. FRAGMENTO
“No
obstante, se observa que hay contradicción en lo señalado por el denunciante en cuanto al estado en que encontró el inmueble en las dos oportunidades en que fue a visitarlo, lo cual al parecer, no fue advertido por la fiscal, porque no hace comentario alguno al respecto. Dicha contradicción consiste en que en la primera parte su declaración el denunciante manifiesta que ´en el inmueble no había nada, es decir equipos, mobiliarios y demás enseres, no se encontraban y fui ese día recibido por un vigilante privado…´; mientras que más adelante en la declaración señala: ´…me dirijo nuevamente al inmueble …y me consigo con …la profesional del derecho T.M.D.C, cumpliendo instrucciones precisas de su poderdante J.M.U.G, en compañía de la unidad del Destacamento 3 de las Fuerzas Armadas Policiales, … se encontraban ayudando a la abogada … a desocupar el inmueble…´. Entonces cabe la pregunta: ¿No estaba desocupado de enseres desde la primera vez que fue, después de haber dejado de pagar? Igualmente, se desconoce el contenido de las entrevistas o declaraciones de los testigos y del propietario del inmueble: ni las transcribió, ni las narró en tercera persona. Ante esta falta de fundamentación, se imposibilita señalar categóricamente si en efecto estamos o no ante un ilícito penal, y en caso de estarlo, cuál sería: violación de domicilio?, o acaso el de hacerse justicia por sí mismo? De allí que sea obligatorio para el fiscal realizar una buena relación de los hechos que se investigaron, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión,
detallada y pormenorizada, evitando obviar cualquier aspecto fundamental, al momento de alegar cualquiera de las causales de sobreseimiento. Esto permitirá determinar que se ha aplicado la correspondiente causal de forma correcta. Esta exigencia responde a la descripción del hecho objeto de la investigación, que debe realizar el juez de control en su auto…”.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

DELITOS DENUNCIA DOMICILIO FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.397.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-104-2002 DRD FECHA:20020325

El primer supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a que el hecho objeto del proceso no se realizó, implica certeza respecto a su contenido, mientras que el supuesto contenido en el numeral 4 del mismo artículo, no implica certeza, ya que en ese caso no hay posibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación, surgiendo la duda respecto a la comisión del hecho y la participación del imputado. FRAGMENTO
“Lo antes transcrito nos permite concluir que la representante del Ministerio Público, al tratar de motivar las razones de hecho y derecho de su solicitud, fue imprecisa, generando gran confusión en cuanto a los alegatos de su fundamentación y lo solicitado, en este sentido, inicialmente señala que el hecho objeto del proceso no se realizó, al indicar: ´...cerca de la zona del derrame
existe un río, pero no existe prueba en el expediente de que los derrames...lo estén contaminando...no existe prueba del daño causado por tal actividad...´(sic). De ser esto cierto, entonces estaríamos en presencia de la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 1 (primer supuesto) del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, concerniente a que el hecho objeto del proceso no se realizó, es decir, nunca llegó a cometerse aun cuando inicialmente se practicaron diversas actuaciones de investigación y los hechos tenían apariencia de ilícitos penales, demostrándose posteriormente que tal eventualidad nunca se sucedió. Ahora bien, ante tales circunstancias se debió entonces solicitar el sobreseimiento por la causal supra indicada y no por la prevista en el numeral 4, por cuanto, al hecho ser inexistente nunca habrá la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y menos aún habrá bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Estos supuestos se diferencian significativamente. En tal sentido, el primero de ellos relativo a que el hecho objeto del proceso no se realizó, implica tener la certidumbre o el convencimiento de la inexistencia del mismo y en consecuencia la imposibilidad de atribuirle el ilícito penal a sujeto alguno por cuanto nunca se verificó en el tiempo, mientras que en el numeral 4 existen dudas respecto a la participación del imputado en el hecho, no existiendo bases suficientes para solicitar su enjuiciamiento, presentándose la imposibilidad cierta de su enjuiciamiento. En torno a este aspecto
la doctrina institucional ha señalado: ´Procede el sobreseimiento, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o que, realizado, se determina que el señalado como imputado no es el responsable; es decir, ni es el autor ni partícipe del delito mismo...´ (Oficio N°
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DRD-8-47623, de fecha 15-11-99, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1999, Tomo II, pp. 75, 75 y 76)…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:318-1 COPP art:318-4 COPP art:325-1 OMP N° DRD-8-47623 15-11-99 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN AMBIENTE CONTAMINACION DEL AGUA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.397-398.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-104-2002 DRD FECHA:20020325

Resulta contradictorio alegar a los efectos de la procedencia del sobreseimiento las causales establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“Solicita la abogada M.B, en su carácter de representante del Ministerio Público, el sobreseimiento de la causa en base al contenido del artículo 325 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, refiriéndose el primero de los supuestos (3), a la extinción de la acción penal o cuando resulte acreditada la cosa juzgada, y la segunda hipótesis, a una falta de certeza
que no permite la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y además no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Impedía el Código Orgánico Procesal Penal, antes de la reforma parcial, requerir el sobreseimiento de la causa en base a más de un supuesto, por cuanto los mismos eran excluyentes entre sí, en consecuencia no se debió efectuar dicho requerimiento en base a los dos supuestos ya mencionados, más aun cuando éstos resultan altamente contradictorios, por cuanto si la acción penal para perseguir el delito se encuentra prescrita, no es necesario continuar con la investigación pues independientemente de sus resultas en cuanto al autor (s) o partícipe (s) en el hecho, ello es inoficioso al no poder ejercer el Estado el derecho a sancionar determinada conducta al haberse operado la prescripción de la acción para perseguir el delito, por no haberlo ejercido en el tiempo establecido, en consecuencia mal podría el representante del Ministerio Público incorporar nuevos datos a la investigación…”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:318-3 COPP art:318-4 COPP art:325-3 COPP art:325-4 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL COSA JUZGADA INVESTIGACION SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.398.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisió y Doctrina n /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-105-2002 DRD FECHA:20020401

El numeral 1, artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, está referido a la inexistencia del
hecho imputado, mientras que el numeral 2 implica que la conducta desplegada por el imputado no se adecua a la descripción típica legal. FRAGMENTO
“Se observa que la abogada M.S.A, debió solicitar el sobreseimiento de la causa con base a lo previsto en el ordinal 2° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los hechos denunciados como punibles no constituyen delito debido a la ausencia de tipicidad, toda vez que la conducta asumida por los presuntos imputados, no está descrita en la ley como un ilícito penal. Así, cuando analizamos el delito de estafa nos encontramos que uno de los elementos constitutivos de este delito es el engaño, logrado a través de artificios o medios capaces de sorprender la buena fe de una persona, lo cual requiere entonces, que el dolo sea anterior al engaño y a la ejecución de los medios o artificios empleados para hacer incurrir a la víctima en error y de esta forma obtener un provecho injusto, en el presente caso no hubo engaño o mentira, sólo una relación contractual no satisfecha en su oportunidad por una de las partes debido a circunstancias ajenas a su voluntad, cuya obligación se pretendió garantizar mediante la emisión de un cheque, a sabiendas, por parte, de la ciudadana A.S. (denunciante), de la carencia de fondos suficientes para hacerlo efectivo. La relación contractual o comercial celebrada entre las partes, hoy, imputados y víctima, se celebró con el mutuo consentimiento de los mismos, no hubo engaño, ni el empleo de medios capaces de sorprender la buena fe de A.S. por parte de los
ciudadanos Y.D. y F.G., a los fines de obtener una aprobación “viciada” del acto contractual, por el contrario, ésta se llevó a cabo bajo ciertas condiciones, las cuales fueron aceptadas de mutuo acuerdo. En este orden de ideas, señala la doctrina de la institución, lo siguiente: ´No constituye estafa ... emitir un cheque sin provisión de fondos para cancelar una deuda preexistente, contraída sin engaño, o para poner fin a una relación económica que existe entre el librador y el librado, con origen y vida independiente de la entrega del cheque ...´ (Oficio No. DRD-13-11462, de fecha 9-4-96, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1996, Tomo II, pp. 77, 78 y 79). Es importante tener presente, que al encontrarse ausente algunos de los elementos constitutivos del delito en la acción desplegada por uno o varios imputados, y en consecuencia no adecuarse su conducta a la descripción contenida en el tipo legal, como es el caso de marras, necesariamente debemos
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concluir que el hecho es atípico, debiendo entonces solicitarse el sobreseimiento de la causa conforme a lo pautado en ordinal 2° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, y no con base al ordinal 1°, el cual está referido a la inexistencia del hecho imputado, (presumiendo este Despacho, que el representante del Ministerio Público se hubiere referido a que el hecho objeto del proceso, no se realizó) es decir, no se ha podido probar la existencia del hecho investigado. Dentro de este contexto, es oportuno ampliar el criterio de lo que debe entenderse por: ´...El
hecho objeto del proceso no se realizó...´. Así, nos referimos entonces, a un hecho que en un principio se denuncia ante las autoridades competentes como ilícito penal cierto, ocurrido bajo ciertas condiciones de lugar, tiempo y modo, sin embargo éste no se realizó, pues de las indagaciones preliminares ello quedó evidenciado, concluyéndose de esta manera que el mismo es inexistente aun cuando inicialmente pareciera haberse cometido, en torno a este discernimiento se pronuncian los juristas Vicente gimenoo Sendra, Cándido Conde-Pumpido Tourón y José Garberí Llobregat, en el texto ´Los Procesos Penales´, Tomo 4, Editorial Bosch, de la siguiente manera: ...A) Inexistencia del hecho ... ‘cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa’ ... pese a la realización de todas las diligencias llevadas a cabo en la fase sumarial, y a la vista de sus resultados, no pueda determinarse con un mínimo grado de verosimilitud que la conducta delictiva que originó la incoación del procedimiento penal haya existido en la realidad histórica...” (638 y siguientes). Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:318-1 COPP art:318-2 OMP N° DRD-13-11462 09-04-1996 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN CHEQUES SIN FONDO ESTAFA SOBRESEIMIENTO TIPICIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.398-399.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-109-2002 DRD FECHA:20020402

No pueden invocarse al
mismo tiempo los dos supuestos contenidos en el numeral 1, artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“El numeral 1 del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, requiere de un análisis minucioso, pues en él se plantean dos circunstancias diferentes, independientes y contradictorias entre sí, a saber: La primera está dada por la inexistencia del hecho que motivó la apertura del procedimiento, lo cual imposibilita la persecución en juicio, ni siquiera debe continuarse con la investigación para individualizar al imputado, ya que no existiendo un hecho punible que investigar, no puede hablarse de imputación y, menos aún de imputado. La segunda circunstancia, se verifica cuando habiéndose producido el hecho se determina que el imputado no es autor ni partícipe de éste, pues así quedó demostrado con el resultado de la investigación, aquí la convicción del fiscal del Ministerio Público tiene que reunir de modo imprescindible la exigencia de certeza acerca de la no intervención del imputado en los hechos. (...) No se pueden invocar conjuntamente estos dos supuestos de hecho contemplados en el numeral 1, porque su aplicación simultánea hace que lleguemos a conclusiones contrarias a la razón. Estos supuestos, reiteramos, podrían dar lugar a la formulación de hipótesis absurdas, no puede hablarse de participación en un hecho inexistente. De tal forma, éste numeral 1 del artículo 325, contiene dos situaciones claramente diferenciadas a saber: a) El hecho no se realizó y como no existió el hecho, no puede hablarse de imputado; b) El
hecho si se realizó, pero en el transcurso de la investigación se determinó que el imputado no es autor ni partícipe del hecho. Cabe aquí preguntarse, si en el caso en análisis ¿El hecho se realizó o no se realizó? ¿La inocencia del imputado se desprende de que el hecho no se realizó, o el hecho si se realizó pero se determinó en la investigación que el autor del hecho es otra persona?...”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:318-1 COPP art:325-1 DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN DELITOS FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO IMPUTABILIDAD INVESTIGACION PROCEDIMIENTO PENAL Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.399-400.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-14-204-2002 DRD FECHA:20020611

La diversidad fáctica requiere precisión de parte del solicitante del sobreseimiento, respecto a la inexistencia de los hechos denunciados. FRAGMENTO
“Afirma la fiscal que el hecho objeto de la investigación no se realizó, y por consiguiente no se le puede atribuir responsabilidad penal alguna a los imputados en el proceso. En este orden de ideas, se hace necesario mencionar que la denuncia realizada hace referencia a varios hechos en específico, simplemente mencionados por la fiscal sin ningún tipo de concatenación temporal, referida al momento de su comisión, espacial, relacionada con el sitio exacto de comisión y personal, correspondiente a los sujetos que intervinieron en el hecho, igualmente mencionan los denunciantes la comisión
de los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida, lo que implica que si se pretende solicitar el sobreseimiento porque el hecho objeto del proceso no se realizó, pues debe el fiscal del Ministerio Público pronunciarse de manera precisa y separada, respecto a cada uno de los hechos objeto de la investigación, hechos capaces de configurar los hechos delictivos señalados. No es correcto señalar de forma pura y simple que no puede atribuírsele responsabilidad penal a los sujetos denunciados por un hecho que no se realizó y que es inexistente; en primer lugar, porque no se trata de un solo hecho sino de varios hechos, y en segundo lugar, por cuanto la diversidad fáctica requiere precisión de parte del solicitante del sobreseimiento, respecto a la inexistencia de los hechos denunciados. Ello evidencia, falta de una debida y suficiente motivación, por cuanto la fiscal del Ministerio Público, debió basar su afirmación relativa a que el hecho no se ha realizado, en las diversas actuaciones practicadas y no sólo en la experticia contable practicada, que es el único elemento de investigación explanado en la solicitud de sobreseimiento. La causal prevista en el ordinal 1° del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal derogado debe estar cimentada en una concatenación de todas las actuaciones llevadas a cabo durante la fase preparatoria, de una manera conjunta, lo que conlleva a un justo y adecuado pronunciamiento. Por lo que respecta a la comprobación del hecho objeto del proceso, nos referimos a la clara e inequívoca demostración de la
comisión del hecho y de la comprobación de las circunstancias que lo acompañaron, sin lo cual no existiría delito que perseguir. Por tanto, si en el curso de la indagación criminalística no se obtienen suficientes elementos que demuestren la existencia del hecho, no habría materia sobre la cual pronunciarse y no habría razón por la cual formular una posterior acusación, debido a que ni siquiera se produjo un hecho, no se verifico
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ningún cambio en el mundo exterior. El autor Gabriel Darío Jarque, en su obra ´El Sobreseimiento en el Proceso Penal, Doctrina y Jurisprudencia´, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Año 1997, pp. 25, 26, refiriéndose a la circunstancia de que el hecho investigado no se cometió, señala lo siguiente: ´El objeto primario al cual tiende la instrucción penal es la comprobación de la existencia de un hecho delictuoso./ (...) no ha existido aquella conducta que provocó la apertura del proceso penal. / Se trata, como apunta Ricardo Núñez, de la inexistencia física del hecho objeto de la investigación (...). / Bertolino la define como la (certeza-negativa) por la falta de indicios racionales de que el hecho (y como consecuencia, el hipotético delito) no se perpetró, es decir, no se cometió´ (Pedro Bertolino, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Bs. As., Depalma, 1989, p.509)”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:325-1 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN APROPIACION INDEBIDA CORRUPCION DELITOS IMPUTABILIDAD INVESTIGACION MOTIVO (DERECHO) RESPONSABILIDAD PENAL SOBRESEIMIENTO
Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.400-401.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MP N° DRD-7-250-2002 DRD FECHA:20020717

La ausencia de la víctima en el debate oral y público, no constituye una causal de sobreseimiento. FRAGMENTO
“Si bien es cierto, la presencia de la víctima en la celebración del juicio oral y público constituye una de las pruebas más contundentes a los fines de demostrar, no sólo la comisión de un hecho punible, sino también para establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, (en la mayoría de los casos) no es menos cierto que aunado a su dicho deben existir otros elementos de convicción demostrativos de tales eventualidades, entre ellas podrían considerarse, las pruebas técnicas de testigos expertos o calificados, quienes poseen conocimientos especiales en razón de la ciencia o arte que desempeñan, documentales, (experticias transcritas, declaraciones, etc) evidencias, (cosas materiales, vinculadas con los hechos que se intentan probar) testigos referenciales o presenciales, incluso, refiriéndonos al caso en concreto, es muy probable que lo expuesto por la víctima o algún testigo (en cualquiera de sus alternativas) conste por escrito y habiendo cumplido dichas declaraciones con las formalidades de ley, debería surtir los efectos legales que ella acarrea. En consecuencia, estos mecanismos debidamente concatenados entre sí, pueden permitir establecer la veracidad de los hechos, demostrando la efectiva ejecución de
un delito y la identificación de sus autores, en aras de evitar la impunidad del hecho. Es en todo caso, al juez en funciones de juicio a quien le corresponderá apreciar libremente tales pruebas, atendiendo siempre a las máximas de experiencia, observando las reglas de la lógica y los conocimientos científicos, en virtud del principio de Libre Apreciación de las pruebas, consagrado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente señala la abogada Nereida Hernández, lo siguiente: ´...si bien es cierto que los delitos cometidos en perjuicio de un niño o adolescente se convierten en delitos de acción pública de conformidad a lo establecido en el artículo 216 de la Ley Orgánica para la protección (sic) del Niño y del Adolescente, y es el Fiscal del Ministerio Público a quien le corresponde ejercer las (sic) respectiva acción penal, pero no podemos olvidar que en este tipo de delito la víctima es indispensable para la apreciación de los hechos en juicio...´ Lo antes transcrito permite evidenciar que la citada representante del Ministerio Público, no acató el contenido del artículo 216 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al considerar que la presencia de la víctima en el juicio es indispensable, solicitando en consecuencia, el
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sobreseimiento de la causa. Soslayando de esta manera el deber de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, cuya facultad le es atribuida no solo por la citada disposición legal, sino también por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad
con el articulo 285 numeral 4, por el Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo a los artículos 11, 24, 25 y finalmente, por la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud del contenido del articulo 11 numerales 1, 4, y el artículo 34 numerales 1, 3, 11, 12. No constituye la ausencia de la víctima al debate oral y público, una causal para solicitar el sobreseimiento de la causa, en primer lugar por no encontrarse prevista como tal en ninguna disposición legal (en virtud del delito atribuido), ni derivarse tal eventualidad de algún ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, por cuanto en el escrito acusatorio debieron existir otros elementos de convicción que hicieran posible la celebración del juicio”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:285-4 COPP art:11 COPP art:22 COPP art:24 COPP art:25 LOMP art:11-1 LOMP art:11-4 LOMP art:34-1 LOMP art:34-3 LOMP art:34-11 LOMP art:34-12 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACCION PUBLICA ACUSACION ADOLESCENTES JUICIO ORAL PRUEBA PERICIAL SOBRESEIMIENTO TESTIGOS VICTIMA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.401-402.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-3-135-2002 DRD FECHA:20020417

El escrito de desestimación, debe estar debidamente fundamentado expresando las razones de hecho, constituidas por las circunstancias fácticas acaecidas en el caso concreto, y las razones de derecho, referidas a las normas y supuestos legales que motivan la
respectiva solicitud. Si de la denuncia planteada surgen dudas acerca del carácter delictivo de los hechos allí planteados, debe el fiscal del Ministerio Público ordenar la apertura de la investigación, y no desestimar de una manera anticipada e infundada. FRAGMENTO
“El fiscal del Ministerio Público, comienza redactando el escrito con la siguiente expresión: ´...Hecho un análisis exhaustivo del escrito que con la Calificación de Denuncia, presentara la ciudadana F.M.A.B...´. Con respecto a tal afirmación, le observamos que no se corresponde con una adecuada presentación, toda vez que el contenido del escrito de desestimación que se analiza, versa solamente sobre el razonamiento de lo que fue su criterio, acerca de la denuncia formulada por dicha ciudadana, desconociéndose totalmente el texto de la misma. Lo que equivale a indicar, que para dejar claramente por establecido que se ha realizado un estudio completo del caso en cuestión, tal como así lo indicó, ameritaba dar a conocer primeramente el contenido esencial de la denuncia, continuar con su análisis, para luego fijar con la debida claridad y precisión las razones legales, que lo llevaron a su desestimación. Por lo expuesto, el enfoque de la solicitud de desestimación de la denuncia, no cumple con lo establecido en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé: ´... El Ministerio Público solicitará al juez de control, mediante escrito fundado, la desestimación de la denuncia o de la querella cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita,
o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso...´. Por tanto, resulta infundado el escrito, por la falta de conocimiento de los hechos y de las circunstancias presentes, del objeto sobre el cual versó la negociación, la operación realizada, así como el desconocimiento de las partes intervinientes, y del contenido del documento a que el fiscal hace referencia. Al respecto, se transcribe posición doctrinal del Ministerio Público, en lo que se refiere al escrito de solicitud de desestimación de la denuncia:

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´El representante del Ministerio Público, al elaborar el escrito de solicitud de desestimación de la denuncia o de la querella, que presentará ante el juez de control, debe redactarlo de manera razonada, con base al hecho denunciado y al supuesto debidamente aplicable al caso, contenido en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal ´ (Oficio N° DRD-10-43915, de fecha 20-10-99, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1999, Tomo II, pp. 49 y 50) Ahora bien, cuando el representante del Ministerio Público, solicita la desestimación de la denuncia formulada, es porque cuenta con suficiente base para ello, que le permite emitir su apreciación sin duda alguna, bien sea porque el hecho no reviste carácter penal o porque la acción penal para perseguirlo está evidentemente prescrita o que existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Claro está, que para dar tal opinión, se requiere el estudio y análisis previo del caso en cuestión. De lo expuesto anteriormente por el fiscal del Ministerio Público,
y a lo que hemos hecho referencia, nótese que hace tal solicitud mediante un razonamiento de carácter dudoso y confuso al exponer: ´...observa esta Fiscalía que lo que parece plantearse es una venta simulada por lo que tendría que demostrar la denunciante ante los Tribunales Civiles correspondientes el error en que como señala, la hicieron incurrir al dar su consentimiento para la presunta venta simulada, teniendo en consecuencia que intentar la correspondiente acción de nulidad de venta y demostrar si ciertamente ha habido fraude a la Ley...´.

Consideró igualmente el fiscal, que existe una situación forzada, tejida y no clara que le sirva fehacientemente para llegar a la convicción de que se ha cometido un hecho punible. De lo expuesto por el fiscal en su escrito, no queda clara su convicción respecto a la no tipicidad del hecho denunciado, pues por una parte, alega que no hay delito, luego se refiere a una supuesta prejudicialidad civil, y por último señala que luego de esclarecida en sede civil la nulidad de la venta y determinado el fraude, es que procederá a plantearse la acción en sede penal. Ahora bien, esta Dirección no comparte la opinión emitida por el abogado J.M.L, Fiscal del Ministerio Público, al pronunciarse por la desestimación de la denuncia que formulara la ciudadana F.M.A.B, la cual resulta a todas luces improcedente, toda vez que de la narración de los hechos, surgen circunstancias que podrían ser constitutivas de delitos, como lo sería la estafa previsto y sancionado en el Artículo 464 del Código Penal, al quedar debidamente
comprobado el empleo de medios artificiosos y fraudulentos en la negociación realizada a terceras personas por el abogado J.R.R.V, sobre el lote de terreno y bienhechurías, propiedad de la ciudadana F.M.A.B, quien manifestó haberse llevado a cabo a su espalda, pues en ningún momento efectuó venta a persona
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alguna sobre dichos bienes de su propiedad. Anexando a la denuncia los respectivos documentos que sustentan su exposición. Por lo antes expuesto, el Fiscal (...) del Ministerio Público, debió ordenar la apertura de la presente averiguación, disponiendo la práctica de todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos (de conformidad con el Artículo 309 del COPP), para que una vez realizada la investigación ordenada, procediera a dictar el correspondiente acto conclusivo. Así las cosas, cuando el fiscal del Ministerio Público recibe una denuncia de hechos ilícitos, de la cual deviene falta de precisión y claridad, aunado a la complejidad del planteamiento expuesto, no debe desestimarse a la ligera, debiendo más bien realizar algunas diligencias de investigación que le permitan afirmar en forma categórica la no existencia de delito alguno, sin la menor duda. Por otra parte, llama la atención la reiteración por parte del representante del Ministerio Público, en considerar la necesidad de acudir la denunciante primeramente a la jurisdicción civil, a los fines de intentar la correspondiente acción de nulidad de la venta y demostrar si ciertamente ha habido fraude a la ley. En este sentido es preciso aclarar, que aun
cuando el denunciante tenga la facultad de iniciar un juicio de índole civil, de ninguna manera esto constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal, pues los hechos denunciados podrían configurar un delito de acción pública. Por consiguiente, en criterio de este Despacho en el presente caso, debió darse inicio a la averiguación penal correspondiente, a los fines de procurar el total esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, por no estar ajustada a derecho...”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:464 COPP art:309 COPP art:310 OMP N° DRD-10-43915 20-10-1999 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACCION PUBLICA COMPRAVENTA DENUNCIA DESISTIMIENTO DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO ESTAFA FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION NULIDAD PRESCRIPCION PROPIEDAD QUERELLA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.402-403.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-12-43-2002 DRD FECHA:20020204

No procede la desestimación, si el hecho punible que procede a instancia de parte se encuentra acompañado de un delito enjuiciable de oficio. FRAGMENTO
“Ahora bien, al respecto se observa que (...) la conducta del ciudadano N.E descrita en el escrito de desestimación por los representantes del Ministerio Público, se encuentra tipificada en el artículo 271 del Código Penal vigente, el cual contiene la prohibición de hacerse justicia por sus propias manos, por cuanto el ciudadano
N, con el objeto de ejercer el derecho que tenía sobre el vehículo, en virtud de la medida de embargo dictada por un tribunal, por el cobro de bolívares y ejerciendo violencia sobre los ciudadanos M.V.R y A.J.E, se apoderó del vehículo objeto de la controversia y lo trasladó a la empresa automotriz (...) .Ahora bien, de acuerdo a la información contenida en el escrito de desestimación, se evidencia que el ciudadano A.E sufrió otras lesiones, las cuales arrojaron como resultado: ...´lesiones de carácter grave´..., tal como se desprende del resultado del reconocimiento médico legal, de fecha ocho (8) de enero de 2001, desconociendo esta dirección si las mismas ocurrieron el día que los hechos fueron denunciados ante la Seccional de Altagracia de Orituco del Cuerpo Técnico de Policía Judicial o en fecha posterior a los mismos, por lo cual debió realizarse una investigación más exhaustiva a fin de esclarecer los hechos. De la trascripción anterior se evidencia, que la desestimación solicitada por los representantes del Ministerio Público, tiene como presupuesto el tipo penal establecido en el artículo 271 del Código Penal, que procede a instancia de parte, siempre y cuando el hecho no fuere acompañado de otro delito enjuiciable de oficio. En este sentido, estima este Despacho que debió realizarse una investigación más completa a fin de determinar si en el presente caso concurría, conjuntamente con el delito previsto en el artículo 271 del Código Penal, algún otro delito de acción pública (por ejemplo: lesiones), que hubiera permitido el enjuiciamiento
de oficio”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:271 ACCION PRIVADA ACCION PUBLICA DESISTIMIENTO EMBARGO INVESTIGACION LESIONES VEHICULOS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.404.
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DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-08-405-3-2002 DRD FECHA:20021206

La desestimación se diferencia del sobreseimiento, en que en la desestimación el fiscal del Ministerio Público le solicita al juez de control que lo excepcione de la obligación legal de investigar los hechos denunciados u objeto de la querella, mientras que en el sobreseimiento, la solicitud fiscal es con el objeto de finalizar un proceso de investigación ya iniciado. FRAGMENTO
“Ahora bien, el fiscal del Ministerio Público, debe tener presente que una vez que se procede a la apertura de la averiguación, y se realizan actuaciones investigativas, de acuerdo con la vigencia del código anterior, lo procedente no es solicitar la desestimación de la causa, sino recurrir al acto conclusivo de sobreseimiento o archivo, según sea el caso. Se considera que la desestimación, en una gran parte de los casos, no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado, es decir, para desestimar un caso no se necesita de mayor prueba, basta con la aplicación de las máximas de experiencia o sentido común, pues se trata de establecer si el hecho es típico o no y de serlo, si se encuentra o no prescrito, o si existe
un obstáculo para la persecución del mismo; aún así el Código Orgánico Procesal Penal vigente, establece un lapso de 15 días, para hacer lo, en beneficio de la recta aplicación de la justicia. Por lo tanto, si el fiscal considera que del simple análisis de los hechos que le son puestos a su conocimiento, se configura alguna de las causales de desestimación, es inoficioso e ilógico dar la orden de inicio de la investigación, y poner en marcha todo el aparato del Estado, en consecuencia, debe en el menor lapso de tiempo posible solicitar la desestimación de la causa. Ahora bien, al entrar en vigencia la reforma del mencionado Código, se estableció en el artículo 301, referido a la desestimación, (antes 310), que el fiscal del Ministerio Público, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, procederá a solicitar ante el juez de control su desestimación, pero sólo cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Según la misma disposición, el fiscal también tiene la posibilidad de solicitarla cuando una vez iniciada la investigación, posteriormente se determine que los hechos constituyen un delito perseguible sólo a instancia de parte agraviada, circunstancia ésta que representa un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. De acuerdo con el análisis anterior, lo procedente en el presente caso era solicitar el sobreseimiento de la causa por el ordinal 2° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal,
toda vez que ya se había dictado el auto de inicio de la investigación, y muy posteriormente (cinco meses después), se percató que se trataba de un incumplimiento de contrato de carácter exclusivamente civil que le
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imponía a la compradora una obligación de hacer, la cual consistía en pagar ininterrumpidamente una cantidad de dinero a la vendedora, durante un lapso establecido. La compradora dejó de pagar una cuota, luego la pagó con atraso, y finalmente, dejó de pagar las siguientes cuotas definitivamente. Por lo tanto, en el presente caso, no se configuró la comisión de delito alguno. Podemos establecer una diferencia básica entre la desestimación y el sobreseimiento, la cual se daría en casi todos los casos: en la desestimación, el fiscal del Ministerio Público le solicita al juez de control que lo excepcione de la obligación legal de investigar los hechos denunciados u objeto de la querella, mientras que en el sobreseimiento, la solicitud fiscal es con el objeto de finalizar un proceso de investigación ya iniciado. Si bien es cierto que algunas de las causales de Desestimación y de Sobreseimiento coinciden, es claro que su diferencia, se encuentra, en la mayoría de los casos, en la oportunidad legal para la solicitud de cada una de las figuras, a excepción del caso especial del primer parágrafo del 301 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que en la desestimación, la solicitud es anterior a la fase investigativa y no se desprende de ésta, mientras que en el sobreseimiento es posterior a la fase investigativa y depende exclusivamente
de las resultas de la misma. Visto lo anterior, consideramos que debió solicitar el sobreseimiento de la causa seguida contra la empresa CF C.A. y no la desestimación...”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:301 COPP art:310 COPP art:318-2 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS ARCHIVO FISCAL AVERIGUACION CONTRATOS DESISTIMIENTO FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION PRESCRIPCION PROCESOS (DERECHO) QUERELLA SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.404-405.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-4-296-2002 DRD FECHA:20020829

El fiscal del Ministerio Público debe analizar y examinar cada una de las actuaciones practicadas, a los fines de que la solicitud de privación judicial preventiva de libertad, sea formulada motivadamente y en correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente. FRAGMENTO
“La fiscal del Ministerio Público, debió en su escrito presentar una relación de hechos, donde constara que se había cometido un hecho punible por parte de los ciudadanos H.M y E.M, que mereciera pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encontrara evidentemente prescrita. Igualmente, debió reseñar un resumen de los elementos de convicción en que se fundamentaba para estimar que los imputados habían sido autores o partícipes del hecho punible denunciado, así como la existencia de una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda
de la verdad, tal como lo estipula el artículo 259 ahora 250 del Código Orgánico Procesal Penal y relacionarlo con los artículos 260 y 261, hoy 251 y 252 ejusdem, en virtud de la necesidad de que se cumplan acumulativamente estos requisitos para que proceda la medida de coerción personal, conocida como privación judicial preventiva de libertad. Para el caso de la ciudadana O.C.S, solicitó sin la debida motivación, la aplicación de una medida cautelar sustitutiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 265, actualmente 256 del Código Adjetivo, sin especificar a cuál de todas ellas se refería, dejando al arbitrio del juez la imposición de las mismas. Lo expuesto, se traduce en definitiva en una ausencia total de motivación, porque únicamente se limitó a solicitar las medidas de coerción personal omitiendo las actuaciones practicadas, no tomando en cuenta que se deben analizar y examinar cada una de ellas, para formarse un criterio lógico y jurídico que asegure que su requerimiento está bien motivado y se corresponde con el ordenamiento jurídico, es decir, no fundamentó las razones de hecho y derecho que la llevaron a pedir tales medidas. En tal sentido, me permito señalarle la doctrina del Ministerio Público respecto a las medidas de coerción penal. ´...Para solicitar la aplicación de la medida de privación judicial de libertad, se requiere un escrito debidamente motivado, con base a los requisitos que para tal efecto, establece el... del Código Orgánico Procesal Penal...´ ´Configura un escrito deficiente, solicitar el representante del
Ministerio Público al juez de control la aplicación para el imputado de las medidas cautelares sustitutivas, establecidas... en el Código Orgánico Procesal Penal sin mencionarlas y sin la debida explicación del motivo de su invocación.´ Informe Anual1999, Tomo II, pp 57 y 58”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:250 COPP art:251 COPP art:252 COPP art:256 COPPR art:259 COPP art:260 COPP art:261 COPP art:265 IFGR 1999, T.II., pp.57-58 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO FUGA MEDIDAS CAUTELARES MOTIVO (DERECHO) PRESCRIPCION PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.405-406.

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048
TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisióny Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-12-130-2002 DRD FECHA:20020416

La solicitud de aplicación de medidas cautelares sustitutivas debe estar debidamente fundamentada, indicando las razones de hecho y de derecho que motivan dicha solicitud. FRAGMENTO
“Por otro lado, el escrito carece de motivación y fundamentación, la motivación es un elemento esencial en todo escrito que presenta el fiscal del Ministerio Público, un escrito debidamente motivado y fundamentado en las razones de hecho y de derecho de su pedimento, puede influir de manera determinante en el ánimo del juez a los fines de obtener lo querido. Una solicitud carente de motivación crea confusión al no tener clara la pretensión y no existir una justificación que la haga procedente. La motivación de todo escrito
fiscal es un tema que ha sido desarrollado por la Doctrina del Ministerio Público, la cual ha señalado: ´...El hecho de que la ley prescribe una forma escrita reducida inspirada en los principios de celeridad procesal, no significa que los escritos hayan de ser inmotivados...´ (Oficio N° DRPD2-23061 de fecha 13 de junio de 1995, publicado en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1995, Tomo II, pp. 153 y 154). Por lo cual, se desconocen cuáles fueron las razones, que la hicieron cambiar de opinión, a fin de solicitar la aplicación de una medida cautelar de las previstas en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón que el escrito no está debidamente fundamentado, limitándose la fiscal a indicar que necesita seguir practicando investigaciones relacionadas con el total esclarecimiento de los hechos...”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:265 OMP N° DRPD-2-23061 13-06-1995 DESC DESC DESC FUEN FUEN FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO MEDIDAS CAUTELARES MOTIVO (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.406.

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049
TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destintario/ Ministerio Público MPN° DRD-12-130-2002 DRD FECHA:20020416

El fiscal del Ministerio Público debe indicar expresamente cuál es la medida cautelar sustitutiva que considera aplicable, a fin de no dejar a discrecionalidad del juez la aplicación de una u otra medida. FRAGMENTO
“Ahora bien, la fiscal solicita al Juez de control que se decrete una Medida Cautelar Sustitutiva de las
previstas en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, sin indicarle al juez cuál debía ser aplicada. El fiscal del Ministerio Público no debe dejar a la discrecionalidad del juez la aplicación de una u otra medida de coerción personal, sino que debió como director, supervisor y orientador de la investigación, indicar de manera expresa cuál de ellas se aplicaría y el porqué de la misma. En este orden de ideas cabe destacar que, la doctrina de la Institución ha establecido lo siguiente: ´...El representante del Ministerio Público al considerar aplicable para el imputado, alguna de las medidas cautelares...debe hacer la solicitud con indicación de aquella que resulte proporcional a los hechos. Esta solicitud comprende además, una motivación debidamente fundada y explicativa de su invocación…´ (Informe Anual del Fiscal General de la Republicas, Año 1999, Tomo II, pp.62 , 63 y 64).

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:265 IFGR 1999, T.II., pp.62-64 DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION MEDIDAS CAUTELARES MOTIVO (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.407.

DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-290-2002 DRD FECHA:20020822

La medida cautelar sustitutiva prevista en el numeral 1 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la detención domiciliaria, tiene los mismos efectos que la privación judicial preventiva
de libertad prevista en el artículo 250 ejusdem. FRAGMENTO
“El Código Orgánico Procesal Penal trata la detención domiciliaria como una medida cautelar sustitutiva, por cuanto bajo ese título la prevé, los requisitos de su procedencia son distintos a la privación judicial preventiva de libertad y constituye una medida menos gravosa sustitutiva de ésta, no obstante, debe tenerse presente, que acordada la primera, ésta tiene los mismos efectos que la segunda. Así, el imputado al encontrarse sometido a dicha medida de coerción personal (detención domiciliaria), se halla restringido en el pleno ejercicio del derecho a la libertad y consecuencialmente los relativos al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la circulación, al libre tránsito, de expresión, y otros más de especial relevancia que atentan contra los derechos humanos. En torno a la delimitación de estos enunciados y como punto previo, debe señalarse la importancia dada por nuestros legisladores a los mismos en el ordenamiento jurídico, en tal sentido advertimos que la Constitución Nacional consagra lo concerniente a la libertad personal en los artículos 19, 22, 27, 44 y 46 y en el Código Orgánico Procesal Penal, observamos en sus disposiciones, un lugar excepcional en lo atinente a la libertad personal, específicamente en los artículos 9, 190, 191, 246, 247, señalando éste último, la necesidad imperiosa de interpretar de manera restrictiva las disposiciones que restrinjan la libe rtad del imputado y limiten sus facultades. (…) Y, desde el punto de vista de los tratados y acuerdos
Internacionales, sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, uno de los derechos que goza de un lugar privilegiado, aparte de la vida, es la libertad personal. Así, todas las declaraciones relativas a los derechos humanos recogen a este principio como un bien fundamental y capital de todos los seres humanos, esencial para su desenvolvimiento, el cual, al verse restringido por disposiciones expresas de carácter penal, resulta infringido en primer orden y de manera inmediata el libre tránsito, pudiendo entonces concluirse que al encontrarse afectado este último, estamos frente a una privación de libertad, desde el ámbito de sus efectos o resultados. En consecuencia, vistos los derechos fundamentales que resultan vulnerados al dictarse la detención preventiva, así como los acuerdos, tratados o normativas legales tendentes a proteger tales derechos, se hace oportuno atender a dicho criterio desde la óptica de otras legislaciones, advertimos entonces como en el procedimiento penal colombiano, la privación judicial preventiva de libertad se equipara a la detención domiciliaria, al señalar el autor Gilberto Martínez Rave,
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en su obra: Procedimiento Penal Colombiano, Novena Rdición, Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, pp. 358, 359 y 360, lo siguiente: ´...Cuando se ordena la detención preventiva de una persona a quien se sindica de la comisión de un delito cuya pena mínima prevista sea de cinco años de prisión o menos, el funcionario judicial sustituirá la detención preventiva en establecimiento carcelario
por la detención domiciliaria si se establece que por sus características familiares, laborales y por sus actuaciones con la comunidad, el sindicado demuestra que comparecerá al proceso y no coloca en peligro a la comunidad...Para conceder el beneficio de la detención domiciliaria, es necesario que en el proceso se den todas las circunstancias que autorizan la detención preventiva...Es lo que popularmente se ha conocido como conceder la casa por cárcel...el procesado no puede continuar su vida normal sino que queda recluido en su casa. No podrá ausentarse de ella, ni para cumplir sus compromisos laborales, estudiantiles, profesionales...´ Del párrafo trascrito precedentemente, se observa que para el citado tratadista, tanto la privación de libertad como la detención domiciliaria proceden bajo las mismas exigencias (excepto ésta última, la cual se aplicará cuando la sanción corporal sea inferior a los cinco años), y sus efectos comportan iguales consecuencias, por cuanto el procesado recluido en su casa no puede ausentase de la misma, ni cumplir compromisos básicos, propios de sus actividades, permitiéndonos entonces afirmar que efectivamente, al acordarse la aplicación de la detención domiciliaria el derecho a circular se encuentra afectado en su máxima expresión, tal y como sucede con la privación de libertad. En este orden de ideas y dentro de las consecuencias que acarrea la aplicación de una u otra medida, el autor español Francisco Rubio Llorente, en su obra: Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Doctrina jurisprudencial),
Editorial Ariel, S.A., Barcelona, emite el siguiente criterio, a tenor de lo pautado en la Constitución de su país, a saber: ´…No es constitucionalmente tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad...queden sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución por medio de una indebida restricción del ámbito de las categorías que en ella se emplean...debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad...(p. 166)´. Y los tratadistas, Vicente Gimeneo Sendra, Victor Moreno Catena y Valentín Cotés Domínguez, en su obra, Derecho Procesal Penal, 3ª. Edición, Editorial Colex 1999, dentro del contexto de la Constitución española, expresan lo
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siguiente: ´...El objeto material sobre el que recae esta medida cautelar es la libertad deambulatoria o derecho a la libertad de movimientos...Toda privación de libertad, pues, distinta a la pena de prisión o a la prisión provisional, entraña una detención, aun cuando pueda ser insignificante...por lo que un cambio nomen iuris de la privación de libertad (retención, intervención personal etc) resulta indiferente a los efectos de estimar o no vulnerado el artículo 17 de la Constitución...(p. 476)´. Al definir lo que debe entenderse por detención preventiva, a la
luz del derecho procesal penal de otras legislaciones, observamos en primer lugar que la detención domiciliaria se equipara a la privación de libertad y en segundo lugar, que al encontrarse limitado totalmente el derecho de la autodeterminación y la libertad de deambular o circular, estamos frente a una privación de libertad, que le restringe el libre desenvolvimiento de su personalidad, como consecuencia de los efectos que ésta produce, incluso no se llega a admitir términos medios entre detención y libertad…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:17 CRBV art:19 CRBV art:22 CRBV art:27 CRBV art:44 CRBV art:46 COPP art:9 COPP art:250 COPP art:256-1 COPP art:9 COPP art:190 COPP art:246 COPP art:247 DETENCION LIBERTAD MEDIDAS CAUTELARES PENAS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.407-408.

DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-322-2002 DRD FECHA:20021002

Al fiscal del Ministerio Público le corresponde velar por el cumplimiento de los derechos del imputado consagrados en las leyes vigentes, en este sentido, no puede permitir que el juez acuerde una medida cautelar sustitutiva de libertad en ausencia del imputado. FRAGMENTO
“Finalmente se advierte, que al representante del Ministerio Público colocar a la disposición del órgano jurisdiccional competente, a los ciudadanos LJAD y VAG, a los fines de llevarse a cabo la audiencia de presentación de aprehendidos, éste último no acudió a dicha audiencia,
en virtud del quebrantamiento de salud que presentaba para el momento, razón por la cual se llevó a cabo, (se presume fue diferida) en fecha 21 de noviembre de 2001, en cuyo acto el Juzgado (...) de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, señaló lo siguiente: ´...En virtud de que el imputado mencionado aún no se le ha realizado la audiencia oral y privada, por encontrarse hospitalizado; y por cuanto se observa que el imputado, fue trasladado hasta este Tribunal en una camilla lo que hacia imposible la realización de la audiencia en virtud de las condiciones físicas en que se encuentra, por lo cual este Juzgado...Acuerda:...otorgarle una medida cautelar de DETENCIÓN DOMICILIARIA al imputado de autos a los fines de que le sea realizado su tratamiento médico...todo de conformidad con lo establecido en el artículo 256, ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia de la presencia en este acto de la Defensora Pública...y del Fiscal del Ministerio Público...´ (copiado textual). La actuación antes señalada, contraviene los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto el órgano jurisdiccional efectuó dicho acto en ausencia de una de las partes, específicamente, de uno de los imputados, llegando incluso su actuación, a imponerle una medida de coerción personal sin haber escuchado antes los alegatos que a bien pudiera haber expuesto a su favor, a todo lo cual debió oponerse no sólo el abogado defensor, sino también el representante del Ministerio Público
como parte de buena fe, y aun cuando ello no hubiere sido posible, debió entonces haber expresado su desacuerdo con tal proceder, debido a la flagrante violación de los derechos supra mencionados, recogidos no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal, sino también por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Tratados internacionales…”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:256-1 AUDIENCIAS DERECHO DE DEFENSA FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO LIBERTAD MEDIDAS CAUTELARES PROCESOS (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.409.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-374-2002 DRD FECHA:20021108

El fiscal del Ministerio Público no está facultado para celebrar acuerdos reparatorios, debiendo sujetar su actuación a las facultades establecidas legalmente. En los casos en que el tribunal acuerde como condición de la suspensión condicional del proceso la “prestación de un servicio a favor del Estado”, debe especificar el servicio específico y el órgano del Estado beneficiario del mismo. FRAGMENTO
“Como puede observarse, el rol del fiscal del Ministerio Público en la aprobación de un acuerdo reparatorio es bastante activo; no obstante, estas atribuciones no se extienden a que sea él quien lleve la iniciativa de propiciar, gestionar y concretar un acuerdo reparatorio entre víctima e imputado, como en principio pareciera haber ocurrido en el caso sometido a
consideración, en el que la representante del Ministerio Público llevó hasta su definitiva conclusión el acuerdo reparatorio acordado por las partes, inclusive requiriendo la intervención de un Notario Público que al efecto se habilitó y trasladó a la sede fiscal a objeto de dar fe pública a los actos realizados. Tan evidente es esta circunstancia, que si al acuerdo celebrado en la sede fiscal, le quitamos la ´homologación´ otorgada posteriormente por el Tribunal de la causa, en nada se vería afectado materialmente dicho acuerdo, toda vez que ya cada una de las víctimas habría recibido a satisfacción la compensación esperada; sin embargo, a los efectos procesales, resulta pertinente destacar que el mismo no tendría ninguna validez si no se celebra en la sede del tribunal con la intervención del juez competente. A los fines de reforzar esta afirmación, es preciso revisar algunas de las atribuciones que le son conferidas a los fiscales del Ministerio Público en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al respecto, señala el artículo 34 en sus numerales 2, 4 y 6: ´Artículo 34: Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: 2. Proteger el interés público, actuar con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado y de la víctima y prestar atención a todas las circunstancias pertinentes del caso, 4. Atender las solicitudes de las víctimas y procurar que sean informadas acerca de sus derechos, con arreglo al Código Orgánico Procesal Penal, 6. Velar para que todo imputado sea instruido de sus derechos constitucionales y procesales.´

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Del
contenido de estas normas puede apreciarse lo que constituye parte del marco de actuación general de los fiscales del Ministerio Público con relación a la víctima y al imputado, destacando los deberes de objetividad, diligencia, y muy especialmente, el deber de información. Estos deberes, tanto el de objetividad que conlleva, entre otras cosas, la actuación imparcial del Ministerio Público, como el de información, no pueden interpretarse al extremo de inferir que conceden facultades que autorizan al fiscal del Ministerio Público a realizar actos no previstos expresamente en la esfera de su competencia en la ley adjetiva penal, como sería la celebración en su propia sede de un acuerdo reparatorio; más bien, en lo que al deber de información se refiere, el fiscal del Ministerio Público debe limitar su actuación – como lo establece la norma – a poner en conocimiento, tanto de la víctima como del imputado, el conjunto de derechos contenidos en la Constitución vigente y en el Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los cuales figura la posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio; sin que le esté dado influir de manera determinante para que víctima o imputado, o ambos, asuman la decisión de celebrar el convenio, ya que tal conducta afectaría en alto grado el deber de imparcialidad que de acuerdo a la ley debe observar en todo momento el titular de la acción penal. Ahora bien, puede suceder que en el transcurso de un proceso penal, víctima e imputado manifiesten al fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, su deseo de celebrar
un acuerdo reparatorio, tal como ocurrió en el presente caso. Ante esta eventualidad, sin lugar a dudas que operan las mismas facultades inherentes a los deberes de información antes mencionados, sin menoscabo de la posibilidad de revisión de los presupuestos de procedencia del acuerdo y lo inherente a los términos en que se va a desarrollar el mismo, esto último con base en la atribución conferida en el artículo 108, numeral 14 del Código Orgánico Procesal Penal, que obliga al fiscal del Ministerio Público a ´Velar por los intereses de la víctima en el proceso´, en aras de evitar situaciones que pudieran afectar o menoscabar los derechos de ésta; y una vez constatados los extremos legales exigidos al respecto, debe limitarse a transmitir al órgano jurisdiccional competente el planteamiento formulado, pudiendo, inclusive, en esta oportunidad emitir su opinión, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos de todo escrito fiscal, relativos a la base legal, motivación y fundamentación sobre la procedencia del acuerdo. Por lo antes expuesto, esta dirección es de la opinión que los fiscales del Ministerio Público no están facultados para llevar a efecto acuerdos reparatorios, debiendo sujetar su actuación a los límites exactos que les fija e l Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, es decir, a los deberes de información de sus derechos a víctimas e imputados y al deber de emitir su opinión sobre la procedencia de los acuerdos reparatorios. (…) Puede observarse que se trata de una situación en la cual el órgano
jurisdiccional competente dictó de manera genérica una condición a cumplir por el imputado, como consecuencia de la decisión de suspensión condicional del proceso que se le seguía. Esta condición consistió en ´prestar un servicio a favor del Estado´. Sin embargo, es evidente que el tribunal incurrió en una imprecisión, toda vez que no indicó el tipo de servicio a prestar, ni el órgano del Estado beneficiario del mismo.
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Ante tal situación, lo procedente era que alguno de los afectados por la medida, bien el imputado, por corresponderle su cumplimiento; el delegado de prueba, por corresponderle su supervisión; o la misma fiscal del Ministerio Público, como parte interesada en el proceso, solicitara al Tribunal la correspondiente aclaratoria de la decisión en cuanto al alcance de la medida; actuación que en este caso al parecer no realizó la representante fiscal, toda vez que ello no consta en los recaudos enviados para análisis a esta dirección. Por el contrario, si es evidente que la fiscal, recibía cada dos meses de parte del imputado J.C.J.C, una prestación en especie consistente en una resma de papel bond, y que la causa de tal prestación tenía su origen en el proceso penal signado con el N° (...) seguido a dicho imputado ante el Tribunal (...) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, lo que indica que dicha prestación era debido a tal circunstancia y no una colaboración espontánea del imputado. De esta información se deduce que la prestación hecha por el ciudadano J.C.J.C a la Fiscalía (...) del Ministerio Público
de San Juan de Los Morros, estuvo vinculada al cumplimiento de la condición impuesta por el tribunal (...) de Control de esa Circunscripción Judicial como “Deber de prestación de un servicio a favor del Estado”, la cual fue dispuesta de manera genérica. Por tal motivo, al haber recibido la Fiscal (…) del Ministerio Público del Estado Guárico la prestación en especie ofrecida por el imputado, se atribuyó la condición de beneficiario de la medida impuesta por el tribunal, con lo cual usurpó atribuciones que competen a la precitada Juez (...) de Control del Estado Guárico, como son la definición del servicio a prestar, el cual en ningún caso, en opinión de esta dirección, puede consistir en desembolsos pecuniarios o de otra actividad similar que afecte el patrimonio económico del imputado; y el organismo del Estado a favor del cual se va a realizar la prestación…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: LOMP art:34-2 LOMP art:34-4 LOMP art:34-6 COPP art:108-14 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACUERDOS REPARATORIOS FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO HOMOLOGACION MINISTERIO PUBLICO USURPACION VICTIMA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.409-411.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-322-2002 DRD FECHA:20021002

Los actos conclusivos adoptados por el fiscal del Ministerio Público, deben estar precedidos de una debida motivación y fundamentación, en torno a las razones alegadas para su procedencia. FRAGMENTO
“Dentro
de este contexto de ideas, es significativo resaltar la importancia que revisten los actos conclusivos presentados por los representantes del Ministerio Público, por cuanto ellos no sólo implican la finalización de una etapa procesal, como sería por ejemplo la acusación, cuya interposición además de establecer la conclusión de la fase preparatoria, da inicio a la fase intermedia y eventualmente a la apertura del debate oral y público. En el caso en estudio, específicamente en lo relativo a la solicitud de sobreseimiento, de ser acogido por el tribunal competente el criterio emitido en dicho requerimiento, el proceso concluiría definitivamente, lo cual produciría el efecto de cosa juzgada, es decir, la imposibilidad cierta, en base a derecho, de continuar una investigación en contra de aquel quien inicialmente fue señalado como autor de los hechos, pudiendo arrastrar consigo la impunidad de conductas no ajustadas a derecho. Son estos, algunos de los razonamientos que nos llevan a puntualizar el deber de los representantes del Ministerio Público, en cuanto a permanecer siempre muy atentos a la fase inicial de la investigación y a su posterior desarrollo, a objeto de lograr alcanzar pronunciamientos certeros en cuanto a los acontecimientos sometidos a su consideración y en consecuencia, producir opiniones basadas en los hechos y ajustadas a derecho, que al momento de interponer, solicitar o realizar determinada actuación ante los órganos jurisdiccionales, ésta sea lo procedente y en consecuencia lo acordado”.

DESC DESC DESC DESC DESC FUEN
FUEN

ACTOS CONCLUSIVOS COSA JUZGADA INVESTIGACION MOTIVO (DERECHO) SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.411.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MP N° DRD-2-14-133-2002 DRD FECHA:20020417

El Fiscal del Ministerio Público puede cambiar la calificación jurídica o variar la clasificación del tipo penal básico en la Audiencia Preliminar. FRAGMENTO
“La audiencia preliminar es el acto procesal realizado durante la fase intermedia, que tiene por objeto revisar, examinar y valorar el contenido y fundamentación de la acusación, lo cual trae como consecuencia igualmente la revisión del resultado de la investigación que ha sido considerada por el fiscal del Ministerio Público, como suficiente para formular una acusación motivada y conforme a derecho. En esta audiencia el juez de control debe resolver sobre la admisión o no de la acusación fiscal presentada y la acusación particular de la víctima, si la hubiere, asimismo, se pronuncia con respecto al sobreseimiento si se dan algunas de las causales de ley, decide las excepciones opuestas, las medidas cautelares solicitadas, sentencia conforme al procedimiento por admisión de los hechos, aprueba acuerdos reparatorios, acuerda la suspensión condicional del proceso, decide respecto a la pertinencia y necesidad de las pruebas, todo de conformidad con el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente, resuelve sobre la apertura o no del Juicio Oral y Público de conformidad con el artículo
331 ejusdem. Se observa que el juez de control tiene la posibilidad de atribuir a los hechos una calificación jurídica provisional, distinta a la de la acusación del fiscal o de la víctima, señalando las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica previamente establecida por el fiscal, ya que la actuación del juez se rige por el principio de ´iura novit curia´, es decir, el juez conoce el derecho, y en esta medida tiene la posibilidad de subsumir los hechos fijados por el Ministerio Público, en una norma jurídico penal distinta, asimismo, es concebido dentro del proceso penal como un funcionario autónomo e independiente en sus funciones, pero con apego al derecho, tal y como lo establece el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se encuentra perfectamente autorizado para realizar en base a los hechos y el derecho que le han sido alegados, un cambio de calificación jurídica, siempre cuidando de no caer en excesos derivados de la arbitrariedad y la ilegalidad, de conformidad con los artículos 330 numeral 2 y 331 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Importante mención merece la previsión contenida en el numeral 2 artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: ´Artículo 331. Auto de apertura a juicio. La decisión por la cual el Juez admite la acusación se dictará ante las partes. / El auto de apertura a juicio deberá contener: /(...)/ 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en
que se funda, y, de ser el
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caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación;´. Nuestra ley procesal exige que el cambio de calificación realizado por el juez de control debe estar debidamente motivado, señalando las razones por las cuales se ha apartado de la calificación jurídica dada por el fiscal del Ministerio Público, es decir, no es suficiente que el juez conozca el derecho y que en esa misma medida lo aplique a las circunstancias fácticas, sino que es necesario que fundamente la subsunción de los hechos en una determinada norma jurídica, de modo que aparezca como necesaria, precisa y adecuada a derecho. En este mismo orden de ideas, con la formulación de la acusación se introduce el objeto del juicio, vinculando al juez respecto de los hechos, no pudiendo apartarse de los mismos, sin embargo, no se encuentra vinculado respecto a la calificación jurídica alegada. De tal forma, considera este Despacho, que teniendo el juez de control e incluso el juez de juicio la posibilidad de modificar la calificación jurídica, bien sea durante la audiencia preliminar o durante el debate, respectivamente, el fiscal del Ministerio Público, teniendo bajo su dirección la investigación de la comisión de determinados hechos punibles y de la participación de los sujetos en dichos hechos, tiene un amplio conocimiento acerca de las circunstancias que rodearon el hecho investigado, de modo que puede dentro de su amplio marco de actuación modificar la calificación jurídica si así lo considera necesario y adecuado a
derecho. El fiscal del Ministerio Público, puede intentar la modificación de la calificación jurídica tanto en la audiencia preliminar, como en el debate a través de la ampliación de la acusación de conformidad con el artículo 351 del Código Orgánico Procesal Penal, que faculta tanto al fiscal como al querellante para que amplíen su acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho capaz de modificar la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, de modo que en esta fase, el cambio de calificación se produce a través de la ampliación de la calificación. En cambio, la facultad del fiscal del Ministerio Público de cambiar la calificación jurídica en la audiencia preliminar no se establece expresamente, sino que se extrae de una interpretación concatenada de las normas que prevén su actuación dentro del proceso penal. Se debe velar por el respeto de las garantías judiciales del juicio previo y debido proceso durante el desarrollo del proceso, a los fines de que el proceso se lleve a cabo sin dilaciones indebidas y conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo como objetivo el establecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, de conformidad con los artículos 285 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal. El cambio de calificación jurídica debe responder a los principios y garantías que rigen el proceso, a los fines de dejar sentada la verdad acerca de la ocurrencia de los hechos
y su adecuación jurídica. El representante del Ministerio Público es parte de buena fe en los procesos judiciales, y como tal debe velar tanto por los derechos de la víctima como del imputado. En los casos en que sea procedente, debe el fiscal solicitar el cambio de la calificación jurídica, ya que de no hacerlo, podría estar atribuyendo un delito más o menos grave del que realmente se supone ha cometido el imputado, y con ello se estaría desvirtuando uno de sus deberes en el proceso penal, como es el
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actuar con objetividad y como parte de buena fe, todo de conformidad con el artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 328, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, le da la posibilidad a las partes de ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la formulación de la acusación. De estas pruebas perfectamente podría desprenderse una nueva calificación jurídica para los hechos imputados, caso en el cual el fiscal del Ministerio Público debe manifestarla en resguardo del derecho a la defensa y del debido proceso del imputado y de la víctima en el proceso. La idea de que el fiscal del Ministerio Público puede cambiar la calificación jurídica, se ve igualmente reforzada por el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: ´Artículo 350. Nueva calificación jurídica. Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al imputado sobre esa posibilidad, para
que prepare su defensa. …´ Esa previsión legal implica que las partes de un proceso penal pueden realizar un cambio de calificación, antes de la celebración del debate o durante el mismo, por cuanto el tribunal está facultado para cambiar la calificación jurídica, si tal posibilidad ´no ha sido considerada por ninguna de las partes con anteriorida´”, durante el debate. Ahora bien, cuando el cambio de calificación se produzca en la audiencia preliminar, debe tenerse presente que tal modificación podría realizarse cuando surjan elementos nuevos, o desconocidos para el momento en que se presentó la acusación, los cuales impliquen como consecuencia lógica y necesaria un cambio de calificación jurídica o una modificación en la valoración jurídica que de un determinado hecho se ha realizado, esto en virtud de la variación que se pudiera producir en la apreciación que el fiscal tenía de los hechos originalmente atribuidos al imputado. De tal forma, que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, muestra de ello es que tiene la obligación de hacer constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundamentar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle (artículos 281, 283 del Código Orgánico Procesal Penal), por tanto, si luego de presentada la acusación, el fiscal tiene conocimiento de un nuevo elemento o circunstancia que no conocía para esa oportunidad, y que de alguna manera modifican los hechos encuadrados en el tipo penal, perfectamente puede en la audiencia preliminar realizar el cambio o modificación
de la calificación contenida en la acusación. Sin embargo, debe tenerse presente que tal modificación no debe realizarse en forma arbitraria sino de manera excepcional, siempre y cuando existan hechos y pruebas suficientes que sustenten el cambio de la imputación inicial. Tal obligación se encuentra reafirmada en el ordinal 2° del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece: ´Artículo 34. Son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Publico:/(...)/ 2° Proteger el interés público, actuar con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado y de la víctima y prestar atención a todas las circunstancias pertinentes del caso...´”.
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Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:285-2 COPP art:1 COPP art:4 COPP art:13 COPP art:102 COPP art:281 COPP art:283 COPP art:328-8 COPP art:330 COPP art:330-2 COPP art:331 COPP art:331-2 COPP art:350 COPP art:351 LOMP art:34-2 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACUSACION AUDIENCIAS CALIFICACION JURIDICA FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO JUECES PROCESOS (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.411-413.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-5-50-2002 DRD FECHA:20020213

La fórmula decadactilar determinada por los expertos de la DIEX, debe ser estimada jurídicamente como un dato de identificación del imputado, aunado al nombre, cédula de identidad y sexo, entre otros. FRAGMENTO
“En este sentido, y con el propósito de lograr la necesaria,
debida y plena identificación del imputado, desde la fase inicial del proceso, esta dirección considera acertado, establecer ese mecanismo, mediante el cual, a toda persona que ingrese al proceso penal como imputado, se le determinará su Fórmula Decadactilar, certificada y cotejada en el archivo de la dependencia identificadora (DIEX), con los datos suministrados por el imputado, o los que sean expuestos en las actas policiales, a fin de advertir la posibilidad de que adicionalmente, estemos frente a un delito de usurpación de identidad, falsificación de documento, entre otros. De esta manera nos aseguramos, presentar ante el juez de control, llevar a juicio y lograr la condena, según corresponda, de la persona que cometió el delito, sin tener ninguna duda. Debe destacarse que la individualización de los sujetos a través de sus huellas dactilares, es un mecanismo de vieja data, considerado cómo el método más confiable de identificación. Al respecto el Dr. Eduardo Vargas Alvarado, en su libro Medicina Legal, Compendio de Ciencias Forenses para Médicos y Abogados, Segunda Edición, San José de Costa Rica, Año 1980, p. 52, señala lo siguiente: ´...Los dibujos papilares son absoluta e infinitamente diferentes, lo que hace que cada persona tenga una fórmula dactilar propia. / Son inmutables... ´No son hereditarios... ´ La propuesta realizada por el fiscal (...), se encuentra en total armonía con lo señalado en el artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la identificación del imputado, cuando señala: Identificación. ´...Desde el
primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos personales y señas particulares. /Se le interrogará, asimismo, sobre su lugar de trabajo y la norma más expedita para comunicarse con él. Si se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificara por testigos por otros medios útiles...´ Aunado al contenido del artículo 8° de la Ley Orgánica de Identificación que establece: ´...Son elementos básicos de la identificación de las personas naturales: sus nombres, apellidos, sexo y los dibujos de sus crestas papilares...´. De tal forma, que se estima jurídicamente adecuado adicionar a los datos de identificación utilizados de ordinario (nombre, cédula de identidad, sexo, etc.) para referirnos al imputado, la Fórmula Decadactilar determinada por los expertos de la DIEX. Ahora bien, en virtud de la dinámica y de los múltiples procedimientos penales que se inician y prosiguen a nivel nacional, se estima viable -en corto plazo -tal propuesta en el Área Metropolitana de Caracas, donde sería necesario instalar
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uno o más funcionarios de la DIEX, -probablemente en el Palacio de Justicia -en el área de reseña que utilizan los empleados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas /C.I.C.P.C/, quienes determinarían -previo a su presentación ante el juez de control -la Fórmula Decadactilar de los imputados. Sin embargo, es preciso que se establezca un mecanismo igualmente expedito, a objeto de contrastar la Fórmula Decadactilar con los restantes datos de identificación aportados por
el imputado y el contenido de la tarjeta de datos filiatorios (alfabética) cursante en los registros de la D.I.E.X., con la finalidad de conocer lo más pronto posible, la verdadera identidad del sujeto y la probable usurpación de ésta. Adicionalmente, el instituir este sistema de identificación, ayudaría a concretar y solidificar, la necesaria y positiva coordinación que debe existir entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, los distintos Cuerpos de Investigaciones Penales y demás órganos del Poder Público, relacionados con la aplicación de la justicia. Por lo señalado anteriormente, podemos concluir, que el establecimiento de la Fórmula Decadactilar de los imputados en todo proceso, resultará, sin duda, un logro para todos los operarios de justicia, toda vez que la sombra de duda que en momentos pudiese presentarse, respecto a la Identificación del Imputado, quedará irrefutablemente suplida por la certeza y satisfacción de que existe una absoluta correspondencia, entre la persona que infringió la ley y la juzgada…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:126 IDENTIFICACION FALSEDAD EN DOCUMENTOS HUELLAS IMPUTABILIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.414.

DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-10-119-2002 DRD FECHA:20020410

Es necesario diferenciar entre las medidas de aseguramiento y las medidas preventivas, ya que las primeras tienen como finalidad preservar las pruebas en el proceso
penal, y las segundas, tienen como finalidad asegurar las resultas del juicio. Puede el fiscal del Ministerio Público, solicitar al tribunal de control, como medida de aseguramiento, la suspensión de un proceso judicial, así como el resguardo del expediente, siempre que se cumplan determinados requisitos. FRAGMENTO
“Antes de referirnos al objeto específico de la solicitud, se estima conveniente realizar una serie de consideraciones relativas a las Medidas preventivas y asegurativas. Las medidas preventivas, para Chiovenda: ´Son medidas provisionales de cautela y las define diciendo, que son medidas especiales determinadas por el peligro o la urgencia y que surgen antes de que sea declarada la voluntad de Ley, que nos garantiza un bien o antes de que sea realizada su actuación práctica.´ Calamandrei, define la cautela atendiendo a la finalidad que persigue, en tal sentido dice: ´Que las providencias cautelares son aquéllas que tratan de prevenir con carácter de urgencia el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva, inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario. En tal sentido, nunca constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran previamente.´ Las medidas preventivas se encuentran establecidas en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 585, y sólo proceden, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum
in mora) y que el solicitante acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de tal circunstancia y del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Prevé el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: ´...Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama...´ Bien sean las medidas nominadas, como el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles o las innominadas, el juez se encuentra en la obligación de acordarlas,
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siempre y cuando se den los requisitos de las mismas .(Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil). Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha referido a la procedencia de estas medidas en materia penal, en Sentencia del 14 de marzo de 2001, N°00-2420, la cual de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene carácter vinculante. Al respecto, se estima necesario referirnos en parte al contenido de tal decisión, que establece: ´...Ante algunos delitos, es posible confiscar bienes o inmovilizarlos preventivamente, lo que atiende a otro tipo de figura, dirigida hacia la cautela sobre los bienes objeto del delito, por lo que durante el proceso donde se ventilan tales delitos, puede ocuparse o incautarse derechos, tal como lo
previene el artículo 271 constitucional en los procesos penales para salvaguardar el patrimonio público o en los casos de tráfico de estupefacientes. Para lograr tal finalidad se podrá acudir al embargo y a prohibiciones de enajenar y grabar de bienes muebles o inmuebles, a los fines de asegurar el cumplimiento del fallo (confiscación de bienes), y también a lograr uno de los fines de las ocupaciones, de neto corte probatorio: prohibir se innoven los inmuebles./ El artículo 271 constitucional ha exigido la orden judicial para dictar medidas cautelares preventivas sobre bienes, y por su incidencia sobre el derecho de propiedad, considera la sala que tal autorización judicial atiende a un principio rector en materia de medidas cautelares...´ De lo anterior se desprende, que las medidas preventivas si pueden ser solicitadas por los fiscales del Ministerio Público dentro del proceso penal, por ejemplo, en aquellos casos iniciados con ocasión de la presunta comisión de delitos que atenten contra el patrimonio público o tráfico de estupefacientes Tal criterio fue reafirmado por el legislador, cuando en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 551 incorpora una remisión al Código de Procedimiento Civil, permitiendo su aplicación supletoria en lo que respecta a las medidas nominadas o innominadas sobre bienes que no se consideren cuerpo del delito, ni objetos pasivos del mismo, pero que se encuentren ligados al hecho punible, así tenemos: ´...Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas
preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles serán aplicables en materia procesal penal...´ En cuanto a las medidas de aseguramiento, cabe señalar que son ejecutables sobre los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración de un ilícito penal. Como es sabido, los objetos activos del delito son aquellos con los cuales se perpetra el hecho punible, en consecuencia, son susceptibles de aseguramiento de oficio por parte del Ministerio Público o del órgano de investigaciones. Por otra parte, los objetos pasivos del delito, son aquellos sobre los cuales recae la acción delictiva, y debemos diferenciar entre los objetos pasivos relacionados de forma directa y de forma indirecta, con el hecho punible. Los primeros se encuentran claramente relacionados con la causa, (por ejemplo en un delito de hurto de vehículo automotor, sería el vehículo) mientras que los segundos, se relacionan con el producto del delito (por ejemplo en un delito de estafa, sería el bien que adquiere el estafador con el dinero mal habido)... Ambas figuras, las medidas asegurativas y las preventivas, tienen en común la aprehensión por parte del Estado de bienes muebles o inmuebles con miras al
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proceso penal, pero encuentran su diferencia, en que unas tienen como finalidad servir de prueba en el proceso penal y las otras verificar las resultas del juicio. Ahora bien, corresponde con base en las consideraciones expuestas, opinar respecto a si es procedente o no la solicitud del Ministerio Público de suspensión de un proceso judicial,
como una medida de aseguramiento: En atención a ello, cumplo en informarle lo siguiente: Primero: Todo escrito emanado de un fiscal del Ministerio Público contentivo de una determinada opinión jurídica, debe estar debidamente encabezado, a través del señalamiento de las normas jurídicas que lo facultan para actuar de una u otra forma, para tomar una decisión capaz de producir efectos jurídicos dentro del proceso penal, de modo que es necesario que señale el fundamento legal pertinente que le da la competencia para proceder en el caso específico... Segundo: La solicitud del Ministerio Público en el presente caso, debe ser dirigida al Juez de control, ya que son estos los encargados de controlar el cumplimiento de los principios y garantías que se encuentran en la Constitución, los Tratados Internacionales y el propio Código Orgánico Procesal Penal, lo cual fue debidamente realizado por el fiscal. Tercero: Es un requisito para dicha solicitud, que el fiscal encuentre fundamento en su investigación que lo lleve a considerar que existe un ilícito penal, que encuadraría en el Código Penal o en cualquiera de las leyes que tratan materias penales especiales, que sea perseguible de oficio, o a instancia de parte y medie la respectiva denuncia. En base a lo anterior, debió el representante del Ministerio Público dejar constancia en el escrito, de los fundamentos que lo llevan a considerar que existe un delito de salvaguarda y cómo se configura, ya que es deficiente la fundamentación en cuanto a la configuración del hecho punible, requisito necesario para
la solicitud de tal suspensión. En el escrito no se encuentra relación entre los hechos y la norma penal en la cual el fiscal los subsume. El fiscal califica los hechos de acuerdo con el delito de concusión violenta y fraudulenta, establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, según el cual, el funcionario público abusa de sus funciones para inducir o constreñir a alguien a que de o prometa para él u otro alguna ganancia, supuesto de hecho que no se encuentra en la narrativa de los hechos, ya que, de los hechos expuestos por el fiscal no se deriva la comisión de algún hecho punible, mucho menos el delito de concusión por él referido, no estando dado a este Despacho especular respecto a la posible existencia en la averiguación de otros elementos, no señalados por el fiscal en su escrito, que permitan concluir que el tipo penal fue cometido, si es que ello ocurrió. Tal fundamento fáctico y su adecuación al derecho son requisito imprescindible para fundar una medida como la expuesta. El fiscal no explica cuál fue el abuso de funciones en que incurre el juez, ni tampoco cita cual fue el beneficio obtenido por el juez o la empresa... Cuarto: Que las actas del expediente formen objeto activo o pasivo del delito. En el presente caso no podemos emitir opinión acerca de este requisito, ya que como se dijo anteriormente, no se encuentran en el escrito los elementos de convicción suficientes para la configuración del hecho punible calificado por el
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fiscal, y esto dificulta el analizar si el expediente forma
o no objeto del delito. Quinto: Este aseguramiento no debe exceder el tiempo prudencial de la investigación, de acuerdo con el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal: ´...El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera...´ Debemos aclarar, que al realizarse el aseguramiento del expediente, por considerar que éste es objeto del delito, ya se le atribuye el hecho punible a una persona determinada, lo cual trae como consecuencia que el tiempo máximo de la medida de aseguramiento sea de seis meses, con las prórrogas que a consideración del tribunal deban ser otorgadas, siguiendo con el artículo 313 citado con anterioridad: ´...Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación...´ Pero, si de la investigación llevada a cabo por el fiscal no se desprenden suficientes elementos de convicción para acusar, considerando el fiscal el archivo de las actuaciones, esta medida de aseguramiento deberá cesar, y proseguir el juicio, ya que, entre las atribuciones constitucionales de los fiscales, se encuentra la de garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, de acuerdo con el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En conclusión, como se ha indicado
en el transcurso de esta opinión, el fiscal se encuentra en pleno derecho de solicitar, como medida de aseguramiento, la suspensión de proceso judicial, así como el resguardo del expediente, si considera que el mismo forma parte de los objetos activos o pasivos de un delito, y siempre y cuando, la solicitud encuentre su fundamento en elementos de convicción suficientes que demuestren la existencia de un hecho punible en particular. Ahora bien, en el presente caso de acuerdo con la información contenida en el escrito que se examina para la fecha en fue solicitada la medida, no se encuentran elementos de convicción suficientes que nos lleven a considerar que estamos frente al delito de concusión violenta y fraudulenta de funcionario público, establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tal como lo señaló el representante del Ministerio Público en su escrito, lo cual podría llegar a constituir una violación al debido proceso establecido en el artículo 49, ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se considera (...) como requisito fundamental de procedibilidad de cualquiera de las cautelas, el certero establecimiento del ´hecho punible´ acreditado por quien representa, en este caso, la pretensión punitiva. Debió por tanto, señalarse expresamente el ilícito infringido y que dio origen a la investigación, así como motivar debidamente cómo éste se configura de acuerdo al resultado de las diligencias preliminares, todo lo cual permitiría para el imputado, la posibilidad de conocer
debidamente el tipo penal que se le imputa y ejercer su derecho a la defensa, garantizando de tal manera el debido proceso. Si bien es cierto que el artículo 285 ordinal 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, faculta al Ministerio Público para solicitar el aseguramiento de los bienes relacionados con la perpetración, lo que implica que debe haber una
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previa identificación del tipo cuyo bien jurídico protegido comporta la precisión del objeto material específico del ilícito. Considera esta dirección, que el fiscal del Ministerio Público con su actuación vulneró el debido proceso, al solicitar la suspensión del proceso y el resguardo del expediente sin haber motivado debidamente su solicitud, con base en las resultas de la investigación, que le aportaron suficientes elementos de convicción que lo llevaran a considerar que existía un delito (como se ha expresado con anterioridad)…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:49-1 CRBV art:271 CRBV art:285 CRBV art:285-3 CRBV art:335 CPC art:585 COPP art:313 COPP art:551 LOSPP art:62 STSJSCO 14-03-2001 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN CONCUSION DROGAS EJECUCION EMBARGO EXPEDIENTE FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO GARANTIAS CONSTITUCIONALES JUICIO MEDIDAS CAUTELARES MOTIVO (DERECHO) PROCEDIMIENTO PENAL PROCESOS (DERECHO) PRESUNCION PRUEBA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO SECUESTRO VEHICULOS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.415-418.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL
Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-14-121-2002 DRD FECHA:20020411

El imputado no puede intervenir de forma directa en el proceso de motivación del fiscal del Ministerio Público, que antecede a la formulación de la acusación, sino que corresponde al defensor alegar en las instancias procesales oportunas, los elementos de convicción pertinentes a la demostración de la inocencia del imputado. FRAGMENTO
“El ciudadano DAP, señala que el Fiscal (...) del Ministerio Público del Estado Yaracuy, oculta y retiene maliciosamente, evidencias o elementos de prueba que demuestran su inocencia en el caso analizado, lo cual contradice el rol de buena fe del fiscal del Ministerio Público en el proceso penal. Señala igualmente como fundamento de su alegato, una serie de diligencias que supuestamente no fueron tomadas en cuenta por el fiscal. En este sentido, debe señalarse que cuando el fiscal del Ministerio Público decide acusar a un sujeto de la comisión de un determinado hecho punible, lo hace consciente de que existen suficientes elementos que demuestren que el hecho objeto del proceso se ha verificado en la realidad, y que el sujeto involucrado ha participado en los hechos punibles imputados, esto debido a la exigencia contenida en nuestra ley procesal, referida a la necesidad de que el fiscal estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado. De modo que si el fiscal deduce que de la investigación no surge fundamento serio para formular una acusación,
sobresee o decreta el archivo en el caso concreto. La investigación debe tener por norte fundamental la búsqueda de elementos relacionados con el hecho y los sujetos objeto del proceso, sin discriminar a priori la culpabilidad o inocencia del imputado en los hechos, es decir, la actuación del fiscal del Ministerio Público a lo largo de la averiguación se dirige en general al establecimiento de la identidad de los autores o partícipes en el hecho, y del hecho investigado que dio inicio al proceso, a los fines de obtener los elementos de convicción apropiados para el caso (artículo 108 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal). Este norte fundamental se corresponde con el alcance que debe darle el fiscal a la fase preparatoria, dirigiendo su actividad a los efectos de dejar constancia de los hechos y circunstancias útiles tanto para fundar la inculpación del imputado, como para exculparle (artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal). De modo que si el fiscal encuentra en su investigación elementos suficientes para realizar una imputación específica, procede a formular una acusación haciendo uso de tales elementos, mientras que si no encuentra elementos suficientes para fundarla, procede a sobreseer o archivar, en vista de la insuficiencia de elementos o en vista de la procedencia de alguna de las causales de sobreseimiento, siempre fundado en los elementos que apoyan su pedimento. Es a través de la acusación que el fiscal del Ministerio Público, debe motivar y expresar las razones de hecho y de derecho, con base en las cuales considera
que las diligencias de investigación recabadas son suficientes para formular una acusación, relacionándolas concatenadamente con los hechos acaecidos y con los sujetos involucrados, siendo impertinente mencionar diligencias que nada aportan a la formulación de la acusación, y teniendo plena certeza de que procede dicho acto 165

conclusivo. Las observaciones específicas realizadas al escrito de acusación se encuentran en la primera parte de esta opinión. El artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, establece entre los derechos del imputado la posibilidad de ´que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan´; ´ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor públic´; ´pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen´; ´solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido (...)´. El proceso penal establece garantías para el imputado, a los fines de ejercer sus derechos cabalmente, de modo que mal puede afirmarse que el fiscal ha ocultado maliciosamente documentos fundamentales para exculpar al imputado, debido al hecho de tener la facultad de solicitar de forma expresa diligencias pertinentes a esos efectos, estar informado de los hechos que se le imputan, estar asistido de un defensor desde los actos iniciales de la inve stigación y tener la posibilidad de conocer su contenido. Afirma también el ciudadano DAP,
que existen una serie de actuaciones que no le fueron facilitadas por el fiscal del Ministerio Público, lo cual en caso de haberse producido, –de lo cual no se tiene certeza- es contrario al derecho que tiene el imputado de acceder a las actuaciones que directamente le involucran, consagrado este derecho en nuestra ley procesal penal. Sin embargo, el imputado no puede intervenir de forma directa, en el proceso de motivación del fiscal del Ministerio Público, que antecede a la formulación de la acusación, sino que en el mismo sentido de la afirmación hecha por el Fiscal ... del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en su oficio, corresponderá al defensor alegar en las instancias procesales oportunas, los elementos de convicción pertinentes a la demostración de la inocencia del imputado, y al juez corresponderá ponderarlos para admitir o no la acusación presentada y posteriormente en caso de admitir la acusación, declarar la culpabilidad o inocencia del imputado”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:108-1 COPP art:108-2 COPP art:125 ACTOS CONCLUSIVOS ACUSACION ARCHIVO FISCAL DEFENSORES IMPUTABILIDAD INVESTIGACION MOTIVO (DERECHO) PRESUNCION SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.418-419.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-8-141-2002 DRD FECHA:20020423

Cuando estamos en presencia de un delito de acción privada y
uno de acción pública, atribuidos a un mismo sujeto, procede la aplicación del artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal. Aun cuando el delito de violación previsto en el artículo 375 del Código Penal es un delito de acción privada, motivado a la especial protección que merece el bien jurídico protegido en estos casos y por razones de índole procesal, de conformidad con el artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público, se encuentra facultado para iniciar la acción sin querella, bastando la simple denuncia, flexibilizando de esta forma el modo de instar la acción y enjuiciar al responsable. FRAGMENTO
“(...) En relación a los hechos expuestos, esta Dirección estima necesario puntualizar algunos aspectos, entre otros, debe tenerse en cuenta lo establecido en el primer aparte del artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal, que se transcribe a continuación: ´Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al juez competente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del procedimiento ordinario´. Tal como fue indicado, en el presente caso nos encontramos en presencia de dos delitos, por una parte, tenemos el delito de lesiones personales, el cual es de acción pública, y por la otra, tenemos la violación, que es de acción privada. De tal forma, que partiendo del principio de unidad y subsecuentemente del de la indivisibilidad del juicio penal, que consiste en un conjunto
de actos, hechos y acontecimientos que no pueden ser considerados aisladamente, es por lo que, en el presente caso debía estimarse la previsión contenida en el artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal, antes transcrito, por cuanto, si bien es cierto que el delito de violación, en el caso de marras, procede a instancia de parte agraviada, se observa que además del delito de violación se cometió otro delito, por lo cual debe procederse conforme al procedimiento ordinario, en virtud de que el delito de lesiones personales es de acción pública, y atrae al delito de otra naturaleza (violación). En este sentido, se pronunció la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, en sentencia de fecha 13-8-63, 6F412 Ep.718, página 755 y 756. Díaz Chacón Freddy, 30 Años de Casación, Máximas y Extractos. 1959-1988. ´cuando un delito de acción privada por su naturaleza, se cometa conjuntamente con otro de naturaleza, distinta o que sea conexo con él, se procederá a la averiguación sumaria como sí fuera de acción pública...”/ “…el delito de violación que es, por esencia, de acción 167

privada, se convierte en delito de instancia de acción pública cuando se comete conjuntamente con otros hechos punibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, en el caso de violación y lesiones, cuando éstas no corresponden a aquellas que integran el acto natural de la violación´ No obstante ello, en el caso que se analiza, la fiscal (...) decretó el archivo de las actuaciones respecto al delito de lesiones personales (acción pública), lo cual dejaba subsistente
la investigación y por ende el proceso, solamente en cuanto al delito de violación (acción privada). De tal forma, que decretado un acto conclusivo parcial como lo fue el Archivo por el delito de lesiones leves, en cuanto al delito de violación en el caso de marras, por ser un delito de acción privada que procede a instancia de parte agraviada y por no tener legitimación activa para actuar, las representantes del Ministerio Público plantearon la existencia de un obstáculo para ejercer la acción correspondiente, notificándole a la víctima de tal decisión. Al respecto, no hay duda en cuanto a la naturaleza de la violación como delito de acción privada, aunado a ello, tenemos que de acuerdo a las previsiones del Código Penal, específicamente el artículo 380, el enjuiciamiento en estos delitos no se hará lugar sino por instancia de parte agraviada o de quien sus derechos represente, estableciendo este artículo tres supuestos en los cuales podrá procederse de oficio (...). En el caso objeto de análisis, de acuerdo a la relación de los hechos, no está dado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 380 del Código Penal, que permiten proceder de oficio a la persecución penal. Sin embargo, sobre este particular, es necesario hacer referencia a la previsión contenida en el artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal que establece lo siguiente: ´Delitos de Instancia Privada. Sólo podrán ser ejercidas por la víctima, las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia privada, y su enjuiciamiento se hará conforme
al procedimiento especial regulado en este Código./ Sin embargo, para la persecución de los delitos de instancia privada previstos en los capítulos I, II y III, Título VIII, Libro Segundo del Código Penal, bastará la denuncia ante el fiscal del Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales competentes, hecha por la víctima o por sus representantes legales o guardadores, si aquella fuere entredicha o inhabilitada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales...´ Esta disposición tiene su origen en el artículo 102 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y 9 de la Ley de Policía Judicial, hoy derogados, en los cuales se consagraba un nuevo modo de proceder denominado doctrinalmente ´requerimiento de parte´, con la finalidad de facilitar la investigación de aquellos hechos punibles contra las Buenas Costumbres y el Buen Orden de las Familias, lo cual procuraba además, ampliar el ámbito de protección del bien jurídico que tales tipos penales resguardan, a través de la flexibilización del modo de instar la acción y enjuiciar al responsable. Así las cosas, nos encontramos con dos disposiciones en apariencia contradictorias, artículos 380 del Código Penal y 25 del Código Orgánico Procesal Penal-, no obstante, en virtud de la aplicación preferente de las leyes especiales en materias que constituyan la especialidad, debe interpretarse que el Código Orgánico Procesal Penal es de aplicación prioritaria, en cuanto contiene las normas relativas al procedimiento a seguir para el enjuiciamiento en estos casos. En este sentido
se pronunció la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, en fecha 24-2-81, al establecer: 168

´El Título II del Libro Primero del Código Orgánico de Enjuiciamiento Criminal establece tres modos de proceder: / el procedimiento de oficio, la denuncia y la acusación. El artículo 102 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece como regla general que en los hechos punibles de acción privada no podrá procederse al enjuiciamiento de la parte ofendida o su representante legal no formulan acusación ante la autoridad competente para recibirla, en conformidad con las disposiciones del Código Penal. El mismo artículo contempla la excepción de que en los delitos de acción privada, especificados en los Capítulos I, II, y III, Título VIII, Libro Segundo del Código Penal, para la formación de causa, bastará la denuncia o información dada a cualquier funcionario de instrucción por la persona ofendida o por sus representantes legales o guardadores, si aquélla fuere menor, entredicha o inhabilitada, sin perjuicio de los que dispongan las leyes especiales. En virtud de esta disposición de excepción, si se puede proceder al enjuiciamiento en los casos en ellas indicados, sin que se haya formulado acusación y procederse como si el delito fuere de acción pública…No procede en el presente caso la aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 220 y 310 del Código de Enjuiciamiento Criminal…Por tanto, habiéndose iniciado este proceso, por denuncia, no había necesidad de formular la querella… Por otra parte, en sentencia publicada en
Jurisprudencia de los Tribunales de la República, Vol. XVIII, 1970, pág.239, la Corte Suprema de Justicia indicó: ´…El derecho como producto de la vida social, evoluciona en la misma forma como se opera el desarrollo y la complejidad de la actividad individual de las comunidades. Por ello, ante el aumento desmedido de los hechos punibles contra el buen orden de las familias, el legislador para una mejor protección ha ampliado la rigidez clásica de los modos de proceder y, a tal efecto, consagró la facultad de ejercer la acción, en los delitos contra la mencionada institución, para la formación de la causa, mediante una simple denuncia o información, dada a cualquier funcionario competente de Instrucción, por la persona ofendida o por su representante legal./Ahora bien, señala la Doctrina en uno de sus principios generales de Derecho que las leyes especiales tienen aplicación preferente en las materia que constituyen sus especialidad. En este sentido, el Código de Enjuiciamiento Criminal, integrado por un conjunto de normas para regular la tramitación del proceso penal, es -dentro de una elemental interpretación- ley especial para su aplicabilidad en todo lo que se refiere y relaciona con el procedimiento del mencionado juicio./De tal manera, que si bien el artículo 387 del Código Penal establece en los delitos de acción privada, su enjuiciamiento no puede hacerse sino mediante acusación de la parte agraviada, tal disposición cede en su aplicabilidad ante el contenido de la norma especial en materia procedimental, prevista en el artículo en el artículo
102 del Código de Enjuiciamiento Criminal en todos aquellos hechos punibles contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias-, al señalar expresamente la circunstancia de que en los delitos especificados en los Capítulos I, II, III, Títulos VIII, Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentran precisamente el de acto carnal, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, que es el mismo al cual se contrae el presente expediente, 169

puede iniciarse la formación del sumario mediante denuncia o información. No ha querido con ello el Legislador modificar la naturaleza de los hechos punibles calificados como de acción privada, sino que simplemente le ha dado mayor flexibilidad para proceder a la iniciación del sumario y, consecuencialmente al enjuiciamiento del culpable…En esta forma han quedado derogadas -por aplicación preferencial del dispositivo procedimental contenido en el artículo 102 del mencionado Códigolas disposiciones consagradas en los artículos 380, 387 y 391 del Código Penal del 1926, reproducida íntegramente en la Reforma de 1964, que exigían como requisito esencial de procedibilidad, para el enjuiciamiento de los delitos de acción privada, violación, actos lascivos, rapto, acto carnal, seducción y corrupción, la acusación de la parte agraviada o de su representante legal . Es ésta la interpretación que debe dársele a la colisión de las normas de carácter sustantivo y adjetivo, que han motivado el análisis que se ha hecho. De no haber sido esa la intención del Legislador, habría resultado inoperante
la inclusión de la segunda parte del artículo 102 en la Reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1962…En este mismo sentido se ha pronunciado la Doctrina en publicaciones de distinguidos profesionalmente del Derecho, como los doctores Esteban Angulo Freytes, Consultor Jurídico de la Fiscalía General del la República y Osmán Maldonado Vivas. A tal efecto, dice el último de los autores nombrados, al analizar los modos de proceder en los delitos de acción privada -y concretamente el artículo 102 aparte segundo del Código de Enjuiciamiento Criminal- que:/ “En estos casos ha sido un criterio nuevo del Legislador que para instar la acción penal, el funcionario de instrucción procede en base a denuncia o información dadas por los representantes legales o guardadores y el proceder será de oficio porque si los agraviados no intentan la correspondiente y formal acusación, la Ley autoriza a los funcionarios judiciales, en virtud de un principio de defensa social y dadas las graves circunstancias que el hecho reviste, para actuar directamente sobre el mismo, aunque la persona agraviada sea mayor de edad y tenga quien la represente y en virtud de que esta actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público constituye una excepción de la acción penal...” (Modos de instar la acción penal, Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológica. Universidad Central de Venezuela Pág. 52).

Por lo expuesto, aun cuando el delito de violación conserva en esencia, su naturaleza de delito de instancia privada, el texto adjetivo penal, en
su artículo 25, posibilita la persecución de los delitos allí expresados, con la sola denuncia realizada ante el fiscal del Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales, por la víctima o por sus representantes legales o guardadores, si aquella fuere entredicha o inhabilitada. De tal manera, que en el caso que nos ocupa, por cuanto la víctima presentó dos denuncias, una ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y la otra ante el Ministerio Público, de acuerdo a la interpretación previamente expuesta, en criterio de este Despacho, lo procedente habría sido continuar con la investigación de los hechos que dieron lugar a la apertura del caso, no compartimos por tanto el planteamiento de las fiscales G.P.G y E.H.D, consistente en la oposición de una excepción, por considerar la existencia de un obstáculo para ejercer la acción penal correspondiente, toda vez que para perseguir el delito de violación (acción privada) de que fuera víctima M.M.C, bastaba la denuncia formulada, pues el mismo artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal, 170

faculta al Ministerio Público, a iniciar la acción sin querella, en virtud de que la denuncia viene a sustituir la querella en cuanto al impulso inicial de la relación procesal se refiere”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:375 CP art:379 CP art:380 CP art:391 CP art:387 COPP art:25 COPP art:75 CEC art:102 CEC art:220 CEC art:310 LPJ art:9 SCSJSCP 13-08-1963 SCSJSCP 24-02-1981 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACCION
PRIVADA ACCION PUBLICA ARCHIVO FISCAL AVERIGUACION DENUNCIA LESIONES QUERELLA VICTIMA VIOLACION Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.419-422.

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059
TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisió y Doctrina n /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-7-165-2002 DRD FECHA:20020517

El representante del Ministerio Público puede solicitar la paralización de la ejecución de una sentencia en sede civil, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y atendiendo al deber del Estado de impedir la consumación o extensión del delito. FRAGMENTO
“En principio, es importante destacar lo establecido en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es el siguiente: ´Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los siguientes casos: / 1°) Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar las pruebas y el Juez decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere la continuación. / 2°) Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez examinará cuidadosamente
el documento y si de él aparece evidente el pago; suspenderá la ejecución; en caso contrario dispondrá su continuación. De la decisión del Juez se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere su continuación. / La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha, no será causa de suspensión de la ejecución´. Lo antes transcrito nos permite evidenciar que el legislador estableció de manera expresa, las razones por las cuales procede la suspensión de la ejecución de un determinado fallo en materia civil, concretándose dichas causales, en primer lugar, a la prescripción de la ejecutoria, debiéndo ello evidenciarse de las actas procesales, y en segundo lugar, por el cumplimiento íntegro de la obligación mediante el pago de la misma, consignándose en el mismo acto de la oposición, documento auténtico demostrativo de tal eventualidad, siendo entonces la única excepción a lo planteado, lo establecido en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, donde se señala lo siguiente: ´Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia. / Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este Título´. 172

Conforme al Código de Procedimiento Civil y a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, las únicas razones
por las cuales procede la suspensión de la ejecución de una sentencia, son las indicadas en las disposiciones legales antes transcritas, pues lo contrario, sería pretender violentar el debido proceso, al no poderse ejercer a cabalidad el derecho a la defensa y subvertir el orden procesal y el principio de celeridad de la ejecución. En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en fecha 14 de marzo de 2001, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, señaló al respecto, lo siguiente: ´...Al haber suspendido el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil...la ejecución de la sentencia por la solicitud que le hiciera el Fiscal del Ministerio Público, efectivamente hace pensar en una violación al debido proceso, ya que son determinantes las causas que conforme al Código de Procedimiento Civil justifican la suspensión de la ejecución de una sentencia...´ Ahora bien, los supuestos antes señalados, que hacen procedente la suspensión de la ejecución de la sentencia, no aparecen citados y menos aún comprobados en el escrito presentado por el representante del Ministerio Público, concluyéndose necesariamente, que dicho requerimiento pareciera no obedecer a ninguna de las hipótesis indicadas en el artículo 532 del citado Código. Lo cual trae como consecuencia, que el representante del Ministerio Público pueda encontrarse desprovisto de asidero legal para solicitar dicha suspensión. Todo lo expuesto apunta a que en principio, las disposiciones legales no permiten la interrupción de la ejecución de una sentencia
por razones distintas a las pautadas en el Código de Procedimiento Civil, siendo en consecuencia nugatoria una vía distinta a la señalada, sin embargo, pudiera darse el caso que el representante del Ministerio Público fundamente su pedimento en otras disposiciones legales capaces de hacer procedente tal solicitud, siempre y cuando, y esto es de suma importancia resaltarlo, dicho pedimento emane del órgano jurisdiccional competente, en virtud de la asistencia judicial recíproca y previo cumplimiento de determinados requisitos, atendiendo siempre a las finalidades del proceso penal. Así, tanto en la práctica como en el derecho, el representante del Ministerio Público, sólo en determinados casos puede solicitar la paralización de la ejecución de una sentencia, pero para ello es imperativo el cumplimiento de determinados requisitos, por cuanto existen disposiciones legales, incluso de rango constitucional que le atribuyen esa facultad, atendiendo al deber del Estado de impedir la consumación o extensión de un delito. La sentencia anteriormente mencionada, igualmente sostiene lo siguiente: ´...El Ministerio Público tal vez podría intervenir con el fin de impedir la consumación de un delito...al menos ello era posible durante la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal...pero que la orden de suspensión tiene que emanar de un juez penal que decrete una medida de aseguramiento de bienes, previo cumplimiento de determinados requisitos. Este no es el caso de autos, ya que ningún juez penal decretó medida alguna que fuera notificada
al juez civil de la causa, sino que el Ministerio Público, sin facultad legal para ello y sin ser tercerista, hizo la petición de suspensión ante el juez de la causa, sin cualidad alguna para actuar, y el juez civil le recibió la petición y decretó un suspensión general no prevista ni en el artículo 532 ni el 376, ambos del Código de Procedimiento Civil...´ 173

Como consecuencia de lo expuesto, se debe concluir que si bien es cierto el representante del Ministerio Público, en casos excepcionales puede solicitar la paralización de la ejecución de una sentencia en materia civil, tal requerimiento debe reunir requisitos tanto de forma como de fondo, los cuales al ser obviados en su totalidad hacen, a todas luces, improcedente la pretensión. Es así como, el abogado J.B.R.L, al solicitarle al Juzgado (...) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se suspendieran los trámites de ejecución del fallo, emanado de ese juzgado en fecha 2 de agosto de 2000, incurrió en error, al no indicar en su comunicación las razones de hecho y de derecho por la cuales consideró procedente su actuación. Limitando su requerimiento al sólo señalamiento de encontrarse conociendo en fase preparatoria de una causa penal, la cual guarda relación con la sentencia mencionada. En este contexto de ideas, el representante del Ministerio Público se encontraba en el imperioso deber de fundamentar su petición, señalando de manera expresa, las normas legales donde se encuentra el basamento legal de su actuación, posteriormente indicar los motivos
de hecho por los cuales era necesario suspender la ejecución de la sentencia, mencionando todos los elementos de convicción demostrativos de la comisión de determinado ilícito penal y finalmente, y no por ello la menos importante, dirigir a un juez de primera instancia en lo penal en funciones de control del circuito judicial penal correspondiente tal requerimiento, a objeto que este determinarse su procedencia, conforme a las disposiciones reguladoras de dicha situación”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CPC art:376 CPC art:525 CPC art:532 STSJSCO 14-03-2001 APELACION DERECHO DE DEFENSA EJECUCION FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO JUICIO MOTIVO (DERECHO) PRESCRIPCION PROCEDIMIENTO CIVIL PROCESOS (DERECHO) PRUEBA SENTENCIAS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.422-424.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin remitente/ Ministerio Público MPN° DRD-5-185-2002-12-13 DRD FECHA:20020530

La solicitud de procedimiento abreviado, debe indicar la fecha de presentación, a los fines de determinar que fue efectuada en el plazo exigido por el Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“(...) El representante del Ministerio Público al momento de solicitar mediante documento la aplicación del procedimiento abreviado, consagrado en los artículos 373 ordinal 2° (ahora artículo 372) y 375, del Código Orgánico Procesal Penal, no indica la fecha en la cual suscribió la solicitud, señalando en su lugar la frase ´Es justicia
que espero a la fecha de su presentación´, dando cabida tal expresión a una indeterminación o incertidumbre acerca de si la introducción del señalado pedimento fue realizada dentro de los 5 días siguientes al primer acto de procedimiento (requisito exigido en el aludido artículo) a la par de estar desconociendo la doctrina del Ministerio Público que sobre el particular apunta lo siguiente: ´…El representante del Ministerio Público no debe omitir en el escrito de cargos, la fecha de su suscripción´ (Oficio N°: DRD3-5970 de fecha 20-2-97, publicado en Informe del Fiscal General, año 1997, Tomo II, p 31) Establece el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal reformado, la oportunidad en que debe ser presentado el manifiesto de solicitud de procedimiento abreviado, al señalar: ´…en el caso previsto en el ordinal 2° del artículo 373, dentro de los cinco de días siguientes del primer acto de procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar ante el Juez de control la aplicación del procedimiento abreviado…´ Es por ello que no señalar u omitir la fecha, o sea no dejar constancia de la data de suscripción e introducción del escrito, nos impide determinar que la presentación de la solicitud del procedimiento abreviado, fue efectuada en el plazo exigido por la ley, en este caso, ´dentro de los cinco días siguientes del primer acto de procedimiento´, como lo pauta el Código Orgánico Procesal Penal. El Fiscal del Ministerio Público, debe tener siempre presente, que todo escrito suscrito por él, debe contener la indicación expresa de la fecha
de la elaboración y presentación, a los fines de dejar asentado formalmente, que la misma se produce en el lapso legal establecido en cado caso, a la vez de dar cumplimiento a lo establecido en la Doctrina de la Institución. Razón por la cual, se reitera que resulta incorrecto finalizar una comunicación con la frase ´a la fecha de su presentación´…”.
175

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:372 COPPR art:373-2 COPP art:375 OMP N° DRD-3-5970 20-02-1997 DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN CARGOS FISCALES DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO JUICIO BREVE TERMINOS JUDICIALES Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.424-425.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-16-355-2002 DRD FECHA:20021025

El fiscal superior del Ministerio Público debe motivar y fundamentar debidamente los escritos que elabora y que le corresponden de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. FRAGMENTO
“(...) Ciertamente, una vez que el fiscal del Ministerio Público solicita ante el órgano jurisdiccional competente, el sobreseimiento de una causa, y éste no comparte el criterio sustentado a los fines de hacer procedente tal pedimento, se deberá, conforme a lo pautado en el último aparte del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, remitir dichas actuaciones al Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial correspondiente, a los fines de que emita su opinión en cuanto a si procede o no el sobreseimiento, en tal sentido, podrá este ratificar, en
caso de compartir lo alegado en dicha solicitud, o rectificar el pedimento en cuestión, en caso de no compartir el juicio esgrimido por el representante del Ministerio Público, vale decir, estimar como procedente la negativa jurisdiccional, en cuyo caso, ordenará a otro fiscal la continuación de la investigación, o en su defecto, se dicte algún otro acto conclusivo(...). Como se desprende del texto del artículo antes transcrito, si el órgano jurisdiccional competente no acepta la solicitud de sobreseimiento efectuada por el Ministerio Público, como ocurre en el caso que se analiza, el fiscal superior deberá pronunciarse mediante escrito debidamente motivado y fundamentado, acerca de la rectificación o ratificación del sobreseimiento de la causa, todo lo cual nos permite evidenciar la facultad de actuar (...). No niega esta dirección la posibilidad cierta de ´presumir´ o ´especular´ acerca de lo que pudo haber sucedido, e incluso contar con un criterio acertado acerca de los hechos, empero no nos es dable, suponer o presumir circunstancias sin tener el riesgo cierto de errar, más aun cuando la doctrina institucional ha establecido aún antes que el Ministerio Público fuese titular de la acción penal y en consecuencia el responsable directo del establecimiento de la verdad por las vías de derecho pautadas en nuestro ordenamiento jurídico, que todo escrito fiscal debe y tiene que bastarse por si mismo, sin necesidad de recurrir a otros recaudos distintos de aquel que se analiza para obtener un juicio cierto de lo sucedido. En este orden de ideas, es
importante entender que la motivación constituye el proceso deductivo mediante el cual el fiscal del Ministerio Público establece la relación entre el hecho, el resultado de su análisis o de su investigación y la norma jurídica cuya aplicación invoca; es decir, es el razonamiento lógico de los motivos que sustentan la actuación contenida en el escrito fiscal, entendiéndose por motivos ´... las razones que se han tenido para actuar de cierta manera. Impulsar a actuar...´ Larousse Diccionario Práctico Español Moderno, Editorial Printed Colombiana Ltda., Colombia. 1986, p.376.
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Las actuaciones del fiscal del Ministerio Público en el proceso penal producen efectos dentro del mismo, y tales efectos se espera sean coincidentes con lo solicitado o con lo decidido, según el caso, es imprescindible que todo escrito emanado de los representantes del Ministerio Público, esté suficientemente razonado de tal forma que se valga por si mismo en cuanto a su contenido, que no se limite únicamente a solicitar, realizar, interponer o decretar algún acto procesal, sin justificar el porqué de su apreciación jurídica, sino que, por el contrario, explique de manera clara, precisa y correlacionada las razones de hecho y de derecho que le asisten a la hora de decidir o de formular alguna solicitud ante los órganos jurisdiccionales. La motivación y fundamentación de todo escrito fiscal es un tema que ha sido desarrollado por la doctrina del Ministerio Público, la cual ha señalado: ´...es oportuno recordarle el deber que corresponde al representante del Ministerio
público, como parte de buena fe en el proceso penal, de narrar, tanto en el escrito de cargos, como en el de abstención, los hechos tales como aparecen demostrados de los autos, sin incurrir en tergiversaciones, agregaciones u omisiones de partes esenciales de los elementos probatorios, debiendo en todo caso, ajustarse fielmente al contenido de las actas procesales...´ Oficio N° DRPD-4-4873 de fecha 9 de febrero de 1995, publicado en Informe Anual del Fiscal General de la República, año 1995, Tomo II, pp. : 178 y 179. ´Es deficiente el escrito de cargos en que se omita la exposición de los fundamentos en que se apoya la calificación fiscal...” Dictamen del 26 de abril de 1960, publicado en Informe Anual del Fiscal General de la República, año 1960, pp.225.´ Este criterio doctrinal continúa vigente, no sólo por no haberse dejado sin efecto, sino porque también ha sido ratificado en doctrina más reciente, señalándose al respecto lo siguiente: ...´La solicitud de sobreseimiento, debe comprender un razonamiento lógico y preciso, derivado de una síntesis clara y detallada de las actuaciones realizadas, con expresión del delito en que se encuentra incurso el imputado, y el supuesto de los comprendidos en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal...´ (Oficio N°: DRD-14-20355, de fecha 24-52001, en Informe Anual del Fiscal General de la República, tomo I, p.p. 616, 617, 618 y 619) Como puede observarse de la doctrina transcrita, la motivación y fundamentación de los escritos fiscales es un requisito que no puede ser obviado, toda vez que ella
determina si la actuación del fiscal está o no ajustada a derecho. En el pronunciamiento efectuado por la fiscal (...), era necesario señalar las razones de hecho y derecho que le asistían para tomar la decisión de rectificar dicho sobreseimiento y en consecuencia ordenar a otro fiscal continuar con la investigación, para que luego se produjera el acto conclusivo pertinente.
178

Finalmente, concluye esta dirección que el escrito en análisis cumple parcialmente con las exigencias de forma y de fondo que debe contener toda actuación fiscal, por cuanto si bien es cierto su actuación se encuentra ajustada a derecho en virtud de las atribuciones conferidas a los fiscales superiores por las normas legales antes mencionadas, dicho escrito debió contar con la debida motivación y fundamentación, indicándose en su escrito el convencimiento emanado de los elementos obtenidos durante el proceso y que en definitiva la indujeron a emitir el pronunciamiento al que nos hemos referido, más aún cuando por mandato del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, tal pronunciamiento deber ser motivado al verificar que el derecho y la razón la asistían, lo cual se traduce en la debida fundamentación que debe prevalecer en toda actuación emanada de los representantes del Ministerio Público”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:323 OMP N° DRPD-4-4873 09-02-1995 OMP N° DRD-14-20355 24-05-2001 DIMP 26-04-1960 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCION PENAL ACTOS CONCLUSIVOS DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO DOCUMENTACION
FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCALES SUPERIORES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION MINISTERIO PUBLICO MOTIVO (DERECHO) SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.425-426.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-33-2002 DRD FECHA:20020201

La variación en la graduación o clasificación del tipo penal básico no implica un cambio en la calificación jurídica. FRAGMENTO
“(...) Debidamente analizado el escrito en referencia, esta dirección observa: En primer lugar, no hubo tal cambio de calificación jurídica en la actuación realizada por el abogado A.A.U, puesto que el hecho imputado fue y sigue siendo Homicidio. Lo que operó en el presente caso fue una modificación en el tipo básico, esto es de homicidio intencional simple por homicidio preterintencional. Se considera (...) que no estamos en presencia de un cambio de calificación jurídica como incluso lo señala el representante del Ministerio Público, fiscal (...), en la Audiencia Preliminar, puesto que el hecho humano típico atribuido al imputado P.J.G.A, fue el homicidio cometido en perjuicio de A.Y.R, o lo que es lo mismo, el comportamiento humano que corresponde al tipo descrito en la norma penal objetivamente siguió siendo el mismo. En el presente caso lo que hubo fue una variación en la graduación o clasificación del tipo penal básico y no un cambio en la calificación jurídica, tipología ésta que no se observa debidamente motivada y probada en el Acta de Audiencia Preliminar
realizada el día 5 – 10 – 99. Podemos hablar de un cambio en la calificación jurídica cuando originalmente los hechos se subsumen dentro de un tipo penal y en el transcurso del proceso se encuadran en un tipo penal totalmente distinto, por ejemplo, cuando se califican jurídicamente los hechos como lesiones personales gravísimas y luego en el devenir del proceso los mismos hechos son calificados como homicidio concausal, o son calificados como malversación y luego como peculado, o viceversa. Es decir, el cambio de calificación jurídica opera cuando los mismos hechos son llevados de un tipo penal a otro, no cuando los mismos quedan subsumidos dentro de un mismo tipo penal, en dicho caso lo que habría es una variación en la graduación o modificación en la clasificación del tipo básico”.

DESC DESC FUEN FUEN

CALIFICACION JURIDICA HOMICIDIO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.427.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-14-132-2002 DRD FECHA:20020416

Debe diferenciarse entre la figura del autor intelectual o instigador prevista en el único aparte del artículo 83, del Código Penal, quien anímicamente dirige y planea el delito, interviniendo de una forma preponderante en la comisión del delito, y el cómplice previsto en el ordinal 2°, del artículo 84, ejusdem, que interviene en el hecho punible dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo, constituyendo ésta una participación secundaria. FRAGMENTO
“(...) Se observa en el
escrito de apelación que los fiscales (...) del Ministerio Público (...), alegan que la conducta desplegada por el Gobernador del Estado (...), se corresponde con la de un autor intelectual o partícipe (tal y como se establece en el escrito de apelación), de conformidad con el artículo 84 ordinal 2° del Código Penal, que establece: ´Artículo 84. Incurre en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por la mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos: / (...) / 2°. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.´ Debe clarificarse que esta disposición legal está referida a las formas de complicidad en el delito, y no a la cualidad de instigador o autor intelectual. En este sentido, debe diferenciarse entre estas dos formas de intervención o participación en el hecho punible de que se trate. El autor intelectual es quién anímicamente dirige y planea el delito, determinando a otra persona a la comisión de un determinado hecho ilícito. El autor Alberto Arteaga Sánchez, en su obra ´Derecho Penal Venezolano´, Novena Edición, Ediciones Mc Graw Hill Interamericana, Caracas Venezuela, Año 2001, p. 383, establece al respecto: ´El concepto de instigación supone, pues, que se determina a un sujeto, no simplemente que se refuerza su voluntad. (...) Acción directa en el sentido de que el instigador debe haber dirigido su actuación psíquica a un hecho determinado, no siendo suficiente la simple expresión de un deseo o la sugerencia encubierta. La actividad psíquica del instigador debe determinar el
hecho en forma directa.´ Respecto a la complicidad este mismo autor, establece (p.387, 388): ´Se trata en este caso del suministro de instrucciones o medios en general, con el conocimiento en el cómplice del fin delictuoso de quién se servirá de tales medios y, por tanto, con el propósito de servir o cooperar con tal fin. Se trata de instrucciones dirigidas a la comisión del hecho, las cuales no se orientan a mover la voluntad 181

directamente, como en el caso de la instigación o excitación, sino a ilustrar el entendimiento, proporcionando elementos para la ejecución del delito. Y en cuanto al suministro de otros medios, se trata de los frecuentes supuestos que se concretan en proporcionar llaves o herramientas o armas en general, que han de servir para la ejecución del hecho.´ Con lo antes expuesto, se pone de relieve la diferencia entre una determinada conducta que se corresponde con la de un instigador de conformidad con el artículo 83 único aparte Código Penal, y una conducta de cómplice de conformidad con el artículo 84 ordinal 2° ejusdem. El instigador interviene de una forma psicológica en la conducta de otro sujeto, a los fines de lograr la comisión de un hecho previsto como punible en la ley, mientras que en el caso del cómplice, éste -refiriéndonos al caso concreto-, suministra medios para la realización de un hecho punible, pero no necesariamente interviene en la voluntad del autor material para que cometa el hecho, sino que previamente el agente tenía un plan delictivo a ser llevado a cabo, sin embargo, requiere el auxilio o ayuda
de una tercera persona para que le suministre los medios, cualquiera que sean, a los fines de cometer el hecho, la relación entre el autor y el cómplice es meramente material. Pero la relación entre el instigador y el autor material del hecho, es de índole psicológica y mental, ya que el agente materializa el plan que el intelecto del instigador ha creado, la voluntad interna del instigador se exterioriza en la acción delictiva de otro sujeto. En este orden de ideas, considera este Despacho que las fiscales antes referidas, confunden las figuras referidas al autor intelectual y al cómplice, ya que si bien es cierto, afirman que el Gobernador W.D.B, es autor intelectual de los delitos establecidos en la Ley Penal de Ambiente imputados, la referencia legal señalada en el escrito de apelación, es el artículo 84 ordinal 2 del Código Penal referido a la figura de cómplice en hechos punibles”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:83 CP art:83-u.apt CP art:84-2 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN AMBIENTE APELACION AUTORIA INTELECTUAL COMPLICES DELITOS GOBERNADORES INSTIGACION A DELINQUIR PENAS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.427-428.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisió y Doctrina n /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-14-137-2002 DRD FECHA:20020416

Para determinar que la prescripción ordinaria, ha sido interrumpida, el fiscal del Ministerio Público debe señalar expresamente cuáles han sido dichos actos interruptivos. FRAGMENTO
(...) Alegan igualmente
las fiscales el último parte del artículo 110 del Código Penal, que establece: ´La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieran sino a uno.´ Esta disposición legal se refiere expresamente a la interrupción de la prescripción, la cual se hace extensible respecto a todos los que han tenido parte en el hecho punible de alguna forma autores y partícipes, aun cuando el hecho interruptivo se refiera a uno solo de los sujetos intervinientes. De modo que si las fiscales pretendían que se aplicará esta norma legal, a los efectos de demostrar que los delitos ambientales cometidos por el Gobernador W.D.B, no estaban prescritos, en cuyo caso procedía el enjuiciamiento, pues debían dejar constancia de la ocurrencia de cualquier acto interruptivo de la prescripción respecto a la comisión de los delitos de degradación de suelos, topografía y paisaje, destrucción de vegetación en las vertientes, previstos en los artículos 43 y 53 de la Ley Penal del Ambiente. En esta materia de interrupción de la prescripción se ha pronunciado la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de junio de 2001, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el siguiente sentido: ´Comienzan a correr estos lapsos de prescripción desde el día de la perpetración de los hechos punibles; en las infracciones intentadas o procesadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y, para las infracciones continuadas
o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. / El artículo 110 del Código Penal señala las causas de interrupción de la prescripción./ 1) La primera de ellas es la sentencia condenatoria, que claro está al llegar al fin el proceso mediante sentencia, mal puede correr prescripción alguna, ya que la acción quedó satisfecha. / 2) Si el reo se fuga antes o durante el juicio, mediante la requisitoria librada contra el imputado; / 3) El auto de detención o de citación para rendir indagatoria, figuras que actualmente no
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existen en el Código Orgánico Procesal Penal, y las diligencias procesales que les sigan. / Dado que el Código Orgánico Procesal Penal señala que el proceso penal comienza en la fase investigativa, la citación del imputado o su declaración como tal en dicha fase, que es equivalente a la citación, se convierte en actos interruptivos de la prescripción. / 4) El desarrollo del proceso, que corresponde a las diligencias procesales que le siguen a la citación para rendir declaración, como se señalo antes. Por lo que mientras el proceso se encuentre vivo, la prescripción se va interrumpiendo, en forma sucesiva. / Todos estos actos interruptores hacen que comience a correr de nuevo la prescripción desde el día de dichos actos.´ Se observa (...) que en el escrito de apelación no se especificaron actos capaces de interrumpir la prescripción, sin embargo, si el proceso se mantenía vivo, la prescripción de estos delitos se iba interrumpiendo, y de conformidad con el último aparte del artículo 110 Código
Penal, no es relevante que la interrupción se haya producido con respecto a uno solo de los imputados, siempre que se trate del mismo hecho típico. Estas circunstancias están unidas al hecho de que si la prescripción se caracteriza por el no ejercicio o inacción del derecho, omitiendo los actos legales y pertinentes, y siendo que en este caso en concreto se produjeron actos dirigidos al enjuiciamiento del imputado, y una demostración de ello es la realización de la investigación pertinente y la celebración de la audiencia preliminar, motivada por el hecho de la formulación de la acusación, pues puede considerarse interrumpido el lapso de prescripción en relación con los delitos ambientales imputados. Los delitos imputados al ciudadano J.M.A, son los previstos en los artículos 43 y 53 de la Ley Penal del Ambiente, antes referidos. La acusación presentada por las fiscales del Ministerio Público establece que este sujeto fue contratado como operador de máquinas, desde el primero de diciembre de 1997, sosteniendo relación laboral con el Instituto de Acción Agropecuaria del Estado Mérida I-A-A-G-R-O hasta enero del año 2000, la sentencia en cambio, establece que es en diciembre de 1998, cuando este ciudadano cesa en sus labores, de modo que dada esta divergencia y no teniendo certeza de ninguna de estas circunstancias, no puede emitirse una opinión concreta a este respecto, ya que sería a todas luces imprecisa, lo que si debe señalarse es que se considera que la prescripción de los delitos cometidos por este sujeto también habría sido interrumpida
de la misma forma en que se estableció anteriormente respecto al Gobernador W.D.B. En este sentido, la apelación se planteó de forma errónea por parte de las fiscales (...) de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del Ministerio Público, ya que establecen que no se verificó la prescripción, en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, siendo en este caso necesario alegar causas capaces de interrumpir la prescripción, que fue declarada por el Tribunal (...) de Control…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:110 LPA art:43
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LPA STSJSCO

art:53 25-06-2001 ACUSACION AMBIENTE APELACION GOBERNADORES PRESCRIPCION PROCESOS (DERECHO) Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.428-430.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatarios/ Ministerio Público MPN° DRD-11-14-172-2002 DRD FECHA:20020521

El lapso de prescripción debe computarse tomando en cuenta la pena normalmente aplicable, esto es el término medio, respecto a cada delito por separado, aún cuando el imputado haya incurrido en más de un delito. FRAGMENTO
“(...) Se observa que las fiscales del Ministerio Público realizan el cómputo de la prescripción de los delitos de estafa en grado de continuidad y agavillamiento atribuidos, de una forma conjunta, es decir, calculan la pena normalmente aplicable para cada delito, y de conformidad con el artículo 88 del Código Penal, toman la pena de mayor entidad y le suman la mitad de
la pena de menor entidad, a objeto de realizar el cálculo de la prescripción con base en esa pena. Dicho artículo establece: ´Artículo 88. - Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuáles acarree pena de prisión, sólo se aplicará la pena correspondiente al más grave, pero, con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.´ El autor Alberto Arteaga Sánchez, establece en su obra ´Derecho Penal Venezolano´, Novena Edición, Mc Graw Hill Interamericana de Venezuela, U.C.V, Caracas, Venezuela, Año 2001, pp. 464, 465, al hacer referencia al cálculo del tiempo de prescripción, lo siguiente: ´Determinados los lapsos de prescripción, se plantea el problema de la forma como deben contarse los mismos, esto es, la base para determinar el tiempo de pena de los hechos punibles a los efectos de la prescripción. Entonces, se pregunta: ¿debe tomarse como base el máximo de pena o el término medio, esto último según la regla del Art. 37. La jurisprudencia de la Corte Suprema no ha sido constante, señalando las más recientes decisiones que debe acogerse el término medio de la pena asignada al delito.´ Igualmente el autor Freddy José Díaz Chacón, en su obra ´Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia´, Tomo 6, Noviembre-Diciembre, Año 2001, p. 16, extrae la máxima de una sentencia Número 873, de fecha 17 de diciembre de 2001, Sala de Casación Penal, Ponente: Alejandro Angulo Fontiveros ´La prescripción de la acción penal en el derecho penal común ordinario no tiene fundamento objetivo, en el sentido de que ella
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nace
junto con el delito y de allí que el término de la misma sea correlativo a la especie y cantidad de la pena que corresponda al hecho punible´. La doctrina y la jurisprudencia señalan que el lapso de prescripción debe corresponderse con la pena normalmente aplicable al hecho punible, individualmente considerado, aún y cuando el imputado haya incurrido en más de un delito. El señalamiento del artículo 88 del Código Penal resulta improcedente, por cuanto, se refiere expresamente a la aplicación de la pena en específico al sujeto culpable de dos o más delitos que merecen pena de prisión. Mientras que la prescripción aún y cuando está referida de forma directa a la acción penal derivada del delito, no implica la aplicación de la pena al sujeto imputado, es por ello, que el cálculo de la prescripción debe realizarse respecto a cada delito por separado, y no de forma global como sucedió en este caso concreto. En relación con la prescripción de los delitos de estafa en grado de continuidad y agavillamiento esta dirección procede a verificar si en relació n con los referidos delitos ha operado la prescripción, al respecto observa: Existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, de fecha 13 de noviembre de 2001, sentencia número 0813, Ponente: Blanca Rosa Mármol de León, referida al cálculo de la prescripción de la acción penal usando como parámetro el término medio de la pena. En este orden de ideas se transcribe lo siguiente extraído del texto de la sentencia: ´Al respecto ha dicho esta Sala que la prescripción ordinaria
consagrada en el artículo 108 del Código Penal extingue la acción que nace de todo delito, el Tribunal debe declararla por el simple transcurso del tiempo y ésta debe calcularse con base en el término medio de la pena del delito tipo (...) ´. Siguiendo la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, se calculará la prescripción de los delitos de Agavillamiento y de Estafa en Grado de Continuidad, usando como parámetro el término medio de la pena aplicable…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:88 CP art:108 STSJSCP 13-11-2001 DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN AGAVILLAMIENTO DELITOS ESTAFA PENAS PRESCRIPCION Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.430-431.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-11-149-2002 DRD FECHA:20020503

El fiscal del Ministerio Público debe individualizar la responsabilidad de cada uno de los imputados, señalando por separado los elementos de convicción y medios probatorios relacionados con su participación en el hecho. FRAGMENTO
“Finalmente (...) se advierte que no individualizó la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, por el contrario, las englobó en un único punto, lo que impide determinar con exactitud cuáles son los elementos que le permiten atribuir a cada uno de ellos su responsabilidad penal en los hechos investigados, lo cual pudiera obstaculizar de alguna manera el derecho a la defensa, al desconocer con precisión cuáles son los elementos probatorios e incriminatorios de la participación
en el ilícito penal de los acusados. En este sentido ha establecido la doctrina lo siguiente: ´Cuando se trata de varios enjuiciados, el fiscal debe individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos y no englobarse en una sola...´ (Oficio N°: DRP-2-29931, de fecha 24-8-92, en Informe Anual del Fiscal General de la Republica, Año 1992, Tomo II, p.450)”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: OMP N° DRP-2-29931 24-08-1992 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN DERECHO DE DEFENSA FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGACION PENAS PRUEBA RESPONSABILIDAD PENAL Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.431.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-3-336-2002 DRD FECHA:20021016

Aun cuando el delito de estafa cometido, afecte el patrimonio de una persona jurídica, si dichos bienes son propiedad de unos sujetos que pertenecen a un mismo núcleo familiar, se debe considerar procedente la aplicación de la excusa absolutoria establecida en el artículo 483 del Código Penal, por cuanto la responsabilidad penal en nuestra legislación es personal. FRAGMENTO
“(...) En efecto, al respecto indican los juristas Hernando Grisanti Aveledo y Andrés Francheschi Grisanti que en el artículo 483 del Código Penal, están consagradas una eximente y una atenuante. A saber: A) ´..La eximente: En lo que concierne a los hechos previstos en los Capítulos I,III,IV y V del presente Título, y en los Artículos 475, en su parte primera, 477 y 480, no se promoverá
ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito./1.-En perjuicio del cónyuge no separado legalmente./2.- En perjuicio de un pariente o afin en línea ascendente o descendente; del padre o de la madre adoptivos, o del hijo adoptivo./3.-En perjuicio de un hermano o de una hermana que viva bajo el mismo techo que el culpable.´ Se trata de una causa de impunidad o excusa absolutoria, en virtud de la cual no se aplica pena alguna a la persona imputable que ha cometido un acto típicamente antijurídico y culpable, por razones de política criminal y conveniencia social. Personas amparadas:/a.- El cónyuge no separado legalmente. Puede estar separado de hecho. Es preciso que tal calidad de cónyuge exista en el momento del acto./ b.- Los parientes por consaguinidad, en línea ascendente o descendente, legítimos o naturales. Es decir, los parientes consanguíneos, en línea recta./ c.- Los parientes por afinidad en línea recta. La afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio, aunque no existan hijos, excepto para ciertos efectos y en los casos especialmente determinados por la Ley./ d.- el padre o la madre adoptantes y el hijo adoptivo o adoptado./ e.- Los hermanos (germanos, consanguíneos o uterinos) legítimos o naturales, que vivan bajo el mismo techo, es decir, en la misma casa y en familia.
189

B).- La atenuante: ‘La pena se disminuirá en una tercera parte si el hecho se hubiere ejecutado en perjuicio de su cónyuge legalmente separado, de un hermano o de una hermana que no vivan bajo el mismo techo con el autor del delito,
de un tío, de un sobrino o de un afín en segundo grado, que viva en familia con dicho autor; y no se procederá sino a instancia de parte´. C).- Condición de aplicablidad: ‘Para que proceda la eximente prevista en la primera parte del artículo 483 o, en su caso, la atenuante de la segunda parte de dicho artículo, es indispensable que el acto se haya realizado en perjuicio de alguna de las personas que figuran en los elencos supracitados..´. Igualmente, estimamos pertinente referirnos a la posición de nuestro máximo tribunal (Sent.13-08-76-GF 93 3E 926) en cuanto al artículo 483: ´Ahora bien, los referidos artículos 464 y 465 corresponden al Capítulo Tercero. Título 10 del Código Penal; y siendo la acusación por la comisión del delito de defraudación por cuanto la acusación consideró que el encausado vendió un inmueble de la sociedad conyugal, sobre el cual pesaba una medida de prohibición de enajenar y gravar, es evidente que por la aplicación de la excusa absolutoria contemplada en el artículo 483 ordinal 1° del Código Penal, con respecto al cónyuge acusado la acusación no tiene efecto; dado que, como lo asienta la recurrida, y aparece de autos, la venta de inmueble de la Sociedad Conyugal por F.LL.S..., no estando separado legalmente de su cónyuge, la decisión recurrida, lejos de infringir el artículo 483, ordinal 1° del Código Penal, lo aplicó correctamente.´

...Ahora bien, determinada entonces, por el representante del Ministerio Público la existencia de la excusa absolutoria, queda por abordar el punto relativo al carácter de inmunidad penal
señalada en la Primera Parte del artículo 483 del Código Penal Venezolano. En este sentido indica: Hector Febres Cordero, lo siguiente: ´...Al señalar el artículo 483, en su primera parte, que en lo concerniente a los hechos previstos en el mismo, ‘ no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito´, nos está indicando que la ley le ha asegurado una inmunidad penal completa./ Esta inmunidad se funda en el hecho de que se trata de evitar el escándalo que podría suscitarse con una persecución criminal entre parientes tan próximos y el desdoro para el propio perjudicado y su familia, a la vez que una funesta causa de rencores y discordias familiares, como señalan varios de los autores citados anteriormente´.
190

Más adelante continúa señalando el mismo autor: ´...Por tanto, consideramos que la inmunidad penal consagrada en la primera parte del artículo 483 no es simplemente una excusa absolutoria, sino una causa de exclusión de la ilicitud penal del acto, es decir, una causa excluyente de la antijuridicidad./Si se tratara de una mera causa personal de impunidad o excusa absolutoria, la instrucción del proceso y su tramitación hasta llegar al estado de sentencia, sería posible. / Y como la disposición penal señala expresamente que en perjuicio de los parientes indicados no se puede promover ninguna diligencia, esto no indica que no es una excusa absolutoria./ Nos indica, también, que cuando por alguna circunstancia se hubiere procedido a la averiguación sumaria como si el hecho revistiere carácter penal, al Juez
Instructor, no le puede quedar otro recurso sino el de declarar terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 en su numeral 2° del Código de Enjuiciamiento Criminal.´

Por todo lo expuesto, como punto previo a la conclusión a la arribó este Despacho, luego del análisis de la situación planteada, es preciso abordar un aspecto que fuera señalado por el representante de la ciudadana M.K, en escrito de fecha 10-01-2001, consignado ante la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Alude el Abogado G.S.J en el folio 53 de escrito presentado al fiscal (...) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a la posición del Dr. José Rafael Mendoza Troconis, en lo que se refiere a la no aplicabilidad de la excusa absolutoria, cuando la cosa pertenece a un extraño y así indica que en el Tomo II, Parte Especial, al folio 485 dice: ´...Cosa perteneciente a extraño. Pueden presentarse dos casos distintos: uno, que la cosa pertenezca en comunidad al pariente y a un extraño; otra que la cosa sea de la exclusiva pertenencia a un tercero. En ambos casos, no debe admitirse la excusa, ni tampoco la atenuante…´ En el caso objeto de análisis no nos encontramos en ninguno de estos supuestos, pues la empresa se encuentra constituida únicamente por tres accionistas, a saber: madre y hermanas, quienes tienen la propiedad de los bienes que conforman la compañía. No existe ningún extraño vinculado al patrimonio afectado.
Continúa señalando el mencionado abogado en su escrito a los folios 53 y 54 lo siguiente: ´...Así mismo el Tribunal Supremo de Justicia de España a (sic) reiterado este criterio desde el año 1956 hasta nuestros días en distintas decisiones, como así lo transcribe en su obra Comentarios y Jurisprudencia del Código Penal, los autores
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JOSE LUIS MANZANARES SAMANIEGO y JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ, al folio 1539, ambos actualmente Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Español, que dice así: Sociedad formada por familiares [...]Tampoco cabe apreciar la concurrencia en el caso de autos de la excusa absolutoria de penalidad admitida por el art. 564 de CP, para las apropiaciones indebidas entre parientes, como correctamente establece las (sic) recurrida, al constituir la misma un privilegio en el ámbito penal inspirado en razones de concordia familiar, que por tal carácter ha de ser interpretado restrictivamente, sin hacerse extensivo a otros delitos, ni a otras personas que así expresamente comprendidas en su texto,(sic) y en el supuesto contemplado el daño inferido no es a pariente que, en aras del vínculo deba soportar el perjuicio patrimonial o ejercitar solo la acción civil para su reparación, sino que siendo el sujeto pasivo una Sociedad Anónima, tiene una personalidad independiente y autónoma, de sus componentes, no siendo por ello posible considerarla como entidad ligada directamente por consanguinidad o afinidad con el procesado aunque la totalidad o mayor parte de sus acciones pertenezcan a parientes del mimo
incluido dentro de la órbita de la excusa a los efectos de punición como esta Sala ha declarado en interpretación de tal excusa. ss de 1 mar. 1956, 14 mar.1969, 15 feb. 1970 y 10 febe. 1973 (s. 8 Jul. 1983´) Finalmente, considera el Abogado G.S.J, que se está frente a un hecho punible en el que no es posible aplicar la excusa absolutoria, por la calidad de los partícipes activos en la comisión del mismo (socios), y la del sujeto pasivo (IK C.A.) que no son en su rol parientes consanguíneos. En este sentido, debe señalarse que en el presente caso se trata de una empresa que se dice esta constituida con patrimonio proveniente de un mismo grupo familiar, estando sus socios unidos por un parentesco de consanguinidad y no figurando entre los socios, persona extraña alguna que nos permita darle otro matiz al caso, y que motivaría quizás a tomar en consideración la posición a que hace referencia el Abogado G.S.J. (…) La excusa absolutoria prevista en el artículo 483 del Código Penal Venezolano vigente, tiene como fundamento el respeto de la unidad familiar, deteniendo a sus puertas la investigación criminal, que, por sus graves consecuencias, produciría rencores inextinguibles. La exclusión de la punibilidad al concurrir una excusa absolutoria, tiene su origen en razones de política criminal, la pena no está indicada por razones o circunstancias de mera utilidad o conveniencia. Aunado a ello, tenemos que la responsabilidad penal es personal, de tal manera, que las personas jurídicas en Venezuela responden por medio de sus integrantes (órgano), por lo
que en el presente caso, aún cuando el delito presuntamente cometido (estafa) afecta el patrimonio de una persona jurídica, fue ejecutado por dos de sus socios, en detrimento de la tercera socia, que –de darse
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por demostrado lo alegado por el defensor de las citadas ciudadanas respecto al vínculo que las une, implicaría necesariamente, que de continuarse con el proceso, obviando la aplicación de la excusa absolutoria supra anotada, se contrariase el espíritu y propósito del legislador al regular este mecanismo de protección a la integridad y respeto del vínculo familiar. La existencia de la persona jurídica constituida únicamente por madre e hijas, sin presencia de extraños a esta relación, no puede ser apreciado por el operador de justicia como un elemento que impida la protección de la familia como bien supremo que el legislador pretendió garantizar con la consagración del artículo 483. Por tanto, en criterio de quien suscribe, aún tratándose como en el presente caso- de un delito contra la propiedad cometido en perjuicio de la Empresa IK C.A., por parte de dos de sus socios, de comprobarse los extremos requeridos por el artículo 483 del Código Penal (parentesco y domicilio), estimamos aplicable la excusa absolutoria, en virtud que los únicos socios de la empresa están unidos por un parentesco de consanguinidad, y en atención a la finalidad de tal causa de no punibilidad, cual es evitar el escándalo que podría producirse con una persecución criminal entre parientes tan próximos y el desdoro para el propio perjudicado y su familia, a
la vez que una funesta causa de rencores y discordias familiares, como lo señalan varios de los autores citados a lo largo de la presente opinión. En consecuencia, atendiendo a los hechos denunciados y de resultar cierto de las investigaciones practicadas, tanto el vínculo familiar existente entre denunciante y denunciadas, es decir que la ciudadana M.K es hija de L.S.K y hermana de B.K.S, lo que se determinaría con las partidas de nacimiento que se anexen en esta fase de investigación, (y las cuales, de acuerdo a los recaudos remitidos a esta Dirección, ya cursan en el expediente), así como la acreditación de que ambas hermanas viven bajo el mismo techo, estaríamos frente a la inmunidad penal entre parientes, establecida a los fines de la protección de la familia y evitar así el escándalo que entre sus integrantes se pueda suscitar, y que en nuestra legislación penal, se encuentra contemplada en el artículo 483 en sus ordinales 1°, 2° y 3° del Código Penal, el cual ha sido debidamente explicado en párrafos anteriores de este oficio. En conclusión, nos pronunciamos en el sentido de que el representante del Ministerio Público, una vez obtenidas las partidas de nacimiento solicitadas, así como la información del domicilio de las ciudadanas B.K.S y M.K, y de resultar demostrado de manera fehaciente la existencia de los supuestos establecidos en los ordinales 2° y 3° del artículo 483 del Código Penal, debe proceder a solicitar al juez de control el sobreseimiento de la causa, a tenor de lo previsto en el artículo 325, (ahora 318) numeral 2° del Código
Orgánico Procesal Penal, por concurrir una causa de no punibilidad, como es el caso en cuestión, dada la concurrencia de las particularidades previstas en el articulo 483 ordinales 2° y 3° del citado Código Penal”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:464 CP art:465 CP art:475 CP art:477 CP art:480 CP art:483
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CP CP CP CP CEC COPPR COPP DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

art:483-1 art:483-2 art:483-3 art:564 art:206-2 art:325 art:318-2 CAUSAS EXIMENTES DELITOS ESTAFA FAMILIA PENAS PROPIEDAD PERSONAS JURIDICAS RESPONSABILIDAD PENAL SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.431-434.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPDRD-350-2002 DRD FECHA:20021024

El dolo eventual implica que el sujeto activo se represente el resultado como probable, y aunque no busca su producción, admite su eventual realización, y acepta el riesgo. FRAGMENTO
“(...) Respecto a la calificación jurídica alegada, debe indicarse que de las declaraciones señaladas en los fundamentos de imputación se desprenden varios hechos relevantes, que podrían de alguna forma evidenciar la concurrencia de un dolo eventual respecto de los delitos atribuidos. La declaración del ciudadano adolescente J.G.S, indica lo siguiente: ´...por ahí esta prohibido transitar los carros, por ahí hay muros de tierra en la entrada de la autopista para que no entren los carros (...) el Chofer de la camioneta venía choleado y no frenó,...ahí mi hermano
se lanzó para la acera y la camioneta también y el tipo venía desnudo y la mujer también..´”. La declaración de la ciudadana MLS, manifiesta: ´...cuando llegue allá el señor estaba, casi desnudo se estaban arreglando la ropa (...) cuando el señor me habló a mí la boca le olía a licor y pasaron unas botellas de la Blazer que choco a mi hermano a la otra Blazer´. El Acta de Inspección establece entre sus conclusiones lo siguiente: ´b....pudo apreciarse que para el momento del accidente, el tramo de la Autopista Perimetral en sentido Ocumare Charallave no se encontraba pavimentada, motivo por el cual los escasos vehículos que transitaban por la referida vía era en forma no autorizada lo hacían en el sentido Charallave Ocumare utilizándolo como doble vía...´. El autor Francisco Muñoz Conde, haciendo referencia al dolo eventual ha señalado: En el dolo eventual el sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo la eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero ´cuenta con él´, ´admite su producción´, ´acepta el riesgo´, etc. Una vez que se ha señalado a lo que se refiere el dolo eventual, opina este Despacho que –sin pretender emitir un criterio absoluto- podría, en el presente caso, configurarse una hipótesis de dolo eventual, tomando en cuenta que el imputado en el presente caso A.A.A, al transitar por un sitio prohibido, al conducir en condiciones no apropiadas, por cuanto varios testigos señalan que el mismo se encontraba acompañado en la camioneta por una mujer,
y que al parecer ambos estaban realizando actos impropios en el vehículo, para el momento en que el ciudadano A.A.A, se encontraba conduciendo, actúa con desprecio del
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bien jurídico protegido por la norma jurídico penal. Era sabido por el imputado, tomando en cuenta su condición social y profesional, que realizar actos impúdicos en un automóvil mientras estaba conduciendo, puede llegar a causar daños a cualquier persona que se encuentre en la calle, y que él no puede divisar por estar evidentemente imposibilitado para ello, y además con la agravante de transitar por un sitio prohibido o desierto, de modo que quizás el imputado actuó sabiendo que con su acción podía producir un accidente a cualquier persona, pero sin embargo, siguió conduciendo, admitiendo el posible resultado lesivo que podía producir su acción. Igualmente, es necesario poner de relieve que a los fines de emitir un criterio integral en relación con la procedencia del dolo eventual, es importante conocer determinadas características del sitio del suceso, como por ejemplo, si el lugar de los hechos estaba poblado, o si existían viviendas colindantes, es decir, si en el sitio transitaban regularmente personas o por el contrario no pasaban personas por allí de forma regular, ya que, en el primer caso, el imputado debía tener mas cuidado al conducir, mientras que en el segundo caso, quizás el imputado no podía prever la presencia de personas en el lugar de los hechos, sin embargo, de tales circunstancias no se tiene conocimiento por no haber sido expresadas en el escrito
analizado. Es importante señalar que el dolo eventual está constituido por un complejo proceso psicológico, dotado de elementos psicológicos e intelectuales, lo cual es de muy difícil prueba en cualquier caso, sin embargo, la Dirección debe dejar planteada la posibilidad de que en el caso concreto y debido a los elementos antes señalados, podían imputarse los delitos a título de dolo eventual, de conformidad con los fundamentos de imputación señalados en el escrito de acusación analizado. La prueba de la verificación de un dolo eventual corresponderá en todo caso al fiscal del Ministerio Público, a través de su actuación a lo largo del proceso...”. DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACCIDENTES DE TRANSITO ALCOHOLISMO CALIFICACION JURIDICA DELITOS DOLO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.435.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-17-33-2002 DRD FECHA:20020201

En el homicidio preterintencional la intención del agente es causar una lesión, mientras que en el homicidio calificado la intención del agente es producir la muerte, coincidiendo dicha intención con el resultado producido. FRAGMENTO
“(...) Ahora bien, en el caso de marras, no se da el homicidio preterintencional, por ausencia de los requisitos esenciales para que el mismo se configure. En este sentido, observamos que, en medio de la riña suscitada aparece el ciudadano P.J.G.A, con un arma de fuego, señalando que dejaran de pelear, que el era funcionario de la Policía Técnica Judicial,
ante esta situación el occiso A.Y.R, y la ciudadana M.M.P y G.S.R, se montaron los tres (3) en una moto y se retiraron, inmediatamente, sale en su persecución en una moto el imputado P.J.G.A, y a la altura del Centro Comercial Doña Grrazzia, él hace tres (3) disparos a los mismos, alcanzando uno de ellos al parrillero A.Y.R, en la región retroarticular izquierda, ocasionándole la muerte; con la misma bala lesiona a M.M.P, en el hombro izquierdo y a G.S.N, le causa una herida en el brazo izquierdo sin orificio de salida. El Código Penal venezolano contempla diversas especies de homicidio: ´El homicidio simple, llamado también intencional o voluntario, se encuentra tipificado en el artículo 407, que dice:/ Art. 407.El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de doce a dieciocho años./ Para que el delito de Homicidio Intencional se tipifique, es necesario que la muerte de la víctima sea una consecuencia directa de la acción del culpable, de modo que pueda afirmarse la relación de causalidad. El homicidio es un delito material y se consuma con la muerte del sujeto pasivo...´/ El homicidio preterintencional, también llamado en la doctrina homicidio ultraintencional, se encuentra tipificado en el artículo 412 del Código Penal, al señalar:/ Artículo 412.- El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte de alguno, será castigado con presidio de seis a ocho años, en el caso del artículo 407; de ocho a doce años, en el caso del artículo 408; y de siete a diez años, en el caso del artículo
409./En el homicidio preterintencional, la intención criminal está limitada a lesionar, pero las consecuencias de ese mismo hecho van mas allá del propósito perseguido por el agente. Este sólo quiso ocasionar
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una lesión personal y causa la muerte. Por consiguiente, la diferencia entre el homicidio preterintencional y el homicidio simple, reside en que en primero no se ha querido ni representado la muerte, mientras que en el homicidio simple el autor dirige su acción a la producción de este resultado. El homicidio preterintencional presupone, por necesidad absoluta, el ánimo de dañar la persona de aquel a quien se ha matado; pero presupone que la muerte, además de no haber sido querida, no haya sido siquiera prevista, aunque podía preverse .(Febres Cordero, Héctor. Curso de Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II. Delitos Contra Las Personas. Año 1993. Págs.18, 19,30, 31, 89 y 90). En el homicidio preterintencional, la intención del agente, es la de ocasionar una lesión. Esa intención de ocasionar un daño inferior al que en definitiva se logró, debe aparecer comprobada de manera inequívoca en el expediente. A través de la narrativa de los hechos explanada en el escrito de acusación, podemos apreciar la intención homicida del acusado, al disparar varias veces el arma de fuego que portaba, contra los ciudadanos que huían en la moto del lugar donde se había suscitado la riña, hasta lograr su propósito criminal, disparándole en la espalda al parrillero A.Y.R, disparo éste que le cegó la vida, tal como quedó determinado. Por lo que, tomando
en consideración el medio empleado por el procesado para atacar a sus víctimas y la narrativa de los hechos explanados en el escrito de acusación, el fiscal del Ministerio Público debió hacer una modificación en la clasificación del tipo penal básico atribuido al imputado en su escrito de acusación, esto es, debió variar la graduación del tipo, de homicidio intencional simple, tipificado y penado en el artículo 407 del Código Penal, a homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 408, ordinal 1, del Código Penal, y no como erróneamente lo hizo en la audiencia preliminar, al modificarlo por homicidio preterintencional, previsto y sancionado en el artículo 412 ejusdem, ya que, la intención del agente, coincidió con el resultado. Además, de la simple lectura del capítulo relativo a los hechos, descritos en el escrito de acusación, salta a la vista la conducta alevosa desplegada por el imputado P.J.G.A, por cuanto, el mismo saca su arma de reglamento, se identifica como funcionario de la Policía Técnica Judicial P-T-J y ordena a las víctimas que dejaran de pelear, ante esta circunstancia, las tres (3) víctimas se montaron en una moto y se retiraron del lugar inmediatamente, y es, en ese mismo momento, cuando el imputado, montado en una moto, emprende una veloz persecución en contra de las víctimas y cuando los logra alcanzar les efectúa tres (3) disparos, uno de los cuales alcanza al parrillero A.Y.R en la región retroarticular izquierda, ocasionándole la muerte; con la misma bala lesiona a M.M.P, en el hombro izquierdo y a G.S.R, le
causa una herida en el brazo izquierdo sin orificio de salida. (…) En el presente caso el fiscal al modificar en la audiencia preliminar el tipo penal al encausado de autos, por el delito de homicidio preterintencional, lo hizo equivocadamente en virtud de que no existen elementos que permitan encuadrar tal conducta delictual en el artículo 412 del Código Penal. Se evidencia de los
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hechos explanados en el escrito de acusación, que estamos en presencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1º del Código Penal, ya que de la narración de los hechos se desprende que el imputado P.J.G.A, actuó con alevosía, por cuanto, obró a traición, sobre seguro y disparó por la espalda y en consecuencia ocasionó la muerte de la víctima A.J.R.). Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:407 CP art:408 CP art:408-1 CP art:409 CP art:412 DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ARMAS AUDIENCIAS HOMICIDIO LESIONES POLICIA RIÑA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.436-437.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MP N° DRD-07-51-2002 DRD FECHA:20020214

El homicidio cometido en el curso de la ejecución de un robo a mano armada, constituye o configura un único delito, como lo es el homicidio calificado. Cuando en los hechos concurren dos o más circunstancias de las previstas en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal, lo correcto es alegar la procedencia del ordinal 2° de ese mismo artículo. FRAGMENTO
“(...)
En lo concerniente al capítulo III, relativo a los preceptos jurídicos aplicables, se observa que acusó al ciudadano D.G.G, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1° del Código Penal, al considerar que el mismo obró con alevosía y por motivos fútiles e innobles, robo gravado, contemplado y sancionado en el artículo 460 en concordancia con el encabezamiento del artículo 83, ambos del citado código, resistencia a la autoridad, previsto y penado en el artículo 219 ordinal 1° ejusdem y porte ilícito de arma de fuego, contemplado y penado en el artículo 278 ibidem. Al respecto, en primer término es importante señalar que el homicidio cometido en el curso de la ejecución de un robo a mano armada, constituye o configura un único delito, como lo es el homicidio calificado, siendo entonces el robo la calificante de este ilícito penal. Así, nuestro legislador ha considerado esta calificante como especial en este tipo de delito, la cual viene a sobrepasar, no sólo las previsiones del homicidio intencional simple, sino también las del robo agravado, en tal sentido, estimar los hechos como autónomos, es decir, como si estuviéramos en presencia de un concurso real de delitos sería contrario a lo sostenido tanto por la doctrina de la Institución, como por la del Tribunal Supremo de Justicia. En este orden de ideas ha establecido la doctrina del Ministerio Público, lo siguiente: ´El homicidio cometido en el curso de la ejecución del robo a mano armada configura un solo delito: homicidio
calificado 408 ordinal 1° del Código Penal...´(Oficio N° DRP-9-29866, de fecha 21-08-92, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Año 1992, Tomo II, p.p. 271 y 272). Y el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1096 de fecha 1 de agosto de 2000, magistrado ponente: Rafael Pérez Perdomo, publicada en el texto: Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia, jul-ago 2000, tomo 4 de Freddy José Díaz Chacón, señaló: ´... El sentenciador de la recurrida calificó estos hechos como homicidio calificado, en grado de frustración, robo agravado y
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porte ilícito de arma, previstos en los artículos 408, ordinal 1°, 460 y 278 del Código Penal, esto es, consideró la existencia de un concurso de delitos: homicidio calificado, en grado de frustración, y el robo a mano armada./ Ahora bien, el homicidio cometido durante la ejecución de un robo, constituye un delito autónomo, homicidio calificado previsto en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal. El robo es la calificante del homicidio, por lo que no se está en presencia de un concurso real entre el delito de homicidio y el de robo, sino ante un caso de la perpetración de un solo delito, vale decir de homicidio calificado./ En consecuencia, el sentenciador, al haber calificado los hechos probados, como homicidio calificado, en grado de frustración y robo agravado, incurrió en error de derecho en la calificación del delito, infringiendo el artículo 460 del Código Penal, por indebida aplicación...´. Copiado textualmente (páginas 324 y siguientes) Lo antes transcrito nos permite
evidenciar, que ante la presencia de hechos similares en los cuales a la víctima se le despoja de sus bienes bajo amenazas de muerte con un arma, y posteriormente se produce su fenecimiento como consecuencia de la resolución criminal inicial de despojarla de los objetos que posee, deben considerarse los hechos como un todo, es decir, como un único delito con la respectiva agravante específica establecida por nuestro legislador en el artículo 408 del Código Penal. Continuando con el respectivo análisis, igualmente se advierte en el escrito de acusación debidamente suscrito por usted, que el delito de homicidio se ejecutó con alevosía y por motivos fútiles e innobles por cuanto el autor de los hechos actuó a traición y sobreseguro, pues el hoy occiso se encontraba indefenso en el pavimento, no tenía posibilidad alguna de defenderse, ante la agresión injusta de su atacante, quien portaba además un arma de fuego, ocasionándole así su deceso, sin razón o motivo aparente al no existir provocación alguna. Tales argumentos resultan al parecer también muy ciertos, tal y como se desprende de los hechos expuestos en el capítulo concerniente a los preceptos jurídicos aplicables, empero ante tal eventualidad y encontrándose en presencia de dos o más circunstancias de las previstas en el artículo 408 del Código Penal, debió entonces invocar o subsumir los hechos en las previsiones del mismo artículo, pero en el numeral 2°, cuyo contenido es del tenor siguiente: ´...Veinte a veintiséis años de presidio si concurrieren en el hecho dos o más de las circunstancias
indicadas en el numeral que antecede...´ En este mismo orden de ideas ha establecido la doctrina institucional lo siguiente: ´Cuando en el hecho han concurrido dos o más de las circunstancias indicadas en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal, se debe invocar el ordinal 2° de este artículo…´ (oficio N° DRD-13-7782 de fecha 7-3-96, en Informe Anual del Fiscal General de la República, año 1996, Tomo II, pp. 44 y 45)
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Sobre este mismo aspecto continúa la doctrina señalando lo siguiente: ´...toda vez que el procesado efectuó el disparo durante la ejecución del delito de robo a mano armada, y además sin motivo, causa o justificación, ya que el hoy occiso no portaba arma alguna, demostrando el procesado con la realización de ese hecho, carencia de respeto a la condición humana, lo que nos lleva a determinarlo como un motivo fútil o innoble... ´ ´...En el caso investigado, al considerar que los motivos fútiles o innobles estuvieron presentes en el ánimo del encausado, y por supuesto, quedar éste o éstos demostrados en las actas procesales, debió entonces según su prudente y libre apreciación de las pruebas cursantes en autos, formular cargos, según las previsiones del artículo 408 en su ordinal 2°, del Código Penal, que resulta aplicables, si concurrieron en el homicidio dos o más de las circunstancias indicadas en el ordinal 1° como en efecto lo consideró: en el curso de la ejecución del delito de robo a mano armada y por motivos fútiles o innobles ... ´ (sic)”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:83-Encab CP
art:219-1 CP art:278 CP art:408-1 CP art:408-2 CP art:460 OMP N° DRP-9-29866 21-08-1992 OMP N° DRD-13-7782 07-03-1996 STSJ 01-08-2000 ARMAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO HOMICIDIO RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ROBO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.437-439.

DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MP DRD FECHA:2002

Si la muerte de un niño se verifica como consecuencia de unas fracturas en el cráneo, debido a la negligencia desplegada por el sujeto encargado de su cuidado, el delito atribuible es el homicidio culposo; en cambio si la muerte se produce como consecuencia de una desnutrición severa, el delito atribuible es el homicidio intencional en la modalidad de comisión por omisión. FRAGMENTO
“(...) A. Si se asume que el menor efectivamente tuvo unas fracturas en el cráneo debido a un golpe sufrido en la cabeza, mientras estaba jugando con el padrastro, pues podría atribuírsele el hecho a través de la figura del homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 411 Código Penal, ya que se considera que el imputado incurrió en negligencia al dejar de actuar de una forma adecuada respecto a la asistencia de la víctima que tenía bajo su guarda y cuidado. En este caso específico, se presenta una duda no esclarecida por la fiscal del Ministerio Público en el escrito analizado, ya que, no aclara si un golpe sufrido durante un juego, bien sea que el niño se haya caído de
manera casual durante el desarrollo del juego, o bien sea que el niño se haya caído mediante la intervención del imputado tomándolo de los pies, es capaz de producir dos fracturas en el cráneo, tal y como se desprende del estudio radiológico practicado, ya que es normal que los niños sufran caídas y golpes durante su crecimiento y más durante los juegos, pero el hecho de sufrir dos fracturas en el cráneo, es realmente extraño y poco común. Es por ello que era necesario indagar acerca de los hechos acaecidos en este caso en concreto, a los fines de identificar la intervención de causas distintas a las ya analizadas. Los autores Hernando Grisanti Aveledo y Andrés Grisanti Franceschi, en su obra ´Manual de Derecho Penal. Parte Especial´, Editorial Vadell Hermanos, Novena Edición, Valencia-Caracas-Venezuela, pp. 50 y 51, haciendo referencia al delito de homicidio culposo, establecen lo siguiente: ´(...) La muerte del sujeto pasivo se deriva de la imprudencia, negligencia impericia, etc. en que ha incurrido el sujeto activo. Los términos imprudencia, negligencia e impericia, especialmente los dos primeros, suelen emplearse como equivalentes; sin embargo, cada uno de ellos tiene un peculiar significado. / La imprudencia (culpa in agendo) supone una conducta positiva, un hacer algo, un movimiento corporal. (...) / La negligencia (culpa in omittendo) supone una abstención, un no hacer, (...) cuando se estaba jurídicamente obligado realizar la conducta contraria.´

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En este supuesto se presentan a su vez dos casos, en relación con la divergencia
planteada en los hechos, ya que si se toma como cierto que la víctima sufre una caída de sus propios pies, sin intervención del padrastro, imputado en este caso, pues, podría el homicidio culposo cometerse bajo la modalidad de comisión por omisión, obrando con negligencia, ya que este sujeto estaba en la obligación de cuidar al niño mientras jugaba, lo cual omitió hacer en el caso concreto, circunstancia ésta que produjo la caída del niño y posteriormente la muerte. Si tomamos como cierto que el padrastro toma al niño por los pies mientras éste estaba jugando, pues podría haber obrado con imprudencia, al realizar un movimiento corporal que trae como consecuencia que el niño se caiga y se produzca la muerte, pero en todo caso el delito atribuible es el homicidio culposo. Sin embargo, lo anteriormente expresado no pretende constituir afirmaciones absolutas, por cuanto no se conocen con exactitud las circunstancias de hecho del presente caso, de lo único que se tiene certeza es de la efectiva lesión de la vida como un bien jurídico relevante a la luz de nuestro ordenamiento jurídico penal, y por ello susceptible de ser protegido, por cuanto efectivamente el niño R.C.H, perdió la vida. B. Si contrariamente al supuesto anterior se toma como cierto el resultado del protocolo de autopsia, pues, debe partirse del supuesto de que el niño muere como consecuencia de una desnutrición severa, edema cerebral, hipoproteinemia, hipocalcemia y como consecuencia desequilibrio hidroelectrolítico. En este caso, de igual forma habría responsabilidad penal por la figura
de comisión por omisión, directamente relacionada con la posición de garante que asume el imputado con respecto a la víctima, en este caso concreto. El autor Francisco Muñoz Conde, en su obra ´Teoría General del Delito´, Editorial Temis, Segunda Edición, Santa Fe de Bogotá-Colombia, Año 1999, p.26, 27 y 28, exponiendo lo relativo a los delitos de comisión por omisión, señala lo siguiente: ´Como ya se ha dicho, una problemática especial, dentro de los delitos de omisión, presentan los delitos llamados de comisión por omisión, o impropios de omisión. En ellos, el comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo, que solo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero la más elemental sensibilidad jurídica obliga a considerar equivalentes desde el punto de vista valorativo y a incluir, por tanto, también en la descripción típica del comportamiento prohibido determinados comportamientos omisivos, que también contribuyen a la producción del resultado prohibido. Así, por ejemplo, nadie duda en incluir en la acción típica del infanticidio (matar a un recién nacido) el comportamiento de la madre que deja morir de hambre al recién nacido.´ En relación con este tema se presentan numerosas dudas, y a esos efectos deben dilucidarse dos cuestiones importantes, la relación de causalidad entre la omisión y el resultado producido, y la posición de garante del sujeto, que le impone el deber de evitar el resultado dañoso. El autor citado establece lo siguiente:

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´El delito de comisión por omisión es un delito de resultado,
en el que el resultado producido debe ser imputado al sujeto de la omisión (...) aunque realmente la o misión no puede ser entendida como componente causal de ningún resultado (...) lo que importa en la comisión por omisión es la constatación de la causalidad hipotética, es decir, la posibilidad fáctica que tuvo el sujeto de evitar el resultado. Si se da por seguro o, por lo menos, como muy probable que si el sujeto hubiera realizado la acción, mandada el resultado no se hubiera producido, entonces se podrá imputar el resultado al sujeto de la omisión. /(...) Es preciso, además que este sujeto tenga la obligación de tratar de impedir la producción del resultado en virtud de determinados deberes cuyo cumplimiento ha asumido o le incumben en razón de su cargo o profesión. Esta obligación especial, convierte al sujeto en garante de que no se produzca el resultado, de ahí el nombre de posición de garante. / (...) solo aquellas personas que tienen una especial vinculación con el bien jurídico protegido pueden ser consideradas garantes de la integridad de ese bien jurídico.´ Para que se configure la comisión por omisión deben darse unos elementos determinados: 1. El sujeto debe encontrarse en condiciones de realizar la acción para poder evitar el resultado, de lo contrario no puede hablarse de omisión. En este caso debe verificarse una relación causal (hipotética) entre la omisión y el resultado. 2. Debe tratarse de una acción relativa a las funciones del sujeto, es decir, una acción que se esperaba fuera realizada por el sujeto, pero que sin embargo
ha sido omitida. Este segundo elemento se refiere al deber de evitar el resultado dañoso, traduciéndose esto en una posición de garante respecto al bien jurídico penalmente protegido. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé esta especial figura de la comisión por omisión en su artículo 219, en los siguientes términos: ´Artículo 219.- Comisión por omisión. Quién esté en situación de garante de un niño o adolescente por virtud de la ley, de un contrato o de un riesgo por él creado, responde por el resultado correspondiente a un delito de comisión.´ El imputado C.C.A.L, incurre en la figura de comisión por omisión, al adquirir el carácter de sujeto garante respecto al bien jurídico protegido de vida e integridad personal del niño R.C.H, ello porque aceptó de manera voluntaria unas específicas funciones protectoras, desde el momento en que asumió el cuido del menor. Debe existir una relación de causalidad hipotética entre la omisión y el resultado, es hipotética, ya que normalmente la relación de causalidad se plantea entre una acción y un resultado, sin embargo debido a la lesión de los bienes jurídicos protegidos en determinados casos, pues se equipara el resultado producido por
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un no hacer una conducta determinada, que la ley obliga a realizar, a un resultado derivado de una acción en puridad de conceptos, de modo que en este caso, haber dejado de alimentar de forma debida al menor, al punto de que el protocolo de autopsia refleja que la muerte se debió a una desnutrición severa, implica que el sujeto puede
ser imputado por el delito de homicidio intencional previsto en el artículo 407 del Código Penal, bajo la modalidad de comisión por omisión, ya que, el imputado estaba en situación de garante respecto de la víctima, por lo cual debe responder por el resultado correspondiente a un delito de comisión...”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:407 CP art:411 LOPNA art:219 DESNUTRICION HOMICIDIO NEGLIGENCIA NIÑOS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.439-441.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-350-2002 DRD FECHA:20021024

Cuando el fiscal del Ministerio Público impute el delito de lesiones culposas, necesariamente debe concatenar la norma contentiva del tipo delictivo de lesiones con el artículo 422 del Código Penal que establece el tipo de lesiones culposas. FRAGMENTO
“(...) En lo concerniente a los ilícitos penales atribuidos al imputado, la representante del Ministerio Público al señalar que uno de ellos, es el delito de lesiones culposas leves, previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal, omitió establecer la concordancia con el artículo 422 ordinal 1° ejusdem, lo cual es necesario, por cuanto aquella disposición penal prevé uno de los varios sub-tipos de lesiones previstas en el Código Penal, dependiendo de las clases de sufrimientos físicos a la salud, incapacidades o tiempo de curación, dándoles el carácter de delitos intencionales, pero cuando se trate de lesiones culposas,
debe necesariamente el fiscal del Ministerio Público concatenar la norma contentiva del tipo delictivo de lesiones con el artículo 422 que establece el tipo de lesiones culposas. Es por ello, que al no subsumir la conducta dentro tipo penal previsto el ordinal 1° del artículo 422 del Código Penal, no puede atribuirle el carácter de delito culposo, realizando una incorrecta calificación jurídica del hecho, lo que se traduce en una errónea aplicación de la justicia e imprecisiones en cuanto a la opinión emitida. Lo expuesto, pone de manifiesto que es necesaria una correcta adecuación de los hechos objeto del proceso, con la norma contentiva del tipo penal de que se trate, toda vez que ello permitirá proporcionar las razones de derecho que motivan al acusador a solicitar el enjuiciamiento público de una persona. Al respecto, la doctrina del Ministerio Público nos refiere: ´...El fiscal debe dar la correcta calificación jurídica al hecho punible por el cual formula cargos, encuadrándolo a su vez, en la correspondiente disposición legal...´(Oficio N°: DRP-15-1406, Informe FGR,, Año 1995, Tomo II, p. 171). En este mismo orden de ideas, la doctrina establece: ´...Las lesiones culposas están previstas en el artículo 422 del Código Penal...´ (Oficio N° DRD-6-34428, Informe FGR,, Año 1995, Tomo II, p. 84)”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:422 CP art:422-1 OMP DRP-15-1406
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OMP

1995 DRD-6-34428 1995 CALIFICACION JURIDICA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO LESIONES Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.441.

DESC
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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisió y Doctrina n /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-10-53-2002 DRD FECHA:20020219

Para que se configure el delito de estafa, debe existir entre el artificio o medio capaz de engañar y el error inducido, una relación de causa efecto. FRAGMENTO
“(...) En el caso en estudio, en criterio de esta dirección, conforme a los elementos indicados por el representante del Ministerio Público en su escrito, no se llega a configurar el delito de estafa por no existir el engaño, ya que de la misma denuncia se desprende que el vendedor le notifica al comprador que el bien objeto de la transacción no le pertenece, le pertenece a una tía y de acuerdo con un extracto de la misma denuncia, citada por el fiscal en su solicitud, tenemos:´.....comprometiéndose posteriormente el Señor J.G a llamar a su tía a la ciudad de Caracas… para concretar o legalizar la venta.....´. Además, encontramos sustento para negar la existencia del elemento subjetivo del delito referido al engaño, en las fechas transcurridas entre un hecho y los otros, de acuerdo con la propia declaración del ciudadano J.S.V (supuesta víctima) en octubre del año 1998, se hace el negocio del jeep, y de acuerdo con su propia declaración la fecha en que realiza el pago de este negocio es el 13 de julio de 1999, y la denuncia fue introducida el 8 de septiembre del año 2000; de lo expuesto con anterioridad se puede notar que no fue utilizado ningún engaño por parte del ciudadano Juan Jesús González,
para inducir en error al ciudadano Jesús Serrano Vargas, para que éste emitiera el cheque, por el contrario, el ciudadano J.S.V estuvo en posesión del vehículo casi un año y luego es que emite el cheque y lo hace a sabiendas de que el beneficiario del cheque no era el dueño del bien, y es luego de más de un año que se considera estafado. Los dos elementos más significativos del delito de Estafa son: los artificios y engaños aplicados por el delincuente, y el error en que es inducida la víctima como consecuencia de este engaño, que lo hace sufrir un daño patrimonial. En cuanto a los artificios, para Manzini, artificio es toda astuta simulación o disimulación apta para engañar, de modo tal que el engaño sea generado por la percepción inmediata de una falsa apariencia material, positiva o negativa. En cuanto al error, para Finzi, ´el error representa el resultado de la acción engañosa y se convierte en causa de la disposición patrimonial´. Cabe acotar, que entre el artificio o medio capaz de engañar, y el error inducido, debe existir una relación de causa efecto, al igual que entre el error y el consentimiento prestado por la víctima. En el caso presente no encontramos estas relaciones, no existe el ardid que determine el error, y el error no fue el que determina la prestación, ya que, por un lado no existió engaño (se dijo desde un comienzo que el bien no le pertenecía), y de haber existido (mentir en cuanto a que la tía firmara en un futuro) no fue para lograr inducir en error a la víctima,
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porque no se le presenta ningún documento con la
autorización de ella para la venta, al punto de que el comprador (víctima) aclara en su denuncia que el vendedor se comprometió en un futuro a concretar o legalizar la venta, pero que la venta no había sido concretada con la dueña del carro antes de entregar el dinero. En consecuencia, en cuanto a la víctima J.S.V no se cumplen los elementos que el tipo delictivo exige para la concurrencia de una responsabilidad criminal por parte de Juan Jesús González, siendo la solicitud de sobreseimiento realizada por el fiscal el acto conclusivo correcto. No se concibe estafa sin engaño por parte del estafador que induzca al error por parte de la víctima, y la víctima en este caso no puede imputar a otra persona el daño patrimonial sufrido mas que a su propia credulidad”. DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTOS CONCLUSIVOS ESTAFA SOBRESEIMIENTO VEHICULOS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.442-443.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-3-152-2002 DRD FECHA:20020503

La declaración del imputado no puede ofrecerse como medio de prueba, ya que ello atenta contra el debido proceso, la presunción de inocencia, y la posibilidad que tiene el imputado de no declarar en su contra. FRAGMENTO
“(...) Igualmente se aprecia en el escrito, en el Capítulo referente a medios de prueba que se ofrecen en el juicio oral y público (fl.13), que incluye como elemento, la confesión del ciudadano P.V.F.A. En relación a esto se ha de señalar lo siguiente: La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 2° dice: Artículo 49.-´El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:/(...)/ 2° Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario...´ El artículo 8° del Código Orgánico Procesal Penal, se refiere a la Presunción de inocencia, y dice:´... Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme...´. La presunción de inocencia es aquella por medio de la cual se ordena tener a toda persona como inocente, hasta que no se acredite el hecho punible y la responsabilidad, mediante un proceso celebrado con todas las garantías. Constituye éste uno de los principios fundamentales en materia de justicia penal, conforme al cual al imputado se le presume inocente hasta que haya sido declarado culpable, quien será juzgado, cumpliéndose a cabalidad con el debido proceso. Ahora bien, se ha de recordar el texto del artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice: ´...Antes de comenzar la declaración se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia. /Se le instruirá también de que la declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaigan, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias´. En efecto, el artículo 49 numeral
5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:´...Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubina, o
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pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad...´ Por consiguiente, de acuerdo a estas disposiciones legales, el acusado no tiene obligación de declarar ni de probar nada y si manifiesta su voluntad de declarar, ésta será considerada un medio de defensa. Será a la parte acusadora (principalmente del Ministerio Público), a quien le corresponda probar sus imputaciones y para ello tiene que aportar las pruebas pertinentes. Por ello, estimamos que el representante del Ministerio Público, incurrió en error al ofrecer la declaración del imputado como un medio de prueba, cuando ésta no lo es. Aunado a ello, debe señalarse que en el juicio oral y público está prevista expresamente la oportunidad en que el imputado rendirá declaración tal como lo señala el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resulta incorrecto ofrecer su declaración como medio de prueba”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:49-2 CRBV art:49-5 COPP art:8 COPP art:128 COPP art:349 CONFESION DECLARACION JUICIO ORAL JUSTICIA PRESUNCION PROCESOS (DERECHO) PRUEBA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.444.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MP DRD FECHA:2002

Las pruebas
evacuadas bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, no pueden ser valoradas conforme a las previsiones del Código Orgánico Procesal Penal, so pena de atentar contra el principio de igualdad que debe existir entre las partes, y contra el principio de irretroactividad de la ley penal, consagrados en los artículos 21 y 24, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. FRAGMENTO
“Inicialmente señala el representante del Ministerio Público, que el proceso seguido contra el ciudadano J.V, se fundamenta en el acta policial cuestionada, la cual fue elaborada bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, y la actuación contenida en ella se basa en lo establecido en los artículos 71 y 75-G, ejusdem. Y que en virtud del contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la causa sometida a su consideración debe ser procesada de conformidad con lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo a los preceptos, principios y garantías en él contenidos. Los criterios antes transcritos, esgrimidos por el representante del Ministerio Público para solicitar la nulidad de las actuaciones practicadas, resultan a todas luces contrarios a los principios básicos del derecho procesal penal y a las disposiciones legales citadas con anterioridad, por cuanto si bien es cierto el acta policial antes mencionada a luz de nuestro nuevo ordenamiento adjetivo penal no reúne los requerimientos de dicha actuación, tal eventualidad no implica que la misma no pueda
surtir efectos dentro del proceso, pues ésta se llevó a cabo dentro de las formalidades exigidas en ese entonces por el Código de Enjuiciamiento Criminal y dentro de los criterios vigentes para la época debe ser valorada. En este sentido se ha pronunciado en reiteradas oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado Jorge L. Rosell S., quien entre otras cosas señala lo siguiente: ´...Al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal y derogar el Código de Enjuiciamiento Criminal, se comenzó aplicar un sistema diferente de apreciación de las pruebas. En consecuencia el sentenciador del proceso en transición, que no ha dictado sentencia definitiva, tiene la obligación en la oportunidad de evaluar las pruebas, de regirse por el mandato constitucional contenido en el artículo 24 de la Constitución de la República, y guiarse por las aclaratorias que al respecto esta
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Sala de Casación ha dictado en anteriores sentencias, para luego, según sea el caso, con base en lo que en anteriores oportunidades se ha indicado aplicar, primero: el sistema de la tarifa legal si las pruebas fueron evacuadas bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal; o, segundo: el sistema de la libre convicción razonada cuando las pruebas fueron evacuadas bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal...´ (25.10.2000). Y en sentencia de fecha 7.6.2000, del mismo ponente indicó: ´...Esta Sala ya ha establecido...que el sistema de la libre convicción previsto en el artículo 22 del Código Orgánico
Procesal Penal no exime al juzgador de explicar las razones o motivos que lo llevan a condenar o a absolver...es oportuno...para reiterar la posición de esta Sala de Casación Penal en relación al artículo 24 de la Constitución...Dicha norma dispone que en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron./ En el presente caso, las pruebas fueron promovidas bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, razón por la cual han debido de ser apreciadas conforme a las reglas de la valoración establecidas en dicho Código./ Aplicar el sistema legal o tarifado para este asunto es lógico, puesto que la causa se sustanció a través de un sistema inquisitivo escrito. Sería violatorio del principio de igualdad, si habiéndose buscado y realizado las pruebas bajo el sistema inquisitivo...luego, en el plenario se le de total libertad al juez, para apreciar o valorar dichas pruebas bajo el sistema de la libre convicción...´ Las sentencias transcritas anteriormente de manera parcial, señalan que efectivamente, las pruebas realizadas bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal deben ser valoradas conforme a las disposiciones legales contenidas en él, independientemente de las nuevas estipulaciones que al respecto puedan consagrarse en el Código Orgánico Procesal Penal, pues de lo contrario, es decir, aplicar la valoración de las pruebas conforme al Código Orgánico Procesal en aquellas cumplidas dentro de las formalidades del sistema
inquisitivo vigente para el momento, es pretender ir, no sólo en contra del principio de igualdad que debe existir entre las partes, sino también, en contra del principio universal de la irretroactividad de la ley penal en cuanto a que las normas procedimentales se aplicaran desde el momento mismo de su entrada en vigencia. En consecuencia, el acta policial cuestionada por el representante del Ministerio Público, gozaba para ese entonces de plena validez por haberse efectuado bajo los parámetros establecidos en esa oportunidad por la norma procesal penal vigente, cuya vigencia aún posee su valor por imperativo mandato constitucional, establecido en el artículo 24, cuyo contenido recoge uno de los
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principios universales del derecho, relativo a la irretroactividad de la ley penal, exceptuando aquellas disposiciones que impongan menor pena, señalando a su vez que las leyes procedimentales se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. En tal sentido, en cuanto a la citada acta policial, es improcedente retrotraer la disposición legal establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, concerniente a los requisitos que debe regir el registro de personas, a los fines de ser aplicadas a un proceso regulado, inicialmente, por el texto procesal penal derogado…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:24 CEC art:71 CEC art:75-G STSJSCP 25-10-2000 STSJSCP 07-06-2000 DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ACTA POLICIAL CODIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL FISCALES
DEL MINISTERIO PUBLICO IGUALDAD NULIDAD PROCESOS(DERECHO) PRUEBA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES SENTENCIAS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.446-447.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPN° DRD-10-245-2002 DRD FECHA:20020715

El artículo 76 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, contiene una derogatoria parcial y no total del artículo 231 del Código Penal, en este sentido, la acción de sustraer total o parcialmente un libro o cualquier otro documento se considera aún vigente. FRAGMENTO
“Al respecto, debemos aclarar, que el artículo 231 del Código Penal ha sido derogado parcialmente e implícitamente por el artículo 76 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual pauta lo siguiente: ´El funcionario público o cualquier persona que maliciosamente ocultare, inutilizare, alterare, retuviere o destruyere, total o parcialmente un libro o cualquier otro documento que curse ante cualquier organismo público, será penado con prisión de tres a siete años´. Pero como se desprende del análisis de los supuestos del artículo 76 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, esta norma no contempla la acción de sustraer total o parcialmente un libro o cualquier otro documento, por lo que se considera que esta derogatoria es parcial y no total. Al respecto Arteaga Sánchez, afirma que el artículo 231 del Código Penal ha sido sustituido “al menos en su tipificación básica” y formula las siguientes consideraciones:
´A diferencia del Código Penal, la Ley de Salvaguarda no contempla en la acción delictiva la referencia a la sustracción, perteneciente sin duda a otro tipo delictivo, aunque menciona la retención; ...”. Continuando seguidamente: “...Por otra parte, en mi opinión, no habiendo una derogatoria expresa del artículo 231 del Código Penal, bien puede considerarse subsistentes los dos apartes que no fueron afectados por la nueva Ley´ Igualmente Eunice León de Visani señala: ´De esta manera nos hallamos frente a una anómala e incómoda situación caracterizada por la vigencia parcial de leyes que en lo demás habrían resultado derogadas por otras´ En consecuencia, si bien es cierto que existe una tácita derogatoria del artículo 231 del Código Penal, por la entrada en vigencia del artículo 76 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, también es cierto, que al no
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encontrarse dentro de los supuestos de la norma derogatoria, la acción de sustraer, entonces en este caso la norma derogada se considerará vigente, sólo en lo referido a este supuesto…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:231 LOSPP art:76 ARCHIVOS DOCUMENTACION FUNCIONARIOS PUBLICOS SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.449-450.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Revisión y Doctrina /sin destinatario/ Ministerio Público MPDRD-140-2002 DRD FECHA:20020423

Los fiscales especializados en materia de responsabilidad penal del adolescente, al sobreseer
la causa, deben señalar de forma específica los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de salvaguardar la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Cuando el sujeto activo del delito es una persona adulta, deben aplicarse las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que cuando el sujeto activo del delito es un adolescente, deben aplicarse las normas previstas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. FRAGMENTO
“Realizado el análisis de las transcripciones anteriores, esta dirección observa lo siguiente: La Dirección de Protección Integral de la Familia, requiere opinión en relación a la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la fiscal ... del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, abogada AAGC, ante el juez de control, por considerar que los hechos encuadran en el supuesto del artículo 325 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, por no ser típico, ya que el occiso se procuró la muerte (ahorcándose), lo cual hace procedente solicitar el sobreseimiento definitivo, conforme al literal ´d´ del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Esta dirección, al emitir la aclaratoria de la opinión solicitada, expresó que la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la representante de Ministerio Público, estaba ajustada a derecho, porque la ley especial, no establece la causal prevista en el ordinal 2° del derogado artículo 325 hoy 318 del Código Orgánico Procesal Penal, ´El hecho imputado
no es típico...´, y al respecto, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 537, establece la supletoriedad de lo que no se encuentre expresamente regulado en la legislación penal, sustantiva y procesal y en Código Procesal Civil. En este sentido, considera quien suscribe, que el caso supra indicado, correspondía a la jurisdicción penal ordinaria, por cuanto se trataba de una investigación iniciada con ocasión a la muerte de un adolescente. De tal forma, era suficiente para solicitar el sobreseimiento, la sola mención de las normas del Código Orgánico Procesal Penal, referidas al sobreseimiento por la atipicidad del hecho, a saber -artículo 318, ordinal 2 sin necesidad de mencionar la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Sin embargo, en atención al objeto de la consulta, es conveniente precisar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, consagra las figuras necesarias para el debido enjuiciamiento de los adolescentesdeterminación de responsabilidad y aplicación de la sanción correspondiente-no
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obstante, por expresa disposición de la propia Ley (artículo 537), su ámbito de aplicación se flexibiliza cuando el asunto no esté expresamente regulado por la misma, o cuando establezca alguna institución jurídica, pero no regule sus condiciones de uso, dando lugar a la aplicación supletoria de otras leyes. En este orden de ideas, la citada ley especial, consagra en su artículo 561, literal d, el sobreseimiento definitivo, cuando resulta evidente la falta de una condición
necesaria para imponer la sanción. Esa falta de condición o supuestos de aplicación, no fueron regulados por la ley especial, lo cual pudiera dar lugar a solicitudes de sobreseimiento basadas en visiones subjetivas de los hechos no contempladas en el derecho adjetivo, lo cual evidentemente crearía inseguridad jurídica y violaría el principio de legalidad y lesividad, consagrado en el artículo 529 ejusdem. Por lo antes expuesto, conforme al artículo 537 de la referida ley especial, se hace necesario concordar el sobreseimiento definitivo estipulado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con los supuestos de procedencia del sobreseimiento, establecidos en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de que el fiscal especializado, en caso de considerar que resulta procedente solicitar el sobreseimiento, base y motive su solicitud, con fundamento en aquellos supuestos que taxativamente indica el mencionado Código. Por último, una vez dilucidado el punto referente a la opinión anteriormente expuesta, se estima necesario para reforzar lo indicado, puntualizar algunos aspectos elementales relativos a la aplicación de las normas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a los sujetos intervinientes en el hecho punible. En este sentido, debe aclararse lo siguiente: Cuando la víctima sea un niño y/o adolescente y el sujeto activo del delito un mayor de edad, el conocimiento del caso le corresponderá a los fiscales especializados en materia
de protección (Penal Ordinario), y se seguirá el procedimiento contenido en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el sujeto activo del delito sea un adolescente, el caso deberá ser asumido por un fiscal especializado en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, y las normas aplicables para su enjuiciamiento serán las previstas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Título V, correspondiente al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Asimismo, en cuanto a la aplicación y control de las sanciones correspondientes, y en todo lo no previsto, se debe recurrir a la supletoriedad de la legislación penal, procesal, y en su defecto el Código de Procedimiento Civil…”. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:325-2 LOPNA art:537 LOPNA art:561 LOPNA art:561-d COPPR art:325-2

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COPP COPP

art:318 art:318-2 ADOLESCENTES FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO LEGALIDAD MOTIVO (DERECHO) NIÑOS RESPONSABILIDAD PENAL SOBRESEIMIENTO SUICIDIO TIPICIDAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.450-451.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito DDIADA Ambiental /sin destinatario/ Ministerio Público MP FECHA:2002

Obstrucción del Río Carrizal. Estado Bolívar. FRAGMENTO

“Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2001. Fiscal comisionado: Fiscal 3° de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con Competencia en Defensa Ambiental. Actuaciones relevantes: En fecha
24 de enero de 2002, el fiscal comisionado introdujo escrito ante el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de esa entidad federal, solicitando al mencionado juzgado fueran acordadas algunas de las medidas precautelativas, contenidas en el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente En fecha 4 de febrero de 2002, esa representación del Ministerio Público solicitó mediante escrito al mencionado juzgado, una inspección como prueba anticipada, de conformidad con lo previsto en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, en las tierras del Hato El Rodeo, con la finalidad de dejar constancia del aspecto que presenta el Río Carrizal, así como su obstrucción. El juzgado la fijó para el día 6 de febrero de 2002. En fecha 25 de febrero de 2002, se efectuó la audiencia preliminar, donde el Ministerio Público ratificó la solicitud de medidas precautelativas. En fecha 27 de febrero de 2002, se efectuó la audiencia en esta causa, una vez oídas las partes, previo haber admitido los hechos, el Juzgado Tercero de Control de ese Circuito Judicial Penal, decretó la suspensión condicional del proceso, por un período de dos (2) años, con la condición de suspender la actividad origen de la contaminación ambiental y presentarse periódicamente ante ese Juzgado cada treinta (30) días”. Disposiciones legales contenidas en el documento: LPA art:24 COPP art:307 AGUA AMBIENTE CONTAMINACION DEL AGUA MEDIDAS CAUTELARES PRUEBA RECURSOS NATURALES Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.490.

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TDOC
REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito DDIADA Ambiental /sin destinatario/ Ministerio Público MP FECHA:2002

Tala de cedro en Loma Larga, Estado Miranda. FRAGMENTO

“Fecha de inicio: 17 de mayo de 2002. Fiscal comisionado: Fiscal 1° de Defensa Ambiental a Nivel Nacional. Actuaciones relevantes: La Primera Compañía del Destacamento N° 52, del Comando Regional N° 5, de la Guardia Nacional, practicaron la detención flagrante de dos ciudadanos en el sector Loma Larga, Tierra del Tamarindo, parcela N° 3, vía principal Municipio Plaza del Estado Miranda, pues los mismos se encontraban ejerciendo labores de tala y aprovechamiento de árboles de la especie cedro. En fecha 17 de mayo de 2002, se procedió a la presentación de los imputados por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual el Ministerio Público solicitó que se decretara la flagrancia de acuerdo a los artículos 248 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; la aplicación del procedimiento abreviado de conformidad con lo establecido en los artículos 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; que se dictaran medidas cautelares sustitutivas de presentación periódica y de prohibición de salida del país previstas y sancionadas en el articulo 256 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal y se dictara la medida judicial precautelativa de retención de la motosierra y del producto forestal de conformidad con lo establecido en
el artículo 24 ordinal 4° de la Ley Penal del Ambiente. Visto lo expuesto el Juzgado Cuarto acordó la aplicación del procedimiento ordinario y las medidas precautelativas y cautelares solicitadas por el Ministerio Público”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: LPA art:24-4 COPP art:248 COPP art:256-3 COPP art:256-4 COPP art:372 COPP art:373 AMBIENTE FLAGRANCIA MEDIDAS CAUTELARES Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.493.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales DPDF /sin destinatario/ Ministerio Público MP FECHA:2002

Grupo Exterminio Portuguesa.

FRAGMENTO
“Fecha de inicio: marzo 2000. Fiscales comisionados: Fiscal 2º con sede en Acarigua, Fiscal 1º y Fiscal 3º con sede en Guanare, Fiscal 26º y Fiscal 27º a Nivel Nacional. Situación :15 funcionarios policiales del Estado Portuguesa acusados por el Ministerio Público, se les decretó medida privativa de libertad, actualmente recluidos en la Comisaría de Páez de ese Estado y otros, los más peligrosos, en el Centro Penitenciario Uribana, en Barquisimeto, Estado Lara. El delito que se les imputa es homicidio calificado, y uso indebido de arma de fuego. En estas causas se han acordado 42 medidas de protección a la víctima y testigos. Actualmente se encuentran en fase de investigación 118 causas y 9 con decisión judicial y una causa radicada por el Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas, ante el Tribunal de Juicio Nº 10, a la cual se le han acumulado por delitos
conexos 6 causas más”. DESC DESC DESC DESC DESC FUEN FUEN ARMAS HOMICIDIO INVESTIGACION POLICIA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.525.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales DPDF /sin remitente/ Ministerio Público MP FECHA:2002

Grupo Exterminio Yaracuy. FRAGMENTO
“Fecha de inicio: julio 2000. Fiscales comisionados: Fiscal 2º de la Circunscripción Judicial Estado Yaracuy, Fiscal 30º y Fiscal 20º a Nivel Nacional Situación: 25 funcionarios policiales del Estado Yaracuy han sido acusados por el Ministerio Público, se les dictó medida privativa de libertad por el delito de homicidio. Actualmente se encuentran algunos recluidos en el Internado Judicial de San Felipe. Del referido caso, dos (2) causas han sido radicadas, una en el Estado Monagas, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18-82002, en el mismo han sido acusados 10 funcionarios policiales, los cuales fueron trasladados a Monagas y se encuentran recluidos en la Comandancia General de la Policía de esa Región y la otra causa radicada en el Estado Táchira, el 18-6-2002”.

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HOMICIDIO POLICIA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.525.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Presunto transporte ilícito de sustancias precursoras de cocaína. FRAGMENTO
“Fecha de inicio:
13-9-2002. Fiscales comisionados: Fiscal 27° a Nivel Nacional y Fiscal 3° del Primer Circuito del Estado Sucre. Situación: En fecha 13-9-2002 el Destacamento 78 de la Guardia Nacional, elaboró actas de investigación relacionadas con el presunto transporte ilícito de sustancias precursoras de cocaína que se encontraban en las bodegas de la Embarcación Alfamar, de bandera Turca, procedente de Bulgaria con destino Colombia, anclado en muelles del Puerto de Sucre en Cumaná, cargado con 3.650 toneladas métricas de carbonato de sodio, y requerían de una orden de allanamiento. En fecha 18-10-2002, el Fiscal 3° del Primer Circuito del Estado Sucre presentó escrito mediante el cual solicita el sobreseimiento de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 318, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, por no ser típico los hechos objeto del proceso, a favor de los ciudadanos Eskicakit Sellan, Ovaciklin Veli Hiikmet y Perisanoglu Sedet, y por consiguiente se decrete la extinción de la acción penal. En fecha 18-10-2002, el Juzgado 6° de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, acordó con lugar la solicitud de sobreseimiento de la causa. Decretó libertad plena de los ciudadanos Eskicakit Sellan, Ovaciklin Veli Hikmet y Peerisanoglu Sedat. Ordenó el zarpe de la embarcación Alfamar, y la entrega de la mercancía”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:318-2 ACCION PENAL DROGAS SOBRESEIMIENTO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.568.

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TDOC REMI DEST UBIC
TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Lozas y rodapiés de Mármol impregnadas de drogas. FRAGMENTO
“Fecha de inicio: 5-4-2002. Fiscal comisionado: Fiscal 25 ° de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Situación: En fecha 5-4-2002, funcionarios de la Guardia Nacional, adscritos a la Unidad Regional N° 2 del Comando Antidrogas, en las instalaciones de la Almacenadora Intershipping, ubicada dentro del muelle (zona portuaria), practicaron la revisión y retención de ciento treinta y tres paletas, contentivas de lozas, y rodapiés de mármol, impregnadas de droga. La prueba de campo efectuada, a las muestras tomadas de las nueve mil seiscientas cuarenta y nueve (9.649) locetas de rental de mármol, arrojó como resultado un peso de: doscientos noventa y tres kilos, con cero cero ocho gramos de clorhidrato de cocaína (293.008). En fecha 9-5-2002, se solicita ante el Tribunal de Control de Guardia, orden de aprehensión para los ciudadanos Luis Alfonso Romero Granadas, Manuel Enrique Pérez Tovar, Francisco Ystillarte Garces y Humberto Villacís Flores, la cual fue acordada con lugar. En fecha 16-5-2002, fue detenido el ciudadano Luis Alfonso Romero Granado fue presentado ante el Tribunal 1° de Control del Estado Carabobo, solicitándosele la privación judicial preventiva de libertad, y aplicación del procedimiento ordinario, todo lo cual fue acordado con lugar. En fecha 2-7-2002, fue presentado escrito de acusación contra Luis Alfonso Romero Granados. En fecha 27-9-2002, fueron presentados
en audiencia especial por ante el Tribunal 1° de Control, del Estado Carabobo, los ciudadanos Manuel Enrique Pérez Tovar y Francisco Astillarte Garcés, quienes fueron beneficiados en fecha 27-2-2002, de medida cautelar sustitutiva, por tratarse de personas mayores de 65 años de edad, y estar señalados en la causa, solo como socios de la Empresa Invervyspe C.A., que según sus declaraciones y posterior certificación del Seniat, está inactiva desde su creación en fecha 9-1-91. En la misma audiencia y por cuanto, de las investigaciones llevadas al respecto, no surgieron nuevos elementos que comprometieran la responsabilidad de los antes identificados ciudadanos, la representación del Ministerio Público con fundamento en el principio de oralidad que consagra el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante exposición motivada amplió el escrito acusatorio para solicitar el archivo fiscal de las actuaciones respecto a los antes identificados ciudadanos y el levantamiento de las medidas que pesaban sobre sus bienes. Dicha solicitud de archivo fiscal y levantamiento de medidas, fue acordado por el tribunal de la causa, acordando igualmente el diferimiento de la audiencia preliminar, respecto al ciudadano Luis Alfonso Romero Granados para el 30-9-2002”.
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En Fecha 30-9-2002, en audiencia preliminar respecto al ciudadano Luis Alfonso Romero Granados, fue admitido el escrito acusatorio, y ratificada la orden de aprehensión respecto al ciudadano Humberto Villacís Flores. Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:14 ACUSACION
ARCHIVO FISCAL DROGAS MEDIDAS CAUTELARES PRINCIPIO DE ORALIDAD PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.568-569.

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TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Decomiso de droga, armas de fuego y lanchas rápida en finca ubicada en el Estado Sucre. FRAGMENTO
“Fecha de inicio: 7-9-2002. Fiscales comisionados: Fiscal 7°, Fiscal 27º a Nivel Nacional y Fiscal en Materia de Dro--gas del Estado Sucre. Situación: En fecha 7-9-2002, funcionarios adscritos al Comando Nacional de la Guardia Nacional, conforme al artículo 210 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, practicaron allanamiento a una finca ubicada en el sector Cumaquita, Municipio Valdez, cerca de la población de Güiria del Estado Sucre. Lográndose incautar enterrados 27 sacos contentivos en su totalidad de 657 panelas de cocaína, un (1) arma de guerra de las denominadas Mini Uzi (ametralladora) y balas de diferentes calibres. También se incautaron diferentes armas de fuego (4 pistolas), más de 10 lanchas rápidas con motores fuera de borda de alto cilindraje, y evidencias materiales y documentales de interés criminalístico. En fecha 10-9-2002, los imputados Mario Sánchez León, Ismael Guerra, Bian Augusto Calzadilla Brito, Luis Enrique Valdez Rojas, Jesús Manuel Calzadilla, Cecil Achap, Wilmer Rafael Bethelmy, Eulogio Mario González, Lisandro Del Valle Patinez Sánchez, Enemencio Martínez, Robert Latan
Rondon, Cesar Augusto Calzadilla Brito, Nixon Nicolás Patinez Sánchez, Benigno Del Carmen Brazon, Zoila Etanisla Ruiz, Bertha Urbana Mendoza Latian, fueron presentados ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1, Extensión Carúpano del Estado Sucre, los fiscales actuantes (7°, 27º y Fiscal en Materia de Drogas del Estado Sucre), solicitaron se decretara la privación judicial preventiva de libertad de todos los imputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 251 y 252 ejusdem, por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; Ocultamiento de arma de guerra, previsto en el artículo 275 del Código Penal y agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 287 del nombrado Código Penal. Asimismo, solicitaron siguiera el caso por el procedimiento ordinario, la práctica de la prueba anticipada a la droga incautada y la congelación de las cuentas bancarias a todos los imputados, prohibición de enajenar y gravar de todos los bienes inmuebles que pertenezcan a los imputados en todo el territorio de la República, todo lo cual fue acordado con lugar. Al imputado Ismael Guerra, de 71 años de edad, se le decretó detención domiciliaria con apostamiento policial, conforme lo señalado en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal -COPP-. En esa misma fecha (11-9-2002) los fiscales comisionados,
solicitaron orden de allanamiento ante el Tribunal de Control de guardia, para que los funcionarios antidrogas continuaran con el registro de la finca donde se habían decomisado el alijo de drogas, resultando positivo el registro, ya que se logró decomisar enterrados 40 sacos contentivos en su totalidad de 985 panelas de cocaína. En fecha 11-10-2002, los Fiscales 7° a Nivel Nacional y Fiscal en Materia de Drogas del Estado Sucre, presentaron ante el Juzgado de Control escrito de acusación contra los ciudadanos Mario Sánchez, Ismael Guerra, Bian Augusto Calzadilla Brito, Luis Enrique Valdez Rojas, Jesús Manuel Calzadilla, Cecil Achap, Wilmer Rafael Patinez Bethelmy, 228

Eulogio Mario González, Lizandro Del Valle Patinez Sánchez, Enemencio Martínez, Robert Latan Rondon, Cesar Augusto Calzadilla Brito, Nixon Nicolás Patinez Sánchez, Benigno Del Carmen Brazon, Zoila Etanisla Ruiz, Bertha Urbana Mandoza Latian, al primero de los imputados por ser autor responsable de la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, y a los demás imputados por ser cooperadores inmediatos en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. Asimismo, a todos los imputados por el delito de ocultamiento de armas de guerra y agavillamiento. Del mismo modo se solicitó, en el escrito acusatorio se imponga la pena accesoria de los delitos cometidos, la pérdida de todos los bienes muebles e inmuebles. Por último se solicitó la aplicación de la pena accesoria de los delitos cometidos al ciudadano Cecil Achap de expulsión del territorio nacional, después de cumplida
la pena. En fecha 16-12-2002, se celebró la audiencia preliminar en la sede del Juzgado 5° de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, donde se admitió totalmente la acusación fiscal, se declaró sin lugar las excepciones planteadas por la defensa, así como las nulidades solicitadas, se ordenó el pase a juicio de todos los acusados y se admitió parcialmente las pruebas de la defensa y el pase al juicio oral y público”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: CP art:275 CP art:287 COPP art:210-1 COPP art:245 COPP art:250 COPP art:251 COPP art:252 LOSEP art:34 AGAVILLAMIENTO ALLANAMIENTO ARMAS BIENES INMUEBLES CONFISCACION DEPORTACION: DETENCION DROGAS EMBARCACION PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD PRUEBA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.571.

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229

085
TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. FRAGMENTO
“Embarcación con Drogas ´Génesis´ Fecha de inicio: 23-9-2002. Fiscal comisionado: Fiscal de Drogas del Estado Sucre. Situación: En fecha 12-10-2002, el Fiscal de Drogas del Estado Sucre, solicitó al Juzgado de Control 3°, la privación judicial de libertad de los ciudadanos Luis José Fermín, Roso Alpidio Pacheco Cedeño, Rendon Ríos Roberto Vertí, Gervasio Vargas, Juan José Figueroa Mavo y Miguel Angel Millán González, por encontrarlos incursos en la comisión del delito
de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en virtud que los mismos eran la tripulación de la embarcación marítima pesquera de nombre Génesis I, matrícula APNN-7394 con bandera venezolana, los cuales se disponían a transportarla hacia el exterior la cantidad de 584 kilos de cocaína, específicamente a las Islas del Caribe y finalmente hacia Estados Unidos de América. En fecha 13-10-2002, el Juzgado 3° de Control, decretó la privación de libertad de los imputados antes mencionados. EL 5-12-2002, el Fiscal de Drogas del Estado Sucre, presentó acusación ante el Juzgado 3° de control del Estado Sucre, extensión Carúpano en contra de Luis José Fermín, Roso Alpidio Pacheco Cedeño, Rendon Ríos Roberto Berthy, Gervasio Vargas, Juan José Figueroa Mavo y Miguel Angel Millán González, por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos -LOSSEP- y agavillamiento previsto y sancionado en el articulo 287 del Código Penal. El 30-1-2003, se realizó la audiencia preliminar, donde se admitió las pruebas y la acusación y se ordenó la apertura a juicio oral y público”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: LOSEP art:34 CP art:287 ACUSACION AGAVILLAMIENTO DROGAS PRUEBA Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.572.

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230

086
TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Tráfico
ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópica. FRAGMENTO
“Decomiso de 839 kilos de clorhidrato de cocaína, Finca San Isidro. Estado Bolívar Fecha de inicio: 17-1-2002. Fiscales comisionados: Fiscal 1° y Fiscal 5° del Primer Circuito y del Estado Bolívar y 3° a Nivel Nacional. Situación: El 6-3-2002, los Fiscales 1° y 5° del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Bolívar presentaron ante el Tribunal 3° de Control, escrito de acusación en contra Larry Tovar Acuña por el delito de cooperador inmediato en la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas -LOSSEP-, en concordancia con el único aparte del articulo 83 del Código Penal Venezolano, y a Luis Rafael Farías Ordaz y Ovidio Acosta por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el articulo 34 ejusdem. Los Fiscales 1° y 5° del Estado Bolívar, solicitaron la acumulación de las causas y la defensa del ciudadano Oswaldo Enrique Monasterio apeló de dicha decisión. En fecha 3-10-2002, se efectuó la audiencia preliminar, ante el Juzgado 4° de Control del Estado Bolívar, en la cual el ciudadano Ovidio Acosta admitió los hechos y fue condenado a cumplir la pena de 10 años de prisión por el delito de ocultamiento de drogas, y en relación a los ciudadanos Luis Rafael Farias, Larry Tovar Acuña, Oswaldo Enrique Monasterio Blanco, Aracelis Margarita Gil Caraballo,
Milian Díaz Juan Carlos José, el Juzgado 4° de Control admitió la acusación del Ministerio Público y ordenó la remisión de las actuaciones a un tribunal de juicio para la realización del juicio oral y público”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: LOSEP art:34 CP art:83-u.apt DROGAS COMPLICES JUICIO ORAL Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.573.

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231

087
TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Delito de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. FRAGMENTO
“Incautación de 1.090 kilos de marihuana Fecha de inicio: 9-2-2002. Fiscales comisionados: Fiscales 7° del Estado Trujillo y Fiscal 3° a Nivel Nacional Situación: En 8-3-2002, funcionarios de la Tercera Compañía del Destacamento N° 15 de la Guardia Nacional ; encontrándose en el punto de control fijo de Buena Vista, Estado Trujillo, observaron camión rojo, placas 91S-FAC cargado con varios sacos o costales de ´fique´ contentivos de yuca y aguacates. Se interrogó a sus ocupantes quienes cayeron en contradicciones, procediéndose a revisión minuciosa del mismo, encontrándose 23 sacos de fique de color blanco, amarrados en su extremo con nylon color azul y al abrir uno de estos se observaron unos paquetes de forma rectangular forrados en plástico transparente protegiendo un material plástico de color rojo, que a su vez protegía un papel blanco siendo un total de 1.090 paquetes de 1 kilogramo cada uno de ellos que tenían en su
interior una pasta compacta de residuos vegetales, color verdoso, olor fuerte y penetrante, que resultó ser marihuana, arrojando un peso total de 1090 kilos en dicho procedimiento fueron detenidos: Rómulo Rojas, Alberiro Mora Méndez y Yumelis Mora Méndez. En 9-3-2002, el Fiscal Auxiliar Tercero de dicho Estado, solicitó al juez de control la privación judicial preventiva de libertad por el delito de tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En 11-3-2002 se celebró ante el Tribunal 4° de Control, la audiencia de presentación de los investigados decretándose la calificación de flagrancia y la privación judicial de libertad de los antes mencionados ciudadanos. En 3-7-2002 se celebró el juicio oral y público contra los imputados ante el Tribunal Penal de Juicio, el cual se condenó a Rómulo Rojas a sufrir la pena de 10 años de prisión por la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas -LOSSEP-. Se absolvió a Yumelis Mora Méndez, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, así como a Alberiro Mora Méndez”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: LOSEP art:34 COPP art:366 DROGAS FLAGRANCIA JUICIO ORAL PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.574.
232

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088
TDOC REMI DEST UBIC TITL /sin identificar/ Dirección de Drogas /sin destinatario/ Ministerio Público MP DD FECHA:2002

Delito
de complicidad estupefacientes.

en

el

tráfico

ilícito

de

sustancias

FRAGMENTO
“Orinoco 2000 Fecha de inicio: 27-9-1999. Fiscales comisionados: Fiscal 26°, Fiscal 27° y Fiscal 7° a Nivel Nacional, 1° del Primer Circuito y 2° del Segundo Circuito del Estado Bolívar. Situación: El 20-5-2002, se inicio el juicio oral y público ante el Juzgado 2° de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, constituido como Tribunal Mixto, después de haber sido pospuesto en distintas oportunidades, con la participación de los Fiscales 7° y 27° del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y el Fiscal 1° del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar. El 6-6-2006 el mencionado tribunal, concluido el debate oral, dictó sentencia condenatoria en contra José Salvador González García condenado a cumplir la pena de 25 años de prisión por la comisión de los delitos cooperador inmediato en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación con el artículo 83 del Código Penal y de legitimación de capitales, sancionados en el artículo 37 ordinal 1° de la referida ley, Ramón del Valle González condenado a cumplir la pena de 15 años de prisión por la comisión del delito de legitimación de capitales, pautado en el artículo 37 ordinal 1° ejusdem, Luciano Mafiol y Otto Mafiol a cumplir la pena de 7 años de prisión por la comisión de delito de complicidad en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, pautado
en el artículo 34 de la ya citada ley, en relación con el artículo 84 ordinal 3° del Código Penal, Jaime Samper Molinares, Jorge Luis Mendiolo, Antonio Pérez, David de Frietas, Jhonny David de Jesús Freites, Miguel Wells y Brooquer Wells Zenam Artemas, a cumplir la pena de 5 años de prisión por el delito de complicidad en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el artículo 84 ordinal 3° del Código Penal. Ordenó la confiscación de todos los bienes inmuebles incautados durante la investigación, entre los cuales se encuentran 3 fincas, ubicadas en Barrancas del Orinoco, Estado Monagas, Castillo de Guayana y Upata Estado Bolívar, así como lanchas y vehículos rústicos, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 66 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Como penas accesorias las establecidas en los ordinales 1°, 2° y 6° del artículo 60 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Siguen solicitados los ciudadanos Alvaro Marfiol, Orangel Toyo, Luis Felipe Rancel, Jorge García Molinares y Douglas Medina”.
233

Disposiciones legales contenidas en el documento: CRBV art:116 LOSEP art:34 LOSEP art:37-1 LOSEP art:60-1 LOSEP art:60-2 LOSEP art:60-6 LOSEP art.66 CP art:83 CP art:84-3 COMPLICES CONFISCACION DROGAS JUICIO ORAL LEGITIMACIONES DE CAPITALES PENAS Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, pp.574-575.

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234

089
TDOC REMI DEST UBIC TITL Oficio Dirección de Protección Integral de la Familia Fiscal del Ministerio Público Ministerio Público MPN° DPIF-3-0-2812-2002 DPIF FMP FECHA:20020802

Conocimiento de las causas de delitos conexos. FRAGMENTO
“Me dirijo a usted en la oportunidad de acusar recibo de su oficio N° FMP-672-971 de fecha 11-7-2002, dirigido a la Dirección de Delitos Comunes, sobre el caso relacionado con la muerte del ciudadano J.M.D. Al efecto, y luego de analizar el caso expuesto en su comunicación, se desprende que estamos en presencia de delitos conexos, por haber participado varias personas, en tiempos o lugares diversos, procediendo de concierto para ello, o cometido con daño reciproco de varias personas. En ese orden de ideas y conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal, contra un imputado no se seguirán al mismo tiempo diferente procesos, aunque haya cometido diferentes delitos o faltas, salvo las excepciones establecidas en el citado Código. Por lo antes expuesto y toda vez que la acumulación de las causas, traerá como consecuencia que los agraviados sean mayores y menores de edad, el conocimiento de las mismas corresponderá a la fiscalía a su cargo que superiores jerárquicos decidan otra cosa. En cuanto a la participación de adolescentes en la comisión del hecho punible, cabe señalar lo pautado en el artículo 535 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente: ´Cuando en un hecho punible o hechos punibles conexos,
concurran adultos y adolescentes, las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente. Para mantener en lo posible la conexión, los funcionarios de investigación o los Tribunales deberán remitir recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes´ Con base a lo dispuesto en la norma transcrita, deberá remitir copia de las actuaciones al fiscal superior, a fin de que este las remita a un fiscal especializado con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente…”.

Disposiciones legales contenidas en el documento: COPP art:73 ADOLESCENTES COMPETENCIA JUDICIAL COPIAS CERTIFICADAS DELITOS FISCALES SUPERIORES DEL MINISTERIO PUBLICO HOMICIDIO Venezuela Ministerio Público Informe FGR, 2002, p.627.

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235

INDICE DE DESCRIPTORES
(A / Z) 236

INDICE DE DESCRIPTORES (*)

ACCIDENTES DE TRANSITO: 007, 068. ACCION CIVIL: 006, 007. ACCION PENAL: 009, 010, 012, 017, 018, 019, 021, 024, 027, 029, 039, 043, 044, 052, 058, 061, 082. ACCION PRIVADA: 016, 025, 045, 058. ACCION PUBLICA: 010, 043, 044, 045, 058. ACTA POLICIAL: 007, 075. ACTOS CONCLUSIVOS: 005, 018, 021, 022, 030, 034, 036, 046, 053, 057, 061, 073. ACUERDOS REPARATORIOS: 052. ACUSACION: 005, 014, 018, 024, 029, 030, 031, 032, 033, 043, 054, 057, 064, 083, 085. ADOLESCENTES: 005, 026, 043, 077, 089. AGAVILLAMIENTO: 017, 065, 084, 085. AGUA: 078. ALCOHOLISMO: 068. ALLANAMIENTO: 084. AMBIENTE: 012, 038, 063, 064, 078, 079. ANTEJUICIO DE MERITO: 016, 017, 020. APELACION: 005, 012, 059, 063, 064. APROPIACION
INDEBIDA: 026, 042. ARCHIVO FISCAL: 046, 057, 058, 083. ARCHIVOS: 076. ARMAS: 069, 070, 080, 084.. ASAMBLEA NACIONAL: 020. AUDIENCIAS: 005, 051, 054, 069. AUTORIA INTELECTUAL: 063. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: 011. AVERIGUACION: 011, 018, 046, 058.

BIENES INMUEBLES: 084.

CALIFICACION JURIDICA: 032, 033, 054, 062, 068, 072. CAMBIO EXTERIOR: 033. CARGOS FISCALES: 060. CASACION: 012. CAUSAS EXIMENTES: 067. CELERIDAD PROCESAL: 025. ____________
* El número a la derecha corresponde al del registro respectivo. Fuente básica: Léxico Normalizado de Terminología Político-Legal. Caracas: Biblioteca Nacional, 1998

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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: 070. CODIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 075. CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL: 025. COLOMBIA: 015. COMPETENCIA JUDICIAL: 024, 026, 027, 089. COMPLICES: 010, 063, 086, 088. COMPRAVENTA: 044. COMUNIDAD ANDINA: 001. CONCUSION: 056. CONFESION: 074. CONFISCACION: 084, 088. CONSEJO MORAL REPUBLICANO: 011. CONSEJOS DE GUERRA: 026. CONSEJOS LEGISLATIVOS: 016, 028. CONSTITUCIONALIDAD: 013, 015, 028. CONSTITUCIONES: 028. CONSULTAS: 008, 011. CONTAMINACION DEL AGUA: 038, 078. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 011. CONTRATOS: 046. CONVENCIONES INTERAMERICANAS: 001. COOPERACION INTERNACIONAL PENAL: 001. COPIAS CERTIFICADAS: 004, 007, 022, 089. CORRUPCION: 001, 042. CORTE DE APELACIONES: 012. COSA JUZGADA: 035, 039, 053. CUBA: 015.

CHEQUES SIN FONDO: 040. CHINA: 015.

DECLARACION: 074. DEFENSORES: 031, 057. DEFENSORIA DEL PUEBLO: 011, 024, 028. DEFENSORIA PUBLICA: 031. DELINCUENCIA ORGANIZADA: 001, 008.
DELITOS: 003, 037, 041, 042, 063, 065, 067, 068, 089. DELITOS CONTRA EL ESTADO: 015. DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO: 001. DELITOS DE LESA HUMANIDAD: 024, 027. DELITOS INTERNACIONALES: 001, 024. DEPORTACION: 084. DENUNCIA: 013, 015, 020, 024, 037, 044, 058. DERECHO DE DEFENSA: 026, 031, 036, 051, 059, 066. DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: 005. DERECHOS HUMANOS: 011, 014, 024, 027, 033.
238

DERECHO MILITAR: 026. DESISTIMIENTO: 044, 045, 046. DESNUTRICION: 071. DETENCION: 014, 050, 084. DISTRITOS METROPOLITANOS: 028. DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO: 008, 032, 036, 038, 044, 047, 049, 060, 061, 070, 072. DOCUMENTACION: 021, 022, 061, 076. DOLO: 068. DOMICILIO: 037. DROGAS: 032, 056, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088.

EJECUCION: 056, 059. EMBARCACION: 084. EMBARGO: 045, 056. ESCRITO DE ACUSACION: 029, 030. ESTABILIDAD EN EL TRABAJO: 002. ESTADO DE EXCEPCION: 028. ESTAFA: 032, 040, 044, 065, 067, 073. EXPEDIENTE: 056. EXTRADICION: 001.

FALSEDAD EN DOCUMENTOS: 055. FAMILIA: 067. FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO: 002, 003, 005, 019, 029, 030, 032, 033, 034, 037, 038, 041, 044, 046, 048, 049, 051, 052, 054, 056, 059, 061, 066, 075, 077. FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA: 007, 020, 027. FISCALES SUPERIORES DEL MINISTERIO PUBLICO: 061, 089. FLAGRANCIA: 005, 016, 079, 087. FUERZAS ARMADAS: 003. FUGA: 047. FUNCIONARIOS PUBLICOS: 011, 025, 076.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES: 056. GOBERNADORES: 028, 063, 064. GOLPE DE ESTADO: 027.

HACIENDA PUBLICA: 008. HOMICIDIO: 003, 026, 032, 062, 069, 070, 071, 080, 081, 089. HOMOLOGACION: 052. HURTO: 019.
HUELLAS: 055. IDENTIFICACION: 031, 035, 055.
239

IGUALDAD: 075. IMPUTABILIDAD: 020, 041, 042, 055, 057. INHIBICION: 015, 023. INSTIGACION A DELINQUIR: 063. INTEGRACION REGIONAL: 001. INVESTIGACION: 003, 004, 005, 011, 013, 020, 021, 022, 024, 027, 031, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 049, 053, 057, 061, 066, 080.

JEFES DE ESTADO: 015. JUECES: 005, 024, 054. JUICIO: 012, 024, 056, 059. JUICIO BREVE: 005, 009, 060. JUICIO ORAL: 012, 043, 074, 086, 087, 088. JUSTICIA: 074. JUSTICIA GRATUITA: 006.

LEGALIDAD: 027, 077. LEGITIMACION DE CAPITALES: 001, 032, 088. LESIONES: 010, 017, 020, 045, 058, 069, 072. LEYES: 014. LIBERTAD: 050, 051. LIBERTAD INDIVIDUAL: 017.

MANIFESTACIONES: 027. MEDIDAS CAUTELARES: 004, 005, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 078, 079, 083. MILITARES: 026. MINISTERIO PUBLICO: 002, 003, 006, 007, 011, 013, 014, 016, 018, 019, 021, 024, 027, 028, 033, 034, 052, 061. MOTIVO (DERECHO): 024, 036, 042, 047, 048, 049, 053, 056, 057, 059, 061, 077. MUJER: 004. MUNICIPIOS: 013.

NEGLIGENCIA: 071. NIÑOS: 071, 077. NULIDAD: 044, 075.

PENAS: 050, 063, 065, 066, 067, 088. PERSONAS JURIDICAS: 067. PODER CIUDADANO: 011. POLICIA: 005, 013, 069, 080, 081. POLICIA JUDICIAL: 001, 003, 013.
240

PRESCRIPCION: 012, 017, 044, 046, 047, 059, 064, 065. PRESUNCION: 033, 056, 057, 074. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: 009, 010, 019, 024. PRINCIPIO DE ORALIDAD: 083. PRINCIPIO DE RESERVA: 021, 022. PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD: 014, 047, 080, 081, 083, 084, 087. PROCEDIMIENTO CIVIL: 059. PROCEDIMIENTO PENAL: 001, 018,
041, 056. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: 005. PROCESOS (DERECHO): 012, 017, 026, 027, 031, 036, 046, 051, 054, 056, 059, 064, 074, 075. PROPIEDAD: 044, 067. PRUEBA: 030, 033, 056, 059, 066, 074, 075, 078, 084, 085. PRUEBA PERICIAL: 030, 043.

QUERELLA: 016, 020, 025, 044, 046, 058.

RECURSO DE INTERPRETACION: 025, 027. RECURSOS NATURALES: 078. RECUSACION: 023. REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO: 008. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 070. RESPONSABILIDAD CIVIL: 007. RESPONSABILIDAD PENAL: 042, 066, 067, 077. RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES: 075. RIÑA: 069. ROBO: 009, 070. ROGATORIA INTERNACIONAL: 001.

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO: 008, 017, 018, 056, 076. SECUESTRO: 056. SEGUROS: 007. SENTENCIAS: 012, 026, 059, 075. SIMULACION DE HECHO PUNIBLE: 032. SOBRESEIMIENTO: 005, 012, 017, 018, 020, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 046, 053, 057, 061, 067, 073, 077, 082. SUICIDIO: 077.

TERMINOS JUDICIALES: 060. TESTIGOS: 030, 043. TIPICIDAD: 033, 040, 077. TRAFICO DE INFLUENCIAS: 017. TRAICION A LA PATRIA: 015. TRANSITO: 007.
241

TRATADOS INTERNACIONALES: 001. TRIBUNALES: 018. TRIBUNAL SUPERIOR DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO: 018. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: 012, 025, 026.

USURPACION: 052. USURPACION DE AUTORIDAD: 028. USURPACION DE FUNCIONES: 017.

VEHICULOS: 045, 056, 073. VICTIMA: 006, 007, 009, 010, 043, 052, 058. VIOLACION: 058. VIOLENCIA: 009, 017.

________

242

LISTA DE ABREVIATURAS
(A / Z)

243

LISTA DE ABREVIATURAS

AES ART CC CEC CIECR CMP COJM COPP COPPR CP CPC CR CRBV DESC DEST DIMP DMP
ENCAB EPMP FUEN IFGR LACADH LOCLE LOCSJ LOFAN LOMP LOPNA LOSEP LOSPP LPA LPIP LPJ LPNMP LTTT LVMF MMP OMP P.APT PG.UN PRF.F PRF.S REMI RSMP SCSJSCP

Acuerdo Europeo de Schengen. Artículo. Código Civil. Código de Enjuiciamiento Criminal. Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. Circular del Ministerio Público. Código Orgánico de Justicia Militar. Código Orgánico Procesal Penal. Código Orgánico Procesal Penal Reformado. Código Penal. Código de Procedimiento Civil. Constitución de la República. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Descriptores. Destinatario. Dictamen del Ministerio Público. Doctrina del Ministerio Público. Encabezamiento. Estatuto de Personal del Ministerio Público. Fuente. Informe del Fiscal General de la República. Ley Aprobatoria de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ley Orgánica del Ministerio Público. Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Ley Penal del Ambiente. Ley de Policía de Investigaciones penales. Ley de Policía Judicial. Ley de la Procuraduría de la Nación y del Ministerio Público. Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Memorandum del Ministerio Público. Oficio del Ministerio Público. Primer Aparte. Parágrafo Unico. Párrafo Final. Párrafo

Segundo. Remitente. Resolución del Ministerio Público. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal.
244

SCSJSPA SP SSCAP STSJ STSJSCO STSJSCP STSJSPL TDOC TITL U.APT ULT.AP UBIC

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa. Segunda Parte. Sentencia de la Sala de la Corte de Apelaciones. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena. Tipo de documento. Título. Unico Aparte. Ultimo Aparte. Ubicación. ______

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Biblioteca Central “Rafael Arvelo Torrealba”

Dependencias adscritas Núcleo Bibliotecario "Simón Bolívar" (Zulia) Núcleo Bibliotecario "Antonio José de Sucre" (Sucre) Núcleo Bibliotecario "Tulio Chiossone" (Táchira) Núcleo Bibliotecario "Dr. Juan Germán Roscio" (Guárico) Núcleo Bibliotecario "Dr. Esteban Agudo Freytes" (Lara) Núcleo Bibliotecario " Dr. Cesar Naranjo Ostty" (Monagas) Núcleo Bibliotecario "Dr. Antonio José Lozada" (Carabobo) Núcleo Bibliotecario "Dr. Luis Maria Olaso" (Falcón) Núcleo Bibliotecario “José Antonio Anzoátegui” (Anzoátegui) Núcleo Bibliotecario “Pablo Ruggeri Parra” (Apure) Núcleo Bibliotecario “Julián Díaz de Saravia” (Yaracuy) Núcleo Bibliotecario “Francisco de Berrío” (Barinas) Núcleo Bibliotecario “Dra. Hillys López de Penso” (Miranda)