Los principios y las reglas técnicas procesales

26.07.2012 20:10

Los principios y las reglas técnicas procesales

El problema.

Se entiende por principios procesales las grandes directrices que expresa o implícitamente brinda el legislador para que el método de enjuiciamiento pueda operar eficazmente de acuerdo con la orientación filosófico-política de quien ejerce el poder en un tiempo y lugar determinado.
Cada pregunta admite por lo menos dos respuestas. Y naturalmente, el legislador optará por la que se halle acorde con la filosofía política que lo inspira.

Los principios procesales.

Los principios procesales son solo cinco:

  • El principio de igualdad de las partes: Todas las constituciones del mundo consagran de modo expreso el derecho de igualdad ante la ley, prohibiendo contemporáneamente algunas situaciones que implican clara desigualdad: prerrogativas de sangre y de nacimiento, títulos de nobleza, fueros personales, etcétera, y admitiendo otras que permiten paliar la desigualdad: el libre acceso a los tribunales de quienes carecen de los medios económicos suficientes para ello, etcétera.

En el campo del proceso, igualdad significa paridad de oportunidades y de audiencia.
La consecuencia natural de este principio es la regla de la bilateralidad o contradicción: cada parte tiene el irrestricto derecho de ser oída respecto de lo afirmado y confirmado por la otra. En otras palabras: igualdad de ocasiones de instancias de las partes.

  • El principio de imparcialidad del juzgador: Indica que el tercero que actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio debe ostentar claramente ese carácter: para ello, no ha de estar colocado en la posición de parte (impartialidad); debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes (independencia).
  • El principio de transitoriedad del proceso: Su duración como medio de debate debe estar adecuadamente equilibrada para lograr que actúe como remedio sin ocasionar nuevo conflicto. Todo proceso debe ser necesariamente transitorio, significando ello que alguna vez ha de terminar sin posibilidad de reabrir la discusión.

Toda normativa procedimental debe estar regulada en orden a lograr la terminación del proceso, al efecto de lograr el aquietamiento de las pasiones enardecidas.

  • El principio de eficacia de la serie procedimental: Es imprescindible que la serie consecuencial que instrumenta el proceso sea apta para que en ella se desarrolle armónicamente el dialogo querido por el legislador.

Una serie procedimental debe estar constituida por los pasos ya enunciados varias veces en el curso de esta obra: afirmación, negación, confirmación y evaluación.

  • El principio de moralidad procesal: La regla moral debe presidir el desarrollo del proceso, al igual que debe hacerlo en todos los demás actos de la vida jurídica.

Un proceso solo es tal cuando se desarrolla conforme a la totalidad de los principios enunciados.
Si las partes no actúan en pie de perfecta igualdad, o si el juzgador no es imparcial, o si la actividad de procesar no tiene un punto final predeterminado, o si la serie adoptada para su desarrollo no es eficaz para efectuar el debate o, si la discusión se realiza al margen de la regla moral, se estará ante un simple procedimiento y nunca ante un proceso.

Las reglas técnicas del debate procesal.

Un principio siempre ostenta un carácter unitario y que, sin su presencia efectiva, no puede hablarse seriamente de proceso.
Las reglas que corresponden al tema se relacionan con el medio de expresión en el proceso, con sus formalidades, con su coste y rapidez de solución, con su publicidad, con el orden de la discusión, con el desarrollo de la serie, con la deducción de defensas y proposición de medios de confirmación y la utilización de sus resultados, y con la presencia efectiva del juzgador durante su tramitación.

  • Oralidad o escritura: Se vincula a la oralidad con la inmediación y con la celeridad, en tanto que la escritura es relacionada con la mediación y con la morosidad judicial. La escritura permite un cúmulo de corruptelas que difícilmente se presenta cuando se aplica la regla de la oralidad.
  • Libertad o legalidad de formas: Señala la mayor o menor potestad que tienen las partes para establecer por si mismas como han de desarrollar el curso de la serie.

En el mundo moderno coexisten ambas reglas.

  • Economía procesal: El problema que genera el estudio de esta regla ya no pasa por la onerosidad del proceso sino por decidir de manera equitativa quien debe hacerse cargo de ella. Por supuesto, la respuesta es también alternativa: los propios litigantes (beneficiarios directos del servicio) o el conjunto de la comunidad (beneficiarios eventuales).

La adopción de una u otra respuesta es producto de aplicar una pauta política que, como tal, es contingente.

  • Celeridad: Indica que el proceso debe tramitar y lograr su objeto en el menor tiempo posible, por una simple razón apuntada por Couture: “en el proceso, el tiempo es algo mas que oro: es justicia”.
  • Publicidad: Indica que el desarrollo de la serie procedimental debe hacerse públicamente, en presencia de quien esta interesado en el seguimiento de su curso.
  • Preclusión: En la alternatividad de las respuestas jurídicas, el legislador puede optar por dos soluciones diferentes: permitir o no el retroceso de los pasos que exige el desarrollo de la serie. En otras palabras: posibilitar que las partes insten cuando lo deseen (regla del libre desenvolvimiento o de la unidad de vista) o que lo hagan solo y exclusivamente dentro del plazo prefijado al efecto (regla de percusión).

La preclusión no solo debe operar por vencimiento del plazo acordado para ejercer un derecho o facultad procesal sino también de otras dos formas:

  • Por el ejercicio de un derecho o facultad incompatible con el que esta pendiente de ser realizado.
  • Por el ejercicio valido de la facultad antes del vencimiento del plazo acordado al efecto.
  • Perentoriedad: Un plazo acordado para cumplir una carga procesal puede vencer automáticamente por el mero transcurso del tiempo sin que aquella sea cumplida o, por el contrario, precisar de una nueva instancia de quien se beneficio a raíz del incumplimiento.

Esto genera las reglas de perentoriedad y de no perentoriedad que aparecen en las distintas legislaciones vigentes.

  • Concentración: Otra regla que se relaciona con el orden de la discusión es esta que indica que la serie procedimental debe desarrollarse íntegramente en un mismo acto o en el menor numero posible de estos que, además deben estar temporalmente próximos entre si.

Su par antinómico, la dispersión, se adecua a la regla de la escritura.

  • Eventualidad: La adopción de la regla que establece un orden consecutivo con carácter preclusivo para la presentación de las instancias lleva aneja la imposibilidad de retrogradar el desarrollo de la serie.

Por esta razón, todas las defensas que deba esgrimir una parte procesal han de ser propuestas en forma simultanea (y no sucesiva) a fin de que si la primera es rechazada por el juez pueda este entrar de inmediato a considerar la siguiente.
Esta es la regla de la eventualidad que se aplica irrestrictamente a las afirmaciones, defensas, medios de confirmación, alegaciones e impugnaciones, cuando se intenta lograr un proceso económico y rápido.

  • Inmediación: Indica la exigencia de que el juzgador se halle permanente y personalmente en contacto con las demás personas que actúan en el proceso (partes, testigos, peritos, etc.) sin que exista entre ellos algún intermediario.
  • Adquisición: Indica que el resultado de la actividad confirmatoria desarrollada por las partes se adquiere definitivamente para el proceso y, por ende, para todos sus intervinientes.

Por virtud de su aceptación en un ordenamiento dado, la parte procesal que produce un resultado que le es adverso no puede desistirlo.

  • Saneamiento: Cuando se adopta en una legislación dada cabe otorgar al juez facultades suficientes para decidir liminarmente acerca de cuestiones objetivamente improponibles (las que carecen de todo respaldo legal) y de todas aquellas que entorpezcan o dilaten el desarrollo de la serie o hagan peligrar su eficacia.

Las reglas técnicas de la actividad de sentenciar.

Estas reglas siempre son binarias y se relacionan con distintos aspectos propios de la tarea de sentenciar: calidad y numero de juzgadores, cantidad de grados de conocimiento, evaluación de los medios de confirmación, correspondencia entre lo pretendido y lo acordado en el juzgamiento y aplicación de la norma jurídica que rige el caso justiciable.

  • Calidad de los juzgadores: La primera cuestión que se plantea en torno a la pregunta ¿Quién debe sentenciar? Dos soluciones aparecen de inmediato: un juez técnico o un juez lego.
  • Cantidad de juzgadores: La segunda cuestión que se puede plantear se produce con la pregunta ¿Cuántos jueces deben fallar un asunto determinado en el mismo grado de conocimiento? La respuesta también es alternativa: uno (juez unipersonal) o varios (tribunal colegiado).
  • Cantidad de grados de conocimiento: Nuevamente se presenta aquí otra alternativa: uno solo (instancia única) o varios (instancia múltiple).
  • Evaluación de los medios de confirmación: El tema genera tres opciones posibles para que sean adoptadas por el legislador y a base de ellas se pueden aplicar tres reglas distintas: la de la prueba tasada o prueba legal o tarifa legal, la de la libre convicción y la de la sana crítica.

Prueba tasada o legal o tarifada: Indica que el legislador proporciona al juez (desde la propia ley) una serie de complejas reglas para que evalué el material de confirmación producido en un litigio dado.
Libre convicción: Tiene un contenido exactamente contrario al de la prueba tasada: el legislador no proporciona regla alguna para que el juzgador evalúe el material producido por la confirmación procesal y, antes bien, deja que juzgue en la forma que le indique su conciencia.
Sana critica: Presenta la característica de dejar librada a la apreciación del juzgador el mayor o menor efecto confirmatorio que pueda otorgar a cada uno de los medios producidos en el proceso.
El juez debe motivar su pronunciamiento conforme con otras reglas: la de la lógica formal y las de la experiencia normal de un hombre y las de la existencia normal de un hombre prudente, que le enseñan a discernir entre lo verdadero y lo falso.

  • Correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado: Se conoce doctrinalmente con la denominación de congruencia procesal. Ella indica que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido y resistido por las partes.

Para que una sentencia no lesione la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, debe ser siempre congruente y, por ende, no adolecer de algún vicio propio de la incongruencia, que se presenta en los siguientes casos:

    • El juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del litigio: ello genera el vicio de incongruencia citra petita, que trona anulable el respectivo pronunciamiento.
    • El juzgador otorga cosa distinta a la peticionada por la parte o condena a persona no demandada o a favor de persona que no demando, yendo más allá del planteo litigioso: ello conforma el vicio de incongruencia extra petita, que también torna anulable el respectivo pronunciamiento.
    • El juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor: también aquí se incurre en vicio de incongruencia, ahora llamado ultra petita, que descalifica la sentencia.
    • La sentencia presenta una incongruencia interna, representada por una incoherencia entre la motivación y la decisión, que así se muestran contradictorias entre si.

Este vicio de autocontradicción, llamado también incongruencia por incoherencia, también torna anulable el respectivo pronunciamiento.
En este supuesto, ingresa un vicio e incongruencia propio de la sentencia de segundo o de ulterior grado y que se presenta cuando en la decisión del recurso de apelación no se respeta la regla que indica que el tribunal de alzada carece de competencia funcional para decidir acerca de lo que no fue motivo de agravio de parte intensada y que, por ende, no puede modificar la sentencia en perjuicio del propio impugnante.
También ingresan en este vicio dos supuestos finales:
Falta de mayoría: Sucede cuando en un tribunal colegiado se emite sentencia con fundamentos de los distintos jueces no concuerdan entre si.
Falsa mayoría: Se presenta como vicio de incongruencia cuando la sentencia muestra acabadamente que en el ánimo de los juzgadores esta el obtener una decisión determinada y sin embargo, se llega a otra por la suma de votos.
Ambos descalifican la sentencia.

  • Aplicación de la norma jurídica: Plantea la cuestión acerca de que norma legal debe aplicar el juzgador: si debe aplicar las que las propias partes han argumentado o puede suplir las normas citadas por ellas.

La ultima alternativa es la que goza de mayor aceptación: Indica que las partes procesales solo deben proporcionar al juez los hecho, pues el conoce el derecho y debe aplicar al caso el que corresponda según la naturaleza del litigio.
Se puede dividir en tres matices:

    • Aplicar el derecho no invocado por las partes.
    • Aplicar el derecho correcto, cuando fue erróneamente invocado por las partes.
    • Contrariar la calificación jurídica de los hechos efectuada por los propios interesados.