ROBO, EXTORSION , SECUESTRO, PRIVACION ILEGITIMA, DIFERENCIAS Y LEY APLICABLE

24.09.2012 15:21

Una vez más, ante un grave problema social de grandes dimensiones y que se ha constituido en una de las preocupaciones más angustiantes del venezolano, la respuesta del Estado ha sido la receta más barata y simple: una ley. Este nuevo instrumento legal objetado por la propia Fiscalía, a quien le corresponde perseguir estos hechos y lograr la sanción de sus responsables, es producto del apremio, de la presión colectiva, del fetichismo legal y -sin dejarlo a un lado- de las buenas intenciones de sus promotores.

 En primer lugar debe quedar en claro que sólo se podrá avanzar en la lucha contra estos delitos con medidas de prevención, a largo plazo; con la toma de conciencia de la colectividad; y, básicamente, con la real efectividad del sistema de justicia que, sin sacrificar las garantías de los imputados, obtenga logros tangibles que hagan desaparecer el fantasma de la impunidad, restablezca la confianza en los cuerpos policiales y propicie la eliminación de los atractivos económicos de esta actividad delictiva. La nueva normativa tiene aspectos positivos y está llena de buenos propósitos.

Sin duda, es acertado el desplazamiento de la extorsión y del secuestro del ámbito de delitos que lesionan la propiedad, en forma predominante, para poner mayor énfasis en el bien de la libertad, así como también la referencia a nuevas modalidades de secuestro que se han puesto de moda en nuestra vida diaria. Pero los desaciertos de la ley están a la vista, desde las graves incorrecciones de la redacción, que generan problemas para la interpretación y aplicación de las normas, hasta la introducción de sanciones y procedimientos que sólo contribuirán a que no se denuncien estos hechos y, por tanto, a su impunidad o a que, en definitiva, quienes sufran por los delitos tipificados, resulten doblemente victimizados.

Todos los expertos en la materia, en particular, han señalado la grave falla de la ley, que pretende neutralizar a los secuestradores impidiendo a como dé lugar el pago del rescate. Esto está bien en la medida en que la efectividad de los órganos de investigación y la confianza en ellos esté fuera de toda duda, pero no siendo así, las medidas que se imponen se transformarán en un añadido al calvario que padece el secuestrado y su entorno familiar.

Resulta, en tal sentido, inaceptable -como inclusive lo señalaba la Fiscal- la previsión de una pretendida "verificación patrimonial de la víctima y de sus parientes cercanos y solicitar medidas de protección" (Art. 18), a petición de la Fiscalía.

Esto es -paradójicamente- para "proteger a las víctimas", se solicitará información, se verificará su patrimonio y el de sus parientes en bancos, notarias y registros y se solicitarán medidas que, sin especificación alguna, podrán incluir la prohibición de movilizar o realizar transacciones. Además, se prohíbe y sanciona cualquier suministro de recursos para la liberación de secuestrados o el pago de extorsión (Art. 26). Finalmente, vale la pena resaltar el absurdo de un dispositivo que impone a toda persona la obligación de denunciar la comisión de estos delitos (Art. 30), por lo cual las colas ante la Fiscalía alcanzarán varias cuadras, previéndose que la omisión de la denuncia será castigada de acuerdo al Código Penal, instrumento que no prevé ninguna sanción, siendo la regla en Venezuela la no obligatoriedad de la denuncia.

Sólo se podrá avanzar en la lucha contra estos delitos con medidas de prevención.


EXPOSICION DE MOTIVOS   SOBRE LA PUESTA EN VIGENCIA DE LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSION.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL
LEY CONTRA EL SECUESTRO Y EXTORSION


“El presente Proyecto de Ley contra el Secuestro y Extorsión surge como resultado del debate realizado en la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional "" Sobre la grave situación que se vive en la frontera venezolana, a propósito de los secuestros reiteradamente acontecidos"". La representación popular cumpliendo con el mandato constitucional, pretende de esta manera atender una sentida necesidad social que exige un marco jurídico que recoja, tipifique y sancione ejemplarmente el secuestro y otras modalidades de delitos privativos de la libertad tanto en el ámbito fronterizo como en el urbano.


Esta Ley tiene así como primera prioridad combatir la creciente amenaza que constituye para la seguridad de los ciudadanos el delito de secuestro, no sólo por atender la necesidad del individuo de disfrutar de sus libertades sino que es necesario también dar respuesta institucional a los graves efectos económicos y sociales que ocasionan estos delitos. Para nadie es secreto que el secuestro está dirigido principalmente a productores y empresarios agrarios que constituyen el sostén de grandes inversiones económicas en zonas deprimidas como lo son las fronterizas. Por ello el secuestro perjudica no sólo aquel que es privado de su libertad y extorsionado sino además, de manera indirecta ocasiona un severo daño a comunidades que dependen de la existencia de la actividad agropecuaria en esas regiones.

El ordenamiento positivo venezolano hasta ahora ha carecido de un marco regulatorio que permita a las autoridades enjuiciar y sancionar a los autores de éstos delitos en forma proporcional al grave daño hecho individual y social que causan. Esta ley, subsanando las carencias del ordenamiento penal general, dota al Estado de las herramientas necesarias a los fines de la protección de los ciudadanos y sus bienes.


La Subcomisión de Seguridad Fronteriza, ha considerado la necesidad de individualizar las diferentes modalidades delictivas cuyas naturalezas violentas comprenden la privación ilegítima de la libertad y la extorsión. Se procedió entonces a tipificar entre otras las siguientes figuras delictivas: Esta Ley dota al Estado de las herramientas necesarias a los fines de la protección de los ciudadanos y sus bienes

1.-EL SECUESTRO EXTORSIVO: Esta tipificación describe en forma general el delito del secuestro. Estableciendo una premisa lo suficientemente amplia que permita incluir no sólo el clásico pago de rescate en dinero sino la consecución de cualquier beneficio para el secuestrador a para terceros. Asimismo se consideró necesario diferenciar situaciones que constituyen agravantes del delito en atención a las condiciones subjetivas de las víctimas, la organización de los secuestradores, la circunstancia de ser la víctima trasladada a territorio extranjero o que el móvil sea de naturaleza terrorista.

Calificación especial mereció el llamado secuestro fronterizo el cual se definió como aquel cometido en las zonas de seguridad fronteriza establecidas en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa o en cualquier jurisdicción especial de las creadas por el aludido instrumento jurídico, como sería el caso de los Teatros de Operaciones. Esto en atención no sólo a que ha sido precisamente en zonas del país donde se ha perpetrado de manera más frecuente el delito de secuestro sino además al hecho de que la seguridad del Estado, la actividad económica y el bienestar de los habitantes de esas áreas se encuentran amenazados.

2.-PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD: Con ésta figura se trata de ampliar y adaptar a nuevas situaciones el tipo clásico desarrollado en la legislación penal ordinaria. Apunta especialmente a la privación ilegítima ejecutada por funcionarios públicos sobre quienes no siendo reos de delito alguno ni procesado por autoridad legítima son, por abuso de los funcionarios, privados de su libertad.

3.-TOMA DE REHENES: Con éste tipo se pretende sancionar con el debido rigor a quienes durante o después de la comisión de un delito pretendan, utilizando a ciudadanos inocentes, buscar un medio para garantizarse la huída o la impunidad. Modalidad ésta que ha sacudido en sucesivas oportunidades a la opinión pública ocasionando la muerte de ciudadanos y funcionarios policiales.

4.-LA EXTORSION: Este delito ha devenido en un grave perjuicio para los individuos y en una pesada carga para la sociedad. Es la comúnmente denominada ""vacuna"" que aparte de afectar la economía personal de las víctimas aleja a los productores de las regiones fronterizas y permite financiar la actividad de los grupos delictivos que allí operan. Como quiera que la posibilidad de su comisión no se limita a la frontera, el tipo es lo suficientemente amplio como para ser aplicado en todo el territorio nacional.

5.- SECUESTRO DE NAVES, AERONAVES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE:
Se incluyó ésta categoría para comprender las conductas delictivas ejecutadas en los medios de transporte públicos y privados y que tienen como trasfondo la privación de libertad y la extorsión o cualquier otro fin ilícito en perjuicio de los usuarios, poseedores o propietarios de los mismos.
También contempla la ley beneficios que estimulen la cooperación de los participantes en algunos de los delitos previstos en ella a los fines de enjuiciar y sancionar a los culpables y, sobre todo, proteger la vida de las víctimas de éstos delitos. Vale decir, la Ley propone que se privilegie la salvación de las víctimas y la condena de la organización criminal por encima del castigo que eventualmente se le habría impuesto al colaborador con las autoridades. Este benéfico requiere el cumplimiento de un conjunto de requisitos indispensables para garantizar una sana aplicación de ésta figura. Contempla también el Proyecto de Ley, la institución de la incautación de los bienes empleados para facilitarle la comisión de los delitos tipificados en ésta Ley.”

ESTRUCTURA DE LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSION


1.- CAPITULO I
DISPOCISIONES GENERALES
OBJETO DE LA LEY

2.- CAPITULO II
DEL SECUESTRO
SECCIÓN PRIMERA: DE LOS COMPLICES
SECCION SEGUNDA: DE LOS BENEFICIOS DE LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIARES
SECCIÓN TERCERA: ATENUANTE DEL DELITO DE SECUESTRO
SECCIÓN CUARTA: DE LA ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN

3.- CAPITULO III
DE LA EXTORSIÓN

4.- CAPITULO IV
DISPOCISIONES COMUNES (BENEFICIOS PROCESALES Y PRESCRIPCIÓN)

5.- CAPITULO V
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
SECCIÓN PRIMERA: DE LA OBLIGACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES

6.- DISPOCISIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL EN CUANTO A LOS DELITOS DE SECUESTRO Y

EXTORSION.



“Artículo 459. Quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas, en su honor, en sus bienes, o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable, dinero, cosas, títulos o documentos, será castigado con prisión de cuatro a ocho años.

La pena establecida en este artículo se aumentará hasta en una tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.

Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley.”

“Artículo 460. Quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de veinte años a treinta años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de diez años a veinte años de prisión.”
El secuestro está tipificado en el Código Penal Venezolano como un delito contra la propiedad. En él una persona es privada de su libertad hasta que cancele una suma de dinero o entregue una prenda. Este es el secuestro clásico. Pero el delito ha ido modificándose con el tiempo para incluir como valor de cambio decisiones de orden político o religioso.

La primera dificultad que se nos presenta en este ejercicio tiene que ver con la llamada "cifra negra" de secuestros: hay casos que no son denunciados ni conocidos por las autoridades. La familia designa a negociadores privados y resuelve su situación sin acudir a la policía. En otras ocasiones se conoce del delito pero no se reporta si hubo o no un pago. Desde el punto de vista de los secuestradores, el rehén es como un preso, que debe ser custodiado y alimentado aunque en condiciones mínimas de sobrevivencia. Los testimonios divulgados indican que a menudo los cautivos ingieren los mismos alimentos que sus custodios, y salvo problemas de salud es poco lo que les entregan en ropa y otros enseres. Si el secuestro finaliza con la muerte del cautivo, entonces hay que sumar el costo del secuestro y calcular el del homicidio a partir del momento en que fue cometido.


Si se hace comparación de las disposiciones establecidas en el Código Penal Venezolano y lo establecido en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, podemos observar que en la nueva Ley los delitos de secuestro y extorsión se amplían, se especifican y se subdividen en diferentes tipos, con distintas penalidades para cada uno de ellos, de acuerdo a las modalidades aplicadas en cada situación, y a diferencia de las disposiciones del Código Penal la pena es aumentada, cabe destacar que la Ley contra el secuestro y la extorsión especifica las obligaciones del Ministerio Publico y de Las autoridades competentes para actuar ante dicha situación.


INNOVACIONES DE LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSION


Esta ley tiene como objeto prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes, siendo aplicable a las personas que perpetren las conductas tipificadas como delitos de secuestro y extorsión en territorio de la República contra venezolanos o extranjeros, o sean ejecutadas contra sus derechos, intereses o bienes que estén dentro o fuera del país.

Quien secuestre por un tiempo no mayor de un día a una o más personas será sancionado con prisión de 15 a 20 años, dice el artículo 6 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.

La Ley contra el Secuestro fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 12 de mayo y 23 días después (4 de junio) fue promulgada por el presidente Chávez. Ayer fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.194.   El texto legal castiga con la pena máxima, es decir, 30 años de cárcel, a quienes cometan el delito de secuestro, que era el mismo castigo ya contemplado en el 460 del Código Penal. Lo novedoso de esta ley son las modalidades del secuestro, como el breve (de 15 a 20 años de prisión); plagio para canje de personas (de 10 a 15 años), secuestro para formar grupos armados irregulares (15 a 20 años) y la simulación de un secuestro (5 a 10 años). Esta última modalidad castiga a quien simule estar secuestrado para obtener beneficios de parientes consanguíneos o afines, cónyuge, concubina(o), adoptante, empresas, funcionarios públicos o particulares.



La ley castiga con 15 a 20 años de prisión a quienes secuestren para exigir la liberación de reos. Igual pena recibirán quienes secuestren mediante amenaza o engaño a personas para realizar un alistamiento forzoso con el fin de formar parte de grupos armados irregulares.

 

Los delincuentes comunes, en el pasado, incursionaron en este delito del secuestro porque era más rentable que robar vehículos y por cuanto existía impunidad al no haber legislación que tipificara y sancionara los crímenes. Ahora, la legislación castigará severamente y servirá como instrumento para prevenir los delitos. La Ley Contra el Secuestro y Extorsión, tipificó siete delitos con sus respectivas sanciones:


  1. El secuestro genérico tendrá 20 años de cárcel.
  2. La simulación de secuestro, hasta 7 años.
  3. Secuestros con fines políticos y alarma, entre 20 y 30 años.
  4. El secuestro breve o Express, de 15 a 20 años.
  5. Secuestro en medios de transporte entre 20 y 25 años.
  6. Plagio para canjear personas, de 10 a 15 años.
  7. Alistamiento forzoso, de 15 a 20 años.


En todos estos casos existirán agravantes si las víctimas son menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y funcionarios del Estado, así como el tiempo de duración del plagio.
Además, se incorpora como crimen el "Incremento Patrimonial", o riqueza mal habida, con penas de 20 a 25 años de cárcel, que castiga a quienes se les demuestre que se benefician del dinero cobrado en los plagios. Estos bienes provenientes del delito podrán pasar al Estado para ser destinados a los organismos competentes en el combate del secuestro y la extorsión.



 

OBJETO DE LA LEY


La Ley contra el Secuestro y la Extorsión, tiene por objeto   la prevención de los delitos de secuestro y extorsión,   así como también se encargara de sancionar a cada uno de los individuos que recaigan en este tipo delictivo, cabe destacar que de igual manera la Ley in comento se encargara de garantizar la seguridad   y protección   de la integridad física y psicológica de la víctima, de su familia y de sus bienes. En la prenombrada Ley se pueden encontrar tipificados dichos delitos, dándole a cada uno de ellos la penalidad correspondiente.
Todo esto está explicito en el Art. 01 de la Ley contra el Secuestro y La Extorsión, el cual nos dice:
“La presente Ley tiene por objeto prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión, y garantizar   la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes.”

AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSION

La Ley contra el Secuestro y la Extorsión, podrá ser aplicada a todos aquellos individuos que incurran o comentan cualquiera de las conductas de secuestro y extorsión tipificadas en la prenombrada ley, en el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, contra los ciudadanos venezolanos o extranjeros, que se encuentren dentro del territorio venezolano; de igual forma se aplicara dicha Ley para aquellos individuos que atenten en contra de   los bienes, derechos o intereses   de los ciudadanos   venezolanos o extranjeros, que se encuentren fuera o dentro del territorio venezolano.


Esto se encuentra estipulado en el art. 02 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, el cual nos dice:“La presente Ley es aplicable a las personas que perpetren las conductas tipificadas como delito de secuestro o extorsión en el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, contra los ciudadanos venezolanos o extranjeros   y las ciudadanas venezolanas o extranjeras que en ella se encuentren, o cuando sean ejecutadas contra sus derechos, intereses o bienes que se encuentren dentro o fuera del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela.”

 

EL SECUESTRO



El término secuestro, etimológicamente hablando, proviene del latín secuestrare que significa “apoderarse de una persona para exigir el rescate, o encerrar a una persona ilegalmente”, otro significado de esta palabra también puede ser “retener indebidamente a una persona o tomar por las armas el mando de un vehículo (avión, barco, etc.) reteniendo a la tripulación y pasajeros, a fin de solicitar como rescate, en ambos casos, una suma de dinero o la concesión de ciertas reivindicaciones.”
El secuestro es el acto por el que se priva la libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de Crédito político o mediático.


La Ley contra el Secuestro y la Extorsión establece y define en su art. 03 el delito de secuestro de la siguiente forma:


“Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate,   o traslade a una o más persona, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas, dinero, bienes, títulos,   documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio   de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años.


Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos   en este articulo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya solicitado a la víctima   o terceras personas u obtenido   de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos   a cambio de la libertad del secuestrado o de la secuestrada.”


Existen muchos casos en el que los secuestros terminan con el asesinato de la víctima   del mismo y en cualquier caso, un secuestro siempre acarrea graves secuelas psicológicas a las víctimas de los mismos. Uno de los trastornos psicológicos que generalmente se derivan del secuestro es el Síndrome de Estocolmo, el cual consiste en   una respuesta psicológica en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía. Debe su nombre a un hecho curioso sucedido en la ciudad de Estocolmo, Suecia. En 1973 se produjo un robo en el banco Kreditbanken de la mencionada ciudad sueca. Los delincuentes debieron mantener como rehenes a los ocupantes de la institución durante 6 días. Al entregarse los captores, las cámaras periodísticas captaron el momento en que una de las víctimas besaba a uno de los captores. Y, además, los secuestrados defendieron a los delincuentes y se negaron a colaborar en el proceso legal posterior.


Tomando en cuenta casos como estos, la Ley contra el secuestro y la extorsión, establece que el Estado deberá brindar ayuda o asistencia psicológica y psiquiátrica a la víctima y a su familia, para que logren su recuperación integral, y supuren la crisis por lo que pasado a consecuencia del secuestro; mediante programas de asistencia psicológica y psiquiátrica. Es por ello que dicha ley en su art. 13 establece lo siguiente:


“…Sin perjuicio de la asistencia psicológica y psiquiátrica a que tengan derecho el secuestrado o secuestrada y su núcleo familiar, durante y después del secuestro el Estado promoverá el desarrollo de programas de asistencia psicológica y psiquiátrica con el fin de lograr su recuperación integral. Especial atención merecerán en estos programas los niños, niñas y adolescentes, el adulto mayor o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que hayan sido víctimas del delito de secuestro. …”


TIPOS DE SECUESTRO


Existen distintos tipos de secuestro, los cuales se encuentran estipulados cada uno en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, estos son:


ART. 04.- Simulación de secuestro, la cual tiene una penalidad de 05 a 10 años de prisión.
“…Quien simule estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientas consanguíneos o afines, cónyuge, concubina O concubino, adoptante o adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o particulares, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a diez años…”

ART. 05.- Secuestro con fines políticos, conmoción o alarma, el cual tiene una penalidad de 20 a 30 años de prisión.

“…Quien secuestre a una o más personas como parte de, una cónspiraci6n contra la integridad de la Nación o sus instituciones, o con la finalidad de atentar contra la estabilidad de los órganos del Poder Público, dar publicidad o propaganda a una causa política, ideológica o religiosa o para generar conmoción o alarma pública, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años.

Igual pena será aplicada para quienes perpetren el delito establecido en este articulo en asociación con países o repúblicas extranjeras, enemigos exteriores, grupos armados irregulares o subversivos…”


ART. 06.- Secuestro breve o secuestro exprés, el cual tiene una penalidad de 15 a 20 años de prisión. Es la retención de una o más personas por un período corto de tiempo (horas o días), durante el cual, los delincuentes exigen dinero a los familiares de las víctimas para su liberación.


“..Quien secuestre por un tiempo no mayor de un día a una o más personas, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años. Si la víctima es rescatada dentro del tiempo señalado en este articulo por la acción de las autoridades competentes y sin que la liberación se produzca como consecuencia de la negociación con las autoridades, se aplicará la pena establecida en el Artículo 3 de esta Ley…”
ART. 07.- Secuestro en medios de transporte, el cual tiene una penalidad de 20 a 25 años de prisión.
“…Quien secuestre a los o las ocupantes de naves, aeronaves, vehículos o cualquier otro tipo de transporte, público o privado, con el fin de trasladarlos o trasladarlas en el mismo medio a un lugar distinto al de su destino, alterar su ruta o ejercer su control, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a veinticinco años…”


ART. 08.- Secuestro para canje de personas, el cual tiene una penalidad de 10 a 15 años de prisión.
“…Quien secuestre a una o más personas para exigir la liberación de personas sujetas a una medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, o que se encuentren sentenciados o sentenciadas o condenados o condenadas como autores o autoras, cómplices, cooperadores o cooperadoras de cualquier delito, será sancionado o sancionada con prisión de diez a quince años…”
ART. 09.- Alistamiento Forzoso, el cual tiene una penalidad de 15 a 20 años de prisión.
“…Quien mediante amenaza o engaño, retenga, oculte, arrebate o traslade por cualquier medio a una o más personas para realizar un alistamiento forzoso, con el fin de formar parte de grupos

armados irregulares, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años…”
Los distintos tipos de delito de secuestro, siempre tendrán por objeto la obtención de algún recurso económico, bienes, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos, a cambio de la libertad de la persona que ha sido secuestrada.


AGRAVANTES Y ATENUANTES DEL DELITO DE SECUESTRO


La ley contra el Secuestro y la Extorsión, manifiesta en su artículo 10 todas aquellas situaciones en las que se pueden agravar el delito de secuestro, y de igual manera estipula las penas aplicables a las situaciones agravantes, y en consecuencia expresa lo siguiente:


Art. 10.- Las penas de los delitos previstos en los artículos anteriores serán aumentadas en una tercera parte, cuando:


  1) La víctima fuere niño, niña o adolescente, adulto o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida.


  2) Se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra del secuestrado o secuestrada, o de cualquier otra forma haya menoscabado sus derechos humanos.
  3) Se hayan cometido contra funcionarios o funcionarias de elección popular, magistrados o magistradas, jueces o juezas del Poder Judicial, ministros o ministras, Procurador o Procuradora General de la República, el o la Fiscal General de la República, los o las fiscales del Ministerio Público, Contralor o Contralora General

de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, rectores o rectoras del Poder Electoral, los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación e actividad y en el ejercicio de sus funciones, funcionarios o funcionarias de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefes o jefas de misiones diplomáticas o consulares debidamente acreditados o acreditadas en el país, y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 4) La persona secuestrada sea trasladada a territorio extranjero.

 5) Es perpetrado contra un o una pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuges o concubinas o concubinas, o aprovechando la confianza dada por la víctima al autor o autora.

 6) Es cometido usando ilícitamente uniformes de las autoridades del Estado, hábito religioso o disfraz, en ocasión a la confianza que genera la investidura.

7) Por causa o consecuencia del secuestro sobrevenga la muerte de la víctima.

8) El secuestro se prolongue por un tiempo mayor de tres días.

9) Se hubiere cometido en lugar despoblado, rural o fronterizo.

10) La víctima sea entregada a un tercero o a un grupo delictivo a cambio de un beneficio.

11) Es cometido por funcionarios públicos o funcionarias públicas.

12) Es cometido mediante amenazas, sevicia, engaño o venganza.

13) Es cometido en zonas de seguridad establecidas en la ley respectiva.

14) La víctima es sometida a la mendicidad, prostitución a trabajo forzoso.
15) Es cometido para garantizar la huida o la impunidad de un hecho punible perpetrado con anterioridad al del secuestro.

16) Es cometido con armas.

17) Es cometido con el uso de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Al igual que la Ley in comento, estipula las situaciones que agravan el delito de secuestro, se debe resaltar que de igual forma existen situaciones atenuantes de dicho delito; las situaciones atenuantes se encuentran establecidas en el Art. 14 de la prenombrada ley, y expresa lo siguiente:
“…Cuando el perpetrador o perpetradora de los delitos previstos en el presente Capitulo, libere voluntariamente a la persona secuestrada en el tiempo no superior a veinticuatro horas, sin lograr el fin que se proponía y sin causar daño alguno, la pena aplicable será reducida a una cuarta parte…”.
Los sujetos que llevan a cabo un secuestro, se denominan secuestradores (sujeto activo). Los secuestradores generalmente   y previo al secuestro de su víctima, siguen sus movimientos cotidianos durante días anteriores al evento, con la finalidad de conocer sus rutas de transito y horarios habituales, para así lograr con mayor éxito la comisión del delito. El momento en que se lleva a cabo el rapto de la víctima es en el 90% de las veces cuando se transita   a bordo de su vehículo por algún lugar despoblado o de poca confluencia de personas, así como al momento de salir de sus domicilios o al momento de llegar a los mismos.
Cuando se trata de bandas organizadas   para cometer este tipo delito, se organizan en células, es decir hay sujetos   que se encargan de realizar las negociaciones   telefónicas con los familiares de la victima para exigir el pago del rescate, otros se encargan de proveer de alimentos y vigilar a la persona secuestrada durante el tiempo que dura   en cautiverio, así como que otros intervienen al momento de someter a la víctima al momento de interceptarla y trasladarla al lugar donde se mantendrá en cautiverio, lugar que en ocasiones es cambiado con el fin de distraer la atención  de las autoridades en caso de que se haya denunciado el hecho, todos aquellos sujetos que brindan colaboración al secuestrador son denominados cómplices, y para ellos la Ley contra el Secuestro y la Extorsión establece en su art. 11 lo siguiente:

“…Quien ejecute o realice cualquier actividad o suministre algún medio, destinado a facilitar la perpetración de los delitos previstos en la presente Ley, será sancionado con la pena correspondiente al tipo delictivo perpetrado rebajado en una cuarta parte, siempre que dicha actividad no se adecúe a la modalidad de autoría o determinación.


Cuando los supuestos establecidos en este artículo sean perpetrados por personas jurídicas, serán sancionadas con las multas previstas en las leyes que regulen la materia y sus representantes serán sancionados o sancionadas de conformidad con lo establecido en este artículo.
Cuando el cómplice informe oportunamente a la autoridad competente la realización de cualquiera de las actividades establecidas en este artículo, la pena prevista será rebajada en un tercio…”



LA EXTORSION


La extorsión consiste esencialmente   en una lesión de la propiedad, cometida mediante una restricción de la propiedad, cometida mediante una restricción de la libertad; esta se caracteriza por ser un delito en el cual el desplazamiento patrimonial se produce por acción de la propia víctima la cual es determinada a base de una voluntad viciada, y también se caracteriza por   el trascurso de un intervalo de tiempo entre la intimidación y el mal a realizar.
Tiene por medios de comisión la intimidación del sujeto pasivo, lograda por la amenaza de ocasionarle un grave daño a él o a familiares cercanos a él, a su honor o a sus bienes, por parte del sujeto activo. Otro medio de comisión es la simulación de órdenes de autoridad empleadas para intimidar al sujeto pasivo.


La extorsión es una figura que se encuentra entre los delitos contra la propiedad, ya que existe el ánimo de lucro, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico, y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico, cabe destacar que este es un delito pluriofensivo, yo que no se ataca solo a un bien jurídico, sino a más de uno, a la propiedad, la integridad física y libertad del sujeto pasivo. En breves palabras, la extorsión significa una amenaza de pública difamación o presión que se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido, a fin de obtener dinero u otro provecho.
La Ley contra el Secuestro y la Extorsión nos define a la extorsión en su art. 16 y establece lo siguiente:
“…Quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, para obtener de ellas dinero; bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez quince años.

Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este articulo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos…”


TIPOS DE EXTORSIÓN


Existen 3 tipos de extorsión, los cuales se encuentran estipulados cada uno en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, estos son el art. 16, art. 17 y art.18:


Art. 17.- Extorsión por relación especial, el cual tiene una penalidad de 08 a 15 años de prisión.
“…Quien se valga de una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas, dinero, títulos, bienes, documentos, beneficios, acciones u omisiones capaces de generar perjuicio a su honor, reputación, patrimonio o a la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, será sancionado o sancionada con prisión de ocho a quince años…”


Art. 18.- Cambio ilícito del curso de naves y aeronaves u otro medio de transporte, el cual tiene una penalidad de 15 a 20 años de prisión.

“…Quien por cualquier medio de extorsión capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para cambiar el curso de aeronaves, naves o cualquier otro medio de transporte colectivo, de carga o particular con el fin de trasladarlos a un lugar distinto al de su destino o alterar su ruta, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años…”

 

AGRAVANTES DE LA EXTORSION


La ley contra el Secuestro y la Extorsión, manifiesta en el artículo 19 todas aquellas situaciones en las que se pueden agravar el delito de extorsión, y de igual manera estipula las penas aplicables a las situaciones agravantes, y en consecuencia expresa lo siguiente:

Art. 19.-Las penas de los delitos previstos en los articulas anteriores serán aumentadas en una tercera parte, cuando:


1. La víctima fuere niño, niña o adolescente, adulto o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida.

2. Se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, o de cualquier otra forma hayan menoscabado sus derechos humanos.

3. Se hayan cometido contra funcionarios o funcionarias de elección popular, magistrados o magistradas, jueces o juezas del Poder judicial, ministras, Procurador o Procuradora General de la República, el o.la Fiscal General de la República, los o las fiscales del Ministerio Público, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, rectores o rectoras del Poder Electoral, los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de actividad y en el ejercicio de sus funciones, funcionarios o funcionarias de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefes o jefas de misiones diplomáticas o consulares debidamente acreditados o acreditadas en el país, y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.


4. Se cometan para causar conmoción o alarma pública.

5. Es perpetrado contra un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuges o concubinas o concubinas, o aprovechando la confianza dada por la victima al autor o autora.

6. Es cometido usando ilícitamente uniformes de autoridades del Estado, hábito religioso o disfraz o en ocasión a la confianza que genera su investidura.

7. Es cometido por funcionarios públicos o funcionarias públicas.

8. Es cometido con armas

9. Es cometido con el uso de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.



-INCREMENTO PATRIMONIAL: Se encuentra establecido en el art. 24 de la Ley contra el secuestro y la Extorsión, y establece que cualquier sujeto que obtenga para sí mismo o para terceros, algún incremento patrimonial derivado de la perpetración de alguno de los delitos de secuestro o extorsión tipificados en la Ley in comento, será sancionado con prisión de 20 a 25 años.
“…Art. 24.- Quien obtenga, directa o indirectamente, para sí o para terceros incremento patrimonial proveniente de la perpetración de los delitos tipificados en esta Ley, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a veinticinco años…”


INHABILITACION PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS: Se encuentra establecido en el art. 25 de la Ley contra el secuestro y la Extorsión, y establece que todas aquellas personas que hayan incurrido en alguno de los delitos tipificados en la ley in comento, quedara inhabilitado para ejercer funciones públicas por un término de 15 años.


DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y LAS PROHIBICIONES DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, FIANZAS Y AVALES.


Los presentes artículos 26 y articulo 27 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión manifiestan, el primero que quedara terminantemente prohibido dar crédito, fianzas o cualquier suministro de recursos destinados al pago para la liberación de la persona secuestrada, quienes no cumplan con lo dispuesto en el artículo   26, serán sancionados con la pena correspondiente al tipo delictivo rebajada en una cuarta parte. El segundo, art. 27 nos habla de las empresas de seguros y reaseguro, y dispone que quedara prohibido todo contrato de seguro o reaseguro sea nacional o extranjero, que contemple pólizas de pago para la liberación de la persona que ha sido secuestrada.
“…Art.26.- Queda prohibido todo crédito, fianza, aval o cualquier suministro de recursos destinados al pago para la liberación de secuestrados o secuestradas o el pago de extorsiones.
Quienes incumplan el contenido de esta norma, serán sancionados o sancionadas conforme con

lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.…”


“…Art. 27. Se prohíbe todo contrato de seguro o reaseguro nacional o extranjero que contemple pólizas de pago para la liberación de la víctima o familiares de ésta por los delitos contemplados en el Capítulo II de la presente  Ley.…”

 



OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION Y LA OLBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR.


La obligación de suministrar información se encuentra expresa en el Art. 29 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, y establece que todos los organismos públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones se encuentran obligados a suministrar las informaciones necesarias y requeridas por el Ministerio Publico o por motivo de urgencia sean solicitados por los órganos competentes, dichas informaciones deberán realizarse de manera inmediata   al momento en que el hecho objeto de investigación se encuentre en desarrollo, cabe destacar que si la información no es aportada en el plazo requerido o de no suministrar una información veraz, el Ministerio Publico podrá actuar de para aplicar las sanciones establecidas en las respectivas leyes.
En lo que respecta a la obligación de denunciar, esta se encuentra establecida en el art. 30 de la prenombrada ley, y nos indica que todas las personas tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes la comisión de los delitos de secuestro y extorsión.


“…Art. 29. Las empresas u organismos públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones, bancarios o financieros, están obligados a suministrar las informaciones

requeridas por el Ministerio Público, o cuando por razones de necesidad o urgencia, sean solicitadas por las autoridades competentes, las cuales deberán ser suministradas en el plazo requerido o en tiempo real.

En caso de omitir el suministro de la información en el tiempo indicado o de suministrar una información no veraz el Ministerio Público ejercerá las acciones conducentes para aplicar las sanciones establecidas en las leyes respectivas, y en caso de reincidencia la pena a aplicar deberá ser aumentada en una tercera parte.

Las empresas u órganos o entes públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones, crearán unidades permanentes de veinticuatro horas y de siete días a la semana encargada de procesar y suministrar en tiempo real las informaciones requeridas por el Ministerio Público o las autoridades competentes.


Para los efectos de este artículo se entiende por información en tiempo real, aquella que pueda ser suministrada al Ministerio Público o a las autoridades competentes, de manera inmediata al momento en que el hecho objeto de investigación se encuentre en desarrollo…”
“…Art. 30. Salvo las excepciones establecidas en la ley, toda persona está obligada a denunciar ante el Ministerio Público o demás autoridades competentes la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Su omisión será sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código Penal…”
En lo que refiere al artículo 29, existen diferencias de opiniones que tachan a este articulo como inconstitucional, todo esto debido a que las empresas de telecomunicaciones no deben ser obligadas a crear unidades permanentes que intercepten las comunicaciones, unidades que  funcionen 24 horas al día los 7 días de la semana dedicadas a procesar y suministrar las informaciones requeridas en tiempo real, ya que ese tipo de medidas sólo pueden tomarse cuando han sido ordenadas por  autoridades judiciales. Si las grabaciones no están fundamentadas en el mandato previo de un juez entonces son inconstitucionales, porque violentan el derecho a la privacidad de las personas y al de la inviolabilidad y secreto de sus comunicaciones privadas. Este artículo permite que las comunicaciones puedan estar siendo grabadas permanentemente en caso de que algún órgano las requiera, lo que resulta completamente ilegal.


-BENEFICIOS PROCESALES Y PRESCRIPCION DEL DELITO DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN:

 Del análisis del art. 21 se puede obtener que todas aquella personas que incurran en los delitos tipificados en la Ley contra el Secuestro y la extorsión, comenzaran a gozar de los beneficios procesales una vez que hayan cumplido con las tres cuartas partes de la pena que se le haya impuesto.


“…Art. 21.- El Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal conforme a lo establecido en el Artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal a los autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras de los delitos tipificados en la presente Ley, que colaboren eficazmente con las autoridades competentes para lograr la frustración o el esclarecimiento del delito investigado, la aprehensión de otros autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras, la liberación de la persona o personas secuestradas o evitar que se realicen otros delitos.

El proceso penal será reanudado respecto al informante arrepentido o arrepentida y la pena establecida para estos casos será rebajada hasta la mitad, cuando las informaciones suministradas hayan satisfecho las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal…”

ACTUACION DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ORGANOS COMPETENTES.


En los art. 12, art. 15, art. 22, art. 23 y art. 28 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, se encuentran estipulados cuales son los órganos competentes en materia de secuestro y extorsión, de igual forma nos habla de la actuación que tiene el Ministerio Publico en relación a los delitos de secuestro y extorsión, el cual podrá en el momento en que considere la existencia de una amenaza cierta de secuestro, disponer de las autoridades competentes para que brinden protección y seguridad personal a los ciudadanos afectados; de este articulo se desprende que los órganos competentes deberán brindar la protección y seguridad personal en caso de extrema urgencia, debiendo notificar al Ministerio Publico dentro de las 12 horas siguientes de haberse realizado la protección personal. Otro punto muy importante que se desprende de estos artículos es que el Ministerio Publico en estos casos realizara las diligencias necesarias para procurar la protección de la víctima, de su familia y la protección de sus bienes patrimoniales, el Ministerio Publico podrá verificar los bienes que posee la víctima y los que poseen sus familiares más cercanos y así solicitar medidas judiciales para la protección de los bienes. El Ministerio Publico cumpliendo con el art. 21 de la ley i comento, tiene la potestad de suspender el ejercicio de la acción penal   conforme a lo establecido en el art. 39 del Código Orgánico Procesal Penal, a los autores, cooperadores o cómplices de los delitos de secuestro y extorsión, si estos colaboran   con las autoridades competentes a lograr el esclarecimiento o la frustración eficaz del delito investigado, de igual manera el art. 22 establece un eximente de sanción para aquellas personas o funcionarios autorizados por el Tribunal de Control, que trabajen en operaciones encubiertas coordinadas siempre por el Ministerio Publico, para lograr el esclarecimiento y la frustración del delito objeto de investigación.

“…Art. 12.- El Ministerio Público podrá ordenar a las autoridades competentes, por el tiempo que considere necesario y sólo cuando prevalezcan circunstancias que permitan determinar la existencia de una amenaza cierta de secuestro, la protección personal a cualquier ciudadano o ciudadana. Cuando circunstancias urgentes así lo exijan las autoridades competentes deberán brindar la protección personal establecida en este artículo, comunicando al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes la protección realizada…”


“…Art. 15.- El Ministerio Público, al tener noticia cierta de la comisión de alguno de los delitos previstos en el presente Capitulo, practicará las actuaciones útiles y necesarias para proteger la integridad física de la víctima, de sus parientes cercanos y sus patrimonios.


Para garantizar el objeto de la investigación, el Ministerio Público podrá verificar el patrimonio de la víctima y de sus parientes cercanos y solicitar medidas judiciales de protección.
El Ministerio Público requerirá al órgano encargado de la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras, a las notarlas y registros públicos, la infonnaci6n necesaria para la verificación patrimonial…”

“…Art. 22.- Los ciudadanos autorizados y ciudadanas autorizadas por el Tribunal de Control y los funcionarios públicos o funcionarias públicas pertenecientes a unidades especializadas sobre los delitos previstos en esta Ley, que se encuentren infiltrados o infiltradas entre los autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras, quedan exentos o exentas de responsabilidad penal por el uso y mantenimiento de identidad falsa, creada para la realización de las operaciones encubiertas. Las acciones derivadas de las operaciones encubiertas deberán ser coordinadas con el Ministerio Público.


Las operaciones encubiertas establecidas en este artículo y su eximente, de responsabilidad penal, excluyen la posibilidad de alterar registros, archivos ó libros públicos para la creación de la identidad falsa…”


“…Art. 23.- Los bienes muebles o inmuebles empleados o provenientes de la perpetración de los delitos tipificados en esta Ley, serán puestos a la orden del Ministerio Público para su aseguramiento en la investigación penal.   Cuando los bienes muebles o inmuebles señalados en el presente artículo, así como sus respectivas rentas, hayan pasado al patrimonio de la República mediante sentencia firme, el Ejecutivo Nacional dispondrá de ellos y destinará con prioridad la totalidad o una parte considerable, a la formación, capacitación y adiestramiento del personal integrante de las unidades policiales y militares especializadas en prevención e investigación de los delitos tipificados en esta Ley, así como a la adquisición de equipos técnicos y científicos…”

“…Art. 28. - Son autoridades competentes en materia de secuestro y   extorsión:
1. Para la investigación penal de los delitos tipificados en la presente Ley bajo la dirección del Ministerio Público:

a) El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
b) Los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro de los límites de su competencia.

c) Autoridades de inteligencia policial.

d) El Cuerpo de Policía Nacional dentro del límite de sus funciones auxiliares de investigación penal.

e) Cualquier otro órgano auxiliar de investigación penal cuya intervención sea requerida por el Ministerio Público.

2. Para la prevención de los delitos tipificados en la presente Ley:
a) Cuerpo de Policía Nacional.

b) Cuerpos de Policía Estadal, Municipal y servicios de Policía Comunal, dentro del límite de sus competencias.
Las autoridades competentes señaladas en el presente artículo, crearán en sus respectivas dependencias unidades especializadas de prevención e investigación de los delitos tipificados en esta Ley, según corresponda. Las autoridades competentes, inmediatamente cuando de cualquier modo tengan conocimiento de la perpetración de alguno de los delitos tipificados en esta Ley, deberán practicar las diligencias necesarias y urgentes para identificar y ubicar a los autores o las autoras y demás participes, e informar al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes…”
Referente al art. 15 de la Ley contra el secuestro y la Extorsión, existen diferencias de opiniones porque viéndolo desde   otro punto de vista, Es jurídicamente incorrecto que el Ministerio Público tenga la potestad de solicitar medidas judiciales para proteger el patrimonio del secuestrado o de sus parientes, esto en razón de que es un error porque deja abierta la posibilidad de que se congelen los bienes de la víctima y de sus familiares cercanos, aunque la norma no lo señale expresamente. Eso puede traer como consecuencia  que los afectados no denuncien, porque a las personas lo que les interesa es que le devuelvan a su familiar vivo, no que le protejan el patrimonio de una forma que le impida negociar con los secuestradores. Además de poder congelar bienes de manera casi arbitraria existiría la posibilidad de que transcurra un tiempo innecesario antes de que los descongelen. Adicionalmente, la medida va contra de la privacidad de las personas porque permite a las autoridades averiguar de cuánto es el patrimonio de la víctima y de sus familiares, lo que representa un grave peligro, sobre todo cuando existe un alto porcentaje de policías involucrados en la comisión de secuestros.

DIFERENCIAS ENTRE EL   DELITO DE SECUESTRO, EL ROBO Y LA EXTORSION:


 1. El secuestro propiamente dicho es un delito de peligro, en lo atinente al bien jurídico de la propiedad, ya que lo que buscan es el canje de la libertad por dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable, a diferencia del robo que privan a la persona por medio de violencia y amenazas de una cosa mueble y la extorción también un delito de daño, ya que por medio de esta el delincuente infundiendo amenazas se apropia de dinero, cosas, títulos o documentos.

 

En el caso del hurto es un delito contra la propiedad, ya que el delincuente se apropia de la cosa mueble sin el consentimiento de su dueño sin violencia o amenazas.


 2. La extorsión implica una restricción psíquica de la libertad del otro, y el secuestro involucra una privación de la libertad de la persona secuestrada. En cambio en el robo se distingue la simultaneidad de la violencia física al despojar   de manera indebida a la persona de una cosa mueble.

3. La pena para el delito de secuestro es de 20 a 30 años, si el secuestro es ejecutado solo para alarmar la pena es de 10 a 20 años.

La pena para el delito de extorción es de 4 a 8 años, la pena establecida en el artículo se aumentara en una tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza   de ejecutar acta al cual pueda derivarse calamidad infortunio o peligro común.

La pena por delito de robo es de 6 a 12 años, si la violencia se dirige solo a arrebatar la cosa la pena es de 2 a 6 años. Robo de documentos importantes de 4 a 8 años.

4. En el robo se exige al sujeto que entregue lo que tiene, en la extorsión se le exige también a la persona lo que no tiene.

 

5. DIFERENCIA ENTRE EL DELITO DE EXTORSION Y EL ROBO:

 1. En el robo   se distingue la simultaneidad de la violencia física o psíquica contra las personas y el apoderamiento de la cosa es inmediato, en cambio en la extorción ha de pasar un intervalo de tiempo entre la intimidación y el mal o entre la coacción y la prestación indebida.
  2. En el roo se exige al sujeto que entregue lo que tiene, en la extorsión se le exige también a la persona lo que no tiene.

 3. En el robo la víctima no tiene posibilidad alguna de defensa de su patrimonio económico sin exponer otros intereses puestos en peligro por el mal ofrecido por haber sido este   presentado por el agente como de inmediato cumplimiento. En cambio la extorsión, por ser este futuro con relación a la amenaza, el sujeto pasivo bien puede   eludir el daño en su patrimonio económico al no atender los requerimientos del delincuente, en la esperanza de poder evitar asimismo el complimiento del mal con que se le intimida.